¿IMPUNIDAD GARANTIZADA?
17 jun 2010
El ABC de la impunidad
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO
La discusión del dictamen sobre el caso de la guardería ABC presentado por el ministro Arturo Zaldívar dejará huella en la conciencia jurídica y moral –si es pertinente usar tales términos– de la sociedad mexicana, cualesquiera sean, al final, las conclusiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo pronto, cuando aún falta un buen trecho para agotar todos los temas, la ponencia ya ha sido rechazada en un capítulo fundamental: el máximo tribunal sólo confirmará si en la tragedia de Hermosillo se violaron las garantías individuales de las víctimas, pero adelanta que no se atribuirán responsabilidades a los funcionarios mencionados en la investigación. Con ello, el tema de fondo de la argumentación de Zaldívar, el binomio impunidad/responsabilidad incluido en su alegato innovador sobre la facultad de investigación derivada del artículo 97 constitucional, quedará subsumido (y anulado) en un ejercicio jurídico semejante al de otros casos donde la Suprema Corte investigó graves violaciones a los derechos humanos (Oaxaca), sin consecuencias ulteriores para los funcionarios públicos involucrados en los hechos. Es verdad que el pleno de la Corte no puede imponer sanciones penales o administrativas, pero la facilidad con que se hizo a un lado la mera posibilidad de interpretar la facultad de investigación (y por tanto a la Corte misma) como una pieza indispensable para la mayor eficacia del sistema de protección de los derechos humanos establecido constitucionalmente nos revela, al menos para quienes sin ser abogados observamos los trabajos del pleno, que la Corte no dispone de los reflejos, la energía y la vitalidad que al día de hoy le permitirían sintonizar con un país que sólo puede reproducir el sistema democrático si está dispuesto a realizar cambios sustantivos en los poderes del Estado.
Sin embargo, el dictamen tiene un valor intrínseco, pues más allá de los detalles terribles de la investigación de la tragedia, en él se presenta una suerte de radiografía de la situación en que se hallan las administraciones públicas encargadas de los derechos sociales. Allí están reflejadas la cuarteaduras, las grietas que debilitan el estado de derecho y las instituciones, la confusión y el desorden reinantes en las políticas públicas, las omisiones que actúan como precursores de las violaciones a las garantías individuales, pero también se pone de relieve, como bien lo ha señalado Jesús Silva Herzog, hasta qué punto la irresponsabilidad está instituida como fuente inagotable de esa lacra llamada impunidad que multiplica al infinito la desconfianza ciudadana en la autoridad.
El dictamen de Zaldívar tiene el mérito de no refugiarse en los formulismos para comenzar a resolver el problema que afecta al Estado como tal: frente al fracaso de los instrumentos ordinarios de la justicia (y ese es el problema toral que se queda sin respuesta) para atender situaciones como la de la guardería, el ministro propone redefinir el papel del máximo tribunal para, sin quebrantar la Constitución, darle a sus resoluciones en la materia la fuerza política y moral que en un régimen democrático proviene con toda legitimidad del órgano encargado de velar por la Constitución y sus valores.
Como era previsible, contra la opinión de Zaldívar se alzaron de inmediato las voces de la mayoría, acusando al ponente de proponer la creación de un tribunal de conciencia, cuando, como señaló el ministro Silva Meza, quien junto con Olga Sánchez argumentó a favor del dictamen, la facultad investigadora debe verse como un mecanismo notable y puro de control político constitucional, de control de responsabilidades constitucionales derivadas de violaciones graves de garantías individuales. En ese sentido, ¡cuánto favorecería a los sujetos de las políticas sociales saber que las omisiones de la autoridad en la aplicación legal de las políticas públicas también podrían considerarse como el punto de partida para fijar responsabilidades en situaciones que implican violación a los derechos humanos! Pero no ha sido posible, por ahora. Lo que ya no parece lógico es el desprecio de algunos ministros por la dimensión ética o moral de sus resoluciones, como recordó Silva Meza, pues si bien negar la autoridad moral de la Suprema Corte en relación con su papel como intérprete de la Constitución es un contrasentido, si la ultima autoridad moral de decir lo que dice la Constitución no está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces en quién está.
