LA SOPA DEL CHOCOLATE PROPIO
30 jun 2010
De la guerra sucia al crimen político
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 29 de junio (apro).- La brutal ejecución del doctor Rodolfo Torre Cantú, candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, se produce en un contexto local y nacional virulento y violento.
Apenas una semana antes del primer crimen político reciente contra un candidato a gobernador, las dirigencias nacionales del PAN y del PRI se enfrascaron en una batalla declarativa que inició con todas las características de una guerra sucia: espionaje telefónico; difusión de las llamadas interceptadas a los gobernadores Fidel Herrera, Ulises Ruiz y Mario Marín; acusaciones mutuas de trampas que aplican tanto unos como otros; impunidad absoluta frente a César Nava, que presume tener más grabaciones de este tipo, y total inoperancia de los árbitros electorales estatales para frenar el uso y abuso de los recursos para favorecer a los candidatos priistas en aquellos estados que se consideran feudos de los gobernadores en turno.
Una de las características principales de toda guerra sucia es la violencia verbal y simbólica, que antecede o acompaña a la eliminación física o mediática del adversario. Las guerras sucias buscan polarizar al electorado: buenos contra malos, corruptos contra impolutos, amenazas para México contra salvadores autoasignados.
Los mercaderes de las guerras sucias, como el publicista español Antonio Solá o los mercadólogos contratados tanto por el PRI como por el PAN y su aliado circunstancial, el PRD, no ven a los rivales como adversarios electorales, sino como enemigos declarados. Los ciudadanos se transforman en espectadores pasivos de una guerra de lodo que alienta el abstencionismo e inhibe la participación politizada.
Toda guerra sucia tiene una alta dosis de pánico moral, es decir, campañas de odio y de miedo a través de spots; rumores difundidos en medios cibernéticos; medias verdades o mentiras construidas para estigmatizar al adversario y desmovilizar a los críticos; discurso gubernamental hostil ante la crítica, la disidencia o la oposición; desproporción entre la realidad y el imaginario colectivo inducido por la constante mención de esa amenaza.
Otra característica principal de la guerra sucia es la utilización facciosa de los medios masivos de comunicación, en especial de los medios electrónicos, que se transforman en los mensajeros de una guerra cuyo comandante en jefe no es claramente identificado y cuya estrategia parece no concluir con una victoria electoral, sino anticipar un conflicto poselectoral.
Eso lo vivimos en las elecciones de 2006. A Andrés Manuel López Obrador le endilgaron el mote de “peligro para México” y el PAN se justificó diciendo que tenía que ganar “haiga sido como haiga sido”. El propio tribunal electoral federal avaló esa guerra sucia.
El gobierno de Felipe Calderón nos ha recetado lo mismo en su guerra contra el narcotráfico, que ha polarizado al país y ha inutilizado al Estado desde que en enero de 2007 sacó al Ejército de los cuarteles, en una decisión de alto riesgo y poca claridad estratégica.
En las elecciones federales de 2009, el entonces dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, se vistió de cruzado moral y en lugar de presentarse como el presidente de un partido en el gobierno, articuló una campaña electoral opositora con pésimos resultados para Acción Nacional. Todavía alcanzó a justificarse diciendo: “es tan aceptable una campaña de odio como una campaña de alegría”.
El PRI arrasó en esas elecciones y el retorno del tricolor a la presidencia se transformó en la profecía autocumplida por el propio PAN.
En el 2010, César Nava se volvió un clon de Germán Martínez, y acompañado por sus socios temporales del PRD, se ha dedicado a enlodar las campañas estatales, en vez de documentar los abusos que cometen las autoridades priistas.
El contraste obvio entre su jefe Calderón, que garantizó la impunidad de gobernadores como Mario Marín o Ulises Ruiz, no ha sido obstáculo para que ahora se enrede con el fantasma de los dinosaurios priistas que han sido socios de su gobierno, como ahora lo son Los Chuchos del PRD.
No pocos priistas han caído en la provocación, y en sus propios estados los gobernadores aplican sus propias guerras sucias a escala de la federal, acosando y estigmatizando a los opositores, como se ha documentado en Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, entre otras.
