EL CERCO DEL PARAMILITARISMO PRIISTA
9 jun 2010
Por falta de garantías, caravana humanitaria suspende visita a Copala
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 8 de junio (apro).- Ante la falta de garantías de seguridad por parte del gobierno federal y el de Oaxaca, autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala pidieron a los integrantes de la caravana humanitaria desandar el camino y regresar a Huajuapan de León.
La decisión se tomó después de que contingentes de la policía estatal y de la Policía Federal dejaron a su suerte a la caravana y se negaron a resguardar a sus integrantes hasta San Juan Copala, comunidad tomada por la organización priista Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort).
La caravana humanitaria, en memoria de los activistas asesinados el pasado 27 de abril, Beatriz Cariño y Jyri Jaakkolla, salió ayer de la ciudad de México con 300 personas, y en el camino a Huajuapan de León, donde se concentraron, se unieron otros 300 activistas de Chiapas y Oaxaca.
Los integrantes de la caravana intentaban entregar 30 toneladas de alimentos para 700 familias atrapadas en el cerco impuesto por Ubisort desde noviembre pasado.
En entrevista con Apro, Marcos Albino Ortiz, representante de ese municipio autónomo en la ciudad de México, acusó a los gobiernos de Felipe Calderón y de Ulises Ruiz de estar “confabulados con los paramilitares de Ubisort para impedir que llegaran alimentos a San Juan Copala”.
Señaló que contrario a las declaraciones que en la víspera el gobierno de Ulises Ruiz se comprometía a resguardar con policías el paso de la caravana, los activistas se encontraron con varios obstáculos.
“Primero se pusieron dos retenes policiacos en la comunidad de Laguna Encantada y en la entrada de Juxtlahuaca, y después armaron un acto de campaña con el candidato del PRI a gobernador (Eviel Pérez Magaña), llevando niños y mujeres que bloqueaban el paso de la caravana hacia el camino a San Juan. Después, al llegar a territorio de Ubisort, la policía dijo que ya no se hacía responsable de la seguridad de los compañeros y se regresaron”, señaló.
Lamentó que “no sirviera de nada” que participara en la caravana el coordinador de los diputados federales del PRD, Alejandro Encinas, pues “ni siquiera a él los gobiernos federal y estatal le quisieron garantizar su seguridad”.
Albino Ortiz afirmó que las autoridades estatales y federales “están a disposición de los paramilitares, pues cuando se acercaba la caravana dijeron que la gente de Ubisort indicó que sólo podrían entrar a San Juan Copala si los paramilitares iban al frente de los carros. Para nosotros, eso era una burla. ¿Cómo íbamos a permitir que los paramilitares llevaran a la gente, si son ellos los que tienen aterrorizada a los triquis, si son ellos quienes provocan que la gente muera de hambre porque no dejan entrar los alimentos?”.
De acuerdo con información de miembros de la caravana, la procuradora de Justicia de esa entidad, María de la Luz Candelaria Chiñas; el comisionado de Seguridad Pública estatal, Jorge Alberto Quezada; la subsecretaria de Derechos Humanos, Rosario Villalobos, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos estatal,. Heriberto Antonio García, trataron de convencer a Encinas de no seguir con la movilización ante la falta de garantías.
Encinas aclaró a los funcionarios estatales que a quién le correspondía tomar la decisión final era a los miembros del municipio autónomo, quienes en un primer momento decidieron que avanzara la caravana.
Antes de llegar a La Sabana, donde el pasado 27 de abril fueron emboscados los integrantes de la primera caravana humanitaria, resultando muertos Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, donde se tenía informes de que piedras bloqueaban el camino a San Juan Copala, autoridades del municipio autónomo se comunicaron con los integrantes de la caravana para pedirles que regresaran.
“Hubo disparos en la comunidad. Además, se dijo que estaba el líder de Ubisort, Rufino Juárez, con francotiradores en el camino. Se consideró que los compañeros corrían peligro, y por eso se les pidió que regresaran”, dijo Albino Ortiz.
“Estamos muy tristes. En la comunidad había esperanzas, ya que después de siete meses iban a llegar alimentos. Lo único que vemos es que a los gobiernos estatal y federal, no les importa que los triquis se mueran de hambre. No son capaces de detener a los paramilitares de Ubisort”, añadió.
