FICCIONES TODAS
9 jun 2010
Estampas bicentenarias: Cananea e Iniciativa México
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 8 de junio (apro).- Si algo puede resumir las dos caras de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución es la siguiente estampa: mientras la oligarquía mediática celebraba su Iniciativa México, ofrecía discursos de orgullo nacionalista en cadena nacional y pretendía a golpe de pantalla y de rating modificar la “percepción” social sobre el mal estado de la nación, en Coahuila el Grupo Minera México, propietario de la minera Cananea, la más antigua, importante y simbólica en la historia mexicana, era ocupada desde la noche del 6 de junio por las fuerzas de seguridad pública, tras 34 meses de huelga.
En paralelo, la policía estatal de Coahuila escoltó a representantes de Minera México para recuperar el control de Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores en la tragedia del 19 de febrero de 2006, sin que hasta ahora exista responsable alguno.
La Secretaría de Gobernación, a tono con el México mágico, lindo y pacífico que quieren imponernos –¡ay de aquellos malos mexicanos que se atrevan a criticar o a informar fuera del guión coproducido!–, afirmó en un boletín de prensa que “fuerzas de seguridad pública aseguraron pacíficamente la mina de Cananea”.
El comunicado destaca que el desalojo se realizó “sin resistencia ni incidentes” y “con estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos fundamentales de los extrabajadores mineros que se encontraban en las afueras del lugar”.
Las versiones de reporteros que estuvieron en el sitio, así como de los mineros agredidos, son otras. Integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares afirmaron que hubo actos violentos. El Imparcial, de Sonora, informó de al menos dos heridos de bala.
Es probable que sean sólo “daños colaterales” en el lenguaje calderoniano, como “colaterales” deben ser los 65 mineros que murieron asfixiados en Pasta de Conchos, sin que la empresa de Germán Larrea se hiciera responsable de las malas condiciones que provocaron el accidente.
Estas imágenes no se vieron en la televisión mexicana. El México mediático, el del duopolio televisivo y sus acompañantes del neoporfirismo de la gente bien y “de los valores”, ofreció en cadena nacional cuentas de vidrio a cambio de autohalagos.
Dieron a conocer la Iniciativa México, que ofrece premiar con 6 millones de pesos a individuos, organizaciones o instituciones públicas o privadas que presenten “proyectos vigentes, con impacto social y /o ecológico”, en las cinco categorías del reality al que convocaron de aquí al 7 de julio: calidad de vida, desarrollo comunitario, medio ambiente, justicia y derechos humanos, y buen gobierno y rendición de cuentas.
Ni la burla perdonan. Seis millones de pesos no es ni la décima parte del tiempo que puedan comercializar en spots durante el mismo tiempo-aire que dedicaron a “encadenarse voluntariamente”.
Se trata de una especie de concurso ante las audiencias masivas que votarán para elegir a los cinco finalistas que, en un programa final, defenderán sus propuestas. Un Big Brother social o un Pronasol mediatizado.
“En este último programa –afirma la convocatoria– se conocerá la iniciativa preferida conforme a la votación de la audiencia, así como a los siguientes cuatro lugares. En un gran evento se reconocerá a los cinco proyectos finalistas, a los cuales se les otorgarán recursos económicos para que continúen trabajando por la causa con la cual participaron. El proyecto con mayor votación del público recibirá dos millones de pesos y los cuatro restantes un millón de pesos cada uno. Estas cantidades son libres de impuestos y en pesos mexicanos”.
En esta ostentosa filantropía, lo que menos importa es el impacto real de la iniciativa. Se trata de que los convocantes se presuman a sí mismos como buenos mexicanos, como los “auténticos voceros” de un México grande. Quienes no participan son acusados de “boicotear” una noble causa, y quienes critican entonces son los resentidos de siempre. El clásico discurso unilateral y de uniformidad ideológica de la derecha mediática.
No en balde, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean aparecieron en horario estelar, en Canal 2 y Canal 13, entrevistados por Javier Alatorre y Joaquín López Dóriga, recitando una serie de lugares comunes, sin problematizar, evadiendo el hecho de que se trató de una imposición desde el canal de las estrellas y no de un consenso genuino. Como si fueran Batman y Robin del radioespectro. Multimillonarios que ahora nos dicen cómo ser buenos filántropos.
En esto se parece también el tono de los desplegados de apoyo a la decisión de fuerza en las minas de Cananea y Pasta de Conchos. Este martes 8 de junio aparecieron en la prensa los respaldos a las acciones tomadas, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Cámara Minera de México (Camimex) y de una fantasmal Confederación de Sindicatos Independientes de mineros.
“La recuperación de Cananea pone fin a un desafortunado capítulo de abuso de los legítimos derechos y constituye una oportunidad para recuperar, a la brevedad, el dinamismo, desarrollo y expansión no sólo de la mina de Cananea, sino del Estado”, advierte el CCE en su inserción pagada.
La Camimex también “reconoce y apoya las acciones conjuntas realizadas por el gobierno federal y de Sonora el pasado domingo 6 de junio, para recuperar y asegurar pacíficamente las instalaciones de la mina de Cananea”.
Esas son las percepciones que quieren transformar en verdades inamovibles, en una realidad donde esté exenta la crítica, la disidencia o la defensa de derechos laborales y humanos elementales.
Así sí vale la pena tener iniciativa. Si se tiene a la Policía Federal y a la Secretaría de Gobernación al servicio, ¿quién puede dudar que éste es un país pacífico?
