GOLPE A LOS TRABAJADORES
11 jun 2010
Cananea
LUIS JAVIER GARRIDO
La violenta ocupación de la mina de Cananea ha sido entendida como una acción desesperada del gobierno de facto, que anuncia una escalada de la lucha que libra contra la clase trabajadora para cancelar sus derechos constitucionales e imponerle la versión panista del modelo neoliberal, como le exige el capital trasnacional, pero también como una provocación contra el pueblo de México al que pretende demostrar que tiene plena impunidad y el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir transgrediendo la Constitución a fin de garantizar la explotación de los recursos de la nación por grupos privados a los que está asociado.
1. La ruptura de las huelgas de Cananea (Sonora) y de Pasta de Conchos (Coahuila) llevada a cabo por contingentes policiaco-militares y grupos paramilitares del gobierno de facto el domingo 6 y la madrugada del lunes 7 constituye un acto de enorme gravedad, pues con estos operativos el titular del Ejecutivo quebranta el orden constitucional de la República, ya que los trabajadores ejercían legítima y legalmente el derecho constitucional de huelga, amparados por los tribunales de la República, tras dos largos conflictos en que el gobierno panista se había negado a negociar y con enorme intolerancia había desatado una vasta campaña de desinformación en los medios, calumniando a los trabajadores y sindicatos, misma que fue apuntalada por las organizaciones empresariales y los voceros de la ultraderecha mexicana, ahora en el poder.
2. La represión de los huelguistas de Cananea por el gobierno antinacional del PAN, que se supone encabeza Felipe Calderón, es el mejor símbolo de que no hay nada que festejar en México a 100 años del inicio de la Revolución Mexicana de 1910.
3. A la historia le gustan las repeticiones, y aunque el escenario actual sea de caricatura no es por ello menos patético. La represión violenta en 1906 a la huelga de los mineros de Cananea contra la empresa Cananea Consolidated Cooper Co, cuyo accionista mayoritario era el coronel estadunidense William C. Greene, se convirtió en símbolo del movimiento revolucionario cuatro años después, ya que encarnó la lucha de los trabajadores por que se les reconocieran derechos fundamentales que quedaron consignados en la Constitución de 1917, mismos que ahora busca cancelar el régimen panista-yunquista para garantizar a las multinacionales un escenario de explotación similar al del siglo XIX que pretende presentar como moderno. La represión violenta en 2010 a la huelga de los mineros de Cananea contra la trasnacional Grupo México –cuyo accionista mayoritario es Germán Larrea, calificado de hampón internacional por los sindicatos, y en el cual tiene poderosos intereses económicos Carlos Salinas de Gortari, jefe de la mafia que se ha apoderado de buena parte de las riquezas mineras– confirma el nuevo escenario de lucha que se ha abierto en México.
4. La escalada en el uso de la violencia del ilegítimo gobierno panista contra la clase trabajadora es cada vez mayor en su empeño de dejar sin validez el derecho colectivo del trabajo para imponer como norma medidas neoliberales que dejan en el desamparo a los trabajadores. La agresión a los mineros de Cananea y de Pasta de Conchos se da cuando se ha agravado el conflicto generado por el gobierno en la industria eléctrica por la decisión anticonstitucional de Calderón de de-saparecer con su firma la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro para entregar anticonstitucionalmente la generación de energía y el control de las comunicaciones en el valle de México a Ibedrola y otras compañías españolas vinculadas al PP con las que se encuentra amafiado, ha generado una vigorosa reacción del SME, decenas de los cuales se hallan hoy en huelga de hambre.
5. En el curso de los dos años, 10 meses y una semana que duró la huelga de Cananea (nota de Patricia Muñoz en La Jornada, 8/6/10), el ilegítimo gobierno panista mantuvo un mismo discurso de pretensión neoliberal mediante el cual desconoció las instituciones constitucionales en materia laboral y no ocultó su pretensión de destruir sindicatos, contrato colectivo, derechos individuales y sociales (desde el derecho a un salario justo y remunerador hasta el derecho de huelga, pasando por los de salud y seguridad social), lo que ha pretendido alcanzar con su iniciativa de contrarreforma laboral, parte sustancial del famoso paquete estructural, presentada esta primavera y que ya fue rechazada ya por la mayoría de los legisladores.