El dirigente indígena señaló que los miembros de la caravana determinarán en Huajuapan de León si este miércoles intentan nuevamente ingresar a San Juan Copala o si se regresan a la ciudad de México y dejan en Huajuapan el cargamento de alimentos y de ahí llevarlos en “operación hormiga” a la región triqui.
Regresa caravana a Huajuapan, policía advirtió sobre falta de garantías
Redacción.
El líder de los diputados del PRD, Alejandro Encinas, rechazó que no haber ingresado a San Juan Copala signifique un fracaso ya que "el principal objetivo político se cumplió, que fue dar visibilidad a este problema". Además confirmó que dejarán los víveres en la iglesia de Huajuapan de León.
A sólo cinco kilómetros para ingresar a San Juan Copala, la Caravana por la Paz decidió replegarse luego de que sus integrantes atestiguaron la falta de garantías y protección para la comitiva.
Ante la firmeza de la Caravana por llegar a San Juan Copala y tras 18 horas de camino, la policía decidió en la comunidad El Diamante, que está pegado a la Sabana, hacer un alto.
Ahí determinó ponerle un chaleco antibalas a Javier Pacheco, colaborador en la Cámara de Diputados, para que antes de continuar, observara por sí mismo, la situación del municipio autónomo.
Tras el testimonio de Javier Pacheco, quien fue escoltado por un grupo de policías, aseguró, que alcanzó a escuchar detonaciones y que la situación era grave, ya que había una barricada de piedras, así como un grupo de mujeres apostadas y hombres armados.
El informe fue determinante para que la comisión organizadora decidiera regresar a la ciudad de México, y dejar las 30 toneladas de víveres en la iglesia de Huejuapan.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas argumentó, que es un repliegue para alcanzar la integridad de todos los que participan en la Caravana.
"Creo que es correcto, hay que actuar con responsabilidad y no podemos jugar con la vida de nadie; yo creo que se ha evidenciado la situación que se vive en la región y la urgente necesidad de que la comunidad reestablezca una serie de relaciones cordiales que permitan recuperar la normalidad en la zona", subrayó.
Aseguró que el PRD está dispuesto a coadyuvar en el diálogo, siempre y cuando sea con los tres grupos que están en conflicto en San Juan Copala,
Asimismo, confirmó, que la comisión organizadora dejará en la iglesia de Huajuapan de León, los víveres para que se hagan llegar a la población del municipio autónomo.
Rechazó que al no haber ingresado a San Juan Copala, signifique un fracaso para la Caravana,
"No, creo que el principal objetivo político se cumplió, que fue dar visibilidad a este problema, el de darle solidaridad a la comunidad de San Juan Copala.
"Además, llegarán los víveres en su oportunidad por otros medios, pero lo importante es ayudar a que se restablezca un clima de concordia en esta zona y se acabe la violencia y la represión en esta zona.
"Hay una ausencia de autoridad, es evidente, yo creo que quien estaba imponiendo las condiciones de la zona; hoy detiene al no dar garantías, a una Caravana por la Paz; ello, bajo la base de complicidad, impunidad y un vacío de poder", puntualizó el legislador perredista.
Alberto Quezada, director de la policía estatal, se sumó a la postura de la procuradora del estado de Oaxaca, Candelaria Chiñas, al subrayar, que las condiciones de la zona son "bastante difíciles".
No hay garantías de seguridad, incluso en otras ocasiones, dijo, han corrido al Ejército y a autoridades de la entidad.
La funcionaria estatal, dijo que habló personalmente con uno de ellos, "estoy disuadiendolo, les estamos advirtiendo que por favor se retiren, que permitan el paso de la Caravana sin ningún acto de violencia".
Sin embargo, ellos no quieren que entren, de lo contrario, "ellos se incorporarían (a la Caravana) para entrar a la población", indicó Chiñas,
Pero como ellos son del otro grupo, provocarían una confrontación con la gente que se encuentra dentro, que siempre está armada y habría sucesos por lamentar, sentencio la procuradora estatal.
