EDUCACION INJUSTA Y DISCRIMINATORIA
17 jun 2010
ONU: el sistema educativo en México, sin capacidad para dar acceso a los más pobres
Relator especial presentará el informe sobre el rezago en la enseñanza en esas zonas
El país aún enfrenta importantes desafíos para evitar la deserción, señala funcionario
LAURA POY SOLANO
Periódico La Jornada
El informe final del relator especial sobre el Derecho a la Educación de Naciones Unidas, Vernor Muñoz, revela que en México entre 1 y 2 por ciento de la población de seis a 11 años no acude a la escuela ante la incapacidad del sistema nacional para ofrecer formación primaria en comunidades rurales pequeñas o aisladas, así como a niños migrantes o discapacitados.
Subraya que la exclusión de la enseñanza en México tiene destinatarios precisos. Las poblaciones pobres reciben una educación pobre.
Los servicios educativos en el país, alerta el documento difundido este miércoles por la Organización de Naciones Unidas, no toman en cuenta que 70 por ciento de las comunidades rurales tiene apenas 100 habitantes, lo que deja a estas localidades sin oportunidades educativas o bien a cargo de facilitadores o promotores, contratado o becados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, quienes imparten clases en escuela multigrado, muchas veces en instalaciones en muy mal estado y sin servicio de saneamiento adecuado.
A esto se suman la deserción escolar, pues como parte de sus conclusiones, luego de una visita oficial a nuestro país del 8 al 18 de febrero pasado, destaca que en el ciclo escolar 2006-2007 la tasa de deserción en primaria alcanzó 1.5 por ciento en escuelas públicas, mientras en las privadas fue 2.1 por ciento.
En secundaria, al menos 7.8 por ciento de los alumnos inscritos en planteles públicos desertan, en contraste con 1.9 por ciento en escuelas particulares. Esto implica que alrededor de ocho de cada 100 alumnos de primarias y secundarias públicas abandonaron la escuela, y casi dos de cada 100, en los planteles privados.
El informe, que será presentado este viernes por el relator especial en un foro de expertos, señala que, pese a los buenos índices de matriculación, el país enfrenta grandes desafíos para contrarrestar la deserción y el rezago educativo.
Muñoz explica que cifras del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación indican que de cada 100 alumnos que ingresan a la primaria, sólo 66 concluyen en el periodo normativo, mientras que la deserción en la educación media superior alcanza un 16 por ciento. La situación se agrava con un sistema de exámenes en cada estado para los estudiantes que concluyen la secundaria, y en la práctica revela un proceso selectivo que, muchas veces, castiga a los alumnos que no han recibido buenas oportunidades educativas en el pasado.
Las autoridades en el ramo, agrega, han ofrecido gran cantidad de becas y programas de apoyo para procurar la retención. No obstante, más que contentarse con los estándares de matriculación en la escuela primaria, el Estado debe continuar ocupándose con determinación de garantizar la trayectoria exitosa a lo largo de todo el proceso educativo de las personas.
El documento señala entre las recomendaciones al gobierno federal, desarrollar las bases jurídicas para el reconocimiento y legitimación de movimientos sindicales de educación independientes y plurales, pero también para impulsar un proceso amplio de consulta, que incluya a la sociedad civil, respecto a las necesidades y desafíos de la calidad de la educación, con las finalidad de incluir las reformas necesarias a los programas vigentes.
Relator especial presentará el informe sobre el rezago en la enseñanza en esas zonas
El país aún enfrenta importantes desafíos para evitar la deserción, señala funcionario
LAURA POY SOLANO
Periódico La Jornada
El informe final del relator especial sobre el Derecho a la Educación de Naciones Unidas, Vernor Muñoz, revela que en México entre 1 y 2 por ciento de la población de seis a 11 años no acude a la escuela ante la incapacidad del sistema nacional para ofrecer formación primaria en comunidades rurales pequeñas o aisladas, así como a niños migrantes o discapacitados.
Subraya que la exclusión de la enseñanza en México tiene destinatarios precisos. Las poblaciones pobres reciben una educación pobre.
Los servicios educativos en el país, alerta el documento difundido este miércoles por la Organización de Naciones Unidas, no toman en cuenta que 70 por ciento de las comunidades rurales tiene apenas 100 habitantes, lo que deja a estas localidades sin oportunidades educativas o bien a cargo de facilitadores o promotores, contratado o becados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, quienes imparten clases en escuela multigrado, muchas veces en instalaciones en muy mal estado y sin servicio de saneamiento adecuado.
A esto se suman la deserción escolar, pues como parte de sus conclusiones, luego de una visita oficial a nuestro país del 8 al 18 de febrero pasado, destaca que en el ciclo escolar 2006-2007 la tasa de deserción en primaria alcanzó 1.5 por ciento en escuelas públicas, mientras en las privadas fue 2.1 por ciento.