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 8 de junio (apro).- Si algo puede resumir las dos caras de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución es la siguiente estampa: mientras la oligarquía mediática celebraba su Iniciativa México, ofrecía discursos de orgullo nacionalista en cadena nacional y pretendía a golpe de pantalla y de rating modificar la “percepción” social sobre el mal estado de la nación, en Coahuila el Grupo Minera México, propietario de la minera Cananea, la más antigua, importante y simbólica en la historia mexicana, era ocupada desde la noche del 6 de junio por las fuerzas de seguridad pública, tras 34 meses de huelga.
En paralelo, la policía estatal de Coahuila escoltó a representantes de Minera México para recuperar el control de Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores en la tragedia del 19 de febrero de 2006, sin que hasta ahora exista responsable alguno.
La Secretaría de Gobernación, a tono con el México mágico, lindo y pacífico que quieren imponernos –¡ay de aquellos malos mexicanos que se atrevan a criticar o a informar fuera del guión coproducido!–, afirmó en un boletín de prensa que “fuerzas de seguridad pública aseguraron pacíficamente la mina de Cananea”.
El comunicado destaca que el desalojo se realizó “sin resistencia ni incidentes” y “con estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos fundamentales de los extrabajadores mineros que se encontraban en las afueras del lugar”.
Las versiones de reporteros que estuvieron en el sitio, así como de los mineros agredidos, son otras. Integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares afirmaron que hubo actos violentos. El Imparcial, de Sonora, informó de al menos dos heridos de bala.
Es probable que sean sólo “daños colaterales” en el lenguaje calderoniano, como “colaterales” deben ser los 65 mineros que murieron asfixiados en Pasta de Conchos, sin que la empresa de Germán Larrea se hiciera responsable de las malas condiciones que provocaron el accidente.
Estas imágenes no se vieron en la televisión mexicana. El México mediático, el del duopolio televisivo y sus acompañantes del neoporfirismo de la gente bien y “de los valores”, ofreció en cadena nacional cuentas de vidrio a cambio de autohalagos.
Dieron a conocer la Iniciativa México, que ofrece premiar con 6 millones de pesos a individuos, organizaciones o instituciones públicas o privadas que presenten “proyectos vigentes, con impacto social y /o ecológico”, en las cinco categorías del reality al que convocaron de aquí al 7 de julio: calidad de vida, desarrollo comunitario, medio ambiente, justicia y derechos humanos, y buen gobierno y rendición de cuentas.
Ni la burla perdonan. Seis millones de pesos no es ni la décima parte del tiempo que puedan comercializar en spots durante el mismo tiempo-aire que dedicaron a “encadenarse voluntariamente”.
Se trata de una especie de concurso ante las audiencias masivas que votarán para elegir a los cinco finalistas que, en un programa final, defenderán sus propuestas. Un Big Brother social o un Pronasol mediatizado.
“En este último programa –afirma la convocatoria– se conocerá la iniciativa preferida conforme a la votación de la audiencia, así como a los siguientes cuatro lugares. En un gran evento se reconocerá a los cinco proyectos finalistas, a los cuales se les otorgarán recursos económicos para que continúen trabajando por la causa con la cual participaron. El proyecto con mayor votación del público recibirá dos millones de pesos y los cuatro restantes un millón de pesos cada uno. Estas cantidades son libres de impuestos y en pesos mexicanos”.
En esta ostentosa filantropía, lo que menos importa es el impacto real de la iniciativa. Se trata de que los convocantes se presuman a sí mismos como buenos mexicanos, como los “auténticos voceros” de un México grande. Quienes no participan son acusados de “boicotear” una noble causa, y quienes critican entonces son los resentidos de siempre. El clásico discurso unilateral y de uniformidad ideológica de la derecha mediática.
No en balde, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean aparecieron en horario estelar, en Canal 2 y Canal 13, entrevistados por Javier Alatorre y Joaquín López Dóriga, recitando una serie de lugares comunes, sin problematizar, evadiendo el hecho de que se trató de una imposición desde el canal de las estrellas y no de un consenso genuino. Como si fueran Batman y Robin del radioespectro. Multimillonarios que ahora nos dicen cómo ser buenos filántropos.
En esto se parece también el tono de los desplegados de apoyo a la decisión de fuerza en las minas de Cananea y Pasta de Conchos. Este martes 8 de junio aparecieron en la prensa los respaldos a las acciones tomadas, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Cámara Minera de México (Camimex) y de una fantasmal Confederación de Sindicatos Independientes de mineros.
“La recuperación de Cananea pone fin a un desafortunado capítulo de abuso de los legítimos derechos y constituye una oportunidad para recuperar, a la brevedad, el dinamismo, desarrollo y expansión no sólo de la mina de Cananea, sino del Estado”, advierte el CCE en su inserción pagada.
La Camimex también “reconoce y apoya las acciones conjuntas realizadas por el gobierno federal y de Sonora el pasado domingo 6 de junio, para recuperar y asegurar pacíficamente las instalaciones de la mina de Cananea”.
Esas son las percepciones que quieren transformar en verdades inamovibles, en una realidad donde esté exenta la crítica, la disidencia o la defensa de derechos laborales y humanos elementales.
Así sí vale la pena tener iniciativa. Si se tiene a la Policía Federal y a la Secretaría de Gobernación al servicio, ¿quién puede dudar que éste es un país pacífico?