Pienso que la exhibición de la responsabilidad –y ésta debe probarse con argumentos legales– de un funcionario no significa pasar un juicio sobre sus valores morales, pero sí implica, ciertamente, la reprobación pública de aquella conducta que, bien por acción o bien por omisión del cumplimiento de la ley, tiene un efecto negativo sobre los hechos investigados. En condiciones de normalidad democrática, se esperaría antes que nada la renuncia de los funcionarios involucrados, así fuera para facilitar las averiguaciones, pero en México esa actitud sería una afrenta a la lógica del poder prevalenciente gracias, en parte, a las grandes lagunas del estado de derecho y su operación concreta. Que la Corte sólo pueda dictar una resolución moral no es lo que en última instancia define el interés del planteamiento del ministro Zaldívar. Pero cuando las demás instancias jurisdiccionales deciden no sancionar a los funcionarios, ya sería un alivio que el máximo tribunal aceptara, al menos, documentar la impunidad y señalar sin ambages a los responsables. Por eso resultan preocupantes las opiniones que subestiman, cuando no desprecian, las sanciones morales porque, según esto, con ellas se exime a los presuntos responsables de un juicio en forma que en la vida real no llegará nunca. ¿Tomará cartas el Legislativo para hacer las reformas que cierren de una vez las puertas a la impunidad?
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO
La discusión del dictamen sobre el caso de la guardería ABC presentado por el ministro Arturo Zaldívar dejará huella en la conciencia jurídica y moral –si es pertinente usar tales términos– de la sociedad mexicana, cualesquiera sean, al final, las conclusiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo pronto, cuando aún falta un buen trecho para agotar todos los temas, la ponencia ya ha sido rechazada en un capítulo fundamental: el máximo tribunal sólo confirmará si en la tragedia de Hermosillo se violaron las garantías individuales de las víctimas, pero adelanta que no se atribuirán responsabilidades a los funcionarios mencionados en la investigación. Con ello, el tema de fondo de la argumentación de Zaldívar, el binomio impunidad/responsabilidad incluido en su alegato innovador sobre la facultad de investigación derivada del artículo 97 constitucional, quedará subsumido (y anulado) en un ejercicio jurídico semejante al de otros casos donde la Suprema Corte investigó graves violaciones a los derechos humanos (Oaxaca), sin consecuencias ulteriores para los funcionarios públicos involucrados en los hechos. Es verdad que el pleno de la Corte no puede imponer sanciones penales o administrativas, pero la facilidad con que se hizo a un lado la mera posibilidad de interpretar la facultad de investigación (y por tanto a la Corte misma) como una pieza indispensable para la mayor eficacia del sistema de protección de los derechos humanos establecido constitucionalmente nos revela, al menos para quienes sin ser abogados observamos los trabajos del pleno, que la Corte no dispone de los reflejos, la energía y la vitalidad que al día de hoy le permitirían sintonizar con un país que sólo puede reproducir el sistema democrático si está dispuesto a realizar cambios sustantivos en los poderes del Estado.
Sin embargo, el dictamen tiene un valor intrínseco, pues más allá de los detalles terribles de la investigación de la tragedia, en él se presenta una suerte de radiografía de la situación en que se hallan las administraciones públicas encargadas de los derechos sociales. Allí están reflejadas la cuarteaduras, las grietas que debilitan el estado de derecho y las instituciones, la confusión y el desorden reinantes en las políticas públicas, las omisiones que actúan como precursores de las violaciones a las garantías individuales, pero también se pone de relieve, como bien lo ha señalado Jesús Silva Herzog, hasta qué punto la irresponsabilidad está instituida como fuente inagotable de esa lacra llamada impunidad que multiplica al infinito la desconfianza ciudadana en la autoridad.
El dictamen de Zaldívar tiene el mérito de no refugiarse en los formulismos para comenzar a resolver el problema que afecta al Estado como tal: frente al fracaso de los instrumentos ordinarios de la justicia (y ese es el problema toral que se queda sin respuesta) para atender situaciones como la de la guardería, el ministro propone redefinir el papel del máximo tribunal para, sin quebrantar la Constitución, darle a sus resoluciones en la materia la fuerza política y moral que en un régimen democrático proviene con toda legitimidad del órgano encargado de velar por la Constitución y sus valores.