En secundaria, al menos 7.8 por ciento de los alumnos inscritos en planteles públicos desertan, en contraste con 1.9 por ciento en escuelas particulares. Esto implica que alrededor de ocho de cada 100 alumnos de primarias y secundarias públicas abandonaron la escuela, y casi dos de cada 100, en los planteles privados.
El informe, que será presentado este viernes por el relator especial en un foro de expertos, señala que, pese a los buenos índices de matriculación, el país enfrenta grandes desafíos para contrarrestar la deserción y el rezago educativo.
Muñoz explica que cifras del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación indican que de cada 100 alumnos que ingresan a la primaria, sólo 66 concluyen en el periodo normativo, mientras que la deserción en la educación media superior alcanza un 16 por ciento. La situación se agrava con un sistema de exámenes en cada estado para los estudiantes que concluyen la secundaria, y en la práctica revela un proceso selectivo que, muchas veces, castiga a los alumnos que no han recibido buenas oportunidades educativas en el pasado.
Las autoridades en el ramo, agrega, han ofrecido gran cantidad de becas y programas de apoyo para procurar la retención. No obstante, más que contentarse con los estándares de matriculación en la escuela primaria, el Estado debe continuar ocupándose con determinación de garantizar la trayectoria exitosa a lo largo de todo el proceso educativo de las personas.
El documento señala entre las recomendaciones al gobierno federal, desarrollar las bases jurídicas para el reconocimiento y legitimación de movimientos sindicales de educación independientes y plurales, pero también para impulsar un proceso amplio de consulta, que incluya a la sociedad civil, respecto a las necesidades y desafíos de la calidad de la educación, con las finalidad de incluir las reformas necesarias a los programas vigentes.
Mintió Sedena; soldados mataron a los niños Almanza, dice CNDH
Los militares involucrados alteraron y manipularon la escena del crimen, sostiene el ombudsman VÍCTOR BALLINAS
Peridico La Jornada
Jueves 17 de junio de 2010, p. 5
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, aseguró ayer que la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, y las heridas a otras cinco personas, ocurridas el 3 de abril de este año en Ciudad Mier, Tamaulipas, fueron resultado del fuego directo y discrecional por parte de elementos del Ejército Mexicano y no de un tiroteo cruzado con miembros de la delincuencia organizada, como sostuvieron las secretarías de Gobernación (SG) y de la Defensa Nacional (Sedena).
Plascencia Villanueva dijo: “Los militares involucrados –elementos del tercer Regimiento Blindado de Reconocimiento– alteraron y manipularon el lugar de los hechos para justificar una legítima defensa, lo cual es inadmisible para la CNDH”.
El ombudsman nacional afirmó que en la investigación que realizó la comisión a su cargo hubo obstáculos de parte de servidores públicos de la Sedena y de la Procuraduría General de la República (PGR), y los resultados revelan alteración de la escena de los hechos, omisión, dilación, uso arbitrario de la fuerza y obstrucción a la justicia.
Aseveró que la CNDH constató violaciones a los derechos humanos, a la vida, a la integridad, seguridad personal, trato digno, a la justicia, a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al derecho de los menores a que se proteja su integridad por actos consistentes en privación de la vida, atentados a la integridad y seguridad personal, tratos crueles y degradantes, omisión de auxilio, alteración de la escena de los hechos, ejercicio indebido de la función pública y el incumplimiento de algunas de las formalidades para la emisión de la orden de cateo en agravio de Martín y Bryan Almanza Salazar y 11 personas más, de las cuales cinco resultaron heridas.
En conferencia de prensa, el titular de la CNDH hizo pública la recomendación 36/2010, que dirigió al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, donde les notifica que presentará denuncia penal en contra de los servidores públicos de esas dependencias que participaron en las irregularidades y hechos que motivaron el pronunciamiento público.
Plascencia Villanueva sostuvo: la versión de la Sedena que sostiene que los hechos tuvieron como origen “un enfrentamiento entre elementos militares, quienes iban con dirección a Nuevo Laredo y varias camionetas donde viajaban presuntos miembros de la delincuencia organizada con dirección a Ciudad Mier, a la altura del kilómetro 117, es incompatible con el resultado que arrojan las evidencias obtenidas por la Comisión Nacional.
Se observa que el contenido del informe de la autoridad responsable no tiene sustento ni apego a las evidencias a que se allegó esta comisión, y que existió además un indebido levantamiento de indicios y de preservación de evidencias.
Informó el ombudsman nacional que los testimonios de las víctimas, incluyendo a los menores de edad, son coincidentes al señalar que no llevaban camionetas adelante ni atrás y la visibilidad era clara; disminuyeron la velocidad y bajaron los cristales; avanzaron cuando un elemento militar les dio el paso e inmediatamente después les empezaron a disparar, por lo que huyeron al monte hasta que encontraron una casa en un rancho donde les brindaron auxilio.
