DIALOGO NACIONAL, CON BASES NUEVAS

AMLO acepta diálogo si Calderón cambia política económica y de seguridad
La redacción
MÉXICO, D.F., 29 de junio (apro).- El excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, condicionó hoy su participación en la reunión convocada por el presidente Felipe Calderón, para hacer un frente común contra el narco, a que el Ejecutivo federal asuma el compromiso de emprender un cambio verdadero”, es decir, modificar la política económica, generar empleos y establecer una coordinación entre todas las corporaciones policiacas en el combate a la delincuencia organizada.
Sostuvo que si la convocatoria emitida por Calderón es en serio, aceptaría asistir porque, subrayó, "por encima de todo está México y está el interés general".
Luego de lamentar el asesinato del candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, López Obrador afirmó que el clima de violencia e inseguridad que priva en el país es fruto de la descomposición social que originó la imposición de una política económica elitista.
En entrevista telefónica con el periodista Jacobo Zabludovsky, en su noticiero De 1 a 3, el tabasqueño advirtió que de no ponerse el acento en esa situación, en lo que a él concierne no se prestará a “la simulación y la demagogia”.
“Sería muy malo que a estas alturas forme parte de esta comparsa. No vamos a caer nosotros en ninguna simulación", dijo el exjefe de Gobierno del Distrito Federal.
En su opinión, todos los actores políticos deben preocuparse y ocuparse de la situación de inseguridad que impera en el país, pero aclaró que no es ese tipo de reuniones lo que solucionará las cosas, sino un cambio de rumbo en la política económica.
López Obrador sostuvo que la descomposición social y la codicia de unos cuantos ha llevado a la pobreza a millones de mexicanos y al abandono de los jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de trabajo ni de estudio.
De continuar el mismo régimen, advirtió, "va a seguir la destrucción del país, porque desgraciadamente esto que está sucediendo es el fruto podrido de la política económica" que se impuso desde hace 27 años.
Además, afirmó que en México no existen corporaciones policiacas profesionales en la lucha contra la violencia y la inseguridad, ni se ha aclarado con énfasis que "no se está protegiendo a ninguna banda para castigar a otra, porque esa es también la sensación que hay entre la gente".

Deberá la SCJN poner hoy en libertad a los atenquenses presos
JESÚS ARANDA
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de junio de 2010, p. 3
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenará hoy la libertad inmediata de los 12 atenquenses presos desde mayo de 2006, confirmaron fuentes judiciales de primer nivel.
Los funcionarios añadieron que al menos tres de los cinco ministros que integran la primera sala del máximo tribunal (Arturo Zaldívar, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero) están en favor de conceder el amparo liso y llano a todos los acusados, incluidos los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle y Felipe Álvarez Medina, en cuyo caso se espera una votación favorable, pero dividida.
Trascendió que el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo votará en favor de que queden libres 10 de los detenidos, pero está en contra de concederle el amparo a los líderes del FPDT, presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
El ministro José Ramón Cossío, trascendió, definirá en la sesión de este miércoles su postura, ya que hasta el día de ayer mantenía algunas dudas sobre la concesión del amparo a los 12 solicitantes.
Héctor Galindo, ex asesor jurídico del FPDT, quien también está detenido en el penal de máxima seguridad, quedará en libertad, aunque se desconoce si con el voto de los tres ministros referidos o también con los de Gudiño y José Ramón Cossío.
El resto, Óscar Hernández Pacheco, Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinoza Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Édgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate obtendrán su amparo liso y llano por unanimidad, confirmaron los funcionarios.
Todos los detenidos fueron acusados del delito de secuestro equiparado, cuando participaron en la retención de funcionarios del estado de México en febrero y/o abril de 2006.
Ignacio del Valle fue sentenciado a 112 años de prisión por haber tomado parte en los dos hechos: la primera pena fue de 67 años de prisión y la segunda de 45; Felipe Álvarez Medina y Héctor Galindo purgan penas por 67 años de cárcel.
A su vez, los nueve que están encarcelados en el penal de Molino de Flores fueron sentenciados a 31 años de prisión.
De acuerdo con la información obtenida en la SCJN, Zaldívar y Silva Meza, quienes son los ministros ponentes en los casos de los tres detenidos en el penal del Altiplano, plantean la liberación inmediata de los acusados. Aunque con diversos enfoques jurídicos, los ministros coinciden en que el artículo 259 del Código Penal del Estado de México, que se refiere al delito de secuestro equiparado, no es aplicable en el caso y por eso los acusados no pueden ser sentenciados por una conducta penal que no está tipificada legalmente.
Además, ambos ministros retoman las tesis del caso Acteal, en que en la primera sala liberó a indígenas acusados de la matanza ocurrida en esa comunidad de Chiapas, con el argumento de que en los procesos penales en su contra la autoridad violó el derecho a un debido proceso y la garantía de presunción de inocencia.