Astillero
El reino por un balón
Piedras contra balas
Copala y los caciques
Pero Felipe viaja
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Lipe Balón ya está listo para ir a la inauguración del Mundial aunque en Ciudad Juárez un adolescente haya sido asesinado por guardias fronterizos estadunidenses y en San Juan Copala los paramilitares propriístas hayan impedido a una caravana de paz llevar alimentos y medicina a una población sitiada. Ansias viajeras, gusto por el festín y cálculos de ganancia mediática en caso de triunfo del aguirrismo balompédico, mientras Cananea y Pasta de Conchos viven los extremos del dolor social: irritación activa en la plaza sonorense que no se rinde, a pesar de la amenaza policial multiplicada; silencio y retraimiento en la mina coahuilense que ya ha vivido mil ofensas parecidas. Pero Felipe piensa en futbol, sueña en futbol y gobierna en sintonía instrumental con las extremidades usadas para el deporte más popular del mundo. Ya una encuesta tramposa sostenida durante apenas unas horas en la página de Los Pinos le concedió permiso para salir a Sudáfrica, así es que no queda sino cumplir la orden popular marca 0.56 por ciento.
Balas gringas que cruzan la frontera para matar a un mexicano en su propia tierra, sin que el calderonismo pueda hacer más que el juego de las protestas protocolarias y el inicio de investigaciones sabidamente manipulables. Lipe Balón no quiere problemas que lo lleven a deshacer equipaje, así es que ya antes había concedido agachón beneficio de la duda ante el asesinato de Anastasio Hernández, el migrante golpeado y torturado al que en todo caso el Primer Futbolero del País prefiere entender como víctima de excesos en el cumplimiento de tareas de vigilancia y control de personal indocumentado que se resiste a tratamientos de rutina. Y ahora nomás falta que antes de subir a la escalerilla del avión rumbo al Mundial, el aficionado Calderón anuncie que Sergio Adrián Hernández es un simple daño colateral, un sicario infantil que se pasó mentalmente el retén de los gringos y trató de agredirlos con un cuerno de chivo disparador de piedras. Por lo pronto, el gobierno de Obama lamenta los hechos pero tiende una cortina de protección al decir que los agentes estadunidenses fueron atacados por un número indeterminado de mexicanos (¿no irían allí Jacinta y las demás mujeres queretanas acusadas de secuestrar a una bola de afis ellas solitas?) que amenazaron con líticas armas a los robots fronterizos de tecnología apabullante. Legítima defensa internacional, podría alegar Washington: guerra preventiva contra potenciales espaldas mojadas que de cruzar el río podrían derribar torres gemelas a pedradas.
En el imperio de la impunidad que tiene a Ulises Ruiz como comandante en jefe no fue posible romper el mandato de una facción aliada al priísmo en celo mapache que decidió impedir que llegaran al emblemático San Juan Copala centenares de personas, entre ellas algunos diputados federales de entre los que destacó Alejandro Encinas por su colocación en el organigrama de San Lázaro. Si alguien tiene dudas de corte académico sobre la condición fallida del Estado mexicano puede resolverlas de manera drástica viendo lo que sucede en esa porción triqui sustraída a cualquier forma de convivencia civilizada, estado de derecho o entretenimiento intelectual parecido. Allí rige la ley de las armas y la palabra del cacique, Rufino Juárez, que organizó bloqueo con piedras sobre la vía de acceso a Copala y presencia de mujeres y niños para impedir el paso de la caravana mencionada. Además, por si esos recursos sencillos fracasaran, había francotiradores y grupos armados listos para reproducir, con las variantes locales del caso, los mecanismos de obstrucción y disuasión que Israel ha aplicado contra ciudadanos pacifistas y solidarios que en barco pretendieron llegar a Gaza.
El rechazo de la caravana a Copala ayuda a Ulises Ruiz a dejar claramente establecido el mensaje de que en Oaxaca se puede hacer lo que sea sin que haya castigo (incluso, tranquilamente las policías estatal y federal dejaron ayer a su suerte a los que se encaminaban al poblado triqui). Matar a decenas durante la revuelta social encabezada por la APPO en 2006, sostener brigadas de la muerte para secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar (e incluso luego dar tratamiento parecido a los propios ejecutores caídos en desgracia, jefes policiacos después acribillados sin explicación) y, desde luego, robar elecciones mediante procedimientos tan simples como los que se pueden dar con toda tranquilidad en la región triqui, donde los caciques habrán de manejar a su absoluta conveniencia el proceso electoral en puerta, donde el futbolero Felipe ha apostado su resto local en favor de Gabino Cué, quien suma tantas boletas de apoyo que a la hora de pagar dividendos políticos tendría que acabar convirtiéndose en una versión clásica de los gobernantes oaxaqueños que han sido gananciosos operadores de grupos de poder o dictadorzuelos folclóricos.
Felipe el Viajero tampoco tendrá mucho tiempo para precisar los alcances delictivos del nuevo fraude escandaloso, el de los funcionarios de Ferrocarriles Nacionales de México que, a imagen y semejanza de los lidercillos corruptísimos, como el diputado Víctor Flores, y de otros ejecutivos empresariales y políticos, se tomaron la libertad de aprovechar los bienes colectivos y convertirlos en inversión en chequera particular. Uno de los crímenes políticos y económicos cometidos por Ernesto Zedillo contra la nación fue el remate de las líneas ferroviarias, aunque el último de los presidentes priístas de la República no se fue a ver juegos de futbol sino a incorporarse a los directorios corporativos de grandísimas trasnacionales, algunas de ellas beneficiadas desde esos Pinos comercializados.