6. En estos meses de tensión entre el gobierno panista y los sindicatos, Calderón no consiguió encubrir su papel como gestor lacayuno de los intereses del Grupo México, del cual él y Javier Lozano, su secretario del Trabajo –quien actúa como un auténtico porro contra los trabajadores–, se asumieron como representantes, lo que se hizo palpable en la patética conferencia de prensa que dio en Hermosillo el lunes 7 Xavier García de Quevedo, presidente ejecutivo de Minera México, en la cual no obstante su papel de comparsa, Lozano anunció inversiones multimillonarias en el municipio sin que haya partida para ello como se lo dijeron al día siguiente los legisladores.
7. La obsesión casi patológica de Calderón por destruir al sindicato minero a fin de crear las condiciones para que Grupo México pueda explotar con mayores ganancias las minas de la nación con trabajadores sin derechos laborales, lo ha llevado desde 2007 a la pretensión de desconocer a la dirigencia del STMMRM y tratar de imponerle líderes sometidos, criminalizando la legítima respuesta social de los trabajadores y este escenario tiende a agravarse. Todo ello en el momento en que las represiones se multiplican en el medio rural y se intensifican los conflictos con la Patrulla Fronteriza, como el suscitado por el asesinato del joven mexicano Sergio Hernández en territorio mexicano por agentes estadunidenses el lunes 7.
8. La irresponsabilidad absoluta de Felipe Calderón se evidencia cuando en medio de esta gravísima crisis, no satisfecho con gastar un millón de dólares diarios en autopublicidad, según se denunció el día 9, aprovechando la contrarreforma de carácter presidencialista al 88 constitucional que le aprobaran priístas y panistas el año pasado, se pudo ir de México sin pedir permiso al Congreso para darse unas vacaciones relámpago en Sudáfrica con su familia, asistiendo a la inauguración del 19 Mundial de Futbol, en un viaje suntuario que cuesta a la nación decenas de millones de pesos, y a la vez hacerse un poco de publicidad, de manera muy similar a la que lo está haciendo con su viaje a ese país africano su homólogo, el también espurio Porfirio Lobo, quien se ostenta como presidente de Honduras.
9. La torpe represión del gobierno panista-yunquista de Calderón a los trabajadores es, a su pesar, el símbolo mayor de la pretendida celebración del bicentenario de la Independencia.
10. Cananea, como la lucha del SME, la resistencia de los campesinos de Atenco o la de los indígenas de Chiapas y Oaxaca, una señal de que en México el pueblo no se va a doblegar ante las pretensiones de una minoría mafiosa.
Atenco: venganza contra la resistencia y autonomía
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS
San Salvador Atenco es un caso emblemático en la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas y campesinos que buscan proteger la integridad de sus tierras y territorios de la expoliación capitalista. El triunfo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en agosto del 2002, al lograr anular –con organización comunitaria, movilizaciones y una dirigencia incorruptible– el decreto expropiatorio de alrededor de 5 mil hectáreas de tierras agrícolas de subsistencia y comercial de la zona de Texcoco para construir un aeropuerto, significó un duro golpe simbólico y real para el grupo dominante.
No obstante, a partir de este hecho histórico se profundizaron los deseos de venganza en contra de esos humildes trabajadores de la tierra que osaron echar a perder un pingüe negocio que beneficiaría a integrantes de esa minoritaria y selecta camarilla que posee la mayor parte de la riqueza nacional, controla los tres poderes de la República y utiliza a las fuerzas armadas y estamentos policiacos como cuerpos represivos al servicio de sus intereses.
Múltiples violaciones a los derechos humanos y a los conferidos en la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales firmados y ratificados por México, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, han sido ignorados ante el uso faccioso de la justicia y el predominio de la impunidad. Así, continúan en libertad los responsables políticos y directos de los cruentos operativos durante los días 3 y 4 de mayo de 2006 que produjeron muertos y heridos; los que cometieron abusos y violaciones sexuales sistemáticas contra las mujeres detenidas; los que torturaron y sometieron a tratos crueles, inhumanos y degradantes a los prisioneros; los que expulsaron del país ilegalmente a extranjeros; todo ello, mientras los 12 presos políticos de Atenco, sujetos a procesos amañados, sin pruebas, con testigos aleccionados que no pueden identificar a sus victimarios, acusados de delitos equiparados que no resisten el menor análisis de jurisprudencia, se encuentran en las cárceles de alta seguridad, con sentencias inauditas impartidas por jueces venales y de consigna. El caso Atenco expone con crudeza la podredumbre del sistema judicial mexicano en todos sus ámbitos y niveles.
