MÁS ASESINATOS COMETIDOS POR MILITARES
4 jun 2010
Ultiman militares a tres menores en Reynosa
DE LA REDACCIÓN
Periódico La Jornada
Viernes 4 de junio de 2010, p. 13
Elementos del Ejército dieron muerte a tres estudiantes de Reynosa, Tamaulipas, a quienes dispararon porque ignoraron la señal de alto que les marcaron cuando circulaban en una camioneta por la carretera La Ribereña, cerca del poblado Los Cavazos.
Los alumnos Daniel Hernández, de 13 años de edad, y César Alejandro Cuéllar, de 15, de la escuela secundaria Francisco J. Múgica, y Eduardo Cuéllar, de 17 años, del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario se dirigían a su domicilio, en la comunidad Estación Anzalduaz (a un kilómetro de Los Cavazos) cuando los militares les marcaron el alto, pero, según testigos, los jóvenes desobedecieron la señal.
Los efectivos castrenses accionaron sus armas contra la camioneta en la que se desplazaban los estudiantes, quienes no portaban armas de fuego ni drogas. El incidente ocurrió la tarde del miércoles.
En Nuevo Laredo, otros siete jóvenes que se desplazaban en una camioneta fueron baleados por policías federales que los consideraron sospechosos porque no se detuvieron cuando les hicieron el alto. Uno murió, dos resultaron heridos de bala y cuatro fueron golpeados por los agentes.
En Chihuahua, la policía documentó 14 ejecuciones, entre ellas los de cuatro jóvenes (entre estudiantes y profesionistas, cuyos nombres no fueron proporcionados) que fueron acribillados por un comando cuando jugaban en una cancha de basquetbol de la unidad habitacional Emiliano Zapata de Ciudad Juárez. Una adolescente de 14 años quedó herida.
Según reportes policiacos, los agresores pudieron haber confundido a estas personas con policías federales que se hospedan en un hotel cercano y suelen jugar ahí. En el lugar fueron recogidos 100 casquillos percutidos.
Hieren a maestra y alumno de jardín de niños en Durango
Karla Saravia, de 13 años, quien hace funciones de maestra comunitaria, y Fredy Jovani González, de seis años, resultaron heridos de bala durante un enfrentamiento entre presuntos criminales afuera de un plantel de educación prescolar en la comunidad La Lagunita, municipio de Pueblo Nuevo, Durango.
Este jueves el crimen organizado asesinó a otras 13 personas en los estados de México, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Guerrero, donde desconocidos atacaron la comandancia de policía del municipio de Heliodoro Castillo.
Un enfrentamiento entre policías ministeriales de Guanajuato y presuntos sicarios de La Familia, en el municipio de Valle de Santiago, dejó un pistolero muerto y tres detenidos, quienes tenían secuestrado a un agricultor.
Liberan a mandos de tránsito levantados
La Procuraduría de Justicia de Nuevo León informó que el titular de la Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey, Enrique Barrios, y el director operativo de la corporación, Reynaldo Ramos, privados de la libertad el pasado fin de semana, fueron liberados en los primeros minutos de este jueves. El alcalde panista Fernando Larrazábal dijo que el municipio no negoció nada a cambio de su liberación.
Molinar, Bours y Karam violaron garantías de niños
El ministro Zaldívar presenta informe sobre incendio de la guardería
Cometieron omisiones 14 funcionarios federales, estatales y municipales
JESÚS ARANDA
Periódico La Jornada
Viernes 4 de junio de 2010, p. 2
Juan Molinar Horcasitas, quien fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 2006 a 2009, y ahora secretario de Comunicaciones y Transportes; el actual titular del instituto, Daniel Karam Toumeh, y el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo, encabezan la lista de 14 funcionarios federales, estatales y del municipio de Hermosillo responsables de la violación grave de garantías individuales que derivaron en la muerte de 49 niños y lesiones de otros 104, en el incendio de la guardería ABC.
Así lo indica en su informe sobre la investigación de lo sucedido el 5 de junio de 2009 el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar, quien precisa que Molinar es responsable del desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías subrogadas; Karam, por la deficiente atención médica a las víctimas de la tragedia y por los hechos ocurridos después del incendio, y porque asumió todas las atribuciones y responsabilidades derivadas de la dirección del IMSS.