El informe con la alteración de los hechos que se entregó a la CNDH por parte de Sedena, y en las fotografías proporcionadas, donde la camioneta agredida presenta impactos al frente, no coinciden con la narrativa de las víctimas. Los orificios en el cristal, de acuerdo con el dictamen de peritos de esta comisión, indican que los disparos se hicieron una vez que la camioneta estaba desocupada, es decir, después de la agresión y cuando los ocupantes ya no se encontraban en ella.
Testigos informaron a la CNDH que “sólo estaba una camioneta, pero después de dos horas y media ya estaban cinco en el lugar referido. Las víctimas relataron que los disparos de arma de fuego sólo fueron en el costado izquierdo del vehículo y de atrás hacia adelante, nunca del lado derecho, ya que por ese costado descendimos; de haber existido disparos (ello) nos hubiese imposibilitado la huida hacia el monte donde nos refugiamos.
La comisión sostiene que las camionetas fueron colocadas para alterar la escena del crimen y representar que había existido un enfrentamiento, pero las muertes de los menores y las heridas a cinco personas más fueron resultado del fuego directo y discrecional por parte de elementos del Ejército y no de un tiroteo cruzado con miembros de la delincuencia organizada.
Los militares involucrados alteraron y manipularon la escena del crimen, sostiene el ombudsman VÍCTOR BALLINAS
Peridico La Jornada
Jueves 17 de junio de 2010, p. 5
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, aseguró ayer que la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, y las heridas a otras cinco personas, ocurridas el 3 de abril de este año en Ciudad Mier, Tamaulipas, fueron resultado del fuego directo y discrecional por parte de elementos del Ejército Mexicano y no de un tiroteo cruzado con miembros de la delincuencia organizada, como sostuvieron las secretarías de Gobernación (SG) y de la Defensa Nacional (Sedena).
Plascencia Villanueva dijo: “Los militares involucrados –elementos del tercer Regimiento Blindado de Reconocimiento– alteraron y manipularon el lugar de los hechos para justificar una legítima defensa, lo cual es inadmisible para la CNDH”.
El ombudsman nacional afirmó que en la investigación que realizó la comisión a su cargo hubo obstáculos de parte de servidores públicos de la Sedena y de la Procuraduría General de la República (PGR), y los resultados revelan alteración de la escena de los hechos, omisión, dilación, uso arbitrario de la fuerza y obstrucción a la justicia.
Aseveró que la CNDH constató violaciones a los derechos humanos, a la vida, a la integridad, seguridad personal, trato digno, a la justicia, a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al derecho de los menores a que se proteja su integridad por actos consistentes en privación de la vida, atentados a la integridad y seguridad personal, tratos crueles y degradantes, omisión de auxilio, alteración de la escena de los hechos, ejercicio indebido de la función pública y el incumplimiento de algunas de las formalidades para la emisión de la orden de cateo en agravio de Martín y Bryan Almanza Salazar y 11 personas más, de las cuales cinco resultaron heridas.
En conferencia de prensa, el titular de la CNDH hizo pública la recomendación 36/2010, que dirigió al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, donde les notifica que presentará denuncia penal en contra de los servidores públicos de esas dependencias que participaron en las irregularidades y hechos que motivaron el pronunciamiento público.
Plascencia Villanueva sostuvo: la versión de la Sedena que sostiene que los hechos tuvieron como origen “un enfrentamiento entre elementos militares, quienes iban con dirección a Nuevo Laredo y varias camionetas donde viajaban presuntos miembros de la delincuencia organizada con dirección a Ciudad Mier, a la altura del kilómetro 117, es incompatible con el resultado que arrojan las evidencias obtenidas por la Comisión Nacional.
Se observa que el contenido del informe de la autoridad responsable no tiene sustento ni apego a las evidencias a que se allegó esta comisión, y que existió además un indebido levantamiento de indicios y de preservación de evidencias.
Informó el ombudsman nacional que los testimonios de las víctimas, incluyendo a los menores de edad, son coincidentes al señalar que no llevaban camionetas adelante ni atrás y la visibilidad era clara; disminuyeron la velocidad y bajaron los cristales; avanzaron cuando un elemento militar les dio el paso e inmediatamente después les empezaron a disparar, por lo que huyeron al monte hasta que encontraron una casa en un rancho donde les brindaron auxilio.
El informe con la alteración de los hechos que se entregó a la CNDH por parte de Sedena, y en las fotografías proporcionadas, donde la camioneta agredida presenta impactos al frente, no coinciden con la narrativa de las víctimas. Los orificios en el cristal, de acuerdo con el dictamen de peritos de esta comisión, indican que los disparos se hicieron una vez que la camioneta estaba desocupada, es decir, después de la agresión y cuando los ocupantes ya no se encontraban en ella.