"Queremos hacerle esta advertencia para que ustedes tomen sus precauciones y pedirles que si el propósito de ustedes es dialogar y entregar despensa, que sea en otro punto, para evitar lamentables consencuencias", apuntó.
La funcionaria pidió a la Caravana, considerar la intervención estatal, "hecha con toda objetividad.
"Conocemos como es la región, como es nuestra gente desafortunadamente con usos y costumbres arraigados y violentos, porque la historia así lo ha demostrado y porque estamos sumamente preocupados ante la posibilidad de consecuencias lamentables", aseveró.
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 8 de junio (apro).- Ante la falta de garantías de seguridad por parte del gobierno federal y el de Oaxaca, autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala pidieron a los integrantes de la caravana humanitaria desandar el camino y regresar a Huajuapan de León.
La decisión se tomó después de que contingentes de la policía estatal y de la Policía Federal dejaron a su suerte a la caravana y se negaron a resguardar a sus integrantes hasta San Juan Copala, comunidad tomada por la organización priista Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort).
La caravana humanitaria, en memoria de los activistas asesinados el pasado 27 de abril, Beatriz Cariño y Jyri Jaakkolla, salió ayer de la ciudad de México con 300 personas, y en el camino a Huajuapan de León, donde se concentraron, se unieron otros 300 activistas de Chiapas y Oaxaca.
Los integrantes de la caravana intentaban entregar 30 toneladas de alimentos para 700 familias atrapadas en el cerco impuesto por Ubisort desde noviembre pasado.
En entrevista con Apro, Marcos Albino Ortiz, representante de ese municipio autónomo en la ciudad de México, acusó a los gobiernos de Felipe Calderón y de Ulises Ruiz de estar “confabulados con los paramilitares de Ubisort para impedir que llegaran alimentos a San Juan Copala”.
Señaló que contrario a las declaraciones que en la víspera el gobierno de Ulises Ruiz se comprometía a resguardar con policías el paso de la caravana, los activistas se encontraron con varios obstáculos.
“Primero se pusieron dos retenes policiacos en la comunidad de Laguna Encantada y en la entrada de Juxtlahuaca, y después armaron un acto de campaña con el candidato del PRI a gobernador (Eviel Pérez Magaña), llevando niños y mujeres que bloqueaban el paso de la caravana hacia el camino a San Juan. Después, al llegar a territorio de Ubisort, la policía dijo que ya no se hacía responsable de la seguridad de los compañeros y se regresaron”, señaló.
Lamentó que “no sirviera de nada” que participara en la caravana el coordinador de los diputados federales del PRD, Alejandro Encinas, pues “ni siquiera a él los gobiernos federal y estatal le quisieron garantizar su seguridad”.
Albino Ortiz afirmó que las autoridades estatales y federales “están a disposición de los paramilitares, pues cuando se acercaba la caravana dijeron que la gente de Ubisort indicó que sólo podrían entrar a San Juan Copala si los paramilitares iban al frente de los carros. Para nosotros, eso era una burla. ¿Cómo íbamos a permitir que los paramilitares llevaran a la gente, si son ellos los que tienen aterrorizada a los triquis, si son ellos quienes provocan que la gente muera de hambre porque no dejan entrar los alimentos?”.
De acuerdo con información de miembros de la caravana, la procuradora de Justicia de esa entidad, María de la Luz Candelaria Chiñas; el comisionado de Seguridad Pública estatal, Jorge Alberto Quezada; la subsecretaria de Derechos Humanos, Rosario Villalobos, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos estatal,. Heriberto Antonio García, trataron de convencer a Encinas de no seguir con la movilización ante la falta de garantías.
Encinas aclaró a los funcionarios estatales que a quién le correspondía tomar la decisión final era a los miembros del municipio autónomo, quienes en un primer momento decidieron que avanzara la caravana.
Antes de llegar a La Sabana, donde el pasado 27 de abril fueron emboscados los integrantes de la primera caravana humanitaria, resultando muertos Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, donde se tenía informes de que piedras bloqueaban el camino a San Juan Copala, autoridades del municipio autónomo se comunicaron con los integrantes de la caravana para pedirles que regresaran.