Trascendió que Sánchez Cordero comparte en lo general el criterio de sus compañeros, aunque se prevé que en la sesión privada de este miércoles se ajusten los proyectos de Zaldívar y Silva para conciliar los puntos de vista y darle así solidez al dictamen.
De acuerdo con los tiempos de la Corte, la resolución definitiva de los amparos del caso Atenco se hará en tiempo récord. Y es que apenas en diciembre pasado el Poder Judicial el estado de México confirmó en definitiva las sentencias impugnadas; a partir de ahí, la SCJN solicitó a los tribunales mexiquenses los expedientes de cada uno de los detenidos.
Desempleo de 5.5%, "muy alto" para México: Cepal
La redacción

MEXICO, D.F., 29 de junio (apro).- Mientras el gobierno de Felipe Calderón festeja la creación de 445 mil empleos entre enero y mayo pasado, para Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el desempleo sigue siendo un grave problema en el país.
“El desempleo de 5.5% --casi 2.5 millones de personas-- es una tasa muy alta para un país como México” resaltó Bárcena en el marco de la presentación del informe La hora de la desigualdad, brechas por cerrar, caminos por abrir, realizada en la UNAM.
En dicho estudio, la Cepal señala que México ocupa junto con Colombia y Venezuela, una “brecha intermedia” de bienestar; es decir, que son países que deben incrementar la productividad de sus sectores rezagados e impulsar la actividad económica a tasas más altas.
En contraste, países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá y Uruguay tienen un mayor desarrollo y menor desigualdad, colocándose, según la Cepal, entre aquellas naciones con bajas brechas de bienestar.
Bárcena señaló que el país debe también aumentar la inversión en investigación y desarrollo por lo menos del 0.4% al 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Al respecto, señaló: “México tiene que aumentar la inversión en desarrollo y en investigación. También, aumentar la red interinstitucional de universidades y centros de investigación”.
Para Bárcena, en la guerra contra el narcotráfico se vuelve a sacrificar a los sectores más vulnerables y pobres del país, por lo que se requiere un replanteamiento del rumbo de México.
Dijo: “El del narcotráfico en cierta medida es un tema de muy corto plazo, es rentista; son de unos cuantos. Hay una concentración de riqueza en ese ámbito. Se vuelve a sacrificar a los más pobres, a los más vulnerables”
Planteó que hechos como la muerte del candidato priísta al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, son una muestra del desaliento a la democracia y a la participación ciudadana. Reconoció también que un país solo no va a poder terminar con una fuerza –el narcotráfico-, cuando el problema se vincula a la parte internacional.
Grandes bancos de EU aceptan lavar narcofondos mexicanos
Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Union no cumplieron con las leyes
Si no se ve la correlación entre el lavado de dinero por los bancos y las 22 mil personas asesinadas en México, no se entiende el punto, advierte director antilavado
DAVID BROOKS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de junio de 2010, p. 25
Nueva York, 29 de junio. Algunos de los principales bancos y empresas financieras estadunidenses, entre ellos Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Unión, han lucrado durante años con el lavado de fondos provenientes del narcotráfico y sólo pagan multas mínimas, sin que ningún ejecutivo sea encarcelado cuando las autoridades logran detectar el negocio ilícito.
En múltiples casos fiscalizados durante los últimos años, estos bancos estadunidenses han confesado no haber cumplido con leyes y regulaciones federales para controlar el lavado de dinero al participar en las trasferencias de millones de dólares en fondos ilícitos provenientes del narcotráfico mexicano.
Ese el caso de Wachovia Corp. antes el sexto banco del país, comprado por Wells Fargo en 2008, y que ahora, fusionado con él es el banco con más sucursales en Estados Unidos. Wells Fargo admitió ante un tribunal que Wachovia no vigiló ni informó sobre actividades sospechosas de lavado de dinero por narcotraficantes, incluyendo fondos para la compra de por lo menos cuatro aviones en Estados Unidos, que transportaron un total de 22 toneladas de cocaína. El otro banco involucrado en la transferencia de fondos, con los cuales se compró uno de estos aviones –un DC-9 que subsecuentemente fue confiscado en México con toneladas de cocaína– fue Bank of America, reporta Bloomberg News.
Todo esto se reveló en un acuerdo judicial del banco con fiscales federales, en marzo de 2010. En los documentos oficiales judiciales del caso, revisados por La Jornada, Wachovia admitió que no hizo lo suficiente para detectar fondos ilícitos en su manejo de más de 378.4 mil millones de dólares en sus negocios con casas de cambio mexicanas entre mayo de 2004 y mayo de 2007.