Testigos informaron a la CNDH que “sólo estaba una camioneta, pero después de dos horas y media ya estaban cinco en el lugar referido. Las víctimas relataron que los disparos de arma de fuego sólo fueron en el costado izquierdo del vehículo y de atrás hacia adelante, nunca del lado derecho, ya que por ese costado descendimos; de haber existido disparos (ello) nos hubiese imposibilitado la huida hacia el monte donde nos refugiamos.
La comisión sostiene que las camionetas fueron colocadas para alterar la escena del crimen y representar que había existido un enfrentamiento, pero las muertes de los menores y las heridas a cinco personas más fueron resultado del fuego directo y discrecional por parte de elementos del Ejército y no de un tiroteo cruzado con miembros de la delincuencia organizada.
Deslinda la SCJN a Molinar, Karam y Bours de violación grave de garantías en caso ABC
JESÚS ARANDA
Periódico La Jornada
Jueves 17 de junio de 2010, p. 12
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no están vinculados en la violación grave de garantías individuales, en el caso de la guardería ABC, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el director del IMSS, Daniel Karam Toumeh; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, ni el ex presidente municipal de Hermosillo Ernesto Gándara Camou.
En votación dividida y diferenciada, los ministros concluyeron, después de tres días de debate, que sólo funcionarios medios de los niveles federal, estatal y municipal tuvieron alguna responsabilidad en el incendio del 5 de junio de 2009, que causó la muerte de 49 niños, y lesiones a 104.
Para los integrantes del máximo tribunal ni siquiera Carla Rochín Nieto, ex coordinadora de guarderías, ni Sergio Antonio Salazar Salazar, ex director de prestaciones económicas y sociales, estuvieron vinculados en la tragedia, a pesar de que ambos dejaron el cargo a consecuencia del incendio.
En la sesión vespertina los ministros destrabaron la discusión, una vez que por la mañana se había desechado por seis votos contra cinco que hubiera existido un desorden generalizado en el sistema de guarderías del IMSS subrogadas a particulares.
Sólo Sergio Aguirre Anguiano votó en contra de que hubiese existido violación grave de garantías.
Sin embargo, la discusión y los posicionamientos posteriores se encaminaron hacia el deslinde de los principales funcionarios involucrados en el dictamen de Arturo Zaldívar en la violación grave de derechos fundamentales.
Únicamente Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza consideraron que Molinar Horcasitas (ex director del IMSS) estaba vinculado; en el caso de Karam, fueron Zaldívar, Silva y Gudiño, y en el de Bours, Zaldívar, Sánchez Cordero, Silva, Gudiño y José Ramón Cossío.
Respecto del ex presidente municipal de Hermosillo, Zaldívar, Sánchez Cordero, Gudiño y Silva lo consideraron involucrados. La mayoría, con siete votos, rechazó su responsabilidad.
Antes de que se iniciara la votación sobre la responsabilidad de los funcionarios, Aguirre había propuesto que se considerara a los empleados del IMSS violadores de garantías, porque no eran autoridad responsable.
Su propuesta fue rechazada, pero, al votar sobre la vinculación de Molinar y Karam, la mayoría señaló que no habían actuado de manera omisa ni negligente antes, durante ni después del incidente.
La mayoría desechó asimismo la propuesta presentada por Sánchez Cordero de que los dueños, representantes legales, operadores y socios de la guardería ABC fueran también considerados posibles violadores de derechos fundamentales. La ministra argumentaba que, al cumplir una función reservada al Estado, los particulares también debían responder por los hechos.
Al finalizar la discusión, el pleno dio a conocer una serie de propuestas y lineamientos a los tres niveles de gobierno para mejorar la calidad en la prestación del servicio de guarderías subrogadas del IMSS y, en general, para las estancias infantiles del país.
Para no dejar dudas del alcance de la decisión, el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo antes de dar por terminada la sesión que la Corte no culpa ni exonera a nadie.
Hubo consenso en que fueron violados los derechos constitucionales que tienen que ver con los derechos del niño y el principio de interés superior, así como los derechos a la protección a la vida, a la integridad física, a la seguridad social y a la salud.
En la sesión matutina, cuando el pleno desechó por seis votos a cinco que hubiera desorden generalizado en el sistema de guarderías subrogadas, el ministro presidente, Ortiz Mayagoitia, encabezó la defensa de los directores del instituto al deslindarlos de la obligación de cerciorarse de lo relativo a la protección civil, el otorgamiento de licencia para las guarderías y la calidad de los servicios educativos.
Sin ofrecer mayores detalles sobre el origen de la información, aseguró que a título personal he recibido comentarios de que el servicio de guarderías es satisfactorio para los usuarios.
El ministro instructor, Zaldívar –quien quedó en minoría junto con Cossío, Silva Meza, Sánchez Cordero y Gudiño Pelayo–, sostuvo que, precisamente, el desorden generalizado se traducía en la entrega discrecional de contratos, la falta de supervisión y vigilancia de las guarderías subrogadas, lo que impidió que, habiéndose producido fuego en la bodega contigua, se tomaran medidas que hubieran evitado la desgracia.