“Hubo disparos en la comunidad. Además, se dijo que estaba el líder de Ubisort, Rufino Juárez, con francotiradores en el camino. Se consideró que los compañeros corrían peligro, y por eso se les pidió que regresaran”, dijo Albino Ortiz.
“Estamos muy tristes. En la comunidad había esperanzas, ya que después de siete meses iban a llegar alimentos. Lo único que vemos es que a los gobiernos estatal y federal, no les importa que los triquis se mueran de hambre. No son capaces de detener a los paramilitares de Ubisort”, añadió.
El dirigente indígena señaló que los miembros de la caravana determinarán en Huajuapan de León si este miércoles intentan nuevamente ingresar a San Juan Copala o si se regresan a la ciudad de México y dejan en Huajuapan el cargamento de alimentos y de ahí llevarlos en “operación hormiga” a la región triqui.
Regresa caravana a Huajuapan, policía advirtió sobre falta de garantías
Redacción.
El líder de los diputados del PRD, Alejandro Encinas, rechazó que no haber ingresado a San Juan Copala signifique un fracaso ya que "el principal objetivo político se cumplió, que fue dar visibilidad a este problema". Además confirmó que dejarán los víveres en la iglesia de Huajuapan de León.
A sólo cinco kilómetros para ingresar a San Juan Copala, la Caravana por la Paz decidió replegarse luego de que sus integrantes atestiguaron la falta de garantías y protección para la comitiva.
Ante la firmeza de la Caravana por llegar a San Juan Copala y tras 18 horas de camino, la policía decidió en la comunidad El Diamante, que está pegado a la Sabana, hacer un alto.
Ahí determinó ponerle un chaleco antibalas a Javier Pacheco, colaborador en la Cámara de Diputados, para que antes de continuar, observara por sí mismo, la situación del municipio autónomo.
Tras el testimonio de Javier Pacheco, quien fue escoltado por un grupo de policías, aseguró, que alcanzó a escuchar detonaciones y que la situación era grave, ya que había una barricada de piedras, así como un grupo de mujeres apostadas y hombres armados.
El informe fue determinante para que la comisión organizadora decidiera regresar a la ciudad de México, y dejar las 30 toneladas de víveres en la iglesia de Huejuapan.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas argumentó, que es un repliegue para alcanzar la integridad de todos los que participan en la Caravana.
"Creo que es correcto, hay que actuar con responsabilidad y no podemos jugar con la vida de nadie; yo creo que se ha evidenciado la situación que se vive en la región y la urgente necesidad de que la comunidad reestablezca una serie de relaciones cordiales que permitan recuperar la normalidad en la zona", subrayó.
Aseguró que el PRD está dispuesto a coadyuvar en el diálogo, siempre y cuando sea con los tres grupos que están en conflicto en San Juan Copala,
Asimismo, confirmó, que la comisión organizadora dejará en la iglesia de Huajuapan de León, los víveres para que se hagan llegar a la población del municipio autónomo.
Rechazó que al no haber ingresado a San Juan Copala, signifique un fracaso para la Caravana,
"No, creo que el principal objetivo político se cumplió, que fue dar visibilidad a este problema, el de darle solidaridad a la comunidad de San Juan Copala.
"Además, llegarán los víveres en su oportunidad por otros medios, pero lo importante es ayudar a que se restablezca un clima de concordia en esta zona y se acabe la violencia y la represión en esta zona.
"Hay una ausencia de autoridad, es evidente, yo creo que quien estaba imponiendo las condiciones de la zona; hoy detiene al no dar garantías, a una Caravana por la Paz; ello, bajo la base de complicidad, impunidad y un vacío de poder", puntualizó el legislador perredista.
Alberto Quezada, director de la policía estatal, se sumó a la postura de la procuradora del estado de Oaxaca, Candelaria Chiñas, al subrayar, que las condiciones de la zona son "bastante difíciles".
No hay garantías de seguridad, incluso en otras ocasiones, dijo, han corrido al Ejército y a autoridades de la entidad.
La funcionaria estatal, dijo que habló personalmente con uno de ellos, "estoy disuadiendolo, les estamos advirtiendo que por favor se retiren, que permitan el paso de la Caravana sin ningún acto de violencia".