Es innegable que se esperó el momento propicio para ejercer toda la violencia de un Estado delincuencial contra un pueblo digno. Como sostiene el informe colaborativo de violaciones a los derechos humanos: “El caso de San Salvador Atenco evidencia el modo en que el Estado emplea la fuerza pública para hacer frente a las demandas sociales de colectivos organizados. En este caso se visibiliza cómo frente a las reivindicaciones sociales el Estado opta por utilizar la fuerza pública de manera excesiva e ilegal. No se trata, como muchos han sostenido, de una intervención tendiente a restablecer el ‘estado de derecho’; las cifras y el modus operandi sugieren la deliberada intención de propiciar la brutalidad policial para socavar la movilización social, silenciar las demandas y castigar a quienes exigen sus derechos. Además, el operativo tenía un objetivo político: desarticular y sancionar a los miembros del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, al cual se quería debilitar desde antes que ocurrieran los hechos”.
El Seminario de Acompañamiento Psicosocial valoró los efectos de la represión política contra el pueblo de Atenco, específicamente en relación con el impacto en los familiares de los 12 presos políticos.
Se define represión política como un medio que busca la ruptura del tejido social, comunitario y organizativo para controlar, a través de la fuerza y poder materiales, aquellos elementos políticos, sociales, económicos y culturales que podrían obstaculizar la implementación, consolidación o perpetuación de un sistema sociopolítico o económico.
A cuatro años de los acontecimientos represivos, el seminario concluye que el Estado ha vulnerado el sentido de la autonomía del pueblo al trastocar el referente político que constituía el sujeto cohesionador de la dinámica comunitaria, esto es, el FPDT.
Es indudable que el terror policiaco, las detenciones, la tortura sexual, los tratos degradantes, los cateos ilegales han generado confusión, incertidumbre, angustia y, sobre todo, miedo, todo lo cual vulnera la capacidad creativa del pueblo, mina la confianza en su lucha y el sentido de solidaridad en los ámbitos organizativo y comunitario. La causa por la libertad de sus presos ha cambiado la dinámica misma del FPDT, lo que ha producido también un relevo de la dirigencia y una restructuración interna para hacer frente a la nueva situación, que incluye nuevas tareas de hombres y mujeres; perdida de estabilidad y tranquilidad; graves problemas económicos; disrupción en las relaciones familiares; problemas de salud que causan la permanente tensión y la incertidumbre.
Sin embargo, la represión política no ha logrado mellar el espíritu y la decisión de resistir del pueblo de Atenco, que en estos cuatro años ha logrado crear, fortalecer o renovar mecanismos que rescatan la vida comunitaria: la mayoría de las personas no aceptan vender sus tierras, se mantienen los vínculos intracomunitarios mediante celebraciones y festividades, se conservan las asambleas, se reconstruyen la confianza y la cohesión, se buscan formas nuevas de defensa de los derechos y de solidaridad externas; la existencia misma del Comité Libertad y Justicia para Atenco así lo demuestra.
La Suprema Corte de Justicia tiene la opción de restablecer la verdad y la razón, más aun cuando otros magistrados, sobre los mismos hechos, han concluido que no se materializaron los delitos de que se acusa a los presos políticos.
Duele Yucatán, la lejanía y el olvido
Sara Lovera
MÉXICO, D.F., 10 de junio (apro).- Cuando algo te impacta o te define en la vida, suceden una de dos cosas: desarrollas eso que te impactó o sencillamente lo escondes en el inconsciente, sobre todo si te hizo daño. Mientras, la historia continúa.
Los asesinatos de mujeres en México han impactado a quienes pronto seremos una generación. La investigación a fondo sobre el feminicidio en México, en la Cámara de Diputados, dejó claro que Yucatán es una de las entidades con menor número de casos.
Pensamos pacíficos a los mayas del siglo XXI, pero borramos las imágenes de la guerra de Castas, la explotación de miles y miles de indios en las haciendas henequeneras, las distintas formas de control social que se ejercen en toda la península, y cómo fueron arrancadas las mujeres en 1916 para pensar en su futuro.
Pero un viaje de regodeo e imprevisto, con esos recuerdos a trozos y esas imágenes confusas de lo positivo –el primer estado donde el aborto fue legal por razones económicas– y de lo negativo, te coloca frente a la realidad, que es mucho más profunda y difícil que la reciente elección en la que el PRI se sirvió con la cuchara grande.