Como era previsible, contra la opinión de Zaldívar se alzaron de inmediato las voces de la mayoría, acusando al ponente de proponer la creación de un tribunal de conciencia, cuando, como señaló el ministro Silva Meza, quien junto con Olga Sánchez argumentó a favor del dictamen, la facultad investigadora debe verse como un mecanismo notable y puro de control político constitucional, de control de responsabilidades constitucionales derivadas de violaciones graves de garantías individuales. En ese sentido, ¡cuánto favorecería a los sujetos de las políticas sociales saber que las omisiones de la autoridad en la aplicación legal de las políticas públicas también podrían considerarse como el punto de partida para fijar responsabilidades en situaciones que implican violación a los derechos humanos! Pero no ha sido posible, por ahora. Lo que ya no parece lógico es el desprecio de algunos ministros por la dimensión ética o moral de sus resoluciones, como recordó Silva Meza, pues si bien negar la autoridad moral de la Suprema Corte en relación con su papel como intérprete de la Constitución es un contrasentido, si la ultima autoridad moral de decir lo que dice la Constitución no está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces en quién está.
Pienso que la exhibición de la responsabilidad –y ésta debe probarse con argumentos legales– de un funcionario no significa pasar un juicio sobre sus valores morales, pero sí implica, ciertamente, la reprobación pública de aquella conducta que, bien por acción o bien por omisión del cumplimiento de la ley, tiene un efecto negativo sobre los hechos investigados. En condiciones de normalidad democrática, se esperaría antes que nada la renuncia de los funcionarios involucrados, así fuera para facilitar las averiguaciones, pero en México esa actitud sería una afrenta a la lógica del poder prevalenciente gracias, en parte, a las grandes lagunas del estado de derecho y su operación concreta. Que la Corte sólo pueda dictar una resolución moral no es lo que en última instancia define el interés del planteamiento del ministro Zaldívar. Pero cuando las demás instancias jurisdiccionales deciden no sancionar a los funcionarios, ya sería un alivio que el máximo tribunal aceptara, al menos, documentar la impunidad y señalar sin ambages a los responsables. Por eso resultan preocupantes las opiniones que subestiman, cuando no desprecian, las sanciones morales porque, según esto, con ellas se exime a los presuntos responsables de un juicio en forma que en la vida real no llegará nunca. ¿Tomará cartas el Legislativo para hacer las reformas que cierren de una vez las puertas a la impunidad?
Calderón y su carta
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 16 de junio (apro).- Pocas veces un presidente escribe una carta pública y, a mi parecer, sólo lo hace cuando va a anunciar la toma de una decisión importante y explicar a la ciudadanía las razones y circunstancias por las cuales lo hace.
En esta ocasión, Felipe Calderón escribió una larga carta titulada “La lucha por la seguridad pública”, y pagó millones de pesos en las páginas de los principales diarios para justificar su guerra contra el crimen organizado desde el inicio de su gobierno, guerra que, por cierto, va perdiendo.
Dice el dicho que mal acaba el que empieza disculpándose, y eso es lo que Calderón hace, precisamente, en el desplegado público, en el que implícitamente reconoce que ha fallado su estrategia militar y anuncia un cambio para dar la lucha por la seguridad pública.
Como si quisiera justificar su trabajo, es decir su estrategia de guerra contra el narcotráfico, Calderón emitió esa misiva –que en algunos diarios llenó cuatro páginas completas, con un costo millonario– para ofrecer su verdad.
Sin embargo, en su escrito nunca explica las razones por las cuales metió al Ejército y la Marina en esa lucha, tampoco menciona por qué no ha ido al fondo en las investigaciones para detener a gobernadores, presidentes municipales, banqueros, legisladores y funcionarios de todos los niveles involucrados con el crimen organizado. Es una misiva que carece de honestidad y sinceridad.
Para Calderón, según el texto, es fundamental aclarar que no se combate el narcotráfico, sino el crimen organizado, y que la lucha es por la seguridad pública. Es decir, corrigió semánticamente su declaración de guerra contra el narco por la de lucha por la seguridad pública.
Pero en toda su argumentación jamás aparecen los factores sociales (marginación), económicos (miseria y pobreza), financieros (concentración de la riqueza) y políticos (corrupción) que han dado paso al crecimiento de ese grupo de poder envuelto en el narcotráfico y que ha rebasado ya al Estado.