Sin embargo, no sólo se trata de violencia verbal. La fallida guerra contra el narcotráfico ha convertido a entidades como Tamaulipas en tierra sin ley, en verdaderos “narco-Estados” donde los cárteles se disputan no sólo las rutas de la droga, sino los espacios de poder en el gobierno, en el Congreso, en las alcaldías.
Al asesinato de Torre Cantú lo antecede una ola de violencia que viene desde finales del gobierno de Vicente Fox hasta todo este periodo del calderonismo. Comenzaron a silenciar y a matar a los periodistas. En Tamaulipas, ningún reportero quiere firmar una nota relacionada con el narcotráfico.
La violenta disputa entre el cártel del Golfo y Los Zetas, antes aliados en el control de esa plaza, es el marco de otros crímenes impunes hasta ahora, como el del candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, José Mario Guajardo Varela, ejecutado el 13 de mayo junto, con uno de sus hijos y un trabajador.
El propio candidato panista a gobernador, José Julián Sacramento, confió a varios reporteros que “algunas candidaturas para diputados y ayuntamientos están vacantes debido a la amenaza de los narcotraficantes”.
El dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, confesó que también su partido no encontró valientes que se decidieran a encabezar una campaña a alcalde o diputado local en condiciones de inseguridad extremas.
Eugenio Hernández Flores ha administrado desde entonces el desgobierno en Tamaulipas. Si el poder del crimen organizado quedó ampliamente demostrado desde la época del sexenio salinista con el gobierno de Manuel Cavazos Lerma, y se agravó con Tomás Yarrington, con Hernández Flores simplemente se ha vuelto poder de facto.
No deja de despertar sospechas el silencio del secretario general de Gobierno, Hugo Andrés Araujo, un viejo amigo de Raúl y Carlos Salinas de Gortari, quien supuestamente debe garantizar la seguridad de todos los candidatos en una entidad atenazada por la guerra de los cárteles.
El crimen político de Torre Cantú nos remite inevitablemente a lo que ha sucedido en Colombia. El exgobernador de Zacatecas y senador del PT, Ricardo Monreal, lo expresó claramente: “Nos encaminamos de manera acelerada a la colombianización de nuestra vida política”.
A manera de ejemplo, Monreal recordó que hace tan sólo tres años, 21 candidatos a gobernadores, alcaldes y diputados locales fueron asesinados en Colombia por grupos paramilitares (vinculados a la guerrilla o al narcotráfico o a ambos), en un periodo de cinco meses.
Pero no sólo Tamaulipas es territorio en riesgo. Sinaloa, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Veracruz y Oaxaca son entidades donde el crimen está mucho más organizado que el Estado.
Y todo esto comenzó con una guerra sucia que nos metió a un Estado en guerra.
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 29 de junio (apro).- La brutal ejecución del doctor Rodolfo Torre Cantú, candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, se produce en un contexto local y nacional virulento y violento.
Apenas una semana antes del primer crimen político reciente contra un candidato a gobernador, las dirigencias nacionales del PAN y del PRI se enfrascaron en una batalla declarativa que inició con todas las características de una guerra sucia: espionaje telefónico; difusión de las llamadas interceptadas a los gobernadores Fidel Herrera, Ulises Ruiz y Mario Marín; acusaciones mutuas de trampas que aplican tanto unos como otros; impunidad absoluta frente a César Nava, que presume tener más grabaciones de este tipo, y total inoperancia de los árbitros electorales estatales para frenar el uso y abuso de los recursos para favorecer a los candidatos priistas en aquellos estados que se consideran feudos de los gobernadores en turno.
Una de las características principales de toda guerra sucia es la violencia verbal y simbólica, que antecede o acompaña a la eliminación física o mediática del adversario. Las guerras sucias buscan polarizar al electorado: buenos contra malos, corruptos contra impolutos, amenazas para México contra salvadores autoasignados.
Los mercaderes de las guerras sucias, como el publicista español Antonio Solá o los mercadólogos contratados tanto por el PRI como por el PAN y su aliado circunstancial, el PRD, no ven a los rivales como adversarios electorales, sino como enemigos declarados. Los ciudadanos se transforman en espectadores pasivos de una guerra de lodo que alienta el abstencionismo e inhibe la participación politizada.