Y, mientras continúa el show de la Iniciativa México, tratando de convencer a los mexicanos que los mismos responsables de la crisis nacional pueden poner sus frecuencias y recursos al servicio de recomposiciones de palabra, ¡hasta mañana, en esta columna acalorada!
El reino por un balón
Piedras contra balas
Copala y los caciques
Pero Felipe viaja
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Lipe Balón ya está listo para ir a la inauguración del Mundial aunque en Ciudad Juárez un adolescente haya sido asesinado por guardias fronterizos estadunidenses y en San Juan Copala los paramilitares propriístas hayan impedido a una caravana de paz llevar alimentos y medicina a una población sitiada. Ansias viajeras, gusto por el festín y cálculos de ganancia mediática en caso de triunfo del aguirrismo balompédico, mientras Cananea y Pasta de Conchos viven los extremos del dolor social: irritación activa en la plaza sonorense que no se rinde, a pesar de la amenaza policial multiplicada; silencio y retraimiento en la mina coahuilense que ya ha vivido mil ofensas parecidas. Pero Felipe piensa en futbol, sueña en futbol y gobierna en sintonía instrumental con las extremidades usadas para el deporte más popular del mundo. Ya una encuesta tramposa sostenida durante apenas unas horas en la página de Los Pinos le concedió permiso para salir a Sudáfrica, así es que no queda sino cumplir la orden popular marca 0.56 por ciento.
Balas gringas que cruzan la frontera para matar a un mexicano en su propia tierra, sin que el calderonismo pueda hacer más que el juego de las protestas protocolarias y el inicio de investigaciones sabidamente manipulables. Lipe Balón no quiere problemas que lo lleven a deshacer equipaje, así es que ya antes había concedido agachón beneficio de la duda ante el asesinato de Anastasio Hernández, el migrante golpeado y torturado al que en todo caso el Primer Futbolero del País prefiere entender como víctima de excesos en el cumplimiento de tareas de vigilancia y control de personal indocumentado que se resiste a tratamientos de rutina. Y ahora nomás falta que antes de subir a la escalerilla del avión rumbo al Mundial, el aficionado Calderón anuncie que Sergio Adrián Hernández es un simple daño colateral, un sicario infantil que se pasó mentalmente el retén de los gringos y trató de agredirlos con un cuerno de chivo disparador de piedras. Por lo pronto, el gobierno de Obama lamenta los hechos pero tiende una cortina de protección al decir que los agentes estadunidenses fueron atacados por un número indeterminado de mexicanos (¿no irían allí Jacinta y las demás mujeres queretanas acusadas de secuestrar a una bola de afis ellas solitas?) que amenazaron con líticas armas a los robots fronterizos de tecnología apabullante. Legítima defensa internacional, podría alegar Washington: guerra preventiva contra potenciales espaldas mojadas que de cruzar el río podrían derribar torres gemelas a pedradas.
En el imperio de la impunidad que tiene a Ulises Ruiz como comandante en jefe no fue posible romper el mandato de una facción aliada al priísmo en celo mapache que decidió impedir que llegaran al emblemático San Juan Copala centenares de personas, entre ellas algunos diputados federales de entre los que destacó Alejandro Encinas por su colocación en el organigrama de San Lázaro. Si alguien tiene dudas de corte académico sobre la condición fallida del Estado mexicano puede resolverlas de manera drástica viendo lo que sucede en esa porción triqui sustraída a cualquier forma de convivencia civilizada, estado de derecho o entretenimiento intelectual parecido. Allí rige la ley de las armas y la palabra del cacique, Rufino Juárez, que organizó bloqueo con piedras sobre la vía de acceso a Copala y presencia de mujeres y niños para impedir el paso de la caravana mencionada. Además, por si esos recursos sencillos fracasaran, había francotiradores y grupos armados listos para reproducir, con las variantes locales del caso, los mecanismos de obstrucción y disuasión que Israel ha aplicado contra ciudadanos pacifistas y solidarios que en barco pretendieron llegar a Gaza.
El rechazo de la caravana a Copala ayuda a Ulises Ruiz a dejar claramente establecido el mensaje de que en Oaxaca se puede hacer lo que sea sin que haya castigo (incluso, tranquilamente las policías estatal y federal dejaron ayer a su suerte a los que se encaminaban al poblado triqui). Matar a decenas durante la revuelta social encabezada por la APPO en 2006, sostener brigadas de la muerte para secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar (e incluso luego dar tratamiento parecido a los propios ejecutores caídos en desgracia, jefes policiacos después acribillados sin explicación) y, desde luego, robar elecciones mediante procedimientos tan simples como los que se pueden dar con toda tranquilidad en la región triqui, donde los caciques habrán de manejar a su absoluta conveniencia el proceso electoral en puerta, donde el futbolero Felipe ha apostado su resto local en favor de Gabino Cué, quien suma tantas boletas de apoyo que a la hora de pagar dividendos políticos tendría que acabar convirtiéndose en una versión clásica de los gobernantes oaxaqueños que han sido gananciosos operadores de grupos de poder o dictadorzuelos folclóricos.