El documento atribuye a Molinar Horcasitas y a Karam omisión en su actuar por no haber promovido políticas públicas efectivas para instrumentar un programa integral de verificación del cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con las medidas de seguridad de las guarderías, y no haber adoptado medidas suficientes para que esas normas de seguridad fueran debidamente cumplidas por los particulares encargados de prestar el servicio.
Sostiene que ambos son responsables de las acciones u omisiones de sus subordinados y tenían el deber ineludible de supervisar y ejercer un control efectivo sobre la actuación de los mismos.
Puede decirse que los directores del instituto, cada uno en los periodos de sus funciones, incumplieron con sus obligaciones legales de implementar políticas efectivas que impidieran las violaciones generalizadas en la prestación del servicio de guarderías subrogadas.
En el texto, Zaldívar puntualiza que los hechos ocurridos en la guardería ABC pusieron en evidencia la fragilidad del sistema de protección civil y del sistema de salud de los tres niveles de gobierno.
Al ex gobernador sonorense le atribuye omisiones que provocaron la grave falla del Sistema Estatal de Protección Civil, que fue inefectivo para detectar la acumulación de riesgos que rodeaban la guardería ABC y la bomba de tiempo que representaba la bodega adyacente, propiedad del estado.
Señalamientos similares fueron hechos al presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.
Al término de la sesión de ayer, el presidente de la Suprema Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, anunció que, dada la trascendencia del caso, la próxima semana se suspenden las sesiones públicas para que los ministros tengan tiempo de estudiar el dictamen, y el lunes 14 de junio inicien la discusión pública del asunto.
El documento, subido a la página de Internet del máximo tribunal el mismo día en que se distribuyó a los ministros, puntualiza que la Corte no prejuzga sobre la responsabilidad penal, administrativa o civil de los servidores públicos involucrados; su función es señalar la existencia de violaciones graves a las garantías individuales y la responsabilidad constitucional, política y ética de los servidores públicos que por acción u omisión incurrieron en ellas.
Subraya que aun cuando el dictamen no sea vinculante, no significa que no tenga consecuencias; las tiene en el terreno de la ética y de la legitimidad democrática, como censura de la gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales, como mensaje a todas las autoridades del país para que sucesos de esta índole no vuelvan a acontecer.
El documento de 370 páginas precisa que fueron violados gravemente diversos derechos fundamentales:
Los derechos del niño y el principio del interés superior.
Derecho a la protección a la vida y a la integridad física, porque el Estado no adoptó las medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar la vida de los menores, con el agravante de que por su edad –entre 10 meses y cuatro años– eran particularmente vulnerables.
Derecho a la seguridad social, porque el Estado no garantizó ciertos estándares de calidad, disponibilidad, suficiencia, accesibilidad y vigilancia que debían reunir las guarderías subrogadas por el IMSS.
Derecho a la salud, porque ni el IMSS, ni el gobierno de Sonora ni el municipio de Hermosillo reaccionaron de manera adecuada antes, durante y después del incendio de la guardería ABC. Lo mismo ocurrió en materia de protección civil.
La responsabilidad del actual director del Seguro Social se dio porque durante varios días dio cifras erróneas sobre el número de niños fallecidos y lesionados, además de que no informó correctamente a los padres acerca del hospital al que fueron llevados muchos menores el día de la tragedia.
Zaldívar atribuye a Karam la violación al derecho a la salud de los menores lesionados, al obstaculizar el traslado de los niños al hospital Shriners en Sacramento, California –especializado en atender quemaduras graves– y en lugar de ello los envió a nosocomios de Ciudad Obregón y Guadalajara.
Karam debió poner a disposición de los padres de los lesionados todos los medios del instituto, pero también buscar recursos externos a fin de garantizar una mejor recuperación de los menores.
Violación al principio de igualdad en el trato de hombres y mujeres, ya que ante el desorden generalizado y el bajo nivel de calidad de las guarderías subrogadas que hay en el país, las mujeres se ven afectadas porque no encuentran un espacio adecuado para enviar a sus niños pequeños a guarderías de calidad, lo que afecta su entorno personal, familiar y laboral.