Toda guerra sucia tiene una alta dosis de pánico moral, es decir, campañas de odio y de miedo a través de spots; rumores difundidos en medios cibernéticos; medias verdades o mentiras construidas para estigmatizar al adversario y desmovilizar a los críticos; discurso gubernamental hostil ante la crítica, la disidencia o la oposición; desproporción entre la realidad y el imaginario colectivo inducido por la constante mención de esa amenaza.
Otra característica principal de la guerra sucia es la utilización facciosa de los medios masivos de comunicación, en especial de los medios electrónicos, que se transforman en los mensajeros de una guerra cuyo comandante en jefe no es claramente identificado y cuya estrategia parece no concluir con una victoria electoral, sino anticipar un conflicto poselectoral.
Eso lo vivimos en las elecciones de 2006. A Andrés Manuel López Obrador le endilgaron el mote de “peligro para México” y el PAN se justificó diciendo que tenía que ganar “haiga sido como haiga sido”. El propio tribunal electoral federal avaló esa guerra sucia.
El gobierno de Felipe Calderón nos ha recetado lo mismo en su guerra contra el narcotráfico, que ha polarizado al país y ha inutilizado al Estado desde que en enero de 2007 sacó al Ejército de los cuarteles, en una decisión de alto riesgo y poca claridad estratégica.
En las elecciones federales de 2009, el entonces dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, se vistió de cruzado moral y en lugar de presentarse como el presidente de un partido en el gobierno, articuló una campaña electoral opositora con pésimos resultados para Acción Nacional. Todavía alcanzó a justificarse diciendo: “es tan aceptable una campaña de odio como una campaña de alegría”.
El PRI arrasó en esas elecciones y el retorno del tricolor a la presidencia se transformó en la profecía autocumplida por el propio PAN.
En el 2010, César Nava se volvió un clon de Germán Martínez, y acompañado por sus socios temporales del PRD, se ha dedicado a enlodar las campañas estatales, en vez de documentar los abusos que cometen las autoridades priistas.
El contraste obvio entre su jefe Calderón, que garantizó la impunidad de gobernadores como Mario Marín o Ulises Ruiz, no ha sido obstáculo para que ahora se enrede con el fantasma de los dinosaurios priistas que han sido socios de su gobierno, como ahora lo son Los Chuchos del PRD.
No pocos priistas han caído en la provocación, y en sus propios estados los gobernadores aplican sus propias guerras sucias a escala de la federal, acosando y estigmatizando a los opositores, como se ha documentado en Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, entre otras.
Sin embargo, no sólo se trata de violencia verbal. La fallida guerra contra el narcotráfico ha convertido a entidades como Tamaulipas en tierra sin ley, en verdaderos “narco-Estados” donde los cárteles se disputan no sólo las rutas de la droga, sino los espacios de poder en el gobierno, en el Congreso, en las alcaldías.
Al asesinato de Torre Cantú lo antecede una ola de violencia que viene desde finales del gobierno de Vicente Fox hasta todo este periodo del calderonismo. Comenzaron a silenciar y a matar a los periodistas. En Tamaulipas, ningún reportero quiere firmar una nota relacionada con el narcotráfico.
La violenta disputa entre el cártel del Golfo y Los Zetas, antes aliados en el control de esa plaza, es el marco de otros crímenes impunes hasta ahora, como el del candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, José Mario Guajardo Varela, ejecutado el 13 de mayo junto, con uno de sus hijos y un trabajador.
El propio candidato panista a gobernador, José Julián Sacramento, confió a varios reporteros que “algunas candidaturas para diputados y ayuntamientos están vacantes debido a la amenaza de los narcotraficantes”.
El dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, confesó que también su partido no encontró valientes que se decidieran a encabezar una campaña a alcalde o diputado local en condiciones de inseguridad extremas.
Eugenio Hernández Flores ha administrado desde entonces el desgobierno en Tamaulipas. Si el poder del crimen organizado quedó ampliamente demostrado desde la época del sexenio salinista con el gobierno de Manuel Cavazos Lerma, y se agravó con Tomás Yarrington, con Hernández Flores simplemente se ha vuelto poder de facto.