Felipe el Viajero tampoco tendrá mucho tiempo para precisar los alcances delictivos del nuevo fraude escandaloso, el de los funcionarios de Ferrocarriles Nacionales de México que, a imagen y semejanza de los lidercillos corruptísimos, como el diputado Víctor Flores, y de otros ejecutivos empresariales y políticos, se tomaron la libertad de aprovechar los bienes colectivos y convertirlos en inversión en chequera particular. Uno de los crímenes políticos y económicos cometidos por Ernesto Zedillo contra la nación fue el remate de las líneas ferroviarias, aunque el último de los presidentes priístas de la República no se fue a ver juegos de futbol sino a incorporarse a los directorios corporativos de grandísimas trasnacionales, algunas de ellas beneficiadas desde esos Pinos comercializados.
Y, mientras continúa el show de la Iniciativa México, tratando de convencer a los mexicanos que los mismos responsables de la crisis nacional pueden poner sus frecuencias y recursos al servicio de recomposiciones de palabra, ¡hasta mañana, en esta columna acalorada!
Eduardo Bours: El jinete de la corrupción
José Gil Olmos
La confirmación documentada en torno a la cauda de corruptelas, fraudes, conflictos de interés y omisiones criminales de Eduardo Bours, exgobernador de Sonora, llegó por fin... Por un lado, la Suprema Corte de Justicia le recordó su parte de responsabilidad en la tragedia que, además de haber cobrado la vida de 49 niños y causado quemaduras a más de 100, le costó la gubernatura a su partido, el PRI. Por otro, mediante una serie de auditorías la nueva administración panista del estado ratificó sus malos manejos. Un ejemplo: la emisión de por lo menos 75 cheques de las arcas sonorenses que fueron cobrados por terceras personas sin justificación.
MÉXICO, D.F., 8 de junio (Proceso).- En las tardes calurosas de Hermosillo, un tranquilo Eduardo Bours suele hacer largas cabalgatas por sus propiedades y presumir con sus amigos la estampa y el trapío de sus caballos: dos pura sangre de raza árabe que sólo pueden comprar jeques, príncipes y empresarios acaudalados.
Pero ahora el exgobernador de Sonora tiene motivos para preocuparse. El jueves 3, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar lo señaló como uno de los 14 funcionarios y exfuncionarios que tienen responsabilidad en la tragedia ocurrida hace un año en la guardería ABC de Hermosillo (Proceso 1703, 1704 y 1705).
Pero eso no es todo. Una investigación emprendida a instancias del nuevo gobierno estatal, encabezado por el panista Guillermo Padrés, y que quedó a cargo de la Dirección General de Auditoría Gubernamental, confirmó lo que se sospechaba desde las primeras revisiones efectuadas por despachos externos en cuanto al desempeño de Bours como gobernador: múltiples maniobras para la falsificación de documentos, desviación de recursos públicos, fraudes de todo tipo...
En varias ediciones (números 1741, 1721, 1657 y 1565), Proceso dio cuenta de los escandalosos malos manejos en los que incurrió repetidamente el entonces mandatario. Sólo un ejemplo: el caso del Plan Sonora Proyecta mediante el cual el gobernador priista dio la pauta para endeudar al estado con alrededor de 10 mil millones de pesos a través de un fideicomiso privado; proyecto que, sin embargo, fue impugnado por la Suprema Corte, toda vez que pretendía valerse de la “bursatilización” de la deuda pública (Proceso 1709).
En abril de 2008, en medio de esos escándalos de corrupción, a los que se sumaron los de violencia y narcotráfico, este semanario realizó una radiografía (edición 1643) en dos vertientes: los multimillonarios negocios realizados por los Bours a la sombra del poder y las redes tejidas para la presunta protección del tráfico de drogas en la entidad.
El empresario y político priista demandó por daño moral al autor de ese reportaje, Ricardo Ravelo, así como a la empresa editora de Proceso, Comunicación e Información, S.A. de C.V.; pero un año después, el 21 de abril de 2009, el Juzgado Decimotercero de Distrito en el DF declaró insubsistente la demanda.
Las auditorías
El 1 de noviembre de 2009, ya en el gobierno panista, el secretario de la Contraloría General del Estado, Carlos Tapia Astiazarán, le notificó al secretario de Hacienda local (oficio S-1678/2009), Alejandro López Caballero, que se iba a efectuar una auditoría a su dependencia en los rubros de ingresos, egresos, bancos, adquisiciones de bienes y servicios, deudores del erario, acreedores diversos y proveedores. El arqueo, precisó, abarcaría del 1 de enero de 2008 al 31 de noviembre de 2009.
De acuerdo con la documentación oficial del caso, a la que el reportero tuvo acceso, desde distintas unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Bours se emitieron no 22 cheques, como se presumía en principio, sino 75 de cuatro diferentes instituciones bancarias por un monto total de 191 millones de pesos.
Según los resultados de las auditorías –las revisiones se prolongaron cuatro meses y culminaron en marzo último–, 33 funcionarios de la administración de Bours fueron encontrados responsables de defraudación al erario. De éstos, algunos aparecían como firmantes de los documentos bancarios.
La actual coordinación de área de la Subsecretaría de Control de Fondos y Pagaduría expidió 16 cheques por 40 millones 500 mil pesos; Édgar Prendas Sandoval, director de la Tesorería del estado, temporalmente en funciones, emitió otros 16 cheques por una cantidad igual; Elba Marcela Ruiz Quintero, subdirectora de la Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría, firmó 15 cheques por 37 millones 900 mil pesos; Dulce María Huerta Meza, directora actual de la Tesorería General del estado, sacó 15 más por 35 millones 600 mil pesos, y Fernanda Alicia Obregón Garza, jefa de departamento en la Dirección General de Administración, liberó 14 cheques por 36 millones 500 mil pesos.