El 6 de agosto de 2009, el pleno de la Suprema Corte ejerció su facultad para investigar la violación grave de garantías en el caso ABC, por lo cual ese año se integró una comisión de magistrados (María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla) para que llevara a cabo la investigación.
El 26 de febrero pasado, dicha comisión rindió un informe en el que confirmó la violación grave de garantías individuales; el primero de marzo pasado, el pleno turnó el caso al ministro Zaldívar, quien en un tiempo récord de tres meses elaboró el proyecto de dictamen.
EU culpa a Calderón por el aumento de violencia en la frontera
J. Jesús Esquivel
WASHINGTON, 3 de junio (apro).- La Casa Blanca atribuyó hoy la violencia en la frontera con México a la “guerra” que libra el presidente Felipe Calderón contra el narco y utilizó ese argumento para justificar la reciente decisión del presidente estadunidense, Barack Obama, de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional a la zona limítrofe.
“Obviamente lo que ha hecho el presidente Calderón para combatir al crimen y a las pandillas es algo que también ha provocado un aumento de la violencia”, consideró el vocero de la Casa Blanca, Robert Gibbs, al comentar la reunión de esta tarde entre Obama y la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer.
El tema de la violencia relacionada con el trasiego de las drogas que azota a México, y que amenaza con contagiar a los estados del sur de Estados Unidos, fue el tópico más importante del encuentro con Obama, según la propia gobernadora de Arizona.
Primero se concretará la “seguridad fronteriza y después la reforma migratoria”, anunció a los reporteros Jan Brewer al término de su reunión con Obama.
Al ser cuestionado sobre si la reciente decisión del presidente Obama, sobre el despliegue de mil 200 soldados de la Guardia Nacional en la frontera con México, es un reflejo de la preocupación que tiene el gobierno estadunidense en torno a la inseguridad fronteriza causada por la narcoviolencia y su potencial contagio para Estados Unidos, el vocero presidencial simplemente aceptó la premisa, e indicó que la militarización de la zona limítrofe no es una práctica nueva.
“Este es un problema que se ha dado en diferentes periodos y la Guardia Nacional ha sido enviada a la frontera en esas ocasiones”, subrayó Gibbs durante su cotidiana rueda de prensa.
En tanto, Brewer rechazó que la promulgación de la SB1070 sea una medida para ‘criminalizar’ a la inmigración indocumentada, e insistió en que esta ley refleja las preocupaciones que se tienen sobre los problemas de violencia en México.
“Necesitamos que se construya un cerco de acero en la frontera que el estado de Arizona comparte con México”, declaró Brewer, quien solicitó al gobierno federal que inicie la construcción del ‘muro’ en un plazo de 30 días.
La gobernadora subrayó a los reporteros que de los 500 millones de dólares adicionales que solicitó hace unos días el presidente Obama al Congreso, para fortalecer la seguridad en la frontera con México, ella espera que la mayoría de los recursos se destinen a Arizona, con el fin de financiar el despliegue de la Guardia Nacional y los trabajos de vigilancia fronteriza por medio de tecnología y muros de acero y concreto.
“Creo que en unas dos semanas podremos saber el número preciso de integrantes de la Guardia Nacional que se enviarán a Arizona, aunque considero que debe ser la mayoría”, puntualizó Jan Brewer, quien calificó de “cordial” la reunión que sostuvo este jueves con Obama en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
Desalojan a normalistas rurales de oficinas públicas en Aguascalientes
La policía intervino luego que los manifestantes retuvieron a funcionarios públicos y reporteros
Acusan a candidato panista a munícipe de estar detrás de la protesta; estudiantes lo rechazan
CLAUDIO BAÑUELOS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 4 de junio de 2010, p. 32
Aguascalientes, Ags., 3 de junio. Policías estatales desalojaron a alumnas de la Escuela Normal Rural Justo Sierra que la noche del miércoles ocuparon las oficinas del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA). Los agentes detuvieron a 23 manifestantes, quienes fueron acusadas de privación ilegal de la libertad, despojo y uso indebido de derechos.
La tarde del miércoles, una comisión de alumnas y funcionarios del sector educativo, entre ellos Óscar Ponce Hernández, director del IEA, discutían los términos de la convocatoria para ingresar a la escuela normal femenil.