No deja de despertar sospechas el silencio del secretario general de Gobierno, Hugo Andrés Araujo, un viejo amigo de Raúl y Carlos Salinas de Gortari, quien supuestamente debe garantizar la seguridad de todos los candidatos en una entidad atenazada por la guerra de los cárteles.
El crimen político de Torre Cantú nos remite inevitablemente a lo que ha sucedido en Colombia. El exgobernador de Zacatecas y senador del PT, Ricardo Monreal, lo expresó claramente: “Nos encaminamos de manera acelerada a la colombianización de nuestra vida política”.
A manera de ejemplo, Monreal recordó que hace tan sólo tres años, 21 candidatos a gobernadores, alcaldes y diputados locales fueron asesinados en Colombia por grupos paramilitares (vinculados a la guerrilla o al narcotráfico o a ambos), en un periodo de cinco meses.
Pero no sólo Tamaulipas es territorio en riesgo. Sinaloa, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Veracruz y Oaxaca son entidades donde el crimen está mucho más organizado que el Estado.
Y todo esto comenzó con una guerra sucia que nos metió a un Estado en guerra.
Con el debido respeto
ADOLFO GILLY
Alos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Señores magistrados:
Me atrevo a dirigirme a ustedes, siendo casi lego pero no del todo en doctrina jurídica, para tocar el caso de los 12 presos de San Salvador Atenco, que con ese nombre han quedado ya en las crónicas de esta primera década del siglo y posiblemente con ese mismo pasarán a la historia jurídica y social de nuestro país. Así también quedaron con nombres genéricos los presos ferrocarrileros –11 años estuvieron encarcelados Dionisio Vallejo y Valentín Campa sólo por haber encabezado una huelga– o los presos del 68, que salieron de Lecumberri en 1971 libres de culpa y cargo, pero despues de tres años de encierro totalmente infundado.
Esos procesos contribuyeron a corromper nuestro sistema jurídico y a destruir la confianza en la justicia como recurso último ante los abusos del poder. A historias como esas pertenece el caso que ustedes tienen bajo juicio. ¿Es que no se han terminado? ¿Es que tendremos presos de Atenco por años todavía? ¿Van ustedes a avalar con su voto las atrocidades jurídicas, procedimentales y morales de las instancias inferiores?
Tengo la debilidad de esperar que no, que esta vez no, que el voto de cada uno de ustedes pondrá un hasta aquí a esa historia oscura y repetida que, extraña paradoja, está descrita y condenada en los murales de José Clemente Orozco y de Rafael Cauduro en ese mismo edificio donde ustedes estudian los expedientes, deliberan los casos y dictan las sentencias. Miren una vez más, les pido por favor, el gran mural de Cauduro en el cubo de la escalera. Allí está pintada la represión de 1968, las cárceles adonde fueron a parar los estudiantes, las torturas a las que fueron sometidos, la policía cargando sobre ellos, los muertos, la sangre y los zapatos huérfanos en las calles.
El 4 de mayo de 2006 esas escenas se repitieron, a la debida escala, en un pequeño pueblo del estado de Mexico, San Salvador Atenco. Sobre él se desató la violencia sin frenos ni medida de miles de policías que mataron, golpearon, robaron, vejaron y violaron. El único delito que había cometido ese pueblo, ustedes bien lo saben, era el que viene cometiendo el pueblo mexicano desde tiempo inmemorial: defender sus tierras, sus aguas y sus bienes contra la usurpación y el despojo.
¿Cual es entonces el delito punible? ¿A quién mataron, a quién robaron, a quién violaron los 12 presos de San Salvador Atenco? ¿Qué bién juridico, cuál principio de justicia se tutela con las sentencias que han recaído sobre ellos?
La cárcel es dura, sobre todo para quienes se saben inocentes. Hace pocas semanas estuvimos de visita, junto con Julieta Egurrola y Daniel Giménez Cacho, en el penal de Molino de Flores. Pudimos conversar con los nueve pobladores de Atenco allí encerrados desde hace cuatro años. Son jóvenes, son gente de trabajo. No se han dejado destruir por el encierro largo e injusto.