En dos denuncias dirigidas a José Ángel Calderón Piñeiros, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Contraloría, Patricia Augenia Argüelles Canseco, directora general de la Auditoría Gubernamental, señaló que los 33 funcionarios incurrieron en desvío de recursos y pagos sin el respaldo de facturas o recibos.
En la lista de órdenes de pago a proveedores emitidas en 2009 y solicitadas por la Auditoría a la Secretaría de Hacienda figura el pago de 5 millones 159 mil pesos a la empresa Advanced Business System para el seguimiento y captura del presupuesto de ingresos integrado al sistema de información y finanzas; otro por 7 millones 894 mil pesos a la compañía GOCG Procesos y Soluciones, por “comisión de éxito por aportaciones al Fonden”; uno más, por 4 millones 485 mil pesos, a Alianza Empresarial de Sonora, por la “intermediación” para la obtención de un crédito por 260 millones de pesos, y 6 millones de pesos a Proyectos Mega y Desarrollos, por la elaboración de corridas financieras y de un contrato de términos y asesoría en la consecución de 105 millones para el gobierno del estado.
Frente a esta discrecionalidad financiera propiciada por la emisión de “cheques fantasma” y su cobro por personal ajeno al gobierno, en abril último el contralor Tapia Astiazarán explicó en conferencia de prensa que las revisiones efectuadas como parte de las auditorías al sexenio pasado permitieron descubrir nuevos cheques que aparecían como cobrados por trabajadores de la Secretaría de Hacienda estatal.
“Están a nombre de terceros y éstos todavía son funcionarios en la secretaría. Ellos desconocen la existencia de esos cheques y no son sus firmas las que los endosan”, precisó, y añadió: “Además de quienes recibieron los cheques, están quienes los firmaron. Ahí aparecen todos los procedimientos internos de la creación del pasivo, de la solicitud del cheque, de la expedición del cheque”.
Adelantó que una vez terminada la auditoría deberán investigarse todos los movimientos. Sin embargo, se equivocó al señalar que la mayoría de los implicados ya no estaba laborando en el gobierno estatal, pues, de acuerdo con la auditoría final, de los 33 funcionarios involucrados 23 aún ocupan los mismos puestos.
Ahora que la Secretaría de la Contraloría General concluyó la indagación empezará a llamar a exfuncionarios estatales que tuvieron participación en el presunto fraude por el cobro de cheques que hicieron terceras personas.
El contralor del estado informó que ahora se integra el expediente y sólo faltan detalles. Mientras tanto, se piensa fincar responsabilidades, pues algunas de las irregularidades que fueron detectadas son constitutivas de delitos que se persiguen penalmente.
Historial de manejos turbios
Cuando abandonó el cargo a mediados de septiembre de 2009, Bours ya enfrentaba denuncias de la oposición por desvío de recursos públicos mediante la emisión de cheques fantasma; además, los opositores lo acusaron de haber elevado la deuda debido a su mal manejo de las finanzas públicas, así como del fracaso del Plan Sonora Proyecta, con el que había prometido llevar al estado al “primer mundo”.
A los seis meses de que Bours dejó la gubernatura, la administración entrante promovió demandas contra 33 funcionarios del equipo de Bours por fraude mediante falsificación de documentos, desviación de recursos y uso indebido de funciones. La investigación que detectó estas irregularidades en la Secretaría de Hacienda estatal estuvo a cargo de Argüelles Canseco.
Desde que asumió su cargo el nuevo gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, confirmó que la anterior administración había dejado un déficit superior a los mil 400 millones de pesos y aclaró que esa cifra no la dio a conocer su gobierno, sino despachos internacionales. Citó a las firmas Gossler y Horwath Castillo Miranda como las que estarían a cargo de las auditorías.
En octubre de 2009, Padrés dijo que se había descubierto la emisión de 22 cheques por 70 millones de pesos a nombre de funcionarios estatales, pero hizo hincapié en que estos documentos fueron cobrados por terceras personas. Precisó que se encontraron partidas excesivas que sobregiraron el presupuesto.
En esa ocasión, el secretario de Hacienda, Alejandro López Caballero, informó que los primeros resultados de las revisiones permitieron ubicar partidas por 320 millones de pesos que les fueron retenidas a los trabajadores del estado; otras más por 54 millones de pesos correspondientes a cuotas y retenciones sindicales de los maestros y, por último, 101 millones de pesos por concepto de “asesoría y capacitación”.
Detalló que entre las disposiciones en efectivo realizadas con cheques entre febrero y julio de 2009 hubo cobros diversos, cuyos montos van de 2.5 hasta 17.5 millones de pesos, y agregó que se detectaron convenios para los cuales no había recursos disponibles; fue el caso de Alianza para el Campo, proyecto al que el gobierno estatal debía aportar 223 millones de pesos, e Inversión para la Educación, en el que se debían invertir 51 millones de pesos.
Caso ABC: la estocada final
El incendio en la guardería ABC de Hermosillo, ocurrido el 5 de junio de 2009, fue el “empujón” que el PRI, el partido de Bours, necesitaba para ver fracasado su intento de conservar la gubernatura.
El voto de castigo de los sonorenses fue implacable. La tragedia que costó la vida a 49 niños y quemaduras a más de 100 cambió el panorama electoral en Sonora y rompió el pacto que hasta entonces tenía el “priista” Bours con el gobierno de Felipe Calderón, a quien después de haber apoyado para que se reconociera su impugnado triunfo en 2006, acusó de ser el responsable de la tragedia (Proceso 1704).