Ante la defensa a ultranza que hizo la mayoría –encabezada por Ortiz Mayagoitia y secundada por Aguirre Anguiano; Sergio Valls, director jurídico del IMSS en el sexenio de Ernesto Zedillo; Fernando Franco, ex representante de la Secretaría del Trabajo ante el consejo técnico del IMSS; Margarita Luna y Luis María Aguilar–, Zaldívar dijo a sus compañeros:
Quienes denigran a las instituciones son los malos servidores públicos, no quienes criticamos a esos malos servidores públicos.
En respuesta a los señalamientos de Ortiz Mayagoita, quien apuntó que cuando los servicios se prestan con regularidad, cumplimiento de horarios, eficiencia profesional, no se puede afirmar que el sistema de guarderías sea malo, amén de que son otras autoridades –bomberos, protección civil, gobiernos estatales y municipales– las encargadas de vigilar que se cumplan las normas vigentes, Zaldívar reviró:
“Ahora dicen: ‘el IMSS no tiene nada que ver con la protección civil’. ¡Ahí es donde hay una grave omisión de políticas públicas! ¿Cómo es posible que el IMSS, y me refiero a sus autoridades, obviamente, se desatiendan de dónde están las guarderías, de si los niños están cuidados o no?”
Finalmente, el voto mayoritario dejó a salvo no sólo el nombre del IMSS, sino también el de su ex director, su actual titular y otros altos funcionarios que habían sido señalados en el dictamen original del ministro Zaldívar.
SEP y SSa reculan: seguirá la venta de alimentos chatarra en escuelas
La redacción
MÉXICO, DF, 16 de junio (apro).- Las secretarías de Salud y de Educación Pública cedieron a las presiones de los grandes consorcios de alimentos “chatarra” y anunciaron que por el momento no se suspenderá la venta de pastelitos y frituras en las escuela.
En entrevista, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, sostuvo que la industria alimentaria requiere de tiempo para ajustarse a las exigencias nutricionales, a fin de reducir la densidad de calorías.
El primer paso, aseguró, será hacer porciones más pequeñas de galletas, pastelitos, papas y churritos fritos, entre otros.
Según el funcionario federal, lo que no se venderá en los centros escolares, a partir del próximo ciclo escolar, serán bebidas con azúcar adicional, como refrescos, jugos y néctares.
Precisó que no se envió el listado de alimentos chatarra a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria porque no se quiere “satanizar ningún producto”, pero la lista final dependerá de cómo quede lo autorizado.
El titular de la Ssa sostuvo que los vendedores de alimentos preparados en las escuelas podrán ajustarse más fácilmente a los lineamientos establecidos en menús que se distribuirán para equilibrar el nivel de nutrientes, como son cero grasas y poca sal, así como el aumento de frutas y verduras.
Dijo que en el caso de la industria alimentaria se necesitará un proceso y eso lleva tiempo, pues no se trata de eliminar ese sector ni que se genere un daño mayor.
Lo que se busca es “achicar” el tamaño de los alimentos chatarra como una respuesta inmediata por parte de la industria pastelera y refresquera.
Explicó que la densidad energética por porción significa que en 100 gramos se baje, primero, de 450 calorías a 300 el contenido, lo que no es tan rápido, porque aquélla depende de los componentes del alimento, en donde destacan las grasas, y en los ingredientes que le dan consistencia y sabor a los alimentos industrializados.
“No se puede de la noche a la mañana quitarle X o Z componente porque no va a saber igual y no lo van a vender. Ahorita se van a vender las bolsas chiquitas y va haber algunas frituras y botanas de las que tienen menos densidad energética y en porciones menores”, ofreció.
Sin embargo, afirmó que el objetivo es que se dé una transformación de la industria para que, en un par de años, esté por debajo de la densidad energética y, aunque los educandos “se coman dos bolsitas, ya no estén ingiriendo más calorías”.
Veracruz: Exige oposición se investigue "apoyo ilegal" de gobernador a Duarte
Regina Martínez
JALAPA, Ver., 16 de junio (apro).- Luego de la difusión de audios que apuntan a que el gobernador Fidel Herrera opera las campañas en la entidad, la oposición exigió a las autoridades federales y electorales investigar los “apoyos ilegales” al candidato priista Javier Duarte.
Las revelaciones de este día del periódico Excélsior, en donde Herrera Beltrán advierte que canalizará dinero a las candidaturas de Duarte y de los diputados locales y alcaldes priistas, derivaron en la condena al gobernador de parte de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia.
El dirigente estatal del PAN, Enrique Cambranis Torres, sostuvo que esa acción es una prueba de que el candidato priista al gobierno veracruzano “ya no levantó”.