La carta del presidente panista comenzó a circular el fin de semana anterior, días después de que se registró una de las jornadas más violentas en lo que va de su sexenio, con más de 100 muertos en enfrentamientos con policías, militares o entre los mismos cárteles en Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Guerrero y Sinaloa.
Algunas de esas muertes fueron ejecuciones que se presentaron cuando Felipe Calderón estaba fuera del país, asistiendo al mundial de futbol de Sudáfrica; otras, mientras publicaba su carta de buenas intenciones.
En ese contexto, el documento parece la rendición o la capitulación de su gobierno ante el poderío cada vez más creciente de los distintos cárteles del narcotráfico en todo el país, que lo mismo comercializan la droga que cobran impuestos, extorsionan a comerciantes y empresarios, secuestran o desaparecen a cientos de mexicanos, sin ningún reparo de la autoridad.
El desamparo en que vive la sociedad desde hace unos tres años no es cosa de percepción, como intenta justificar el gobierno de Calderón cuando responsabiliza a los medios de crear este ambiente de miedo. Es producto de la suma de errores de los diferentes gobiernos que se han dejado corromper y que no han hecho nada para proteger a la sociedad.
Hoy Calderón pretende dar un giro en la estrategia de combate al narcotráfico con un discurso distinto, anunciando que se tomará en cuenta el aspecto de salud, prevención, nuevas leyes y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Curiosamente también anunció que intenta crear una nueva imagen del país contratando a especialistas que le ayuden a hacerlo.
La cortedad de su política nuevamente se manifiesta en esas dos acciones. Una vez más se nota su ánimo de reaccionar –de ahí viene la acepción de reaccionario– y no de pensar en cómo resolver de fondo los graves problemas que aquejan al país.
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 16 de junio (apro).- Pocas veces un presidente escribe una carta pública y, a mi parecer, sólo lo hace cuando va a anunciar la toma de una decisión importante y explicar a la ciudadanía las razones y circunstancias por las cuales lo hace.
En esta ocasión, Felipe Calderón escribió una larga carta titulada “La lucha por la seguridad pública”, y pagó millones de pesos en las páginas de los principales diarios para justificar su guerra contra el crimen organizado desde el inicio de su gobierno, guerra que, por cierto, va perdiendo.
Dice el dicho que mal acaba el que empieza disculpándose, y eso es lo que Calderón hace, precisamente, en el desplegado público, en el que implícitamente reconoce que ha fallado su estrategia militar y anuncia un cambio para dar la lucha por la seguridad pública.
Como si quisiera justificar su trabajo, es decir su estrategia de guerra contra el narcotráfico, Calderón emitió esa misiva –que en algunos diarios llenó cuatro páginas completas, con un costo millonario– para ofrecer su verdad.
Sin embargo, en su escrito nunca explica las razones por las cuales metió al Ejército y la Marina en esa lucha, tampoco menciona por qué no ha ido al fondo en las investigaciones para detener a gobernadores, presidentes municipales, banqueros, legisladores y funcionarios de todos los niveles involucrados con el crimen organizado. Es una misiva que carece de honestidad y sinceridad.
Para Calderón, según el texto, es fundamental aclarar que no se combate el narcotráfico, sino el crimen organizado, y que la lucha es por la seguridad pública. Es decir, corrigió semánticamente su declaración de guerra contra el narco por la de lucha por la seguridad pública.
Pero en toda su argumentación jamás aparecen los factores sociales (marginación), económicos (miseria y pobreza), financieros (concentración de la riqueza) y políticos (corrupción) que han dado paso al crecimiento de ese grupo de poder envuelto en el narcotráfico y que ha rebasado ya al Estado.
La carta del presidente panista comenzó a circular el fin de semana anterior, días después de que se registró una de las jornadas más violentas en lo que va de su sexenio, con más de 100 muertos en enfrentamientos con policías, militares o entre los mismos cárteles en Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Guerrero y Sinaloa.
Algunas de esas muertes fueron ejecuciones que se presentaron cuando Felipe Calderón estaba fuera del país, asistiendo al mundial de futbol de Sudáfrica; otras, mientras publicaba su carta de buenas intenciones.
En ese contexto, el documento parece la rendición o la capitulación de su gobierno ante el poderío cada vez más creciente de los distintos cárteles del narcotráfico en todo el país, que lo mismo comercializan la droga que cobran impuestos, extorsionan a comerciantes y empresarios, secuestran o desaparecen a cientos de mexicanos, sin ningún reparo de la autoridad.