A la desgracia que significa tener al frente del gobierno a una mujer que no entiende nada, se llena de hiel el alma cuando te cuentan a boca de jarro que hay 22 mujeres asesinadas y nadie lo ha investigado; que las mujeres se suicidan, entre otras cosas, por no poder cargar con un nuevo embarazo; que es la entidad con mayor número de suicidios en el país, cuando la confrontación entre los antiguos y nuevos priistas destroza amistades y tranquilidades. Entonces, hay que empezar a preocuparse.
Ahí, en Yucatán, donde gobierna Ivonne Ortega, no se ha puesto en marcha la pomposa Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, y la doctora Sandra Peniche y sus planes humanitarios sobre los derechos sexuales y reproductivos tiene que enfrentar cotidianamente las contradicciones odiosas de olvidarse del pasado y volverse neoliberal y aliancista.
La complicidad con los obispos y el conservadurismo, y la negación a los derechos de información y expresión, son otras dos calamidades que acosan a los mayas de Yucatán, donde nadie cuenta lo que realmente pasa y la gente está desinformada y aislada.
Ahí conozco a dos mujeres extraordinarias, que son como un posible puerto de llegada para no hundirse en todo el desencanto. María Eugenia Montalbán, con su necia tenacidad para armar un espacio cultural, de ideas, donde suma discusión política y social a la música más atrevida. Y, como Anais Nin y Antonieta Rivas Mercado, la hace de mecenas por la cultura, finalmente el espacio donde el placer y las ideas pueden desarrollarse.
La otra es una mujer maya llamada Heriberta Canche Tinal, vive en el municipio de Tetiz, es de origen panista y tiene una fortaleza envidiable. Ella ha recorrido muchos años de su vida tratando de ser alcaldesa de su pueblo. Ella es, como muchas mujeres, una soñadora que en una máquina de coser sencilla borda cosas extraordinarias, pero su obra no puede venderse y tiene que trabajar ocho horas, en el más terrible clima caluroso, limpiando las instalaciones de una escuela secundaria.
Heriberta, militante de Acción Nacional, nunca pierde la sonrisa y el humor. Me contó cómo ha trabajado para lograr que sus hijos vayan a la escuela, y mostró un total desconocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, pero ella es optimista…
Sin embargo, se queja de la inseguridad, de los soldados, del machismo y de la corrupción. Está empoderada, pero sola. Sus bordados se han mostrado en el extranjero, pero todavía tiene que matarse trabajando la doble jornada, además de militar en el PAN e ir a las jornadas y ceremonias religiosas.
Heriberta no sabe que tiene derechos, que puede pedir capacitación para sus vecinas en la materia que le interesa. Y es así porque la simulación nos invade, porque en Yucatán, como en otros lugares, los institutos de las mujeres responden solamente a los intereses del gobierno en turno; porque no hay recursos; porque la política de los hombres nos mantiene dividas, y porque la vida se va por peteneras, sin profundizar en lo importante.
Yucatán me duele, porque ahí está parte de nuestra historia, ahí donde nació la primera presidencia municipal para las mujeres, ahí donde los cacicazgos se prolongan. Y está tan lejos que no recordamos, como no se recuerdan otras cosas, cómo comenzó ahí la historia.
LUIS JAVIER GARRIDO
La violenta ocupación de la mina de Cananea ha sido entendida como una acción desesperada del gobierno de facto, que anuncia una escalada de la lucha que libra contra la clase trabajadora para cancelar sus derechos constitucionales e imponerle la versión panista del modelo neoliberal, como le exige el capital trasnacional, pero también como una provocación contra el pueblo de México al que pretende demostrar que tiene plena impunidad y el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir transgrediendo la Constitución a fin de garantizar la explotación de los recursos de la nación por grupos privados a los que está asociado.
1. La ruptura de las huelgas de Cananea (Sonora) y de Pasta de Conchos (Coahuila) llevada a cabo por contingentes policiaco-militares y grupos paramilitares del gobierno de facto el domingo 6 y la madrugada del lunes 7 constituye un acto de enorme gravedad, pues con estos operativos el titular del Ejecutivo quebranta el orden constitucional de la República, ya que los trabajadores ejercían legítima y legalmente el derecho constitucional de huelga, amparados por los tribunales de la República, tras dos largos conflictos en que el gobierno panista se había negado a negociar y con enorme intolerancia había desatado una vasta campaña de desinformación en los medios, calumniando a los trabajadores y sindicatos, misma que fue apuntalada por las organizaciones empresariales y los voceros de la ultraderecha mexicana, ahora en el poder.