En conferencia de prensa, el dirigente panista refirió que, desde que Herrera Beltrán es gobernador, “ha operado como ahora”; es decir, ha desviado recursos públicos para favorecer las campañas de los candidatos priistas desde la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
La Sefiplan, acusó, “ha sido la caja chica del gobernador para controlar las elecciones”, gastándose el dinero público “con descaro y cinismo” para lograr utilidad político electoral, como en este caso, en que “ordenó le entregaran a Renato Tronco –candidato a la alcaldía de Las Choapas-- 10 millones de pesos para hacer una carretera hacia una de las comunidades de ese municipio”.
Ante esa situación, adelantó que la bancada panista en el Congreso federal y estatal estará solicitando el “desafuero” de Fidel Herrera a través de un juicio político, “para que se someta a las consecuencias de sus actos” ante las autoridades de justicia correspondientes.
Dijo que también solicitarán a los órganos de fiscalización local, y a la Auditoría Superior de la Federación, “tomen las medidas pertinentes” para practicar una auditoría al gobierno de Veracruz y comprobar los presuntos desvíos de recursos.
Por su lado, el candidato al gobierno del estado por la coalición PRD-PT-Convergencia, Dante Delgado Rannauro, acusó al gobierno de Herrera Beltrán de manejar de forma “perversa, absurda e indiscriminada” los recursos públicos en beneficio de Javier Duarte.
El abanderado de la coalición “Para cambiar Veracruz”, subrayó que esta situación “evidencia el dispendio oficial y confirma lo que desde el 24 de mayo pasado, a través de una carta pública, hemos venido denunciando y que, en voz del propio gobernador, ya se hizo público”.
En esa carta pública, en la que demandó a Herrera Beltrán “sacar las manos” del proceso electoral, recordó Dante Delgado, “le exijo que asumiera la responsabilidad a la que está obligado por mandato de ley y que sea el primero en preservar el estado de derecho”.
A esta exigencia se sumó el dirigente estatal del PRD, Celso Pulido Santiago, quien exigió a las autoridades electorales investigar la veracidad de las grabaciones que involucran a Herrera Beltrán “en un operativo con miras a llevar al triunfo a su partido en las elecciones del próximo 4 de julio”.
Adelantó que la representación nacional de su partido ante el Instituto Federal Electoral (IFE) “prepara una queja” que presentará en la Unidad de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, con la finalidad de que investigue si el gobierno del estado está destinando recursos públicos a los candidatos del PRI.
Si el IFE acepta el recurso, explicó el líder del PRD, también solicitarán que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) indague el caso, ya que ante la gravedad de este asunto “es necesario que las instancias electorales actúen en consecuencia”.
Luego del escándalo, Herrera Beltrán buscó deslindarse de las acusaciones y argumentó que, en la “guerra sucia” desplegada en su contra, los “demonios del edén andan sueltos” y, aunque se negó a mencionar nombres y apellidos, veladamente se refirió al candidato panista Miguel Ángel Yunes Linares.
JESÚS ARANDA
Periódico La Jornada
Jueves 17 de junio de 2010, p. 12
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no están vinculados en la violación grave de garantías individuales, en el caso de la guardería ABC, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el director del IMSS, Daniel Karam Toumeh; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, ni el ex presidente municipal de Hermosillo Ernesto Gándara Camou.
En votación dividida y diferenciada, los ministros concluyeron, después de tres días de debate, que sólo funcionarios medios de los niveles federal, estatal y municipal tuvieron alguna responsabilidad en el incendio del 5 de junio de 2009, que causó la muerte de 49 niños, y lesiones a 104.
Para los integrantes del máximo tribunal ni siquiera Carla Rochín Nieto, ex coordinadora de guarderías, ni Sergio Antonio Salazar Salazar, ex director de prestaciones económicas y sociales, estuvieron vinculados en la tragedia, a pesar de que ambos dejaron el cargo a consecuencia del incendio.
En la sesión vespertina los ministros destrabaron la discusión, una vez que por la mañana se había desechado por seis votos contra cinco que hubiera existido un desorden generalizado en el sistema de guarderías del IMSS subrogadas a particulares.
Sólo Sergio Aguirre Anguiano votó en contra de que hubiese existido violación grave de garantías.
Sin embargo, la discusión y los posicionamientos posteriores se encaminaron hacia el deslinde de los principales funcionarios involucrados en el dictamen de Arturo Zaldívar en la violación grave de derechos fundamentales.
Únicamente Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza consideraron que Molinar Horcasitas (ex director del IMSS) estaba vinculado; en el caso de Karam, fueron Zaldívar, Silva y Gudiño, y en el de Bours, Zaldívar, Sánchez Cordero, Silva, Gudiño y José Ramón Cossío.
Respecto del ex presidente municipal de Hermosillo, Zaldívar, Sánchez Cordero, Gudiño y Silva lo consideraron involucrados. La mayoría, con siete votos, rechazó su responsabilidad.
Antes de que se iniciara la votación sobre la responsabilidad de los funcionarios, Aguirre había propuesto que se considerara a los empleados del IMSS violadores de garantías, porque no eran autoridad responsable.