El desamparo en que vive la sociedad desde hace unos tres años no es cosa de percepción, como intenta justificar el gobierno de Calderón cuando responsabiliza a los medios de crear este ambiente de miedo. Es producto de la suma de errores de los diferentes gobiernos que se han dejado corromper y que no han hecho nada para proteger a la sociedad.
Hoy Calderón pretende dar un giro en la estrategia de combate al narcotráfico con un discurso distinto, anunciando que se tomará en cuenta el aspecto de salud, prevención, nuevas leyes y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Curiosamente también anunció que intenta crear una nueva imagen del país contratando a especialistas que le ayuden a hacerlo.
La cortedad de su política nuevamente se manifiesta en esas dos acciones. Una vez más se nota su ánimo de reaccionar –de ahí viene la acepción de reaccionario– y no de pensar en cómo resolver de fondo los graves problemas que aquejan al país.
Astillero
Cárteles políticos
El Fidel y el Yunes
El Reapendejado
La mafiosa
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Capos pertenecientes a cárteles partidistas en pugna están soltando metralla declarativa para culparse mutuamente de tráfico de recursos públicos en la promoción de estupefacientes candidaturas con las que pretenden dominar territorios estratégicos. Un fuerte atentado se produjo ayer contra Fidel Herrera, alias el gobernador de Veracruz, a quien un oreja, apodado El Cisén, le decomisó algunos cargamentos de palabras comprometedoras que hacía circular por la política veracruzana mediante el nada profesional mecanismo de las llamadas telefónicas interceptables. El Fidel, como también es conocido dicho personaje en el bajo mundo de la mapachería electoral priísta, fue pillado con las frases en la masa, lo cual significa un duro golpe para uno de sus lugartenientes, Javier Duarte, alias El Reapendejado, quien pretendía dar continuidad a la Zeta Roja en que se ha convertido una tiendita jarocha con arcos.
El mencionado Fidel Herrera, alias La Fidelidad, fue audiograbado en pleno pasón presupuestal o en pleno uso de recursos oscuros, pero siempre promoviendo candidaturas de tres colores y empujando campañas de adicción a la continuidad priísta mediante una fórmula inversa a la escrita con letras chinas por el secretario Javier Lozano: aceptas mi coopelación o te doy cuello, sería la oferta de control político por la vía económica que ningún candidato veracruzano podría rechazar al padrino Fidelone.
Ráfagas de delictivo espionaje político favorable a la pandilla pertrechada tras unos Pinos, contra el reparto delictivo de recursos públicos organizado desde Jalapa por un tahúr político que pretende dejar un taciturno velador en el palacio de gobierno y, al menos hasta ayer, decía a sus íntimos que en cuanto ganara el combate callejero veracruzano se postularía como precandidato presidencial, dispuesto a pelear contra niños bonitos mexiquenses y falsos duros sonorenses, en una presunta contienda bajo sospecha de ser pretexto para vender oportunas declinaciones en favor de los precandidatos reales que permitieran al truculento Fidel conseguir algún puesto de consolación y garantizarse impunidad no sólo estatal, que tendría con el nada alegre Duarte, sino nacional en arreglos de última hora.
La balacera auditiva desatada ayer trata de romper el dominio local para abrir paso a nuevos cárteles y capos, en el caso, los de Los Pinos-PAN, el SNTE y el Panal, que pretenden apoderarse de la plaza veracruzana para que ahora opere en condiciones ventajosas Miguel Ángel Yunes, alias el ex director del ISSSTE, quien ha ido en desventaja demoscópica y operativa debido al exceso de mañas que El Fidel ha utilizado, a veces mediante cuernos de chivo-mapache y otras mediante granadas de dinero de procedencia nada dudosa –las arcas estatales y las inyecciones de dinero en efectivo.
Yunes, ha de recordarse, fue lanzado a la conquista de la difícil plaza veracruzana luego de un caricatural pastelazo colocado en el colmo de los afectos explícitos por el jefe Lipe, quien ha abierto fuego contra sus opositores más destacados para tratar de impedir derrotas electorales cantadas. De hecho, el operativo de ayer contra Herrera es un agravio deseperado al priísmo, que según diversas estimaciones va adelante en la intención de voto de la mayoría de las entidades donde habrá nuevo gobernador. El jefe Lipe ha ido rompiendo lanzas contra los principales personajes del priísmo, lo que a su vez genera reacciones tricolores de venganza, y así en un círculo defectuoso que mantiene al mundillo político al borde de las decapitaciones, los desmembramientos y la extracción de corazones.