¿Pero por qué les estan destrozando sus vidas y las de sus familias, a ellos y a los otros tres que están, peor aún, en la cárcel de alta seguridad delAltiplano?
El proceso de San Salvador Atenco se ha convertido en un caso ejemplar. Sentará jurisprudencia. Nos dirá a todos, también a ustedes, cuál es el lugar y la imagen del supremo tribunal de la nación en estos tiempos terribles que México atraviesa.
En derecho y en conciencia, quieran dictar ustedes la libertad inmediata de los 12 presos de San Salvador Atenco. No permitan que la venganza siga tomando el lugar de la justicia en esta tierra mexicana. Ojalá. Esa es mi tenue pero terca esperanza.
ADOLFO GILLY
Alos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Señores magistrados:
Me atrevo a dirigirme a ustedes, siendo casi lego pero no del todo en doctrina jurídica, para tocar el caso de los 12 presos de San Salvador Atenco, que con ese nombre han quedado ya en las crónicas de esta primera década del siglo y posiblemente con ese mismo pasarán a la historia jurídica y social de nuestro país. Así también quedaron con nombres genéricos los presos ferrocarrileros –11 años estuvieron encarcelados Dionisio Vallejo y Valentín Campa sólo por haber encabezado una huelga– o los presos del 68, que salieron de Lecumberri en 1971 libres de culpa y cargo, pero despues de tres años de encierro totalmente infundado.
Esos procesos contribuyeron a corromper nuestro sistema jurídico y a destruir la confianza en la justicia como recurso último ante los abusos del poder. A historias como esas pertenece el caso que ustedes tienen bajo juicio. ¿Es que no se han terminado? ¿Es que tendremos presos de Atenco por años todavía? ¿Van ustedes a avalar con su voto las atrocidades jurídicas, procedimentales y morales de las instancias inferiores?
Tengo la debilidad de esperar que no, que esta vez no, que el voto de cada uno de ustedes pondrá un hasta aquí a esa historia oscura y repetida que, extraña paradoja, está descrita y condenada en los murales de José Clemente Orozco y de Rafael Cauduro en ese mismo edificio donde ustedes estudian los expedientes, deliberan los casos y dictan las sentencias. Miren una vez más, les pido por favor, el gran mural de Cauduro en el cubo de la escalera. Allí está pintada la represión de 1968, las cárceles adonde fueron a parar los estudiantes, las torturas a las que fueron sometidos, la policía cargando sobre ellos, los muertos, la sangre y los zapatos huérfanos en las calles.
El 4 de mayo de 2006 esas escenas se repitieron, a la debida escala, en un pequeño pueblo del estado de Mexico, San Salvador Atenco. Sobre él se desató la violencia sin frenos ni medida de miles de policías que mataron, golpearon, robaron, vejaron y violaron. El único delito que había cometido ese pueblo, ustedes bien lo saben, era el que viene cometiendo el pueblo mexicano desde tiempo inmemorial: defender sus tierras, sus aguas y sus bienes contra la usurpación y el despojo.
¿Cual es entonces el delito punible? ¿A quién mataron, a quién robaron, a quién violaron los 12 presos de San Salvador Atenco? ¿Qué bién juridico, cuál principio de justicia se tutela con las sentencias que han recaído sobre ellos?
La cárcel es dura, sobre todo para quienes se saben inocentes. Hace pocas semanas estuvimos de visita, junto con Julieta Egurrola y Daniel Giménez Cacho, en el penal de Molino de Flores. Pudimos conversar con los nueve pobladores de Atenco allí encerrados desde hace cuatro años. Son jóvenes, son gente de trabajo. No se han dejado destruir por el encierro largo e injusto.
¿Pero por qué les estan destrozando sus vidas y las de sus familias, a ellos y a los otros tres que están, peor aún, en la cárcel de alta seguridad delAltiplano?
El proceso de San Salvador Atenco se ha convertido en un caso ejemplar. Sentará jurisprudencia. Nos dirá a todos, también a ustedes, cuál es el lugar y la imagen del supremo tribunal de la nación en estos tiempos terribles que México atraviesa.