Su propuesta fue rechazada, pero, al votar sobre la vinculación de Molinar y Karam, la mayoría señaló que no habían actuado de manera omisa ni negligente antes, durante ni después del incidente.
La mayoría desechó asimismo la propuesta presentada por Sánchez Cordero de que los dueños, representantes legales, operadores y socios de la guardería ABC fueran también considerados posibles violadores de derechos fundamentales. La ministra argumentaba que, al cumplir una función reservada al Estado, los particulares también debían responder por los hechos.
Al finalizar la discusión, el pleno dio a conocer una serie de propuestas y lineamientos a los tres niveles de gobierno para mejorar la calidad en la prestación del servicio de guarderías subrogadas del IMSS y, en general, para las estancias infantiles del país.
Para no dejar dudas del alcance de la decisión, el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo antes de dar por terminada la sesión que la Corte no culpa ni exonera a nadie.
Hubo consenso en que fueron violados los derechos constitucionales que tienen que ver con los derechos del niño y el principio de interés superior, así como los derechos a la protección a la vida, a la integridad física, a la seguridad social y a la salud.
En la sesión matutina, cuando el pleno desechó por seis votos a cinco que hubiera desorden generalizado en el sistema de guarderías subrogadas, el ministro presidente, Ortiz Mayagoitia, encabezó la defensa de los directores del instituto al deslindarlos de la obligación de cerciorarse de lo relativo a la protección civil, el otorgamiento de licencia para las guarderías y la calidad de los servicios educativos.
Sin ofrecer mayores detalles sobre el origen de la información, aseguró que a título personal he recibido comentarios de que el servicio de guarderías es satisfactorio para los usuarios.
El ministro instructor, Zaldívar –quien quedó en minoría junto con Cossío, Silva Meza, Sánchez Cordero y Gudiño Pelayo–, sostuvo que, precisamente, el desorden generalizado se traducía en la entrega discrecional de contratos, la falta de supervisión y vigilancia de las guarderías subrogadas, lo que impidió que, habiéndose producido fuego en la bodega contigua, se tomaran medidas que hubieran evitado la desgracia.
Ante la defensa a ultranza que hizo la mayoría –encabezada por Ortiz Mayagoitia y secundada por Aguirre Anguiano; Sergio Valls, director jurídico del IMSS en el sexenio de Ernesto Zedillo; Fernando Franco, ex representante de la Secretaría del Trabajo ante el consejo técnico del IMSS; Margarita Luna y Luis María Aguilar–, Zaldívar dijo a sus compañeros:
Quienes denigran a las instituciones son los malos servidores públicos, no quienes criticamos a esos malos servidores públicos.
En respuesta a los señalamientos de Ortiz Mayagoita, quien apuntó que cuando los servicios se prestan con regularidad, cumplimiento de horarios, eficiencia profesional, no se puede afirmar que el sistema de guarderías sea malo, amén de que son otras autoridades –bomberos, protección civil, gobiernos estatales y municipales– las encargadas de vigilar que se cumplan las normas vigentes, Zaldívar reviró:
“Ahora dicen: ‘el IMSS no tiene nada que ver con la protección civil’. ¡Ahí es donde hay una grave omisión de políticas públicas! ¿Cómo es posible que el IMSS, y me refiero a sus autoridades, obviamente, se desatiendan de dónde están las guarderías, de si los niños están cuidados o no?”
Finalmente, el voto mayoritario dejó a salvo no sólo el nombre del IMSS, sino también el de su ex director, su actual titular y otros altos funcionarios que habían sido señalados en el dictamen original del ministro Zaldívar.
SEP y SSa reculan: seguirá la venta de alimentos chatarra en escuelas
La redacción
MÉXICO, DF, 16 de junio (apro).- Las secretarías de Salud y de Educación Pública cedieron a las presiones de los grandes consorcios de alimentos “chatarra” y anunciaron que por el momento no se suspenderá la venta de pastelitos y frituras en las escuela.
En entrevista, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, sostuvo que la industria alimentaria requiere de tiempo para ajustarse a las exigencias nutricionales, a fin de reducir la densidad de calorías.
El primer paso, aseguró, será hacer porciones más pequeñas de galletas, pastelitos, papas y churritos fritos, entre otros.
Según el funcionario federal, lo que no se venderá en los centros escolares, a partir del próximo ciclo escolar, serán bebidas con azúcar adicional, como refrescos, jugos y néctares.
Precisó que no se envió el listado de alimentos chatarra a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria porque no se quiere “satanizar ningún producto”, pero la lista final dependerá de cómo quede lo autorizado.
El titular de la Ssa sostuvo que los vendedores de alimentos preparados en las escuelas podrán ajustarse más fácilmente a los lineamientos establecidos en menús que se distribuirán para equilibrar el nivel de nutrientes, como son cero grasas y poca sal, así como el aumento de frutas y verduras.