Sin embargo, ellos no quieren que entren, de lo contrario, "ellos se incorporarían (a la Caravana) para entrar a la población", indicó Chiñas,
Pero como ellos son del otro grupo, provocarían una confrontación con la gente que se encuentra dentro, que siempre está armada y habría sucesos por lamentar, sentencio la procuradora estatal.
"Queremos hacerle esta advertencia para que ustedes tomen sus precauciones y pedirles que si el propósito de ustedes es dialogar y entregar despensa, que sea en otro punto, para evitar lamentables consencuencias", apuntó.
La funcionaria pidió a la Caravana, considerar la intervención estatal, "hecha con toda objetividad.
"Conocemos como es la región, como es nuestra gente desafortunadamente con usos y costumbres arraigados y violentos, porque la historia así lo ha demostrado y porque estamos sumamente preocupados ante la posibilidad de consecuencias lamentables", aseveró.
Recibe Fepade queja contra Ulises Ruiz
GUSTAVO CASTILLO
Periódico La Jornada
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dio entrada a una denuncia promovida por el senador perredista Salomón Jara Cruz en contra del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, a quien acusó de entrometerse en el proceso electoral de la entidad y desviar unos 500 millones de pesos de recursos de los programas sociales para apoyar la campaña del candidato del PRI a la gubernatura, Eviel Pérez Magaña.
GUSTAVO CASTILLO
Periódico La Jornada
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dio entrada a una denuncia promovida por el senador perredista Salomón Jara Cruz en contra del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, a quien acusó de entrometerse en el proceso electoral de la entidad y desviar unos 500 millones de pesos de recursos de los programas sociales para apoyar la campaña del candidato del PRI a la gubernatura, Eviel Pérez Magaña.
Es hora de tener un gobierno transparente: Gabino Cué
Causa en Común AC dio a conocer que el candidato a Gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo acudió a las oficinas de esa asociación en la Ciudad de México a suscribir el Documento "Por una Causa en Común, Candidatos y Ciudadanos" que agrupa demandas ciudadanas en materia de transparencia, construcción de ciudadanía y estado de derecho.
Cué señaló que asume los compromisos propuestos por Causa en Común, porque es hora de que Oaxaca tenga un gobierno transparente y que rinda cuentas a la ciudadanía. Añadió que está comprometido a impulsar las reformas necesarias para dar a los ciudadanos la capacidad de pedir cuentas.
En su momento la Presidenta de Causa en Común, María Elena Morera expresó "que la sociedad está dispuesta a un diálogo permanente para exigir resultados de las autoridades, ya que de ello depende el desarrollo de los gobiernos y la confianza depositada en las urnas"
Morera afirmó que es urgente que los estados abran la información gubernamental pues, en la mayoría de ellos, se están presentando muchos candados y restricciones que afectan la credibilidad de los gobiernos y repercute en la confianza de los ciudadanos.
"Si queremos resolver el problema de la inseguridad y recuperar la confianza en nuestros gobernantes, tenemos que superar la opacidad informativa gubernamental que no nos permite distinguir claramente las acciones que se están realizando ni en qué se están gastando el dinero de los ciudadanos" explicó Morera, ex presidenta de México Unido contra la Delincuencia.
A la pregunta de ¿Por qué los candidatos tienen que comprometerse con la transparencia y la rendición de cuentas?, Gabino Cué manifestó que una de las más graves fallas en la administración de Ulises Ruiz ha sido la opacidad con que se han conducido él y sus funcionarios, y la sospecha de grandes fortunas malhabidas al amparo del poder.
En un estado con tantas carencias sociales, agregó, es insultante que una familia construya hospitales millonarios, que cada sexenio aparezcan nuevos ricos y que reiteradamente se niegue información que transparente las actividades en el servicio público.
Entre los compromisos asumidos por el abanderado de los partidos PAN, PRD, PT y Convergencia destacan:
Transparencia y rendición de cuentas
Equiparar las leyes de transparencia estatal con la federal, definir los criterios para designación de funcionarios, aceptar el informe del Índice Nacional de Transparencia, entregar el padrón de maestros, mayor presencia de la sociedad en los Consejos de Participación de la educación, involucrar a la sociedad en la vigilancia de los órganos de policía, administración y procuración de justicia.