2. La represión de los huelguistas de Cananea por el gobierno antinacional del PAN, que se supone encabeza Felipe Calderón, es el mejor símbolo de que no hay nada que festejar en México a 100 años del inicio de la Revolución Mexicana de 1910.
3. A la historia le gustan las repeticiones, y aunque el escenario actual sea de caricatura no es por ello menos patético. La represión violenta en 1906 a la huelga de los mineros de Cananea contra la empresa Cananea Consolidated Cooper Co, cuyo accionista mayoritario era el coronel estadunidense William C. Greene, se convirtió en símbolo del movimiento revolucionario cuatro años después, ya que encarnó la lucha de los trabajadores por que se les reconocieran derechos fundamentales que quedaron consignados en la Constitución de 1917, mismos que ahora busca cancelar el régimen panista-yunquista para garantizar a las multinacionales un escenario de explotación similar al del siglo XIX que pretende presentar como moderno. La represión violenta en 2010 a la huelga de los mineros de Cananea contra la trasnacional Grupo México –cuyo accionista mayoritario es Germán Larrea, calificado de hampón internacional por los sindicatos, y en el cual tiene poderosos intereses económicos Carlos Salinas de Gortari, jefe de la mafia que se ha apoderado de buena parte de las riquezas mineras– confirma el nuevo escenario de lucha que se ha abierto en México.
4. La escalada en el uso de la violencia del ilegítimo gobierno panista contra la clase trabajadora es cada vez mayor en su empeño de dejar sin validez el derecho colectivo del trabajo para imponer como norma medidas neoliberales que dejan en el desamparo a los trabajadores. La agresión a los mineros de Cananea y de Pasta de Conchos se da cuando se ha agravado el conflicto generado por el gobierno en la industria eléctrica por la decisión anticonstitucional de Calderón de de-saparecer con su firma la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro para entregar anticonstitucionalmente la generación de energía y el control de las comunicaciones en el valle de México a Ibedrola y otras compañías españolas vinculadas al PP con las que se encuentra amafiado, ha generado una vigorosa reacción del SME, decenas de los cuales se hallan hoy en huelga de hambre.
5. En el curso de los dos años, 10 meses y una semana que duró la huelga de Cananea (nota de Patricia Muñoz en La Jornada, 8/6/10), el ilegítimo gobierno panista mantuvo un mismo discurso de pretensión neoliberal mediante el cual desconoció las instituciones constitucionales en materia laboral y no ocultó su pretensión de destruir sindicatos, contrato colectivo, derechos individuales y sociales (desde el derecho a un salario justo y remunerador hasta el derecho de huelga, pasando por los de salud y seguridad social), lo que ha pretendido alcanzar con su iniciativa de contrarreforma laboral, parte sustancial del famoso paquete estructural, presentada esta primavera y que ya fue rechazada ya por la mayoría de los legisladores.
6. En estos meses de tensión entre el gobierno panista y los sindicatos, Calderón no consiguió encubrir su papel como gestor lacayuno de los intereses del Grupo México, del cual él y Javier Lozano, su secretario del Trabajo –quien actúa como un auténtico porro contra los trabajadores–, se asumieron como representantes, lo que se hizo palpable en la patética conferencia de prensa que dio en Hermosillo el lunes 7 Xavier García de Quevedo, presidente ejecutivo de Minera México, en la cual no obstante su papel de comparsa, Lozano anunció inversiones multimillonarias en el municipio sin que haya partida para ello como se lo dijeron al día siguiente los legisladores.
7. La obsesión casi patológica de Calderón por destruir al sindicato minero a fin de crear las condiciones para que Grupo México pueda explotar con mayores ganancias las minas de la nación con trabajadores sin derechos laborales, lo ha llevado desde 2007 a la pretensión de desconocer a la dirigencia del STMMRM y tratar de imponerle líderes sometidos, criminalizando la legítima respuesta social de los trabajadores y este escenario tiende a agravarse. Todo ello en el momento en que las represiones se multiplican en el medio rural y se intensifican los conflictos con la Patrulla Fronteriza, como el suscitado por el asesinato del joven mexicano Sergio Hernández en territorio mexicano por agentes estadunidenses el lunes 7.