Según los directivos, las jóvenes demandan no aplicar examen de admisión a parientes de las alumnas del cuarto año y que se acepte una calificación mínima de 7 en vez de 8 para ingresar. Como las autoridades se negaron, las estudiantes rompieron el diálogo.
El grueso del contingente (unas 200 alumnas) cerró las puertas. Tras algunos minutos permitieron la salida de unos 500 empleados, pero retuvieron a 20 funcionarios y a dos reporteros. Grupos de estudiantes de las normales rurales de Michoacán, Guerrero y Zacatecas llegaron en apoyo de sus compañeras.
Después de cuatro horas, Ponce Hernández llamó a Rolando Hidalgo Eddy, secretario de Seguridad Pública estatal, quien llegó al frente de unos 50 elementos de la corporación, así como cadetes de la Academia de Policía y soldados, que se mantuvieron a distancia.
Hidalgo Eddy exhortó a las alumnas a liberar a los funcionarios y ante su negativa entró por la fuerza. Trece hombres y 10 mujeres fueron detenidos.
El mediodía de este jueves una comisión de alumnas acudió a palacio de gobierno a demandar que cese la represión y se cumplan sus demandas. Las estudiantes aseguraron que no cejarán en sus exigencias y dijeron que dos jóvenes están heridas pero protegidas en la escuela, que se ubica en la comunidad de Cañada Honda, unos 25 kilómetros al noroeste de la capital.
María de los Ángeles Aguilera, subsecretaria de Gobierno, advirtió que no se descarta cerrar la escuela, aunque matizó: No digo que lo vayamos a hacer, pero no se descarta con estas actitudes. Por lo pronto, se tiene que arreglar esta situación, a menos que a las alumnas no les interese regresar a clases o perder el semestre.
Acusó al diputado local Arturo Colmenero Herrera, candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Rincón de Romos, de dirigir a las normalistas para desestabilizar el estado en esta época electoral. Las alumnas rechazaron la acusación.
Omar López Ovalle, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lamentó el uso de la fuerza pública para sacar a las personas retenidas y pidió a las autoridades sensibilidad para resolver el problema.
DE LA REDACCIÓN
Periódico La Jornada
Viernes 4 de junio de 2010, p. 13
Elementos del Ejército dieron muerte a tres estudiantes de Reynosa, Tamaulipas, a quienes dispararon porque ignoraron la señal de alto que les marcaron cuando circulaban en una camioneta por la carretera La Ribereña, cerca del poblado Los Cavazos.
Los alumnos Daniel Hernández, de 13 años de edad, y César Alejandro Cuéllar, de 15, de la escuela secundaria Francisco J. Múgica, y Eduardo Cuéllar, de 17 años, del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario se dirigían a su domicilio, en la comunidad Estación Anzalduaz (a un kilómetro de Los Cavazos) cuando los militares les marcaron el alto, pero, según testigos, los jóvenes desobedecieron la señal.
Los efectivos castrenses accionaron sus armas contra la camioneta en la que se desplazaban los estudiantes, quienes no portaban armas de fuego ni drogas. El incidente ocurrió la tarde del miércoles.
En Nuevo Laredo, otros siete jóvenes que se desplazaban en una camioneta fueron baleados por policías federales que los consideraron sospechosos porque no se detuvieron cuando les hicieron el alto. Uno murió, dos resultaron heridos de bala y cuatro fueron golpeados por los agentes.
En Chihuahua, la policía documentó 14 ejecuciones, entre ellas los de cuatro jóvenes (entre estudiantes y profesionistas, cuyos nombres no fueron proporcionados) que fueron acribillados por un comando cuando jugaban en una cancha de basquetbol de la unidad habitacional Emiliano Zapata de Ciudad Juárez. Una adolescente de 14 años quedó herida.
Según reportes policiacos, los agresores pudieron haber confundido a estas personas con policías federales que se hospedan en un hotel cercano y suelen jugar ahí. En el lugar fueron recogidos 100 casquillos percutidos.