De este total, Wachovia procesó por lo menos 373.6 mil millones en transferencias electrónicas, más 4.7 mil millones en traslados de efectivo, y otros 47 millones en depósitos de cheques internacionales. No todos estos fondos están vinculados con el narcotráfico, pero, según las investigaciones del Departamento de Justicia, miles de millones no fueron sujetos a la vigilancia ordenada por la ley, y cientos de millones de dólares de estos fondos sí han sido ligados directamente con el narcotráfico.
Wachovia, violación récord
Por el volumen total de fondos que no fueron sujetos a la vigilancia antilavado de dinero, el caso de Wachovia resulta ser la violación más grande de la Ley de Secreto Bancario en la historia. Esa ley obliga a los bancos a reportar a las autoridades toda transferencia de fondos en efectivo mayor de 10 mil dólares, así como informar sobre toda actividad sospechosa de lavado de dinero.
El fiscal federal en el caso, Jeffrey Sloman, declaró en marzo, al anunciar el acuerdo con Wells Fargo: “la flagrante desatención de nuestras leyes bancarias por Wachovia otorgó una virtual carta blanca a los cárteles internacionales de cocaína para financiar sus operaciones al lavar por lo menos 110 millones de dólares en ganancias de la droga”.
No es que nadie se haya fijado. El propio banco admitió ante el tribunal que ya desde 2004 Wachovia reconoció el riesgo, pero a pesar de las advertencias permaneció en el negocio, según los documentos judiciales oficiales del caso revisados por La Jornada.
Ese negocio era el manejo y traslado de fondos de por lo menos 22 casas de cambio en México que tenían cuentas con Wachovia. Un ejemplo citado en los documentos es el de la Casa de Cambio Puebla SA, cuyos gerentes crearon empresas ficticias para los cárteles y, según el Departamento de Justicia, lograron blanquear unos 720 millones a través de bancos estadunidenses.
De hecho, fue el asunto de la Casa de Cambio Puebla el que detonó esta investigación de las autoridades federales. Desde 2005 ya estaban bajo investigación ciertas transferencias electrónicas de fondos a cuentas de Wachovia, en sus sucursales en Miami, desde México por casas de cambio, y estos fondos se utilizaban para comprar aviones destinados al narcotráfico, informan los documentos judiciales del caso.
Por otro lado, durante ese periodo el director de la unidad antilavado de dinero de Wachovia en Londres, Martin Woods, sospechaba que narcotraficantes utilizaban al banco para mover fondos. Informó a sus jefes, quienes le ordenaron dejar el asunto, y por ello renunció a su puesto, reportó Bloomberg. Woods le dijo al servicio de noticias que “es el lavado de dinero de los cárteles por los bancos lo que financia la tragedia…. Si uno no ve la correlación entre el lavado de dinero por los bancos y las 22 mil personas asesinadas en México, no entiende el punto”.
Después de ser acusado de violar la ley, Wells Fargo, ahora dueño de Wachovia, se comprometió en un tribunal federal de Miami a reformar sus sistemas de vigilancia. Pagó 160 millones en multas, y si cumple con su promesa las autoridades federales desecharán los cargos contra el banco en marzo de 2011.
Esta práctica es común en estos casos y se llama acuerdo de fiscalización diferida, por el cual un banco paga una multa, coopera con la investigación y se compromete a no violar la ley otra vez.
Ningún empleado rehusó el soborno
En su reportaje, Bloomberg enumera varios casos más donde bancos pagaron multas y cambiaron sus prácticas, pero no enfrentaron ninguna consecuencia penal importante por sus acciones. Es el caso del American Express Bank International de Miami, que pagó multas en 1994 y 2007; del Bank of America, cuyas sucursales en Oklahoma City fueron utilizadas para comprar aviones para narcotraficantes, así como también cuentas en sus sucursales de Atlanta, Chicago y Brownsville, Texas, y también hay casos documentados o bajo investigación sobre el uso de sucursales en México de bancos extranjeros como Citigroup, HSBC y Santander.
Otro caso es el de Western Union, que a principios de este año pagó 94 millones para resolver una investigación criminal y civil del procurador general de Arizona, después de que en una operación agentes clandestinos de la policía estatal, disfrazados de narcotraficantes, lograron sobornar en múltiples ocasiones a empleados de la empresa para trasladar fondos de manera ilícita. En 20 oficinas diferentes de Western Union ningún empleado rehusó jamás un soborno para permitir envíos bajo nombres ficticios.
Se calcula que casi 30 mil millones de dólares en efectivo se mueven de un lado a otro de la frontera mexicana con Estados Unidos, y una parte de estos recursos se deposita en bancos de ambos países y bancos internacionales, desde donde los fondos pueden ser trasladados por todo el sistema financiero internacional.