En otro escenario del bajo mundo político, sicarios de primer nivel, que se hacen llamar diputados, protagonizaron otra batalla campal, bloqueando las avenidas del entendimiento mediante la colocación de vehículos de discusión previamente inhabilitados. Así sucedió en la colonia residencial San Lázaro, también conocida como Cámara de Diputados, donde el fragor del enfrentamiento llevó a un operador del Cártel de Ulises, conocido con el nombre presuntamente falso de Héctor Pablo Ramírez Puga, a calificar a la esposa del señor Felipe como mafiosa presidenta del DIF nacional, Margarita Zavala, quien según esas expansivas balas declarativas habría usado recursos públicos en un acto indígena en Oaxaca en el que fue acompañada por la cónyuge del candidato calderonista al relevo estatal, Gabino Cué.
El feroz ataque rebotó al pegar contra el blindaje convencional de las buenas costumbres parlamentarias, al aceptar el sicario Ramírez Puga que sus palabras de fuego fueran borradas del registro oficial de la sesión (el mencionado coordinador de los diputados federales de Oaxaca, por cierto, acaba de ser exhibido en fuerte conflicto de intereses, pues, mientras fue coordinador de comunicación social del gobierno ulisista, asignó 782 mil pesos mensuales a un diario fundado por su padre y dirigido por su hermano)
La crónica de roja nota política cierra con el clásico juego de los policías bueno y malo: el presidente de la CNDH ha hecho saber que indagaciones de esa oficina muestran que los niños Bryan y Martín Almanza fueron asesinados en Tamaulipas por fuego directo y discrecional de elementos del Ejército Mexicano, y no por fuego cruzado con miembros de la delincuencia organizada, como habían asegurado Gobernación y la Defensa Nacional; pero la Suprema, sabidamente Corta de Justicia, le juega al Poncio Pilatos norteño y reconoce que hubo violaciones graves de garantías en el caso ABC, pero sin atreverse a responsabilizar por su nombre a ninguna autoridad de primer nivel.
Y, mientras los demonios comienzan a soltarse, según explicación nocturna de Fidel del Averno respecto a sus grabaciones calientes, ¡hasta mañana, con Cesarín Navalú pidiendo que no se instale un clima de terror en México pues, según sus sesudas deducciones, ello afectaría la vida normal de las personas!
Cárteles políticos
El Fidel y el Yunes
El Reapendejado
La mafiosa
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Capos pertenecientes a cárteles partidistas en pugna están soltando metralla declarativa para culparse mutuamente de tráfico de recursos públicos en la promoción de estupefacientes candidaturas con las que pretenden dominar territorios estratégicos. Un fuerte atentado se produjo ayer contra Fidel Herrera, alias el gobernador de Veracruz, a quien un oreja, apodado El Cisén, le decomisó algunos cargamentos de palabras comprometedoras que hacía circular por la política veracruzana mediante el nada profesional mecanismo de las llamadas telefónicas interceptables. El Fidel, como también es conocido dicho personaje en el bajo mundo de la mapachería electoral priísta, fue pillado con las frases en la masa, lo cual significa un duro golpe para uno de sus lugartenientes, Javier Duarte, alias El Reapendejado, quien pretendía dar continuidad a la Zeta Roja en que se ha convertido una tiendita jarocha con arcos.
El mencionado Fidel Herrera, alias La Fidelidad, fue audiograbado en pleno pasón presupuestal o en pleno uso de recursos oscuros, pero siempre promoviendo candidaturas de tres colores y empujando campañas de adicción a la continuidad priísta mediante una fórmula inversa a la escrita con letras chinas por el secretario Javier Lozano: aceptas mi coopelación o te doy cuello, sería la oferta de control político por la vía económica que ningún candidato veracruzano podría rechazar al padrino Fidelone.