En derecho y en conciencia, quieran dictar ustedes la libertad inmediata de los 12 presos de San Salvador Atenco. No permitan que la venganza siga tomando el lugar de la justicia en esta tierra mexicana. Ojalá. Esa es mi tenue pero terca esperanza.
Es el PRI el que lucra con la muerte de Torre
Ciro Gómez Leyva. 30/06/10. Hay algo que causa repulsión en el juego de espejos que protagonizó ayer Beatriz Paredes, escoltada por sus gobernadores. Denunció al gobierno federal por lucrar políticamente con el cadáver de Rodolfo Torre, pero se sirvió de los actos luctuosos para desgarrarse, acusar, lucrar.
Es la política y Beatriz y los priistas no podían desperdiciar un momento único: el asesinato de un candidato a gobernador horas antes de unas elecciones que, en algunas entidades, adquirieron el tono de guerras del fin del mundo.
Fueron los priistas, con Beatriz a la cabeza, los que llegaron el lunes a Ciudad Victoria. Y los que ayer en esa ciudad encabezaron un velorio multitudinario, que pareció mitin de principio a fin, en donde exigieron "respeto a nuestro duelo" ¿El duelo es exclusivamente priista? Y en donde le expresaron solidaridad al gobernador Eugenio Hernández, como si él fuera un deudo, o una víctima más de la violencia en Tamaulipas. ¿De qué se hace cargo un gobernador del PRI?
Subieron a sus aviones y por la noche, en la sede nacional de Insurgentes Norte, continuaron el novenario. Beatriz repitió lo del respeto a "nuestro dolor", exaltó la gallardía del partido, reclamó una estrategia de seguridad eficaz (la escuchaban ahí los, en ese tema, ineficientes gobernadores de Durango, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua...) y arremetió contra los oportunistas que "bregan en la borrasca de aguas tormentosas".
Palabras expresadas con una mano sobre el féretro de un buen hombre, buen candidato, buen priista. Palabras para sacudirse responsabilidades, culpar al adversario y, sí, tratar de ganar unos votos en este horrible tiempo extra.
Bien: es la lucha por el poder. Lo nauseabundo es el discurso. El lloriqueo.
Ciro Gómez Leyva. 30/06/10. Hay algo que causa repulsión en el juego de espejos que protagonizó ayer Beatriz Paredes, escoltada por sus gobernadores. Denunció al gobierno federal por lucrar políticamente con el cadáver de Rodolfo Torre, pero se sirvió de los actos luctuosos para desgarrarse, acusar, lucrar.
Es la política y Beatriz y los priistas no podían desperdiciar un momento único: el asesinato de un candidato a gobernador horas antes de unas elecciones que, en algunas entidades, adquirieron el tono de guerras del fin del mundo.
Fueron los priistas, con Beatriz a la cabeza, los que llegaron el lunes a Ciudad Victoria. Y los que ayer en esa ciudad encabezaron un velorio multitudinario, que pareció mitin de principio a fin, en donde exigieron "respeto a nuestro duelo" ¿El duelo es exclusivamente priista? Y en donde le expresaron solidaridad al gobernador Eugenio Hernández, como si él fuera un deudo, o una víctima más de la violencia en Tamaulipas. ¿De qué se hace cargo un gobernador del PRI?
Subieron a sus aviones y por la noche, en la sede nacional de Insurgentes Norte, continuaron el novenario. Beatriz repitió lo del respeto a "nuestro dolor", exaltó la gallardía del partido, reclamó una estrategia de seguridad eficaz (la escuchaban ahí los, en ese tema, ineficientes gobernadores de Durango, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua...) y arremetió contra los oportunistas que "bregan en la borrasca de aguas tormentosas".
Palabras expresadas con una mano sobre el féretro de un buen hombre, buen candidato, buen priista. Palabras para sacudirse responsabilidades, culpar al adversario y, sí, tratar de ganar unos votos en este horrible tiempo extra.
Bien: es la lucha por el poder. Lo nauseabundo es el discurso. El lloriqueo.