Dijo que en el caso de la industria alimentaria se necesitará un proceso y eso lleva tiempo, pues no se trata de eliminar ese sector ni que se genere un daño mayor.
Lo que se busca es “achicar” el tamaño de los alimentos chatarra como una respuesta inmediata por parte de la industria pastelera y refresquera.
Explicó que la densidad energética por porción significa que en 100 gramos se baje, primero, de 450 calorías a 300 el contenido, lo que no es tan rápido, porque aquélla depende de los componentes del alimento, en donde destacan las grasas, y en los ingredientes que le dan consistencia y sabor a los alimentos industrializados.
“No se puede de la noche a la mañana quitarle X o Z componente porque no va a saber igual y no lo van a vender. Ahorita se van a vender las bolsas chiquitas y va haber algunas frituras y botanas de las que tienen menos densidad energética y en porciones menores”, ofreció.
Sin embargo, afirmó que el objetivo es que se dé una transformación de la industria para que, en un par de años, esté por debajo de la densidad energética y, aunque los educandos “se coman dos bolsitas, ya no estén ingiriendo más calorías”.
Veracruz: Exige oposición se investigue "apoyo ilegal" de gobernador a Duarte
Regina Martínez
JALAPA, Ver., 16 de junio (apro).- Luego de la difusión de audios que apuntan a que el gobernador Fidel Herrera opera las campañas en la entidad, la oposición exigió a las autoridades federales y electorales investigar los “apoyos ilegales” al candidato priista Javier Duarte.
Las revelaciones de este día del periódico Excélsior, en donde Herrera Beltrán advierte que canalizará dinero a las candidaturas de Duarte y de los diputados locales y alcaldes priistas, derivaron en la condena al gobernador de parte de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia.
El dirigente estatal del PAN, Enrique Cambranis Torres, sostuvo que esa acción es una prueba de que el candidato priista al gobierno veracruzano “ya no levantó”.
En conferencia de prensa, el dirigente panista refirió que, desde que Herrera Beltrán es gobernador, “ha operado como ahora”; es decir, ha desviado recursos públicos para favorecer las campañas de los candidatos priistas desde la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
La Sefiplan, acusó, “ha sido la caja chica del gobernador para controlar las elecciones”, gastándose el dinero público “con descaro y cinismo” para lograr utilidad político electoral, como en este caso, en que “ordenó le entregaran a Renato Tronco –candidato a la alcaldía de Las Choapas-- 10 millones de pesos para hacer una carretera hacia una de las comunidades de ese municipio”.
Ante esa situación, adelantó que la bancada panista en el Congreso federal y estatal estará solicitando el “desafuero” de Fidel Herrera a través de un juicio político, “para que se someta a las consecuencias de sus actos” ante las autoridades de justicia correspondientes.
Dijo que también solicitarán a los órganos de fiscalización local, y a la Auditoría Superior de la Federación, “tomen las medidas pertinentes” para practicar una auditoría al gobierno de Veracruz y comprobar los presuntos desvíos de recursos.
Por su lado, el candidato al gobierno del estado por la coalición PRD-PT-Convergencia, Dante Delgado Rannauro, acusó al gobierno de Herrera Beltrán de manejar de forma “perversa, absurda e indiscriminada” los recursos públicos en beneficio de Javier Duarte.
El abanderado de la coalición “Para cambiar Veracruz”, subrayó que esta situación “evidencia el dispendio oficial y confirma lo que desde el 24 de mayo pasado, a través de una carta pública, hemos venido denunciando y que, en voz del propio gobernador, ya se hizo público”.
En esa carta pública, en la que demandó a Herrera Beltrán “sacar las manos” del proceso electoral, recordó Dante Delgado, “le exijo que asumiera la responsabilidad a la que está obligado por mandato de ley y que sea el primero en preservar el estado de derecho”.
A esta exigencia se sumó el dirigente estatal del PRD, Celso Pulido Santiago, quien exigió a las autoridades electorales investigar la veracidad de las grabaciones que involucran a Herrera Beltrán “en un operativo con miras a llevar al triunfo a su partido en las elecciones del próximo 4 de julio”.
Adelantó que la representación nacional de su partido ante el Instituto Federal Electoral (IFE) “prepara una queja” que presentará en la Unidad de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, con la finalidad de que investigue si el gobierno del estado está destinando recursos públicos a los candidatos del PRI.
Si el IFE acepta el recurso, explicó el líder del PRD, también solicitarán que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) indague el caso, ya que ante la gravedad de este asunto “es necesario que las instancias electorales actúen en consecuencia”.
Luego del escándalo, Herrera Beltrán buscó deslindarse de las acusaciones y argumentó que, en la “guerra sucia” desplegada en su contra, los “demonios del edén andan sueltos” y, aunque se negó a mencionar nombres y apellidos, veladamente se refirió al candidato panista Miguel Ángel Yunes Linares.