Estado de derecho y legibilidad
Proponer que el Procurador y contralor sean nombrados por el Congreso, rediseñar los sistemas de seguridad pública y justicia penal para hacerlos más efectivos, y reducir los índices delictivos.
Fortalecimiento de la ciudadanía
Proponer e impulsar en el Congreso estatal mecanismos de vigilancia ciudadana del gasto público y del desempeño de las instituciones estatales y municipales; realizar programas educativos, de empleo, deportivos y culturales destinados a los jóvenes, especialmente, a aquellos que por su condición social o económica son vulnerables.
Gabino ratificó sus compromisos para combatir la corrupción en entidades públicas y privadas, desempeñar responsabilidades de manera honorable, evitando conflictos de interés y a abrir al escrutinio público las licitaciones y concursos para obras y contratos públicos para evitar actos de corrupción, amiguismo y favores políticos.
Causa en Común AC dio a conocer que el candidato a Gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo acudió a las oficinas de esa asociación en la Ciudad de México a suscribir el Documento "Por una Causa en Común, Candidatos y Ciudadanos" que agrupa demandas ciudadanas en materia de transparencia, construcción de ciudadanía y estado de derecho.
Cué señaló que asume los compromisos propuestos por Causa en Común, porque es hora de que Oaxaca tenga un gobierno transparente y que rinda cuentas a la ciudadanía. Añadió que está comprometido a impulsar las reformas necesarias para dar a los ciudadanos la capacidad de pedir cuentas.
En su momento la Presidenta de Causa en Común, María Elena Morera expresó "que la sociedad está dispuesta a un diálogo permanente para exigir resultados de las autoridades, ya que de ello depende el desarrollo de los gobiernos y la confianza depositada en las urnas"
Morera afirmó que es urgente que los estados abran la información gubernamental pues, en la mayoría de ellos, se están presentando muchos candados y restricciones que afectan la credibilidad de los gobiernos y repercute en la confianza de los ciudadanos.
"Si queremos resolver el problema de la inseguridad y recuperar la confianza en nuestros gobernantes, tenemos que superar la opacidad informativa gubernamental que no nos permite distinguir claramente las acciones que se están realizando ni en qué se están gastando el dinero de los ciudadanos" explicó Morera, ex presidenta de México Unido contra la Delincuencia.
A la pregunta de ¿Por qué los candidatos tienen que comprometerse con la transparencia y la rendición de cuentas?, Gabino Cué manifestó que una de las más graves fallas en la administración de Ulises Ruiz ha sido la opacidad con que se han conducido él y sus funcionarios, y la sospecha de grandes fortunas malhabidas al amparo del poder.
En un estado con tantas carencias sociales, agregó, es insultante que una familia construya hospitales millonarios, que cada sexenio aparezcan nuevos ricos y que reiteradamente se niegue información que transparente las actividades en el servicio público.
Entre los compromisos asumidos por el abanderado de los partidos PAN, PRD, PT y Convergencia destacan:
Transparencia y rendición de cuentas
Equiparar las leyes de transparencia estatal con la federal, definir los criterios para designación de funcionarios, aceptar el informe del Índice Nacional de Transparencia, entregar el padrón de maestros, mayor presencia de la sociedad en los Consejos de Participación de la educación, involucrar a la sociedad en la vigilancia de los órganos de policía, administración y procuración de justicia.
Estado de derecho y legibilidad
Proponer que el Procurador y contralor sean nombrados por el Congreso, rediseñar los sistemas de seguridad pública y justicia penal para hacerlos más efectivos, y reducir los índices delictivos.
Fortalecimiento de la ciudadanía
Proponer e impulsar en el Congreso estatal mecanismos de vigilancia ciudadana del gasto público y del desempeño de las instituciones estatales y municipales; realizar programas educativos, de empleo, deportivos y culturales destinados a los jóvenes, especialmente, a aquellos que por su condición social o económica son vulnerables.
Gabino ratificó sus compromisos para combatir la corrupción en entidades públicas y privadas, desempeñar responsabilidades de manera honorable, evitando conflictos de interés y a abrir al escrutinio público las licitaciones y concursos para obras y contratos públicos para evitar actos de corrupción, amiguismo y favores políticos.