Hieren a maestra y alumno de jardín de niños en Durango
Karla Saravia, de 13 años, quien hace funciones de maestra comunitaria, y Fredy Jovani González, de seis años, resultaron heridos de bala durante un enfrentamiento entre presuntos criminales afuera de un plantel de educación prescolar en la comunidad La Lagunita, municipio de Pueblo Nuevo, Durango.
Este jueves el crimen organizado asesinó a otras 13 personas en los estados de México, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Guerrero, donde desconocidos atacaron la comandancia de policía del municipio de Heliodoro Castillo.
Un enfrentamiento entre policías ministeriales de Guanajuato y presuntos sicarios de La Familia, en el municipio de Valle de Santiago, dejó un pistolero muerto y tres detenidos, quienes tenían secuestrado a un agricultor.
Liberan a mandos de tránsito levantados
La Procuraduría de Justicia de Nuevo León informó que el titular de la Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey, Enrique Barrios, y el director operativo de la corporación, Reynaldo Ramos, privados de la libertad el pasado fin de semana, fueron liberados en los primeros minutos de este jueves. El alcalde panista Fernando Larrazábal dijo que el municipio no negoció nada a cambio de su liberación.
Molinar, Bours y Karam violaron garantías de niños
El ministro Zaldívar presenta informe sobre incendio de la guardería
Cometieron omisiones 14 funcionarios federales, estatales y municipales
JESÚS ARANDA
Periódico La Jornada
Viernes 4 de junio de 2010, p. 2
Juan Molinar Horcasitas, quien fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 2006 a 2009, y ahora secretario de Comunicaciones y Transportes; el actual titular del instituto, Daniel Karam Toumeh, y el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo, encabezan la lista de 14 funcionarios federales, estatales y del municipio de Hermosillo responsables de la violación grave de garantías individuales que derivaron en la muerte de 49 niños y lesiones de otros 104, en el incendio de la guardería ABC.
Así lo indica en su informe sobre la investigación de lo sucedido el 5 de junio de 2009 el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar, quien precisa que Molinar es responsable del desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías subrogadas; Karam, por la deficiente atención médica a las víctimas de la tragedia y por los hechos ocurridos después del incendio, y porque asumió todas las atribuciones y responsabilidades derivadas de la dirección del IMSS.
El documento atribuye a Molinar Horcasitas y a Karam omisión en su actuar por no haber promovido políticas públicas efectivas para instrumentar un programa integral de verificación del cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con las medidas de seguridad de las guarderías, y no haber adoptado medidas suficientes para que esas normas de seguridad fueran debidamente cumplidas por los particulares encargados de prestar el servicio.
Sostiene que ambos son responsables de las acciones u omisiones de sus subordinados y tenían el deber ineludible de supervisar y ejercer un control efectivo sobre la actuación de los mismos.
Puede decirse que los directores del instituto, cada uno en los periodos de sus funciones, incumplieron con sus obligaciones legales de implementar políticas efectivas que impidieran las violaciones generalizadas en la prestación del servicio de guarderías subrogadas.
En el texto, Zaldívar puntualiza que los hechos ocurridos en la guardería ABC pusieron en evidencia la fragilidad del sistema de protección civil y del sistema de salud de los tres niveles de gobierno.
Al ex gobernador sonorense le atribuye omisiones que provocaron la grave falla del Sistema Estatal de Protección Civil, que fue inefectivo para detectar la acumulación de riesgos que rodeaban la guardería ABC y la bomba de tiempo que representaba la bodega adyacente, propiedad del estado.
Señalamientos similares fueron hechos al presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.
Al término de la sesión de ayer, el presidente de la Suprema Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, anunció que, dada la trascendencia del caso, la próxima semana se suspenden las sesiones públicas para que los ministros tengan tiempo de estudiar el dictamen, y el lunes 14 de junio inicien la discusión pública del asunto.
El documento, subido a la página de Internet del máximo tribunal el mismo día en que se distribuyó a los ministros, puntualiza que la Corte no prejuzga sobre la responsabilidad penal, administrativa o civil de los servidores públicos involucrados; su función es señalar la existencia de violaciones graves a las garantías individuales y la responsabilidad constitucional, política y ética de los servidores públicos que por acción u omisión incurrieron en ellas.