Semanas y semanas transcurrían y Bours ocupaba buena parte de su tiempo para exculparse ante los medios –ya veía venir el desastre electoral– en vez de satisfacer las demandas de las familias de las víctimas, investigar a fondo las causas del incendio y fincar responsabilidades.
José Gil Olmos
La confirmación documentada en torno a la cauda de corruptelas, fraudes, conflictos de interés y omisiones criminales de Eduardo Bours, exgobernador de Sonora, llegó por fin... Por un lado, la Suprema Corte de Justicia le recordó su parte de responsabilidad en la tragedia que, además de haber cobrado la vida de 49 niños y causado quemaduras a más de 100, le costó la gubernatura a su partido, el PRI. Por otro, mediante una serie de auditorías la nueva administración panista del estado ratificó sus malos manejos. Un ejemplo: la emisión de por lo menos 75 cheques de las arcas sonorenses que fueron cobrados por terceras personas sin justificación.
MÉXICO, D.F., 8 de junio (Proceso).- En las tardes calurosas de Hermosillo, un tranquilo Eduardo Bours suele hacer largas cabalgatas por sus propiedades y presumir con sus amigos la estampa y el trapío de sus caballos: dos pura sangre de raza árabe que sólo pueden comprar jeques, príncipes y empresarios acaudalados.
Pero ahora el exgobernador de Sonora tiene motivos para preocuparse. El jueves 3, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar lo señaló como uno de los 14 funcionarios y exfuncionarios que tienen responsabilidad en la tragedia ocurrida hace un año en la guardería ABC de Hermosillo (Proceso 1703, 1704 y 1705).
Pero eso no es todo. Una investigación emprendida a instancias del nuevo gobierno estatal, encabezado por el panista Guillermo Padrés, y que quedó a cargo de la Dirección General de Auditoría Gubernamental, confirmó lo que se sospechaba desde las primeras revisiones efectuadas por despachos externos en cuanto al desempeño de Bours como gobernador: múltiples maniobras para la falsificación de documentos, desviación de recursos públicos, fraudes de todo tipo...
En varias ediciones (números 1741, 1721, 1657 y 1565), Proceso dio cuenta de los escandalosos malos manejos en los que incurrió repetidamente el entonces mandatario. Sólo un ejemplo: el caso del Plan Sonora Proyecta mediante el cual el gobernador priista dio la pauta para endeudar al estado con alrededor de 10 mil millones de pesos a través de un fideicomiso privado; proyecto que, sin embargo, fue impugnado por la Suprema Corte, toda vez que pretendía valerse de la “bursatilización” de la deuda pública (Proceso 1709).
En abril de 2008, en medio de esos escándalos de corrupción, a los que se sumaron los de violencia y narcotráfico, este semanario realizó una radiografía (edición 1643) en dos vertientes: los multimillonarios negocios realizados por los Bours a la sombra del poder y las redes tejidas para la presunta protección del tráfico de drogas en la entidad.
El empresario y político priista demandó por daño moral al autor de ese reportaje, Ricardo Ravelo, así como a la empresa editora de Proceso, Comunicación e Información, S.A. de C.V.; pero un año después, el 21 de abril de 2009, el Juzgado Decimotercero de Distrito en el DF declaró insubsistente la demanda.
Las auditorías
El 1 de noviembre de 2009, ya en el gobierno panista, el secretario de la Contraloría General del Estado, Carlos Tapia Astiazarán, le notificó al secretario de Hacienda local (oficio S-1678/2009), Alejandro López Caballero, que se iba a efectuar una auditoría a su dependencia en los rubros de ingresos, egresos, bancos, adquisiciones de bienes y servicios, deudores del erario, acreedores diversos y proveedores. El arqueo, precisó, abarcaría del 1 de enero de 2008 al 31 de noviembre de 2009.
De acuerdo con la documentación oficial del caso, a la que el reportero tuvo acceso, desde distintas unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Bours se emitieron no 22 cheques, como se presumía en principio, sino 75 de cuatro diferentes instituciones bancarias por un monto total de 191 millones de pesos.
Según los resultados de las auditorías –las revisiones se prolongaron cuatro meses y culminaron en marzo último–, 33 funcionarios de la administración de Bours fueron encontrados responsables de defraudación al erario. De éstos, algunos aparecían como firmantes de los documentos bancarios.
La actual coordinación de área de la Subsecretaría de Control de Fondos y Pagaduría expidió 16 cheques por 40 millones 500 mil pesos; Édgar Prendas Sandoval, director de la Tesorería del estado, temporalmente en funciones, emitió otros 16 cheques por una cantidad igual; Elba Marcela Ruiz Quintero, subdirectora de la Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría, firmó 15 cheques por 37 millones 900 mil pesos; Dulce María Huerta Meza, directora actual de la Tesorería General del estado, sacó 15 más por 35 millones 600 mil pesos, y Fernanda Alicia Obregón Garza, jefa de departamento en la Dirección General de Administración, liberó 14 cheques por 36 millones 500 mil pesos.
En dos denuncias dirigidas a José Ángel Calderón Piñeiros, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Contraloría, Patricia Augenia Argüelles Canseco, directora general de la Auditoría Gubernamental, señaló que los 33 funcionarios incurrieron en desvío de recursos y pagos sin el respaldo de facturas o recibos.