Ráfagas de delictivo espionaje político favorable a la pandilla pertrechada tras unos Pinos, contra el reparto delictivo de recursos públicos organizado desde Jalapa por un tahúr político que pretende dejar un taciturno velador en el palacio de gobierno y, al menos hasta ayer, decía a sus íntimos que en cuanto ganara el combate callejero veracruzano se postularía como precandidato presidencial, dispuesto a pelear contra niños bonitos mexiquenses y falsos duros sonorenses, en una presunta contienda bajo sospecha de ser pretexto para vender oportunas declinaciones en favor de los precandidatos reales que permitieran al truculento Fidel conseguir algún puesto de consolación y garantizarse impunidad no sólo estatal, que tendría con el nada alegre Duarte, sino nacional en arreglos de última hora.
La balacera auditiva desatada ayer trata de romper el dominio local para abrir paso a nuevos cárteles y capos, en el caso, los de Los Pinos-PAN, el SNTE y el Panal, que pretenden apoderarse de la plaza veracruzana para que ahora opere en condiciones ventajosas Miguel Ángel Yunes, alias el ex director del ISSSTE, quien ha ido en desventaja demoscópica y operativa debido al exceso de mañas que El Fidel ha utilizado, a veces mediante cuernos de chivo-mapache y otras mediante granadas de dinero de procedencia nada dudosa –las arcas estatales y las inyecciones de dinero en efectivo.
Yunes, ha de recordarse, fue lanzado a la conquista de la difícil plaza veracruzana luego de un caricatural pastelazo colocado en el colmo de los afectos explícitos por el jefe Lipe, quien ha abierto fuego contra sus opositores más destacados para tratar de impedir derrotas electorales cantadas. De hecho, el operativo de ayer contra Herrera es un agravio deseperado al priísmo, que según diversas estimaciones va adelante en la intención de voto de la mayoría de las entidades donde habrá nuevo gobernador. El jefe Lipe ha ido rompiendo lanzas contra los principales personajes del priísmo, lo que a su vez genera reacciones tricolores de venganza, y así en un círculo defectuoso que mantiene al mundillo político al borde de las decapitaciones, los desmembramientos y la extracción de corazones.
En otro escenario del bajo mundo político, sicarios de primer nivel, que se hacen llamar diputados, protagonizaron otra batalla campal, bloqueando las avenidas del entendimiento mediante la colocación de vehículos de discusión previamente inhabilitados. Así sucedió en la colonia residencial San Lázaro, también conocida como Cámara de Diputados, donde el fragor del enfrentamiento llevó a un operador del Cártel de Ulises, conocido con el nombre presuntamente falso de Héctor Pablo Ramírez Puga, a calificar a la esposa del señor Felipe como mafiosa presidenta del DIF nacional, Margarita Zavala, quien según esas expansivas balas declarativas habría usado recursos públicos en un acto indígena en Oaxaca en el que fue acompañada por la cónyuge del candidato calderonista al relevo estatal, Gabino Cué.
El feroz ataque rebotó al pegar contra el blindaje convencional de las buenas costumbres parlamentarias, al aceptar el sicario Ramírez Puga que sus palabras de fuego fueran borradas del registro oficial de la sesión (el mencionado coordinador de los diputados federales de Oaxaca, por cierto, acaba de ser exhibido en fuerte conflicto de intereses, pues, mientras fue coordinador de comunicación social del gobierno ulisista, asignó 782 mil pesos mensuales a un diario fundado por su padre y dirigido por su hermano)
La crónica de roja nota política cierra con el clásico juego de los policías bueno y malo: el presidente de la CNDH ha hecho saber que indagaciones de esa oficina muestran que los niños Bryan y Martín Almanza fueron asesinados en Tamaulipas por fuego directo y discrecional de elementos del Ejército Mexicano, y no por fuego cruzado con miembros de la delincuencia organizada, como habían asegurado Gobernación y la Defensa Nacional; pero la Suprema, sabidamente Corta de Justicia, le juega al Poncio Pilatos norteño y reconoce que hubo violaciones graves de garantías en el caso ABC, pero sin atreverse a responsabilizar por su nombre a ninguna autoridad de primer nivel.
Y, mientras los demonios comienzan a soltarse, según explicación nocturna de Fidel del Averno respecto a sus grabaciones calientes, ¡hasta mañana, con Cesarín Navalú pidiendo que no se instale un clima de terror en México pues, según sus sesudas deducciones, ello afectaría la vida normal de las personas!