Subraya que aun cuando el dictamen no sea vinculante, no significa que no tenga consecuencias; las tiene en el terreno de la ética y de la legitimidad democrática, como censura de la gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales, como mensaje a todas las autoridades del país para que sucesos de esta índole no vuelvan a acontecer.
El documento de 370 páginas precisa que fueron violados gravemente diversos derechos fundamentales:
Los derechos del niño y el principio del interés superior.
Derecho a la protección a la vida y a la integridad física, porque el Estado no adoptó las medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar la vida de los menores, con el agravante de que por su edad –entre 10 meses y cuatro años– eran particularmente vulnerables.
Derecho a la seguridad social, porque el Estado no garantizó ciertos estándares de calidad, disponibilidad, suficiencia, accesibilidad y vigilancia que debían reunir las guarderías subrogadas por el IMSS.
Derecho a la salud, porque ni el IMSS, ni el gobierno de Sonora ni el municipio de Hermosillo reaccionaron de manera adecuada antes, durante y después del incendio de la guardería ABC. Lo mismo ocurrió en materia de protección civil.
La responsabilidad del actual director del Seguro Social se dio porque durante varios días dio cifras erróneas sobre el número de niños fallecidos y lesionados, además de que no informó correctamente a los padres acerca del hospital al que fueron llevados muchos menores el día de la tragedia.
Zaldívar atribuye a Karam la violación al derecho a la salud de los menores lesionados, al obstaculizar el traslado de los niños al hospital Shriners en Sacramento, California –especializado en atender quemaduras graves– y en lugar de ello los envió a nosocomios de Ciudad Obregón y Guadalajara.
Karam debió poner a disposición de los padres de los lesionados todos los medios del instituto, pero también buscar recursos externos a fin de garantizar una mejor recuperación de los menores.
Violación al principio de igualdad en el trato de hombres y mujeres, ya que ante el desorden generalizado y el bajo nivel de calidad de las guarderías subrogadas que hay en el país, las mujeres se ven afectadas porque no encuentran un espacio adecuado para enviar a sus niños pequeños a guarderías de calidad, lo que afecta su entorno personal, familiar y laboral.
El 6 de agosto de 2009, el pleno de la Suprema Corte ejerció su facultad para investigar la violación grave de garantías en el caso ABC, por lo cual ese año se integró una comisión de magistrados (María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla) para que llevara a cabo la investigación.
El 26 de febrero pasado, dicha comisión rindió un informe en el que confirmó la violación grave de garantías individuales; el primero de marzo pasado, el pleno turnó el caso al ministro Zaldívar, quien en un tiempo récord de tres meses elaboró el proyecto de dictamen.
EU culpa a Calderón por el aumento de violencia en la frontera
J. Jesús Esquivel
WASHINGTON, 3 de junio (apro).- La Casa Blanca atribuyó hoy la violencia en la frontera con México a la “guerra” que libra el presidente Felipe Calderón contra el narco y utilizó ese argumento para justificar la reciente decisión del presidente estadunidense, Barack Obama, de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional a la zona limítrofe.
“Obviamente lo que ha hecho el presidente Calderón para combatir al crimen y a las pandillas es algo que también ha provocado un aumento de la violencia”, consideró el vocero de la Casa Blanca, Robert Gibbs, al comentar la reunión de esta tarde entre Obama y la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer.
El tema de la violencia relacionada con el trasiego de las drogas que azota a México, y que amenaza con contagiar a los estados del sur de Estados Unidos, fue el tópico más importante del encuentro con Obama, según la propia gobernadora de Arizona.
Primero se concretará la “seguridad fronteriza y después la reforma migratoria”, anunció a los reporteros Jan Brewer al término de su reunión con Obama.
Al ser cuestionado sobre si la reciente decisión del presidente Obama, sobre el despliegue de mil 200 soldados de la Guardia Nacional en la frontera con México, es un reflejo de la preocupación que tiene el gobierno estadunidense en torno a la inseguridad fronteriza causada por la narcoviolencia y su potencial contagio para Estados Unidos, el vocero presidencial simplemente aceptó la premisa, e indicó que la militarización de la zona limítrofe no es una práctica nueva.
“Este es un problema que se ha dado en diferentes periodos y la Guardia Nacional ha sido enviada a la frontera en esas ocasiones”, subrayó Gibbs durante su cotidiana rueda de prensa.