En la lista de órdenes de pago a proveedores emitidas en 2009 y solicitadas por la Auditoría a la Secretaría de Hacienda figura el pago de 5 millones 159 mil pesos a la empresa Advanced Business System para el seguimiento y captura del presupuesto de ingresos integrado al sistema de información y finanzas; otro por 7 millones 894 mil pesos a la compañía GOCG Procesos y Soluciones, por “comisión de éxito por aportaciones al Fonden”; uno más, por 4 millones 485 mil pesos, a Alianza Empresarial de Sonora, por la “intermediación” para la obtención de un crédito por 260 millones de pesos, y 6 millones de pesos a Proyectos Mega y Desarrollos, por la elaboración de corridas financieras y de un contrato de términos y asesoría en la consecución de 105 millones para el gobierno del estado.
Frente a esta discrecionalidad financiera propiciada por la emisión de “cheques fantasma” y su cobro por personal ajeno al gobierno, en abril último el contralor Tapia Astiazarán explicó en conferencia de prensa que las revisiones efectuadas como parte de las auditorías al sexenio pasado permitieron descubrir nuevos cheques que aparecían como cobrados por trabajadores de la Secretaría de Hacienda estatal.
“Están a nombre de terceros y éstos todavía son funcionarios en la secretaría. Ellos desconocen la existencia de esos cheques y no son sus firmas las que los endosan”, precisó, y añadió: “Además de quienes recibieron los cheques, están quienes los firmaron. Ahí aparecen todos los procedimientos internos de la creación del pasivo, de la solicitud del cheque, de la expedición del cheque”.
Adelantó que una vez terminada la auditoría deberán investigarse todos los movimientos. Sin embargo, se equivocó al señalar que la mayoría de los implicados ya no estaba laborando en el gobierno estatal, pues, de acuerdo con la auditoría final, de los 33 funcionarios involucrados 23 aún ocupan los mismos puestos.
Ahora que la Secretaría de la Contraloría General concluyó la indagación empezará a llamar a exfuncionarios estatales que tuvieron participación en el presunto fraude por el cobro de cheques que hicieron terceras personas.
El contralor del estado informó que ahora se integra el expediente y sólo faltan detalles. Mientras tanto, se piensa fincar responsabilidades, pues algunas de las irregularidades que fueron detectadas son constitutivas de delitos que se persiguen penalmente.
Historial de manejos turbios
Cuando abandonó el cargo a mediados de septiembre de 2009, Bours ya enfrentaba denuncias de la oposición por desvío de recursos públicos mediante la emisión de cheques fantasma; además, los opositores lo acusaron de haber elevado la deuda debido a su mal manejo de las finanzas públicas, así como del fracaso del Plan Sonora Proyecta, con el que había prometido llevar al estado al “primer mundo”.
A los seis meses de que Bours dejó la gubernatura, la administración entrante promovió demandas contra 33 funcionarios del equipo de Bours por fraude mediante falsificación de documentos, desviación de recursos y uso indebido de funciones. La investigación que detectó estas irregularidades en la Secretaría de Hacienda estatal estuvo a cargo de Argüelles Canseco.
Desde que asumió su cargo el nuevo gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, confirmó que la anterior administración había dejado un déficit superior a los mil 400 millones de pesos y aclaró que esa cifra no la dio a conocer su gobierno, sino despachos internacionales. Citó a las firmas Gossler y Horwath Castillo Miranda como las que estarían a cargo de las auditorías.
En octubre de 2009, Padrés dijo que se había descubierto la emisión de 22 cheques por 70 millones de pesos a nombre de funcionarios estatales, pero hizo hincapié en que estos documentos fueron cobrados por terceras personas. Precisó que se encontraron partidas excesivas que sobregiraron el presupuesto.
En esa ocasión, el secretario de Hacienda, Alejandro López Caballero, informó que los primeros resultados de las revisiones permitieron ubicar partidas por 320 millones de pesos que les fueron retenidas a los trabajadores del estado; otras más por 54 millones de pesos correspondientes a cuotas y retenciones sindicales de los maestros y, por último, 101 millones de pesos por concepto de “asesoría y capacitación”.
Detalló que entre las disposiciones en efectivo realizadas con cheques entre febrero y julio de 2009 hubo cobros diversos, cuyos montos van de 2.5 hasta 17.5 millones de pesos, y agregó que se detectaron convenios para los cuales no había recursos disponibles; fue el caso de Alianza para el Campo, proyecto al que el gobierno estatal debía aportar 223 millones de pesos, e Inversión para la Educación, en el que se debían invertir 51 millones de pesos.
Caso ABC: la estocada final
El incendio en la guardería ABC de Hermosillo, ocurrido el 5 de junio de 2009, fue el “empujón” que el PRI, el partido de Bours, necesitaba para ver fracasado su intento de conservar la gubernatura.
El voto de castigo de los sonorenses fue implacable. La tragedia que costó la vida a 49 niños y quemaduras a más de 100 cambió el panorama electoral en Sonora y rompió el pacto que hasta entonces tenía el “priista” Bours con el gobierno de Felipe Calderón, a quien después de haber apoyado para que se reconociera su impugnado triunfo en 2006, acusó de ser el responsable de la tragedia (Proceso 1704).
Semanas y semanas transcurrían y Bours ocupaba buena parte de su tiempo para exculparse ante los medios –ya veía venir el desastre electoral– en vez de satisfacer las demandas de las familias de las víctimas, investigar a fondo las causas del incendio y fincar responsabilidades.