En tanto, Brewer rechazó que la promulgación de la SB1070 sea una medida para ‘criminalizar’ a la inmigración indocumentada, e insistió en que esta ley refleja las preocupaciones que se tienen sobre los problemas de violencia en México.
“Necesitamos que se construya un cerco de acero en la frontera que el estado de Arizona comparte con México”, declaró Brewer, quien solicitó al gobierno federal que inicie la construcción del ‘muro’ en un plazo de 30 días.
La gobernadora subrayó a los reporteros que de los 500 millones de dólares adicionales que solicitó hace unos días el presidente Obama al Congreso, para fortalecer la seguridad en la frontera con México, ella espera que la mayoría de los recursos se destinen a Arizona, con el fin de financiar el despliegue de la Guardia Nacional y los trabajos de vigilancia fronteriza por medio de tecnología y muros de acero y concreto.
“Creo que en unas dos semanas podremos saber el número preciso de integrantes de la Guardia Nacional que se enviarán a Arizona, aunque considero que debe ser la mayoría”, puntualizó Jan Brewer, quien calificó de “cordial” la reunión que sostuvo este jueves con Obama en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
Desalojan a normalistas rurales de oficinas públicas en Aguascalientes
La policía intervino luego que los manifestantes retuvieron a funcionarios públicos y reporteros
Acusan a candidato panista a munícipe de estar detrás de la protesta; estudiantes lo rechazan
CLAUDIO BAÑUELOS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 4 de junio de 2010, p. 32
Aguascalientes, Ags., 3 de junio. Policías estatales desalojaron a alumnas de la Escuela Normal Rural Justo Sierra que la noche del miércoles ocuparon las oficinas del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA). Los agentes detuvieron a 23 manifestantes, quienes fueron acusadas de privación ilegal de la libertad, despojo y uso indebido de derechos.
La tarde del miércoles, una comisión de alumnas y funcionarios del sector educativo, entre ellos Óscar Ponce Hernández, director del IEA, discutían los términos de la convocatoria para ingresar a la escuela normal femenil.
Según los directivos, las jóvenes demandan no aplicar examen de admisión a parientes de las alumnas del cuarto año y que se acepte una calificación mínima de 7 en vez de 8 para ingresar. Como las autoridades se negaron, las estudiantes rompieron el diálogo.
El grueso del contingente (unas 200 alumnas) cerró las puertas. Tras algunos minutos permitieron la salida de unos 500 empleados, pero retuvieron a 20 funcionarios y a dos reporteros. Grupos de estudiantes de las normales rurales de Michoacán, Guerrero y Zacatecas llegaron en apoyo de sus compañeras.
Después de cuatro horas, Ponce Hernández llamó a Rolando Hidalgo Eddy, secretario de Seguridad Pública estatal, quien llegó al frente de unos 50 elementos de la corporación, así como cadetes de la Academia de Policía y soldados, que se mantuvieron a distancia.
Hidalgo Eddy exhortó a las alumnas a liberar a los funcionarios y ante su negativa entró por la fuerza. Trece hombres y 10 mujeres fueron detenidos.
El mediodía de este jueves una comisión de alumnas acudió a palacio de gobierno a demandar que cese la represión y se cumplan sus demandas. Las estudiantes aseguraron que no cejarán en sus exigencias y dijeron que dos jóvenes están heridas pero protegidas en la escuela, que se ubica en la comunidad de Cañada Honda, unos 25 kilómetros al noroeste de la capital.
María de los Ángeles Aguilera, subsecretaria de Gobierno, advirtió que no se descarta cerrar la escuela, aunque matizó: No digo que lo vayamos a hacer, pero no se descarta con estas actitudes. Por lo pronto, se tiene que arreglar esta situación, a menos que a las alumnas no les interese regresar a clases o perder el semestre.
Acusó al diputado local Arturo Colmenero Herrera, candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Rincón de Romos, de dirigir a las normalistas para desestabilizar el estado en esta época electoral. Las alumnas rechazaron la acusación.
Omar López Ovalle, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lamentó el uso de la fuerza pública para sacar a las personas retenidas y pidió a las autoridades sensibilidad para resolver el problema.