8. La irresponsabilidad absoluta de Felipe Calderón se evidencia cuando en medio de esta gravísima crisis, no satisfecho con gastar un millón de dólares diarios en autopublicidad, según se denunció el día 9, aprovechando la contrarreforma de carácter presidencialista al 88 constitucional que le aprobaran priístas y panistas el año pasado, se pudo ir de México sin pedir permiso al Congreso para darse unas vacaciones relámpago en Sudáfrica con su familia, asistiendo a la inauguración del 19 Mundial de Futbol, en un viaje suntuario que cuesta a la nación decenas de millones de pesos, y a la vez hacerse un poco de publicidad, de manera muy similar a la que lo está haciendo con su viaje a ese país africano su homólogo, el también espurio Porfirio Lobo, quien se ostenta como presidente de Honduras.
9. La torpe represión del gobierno panista-yunquista de Calderón a los trabajadores es, a su pesar, el símbolo mayor de la pretendida celebración del bicentenario de la Independencia.
10. Cananea, como la lucha del SME, la resistencia de los campesinos de Atenco o la de los indígenas de Chiapas y Oaxaca, una señal de que en México el pueblo no se va a doblegar ante las pretensiones de una minoría mafiosa.
Atenco: venganza contra la resistencia y autonomía
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS
San Salvador Atenco es un caso emblemático en la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas y campesinos que buscan proteger la integridad de sus tierras y territorios de la expoliación capitalista. El triunfo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en agosto del 2002, al lograr anular –con organización comunitaria, movilizaciones y una dirigencia incorruptible– el decreto expropiatorio de alrededor de 5 mil hectáreas de tierras agrícolas de subsistencia y comercial de la zona de Texcoco para construir un aeropuerto, significó un duro golpe simbólico y real para el grupo dominante.
No obstante, a partir de este hecho histórico se profundizaron los deseos de venganza en contra de esos humildes trabajadores de la tierra que osaron echar a perder un pingüe negocio que beneficiaría a integrantes de esa minoritaria y selecta camarilla que posee la mayor parte de la riqueza nacional, controla los tres poderes de la República y utiliza a las fuerzas armadas y estamentos policiacos como cuerpos represivos al servicio de sus intereses.
Múltiples violaciones a los derechos humanos y a los conferidos en la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales firmados y ratificados por México, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, han sido ignorados ante el uso faccioso de la justicia y el predominio de la impunidad. Así, continúan en libertad los responsables políticos y directos de los cruentos operativos durante los días 3 y 4 de mayo de 2006 que produjeron muertos y heridos; los que cometieron abusos y violaciones sexuales sistemáticas contra las mujeres detenidas; los que torturaron y sometieron a tratos crueles, inhumanos y degradantes a los prisioneros; los que expulsaron del país ilegalmente a extranjeros; todo ello, mientras los 12 presos políticos de Atenco, sujetos a procesos amañados, sin pruebas, con testigos aleccionados que no pueden identificar a sus victimarios, acusados de delitos equiparados que no resisten el menor análisis de jurisprudencia, se encuentran en las cárceles de alta seguridad, con sentencias inauditas impartidas por jueces venales y de consigna. El caso Atenco expone con crudeza la podredumbre del sistema judicial mexicano en todos sus ámbitos y niveles.
Es innegable que se esperó el momento propicio para ejercer toda la violencia de un Estado delincuencial contra un pueblo digno. Como sostiene el informe colaborativo de violaciones a los derechos humanos: “El caso de San Salvador Atenco evidencia el modo en que el Estado emplea la fuerza pública para hacer frente a las demandas sociales de colectivos organizados. En este caso se visibiliza cómo frente a las reivindicaciones sociales el Estado opta por utilizar la fuerza pública de manera excesiva e ilegal. No se trata, como muchos han sostenido, de una intervención tendiente a restablecer el ‘estado de derecho’; las cifras y el modus operandi sugieren la deliberada intención de propiciar la brutalidad policial para socavar la movilización social, silenciar las demandas y castigar a quienes exigen sus derechos. Además, el operativo tenía un objetivo político: desarticular y sancionar a los miembros del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, al cual se quería debilitar desde antes que ocurrieran los hechos”.
El Seminario de Acompañamiento Psicosocial valoró los efectos de la represión política contra el pueblo de Atenco, específicamente en relación con el impacto en los familiares de los 12 presos políticos.
Se define represión política como un medio que busca la ruptura del tejido social, comunitario y organizativo para controlar, a través de la fuerza y poder materiales, aquellos elementos políticos, sociales, económicos y culturales que podrían obstaculizar la implementación, consolidación o perpetuación de un sistema sociopolítico o económico.
A cuatro años de los acontecimientos represivos, el seminario concluye que el Estado ha vulnerado el sentido de la autonomía del pueblo al trastocar el referente político que constituía el sujeto cohesionador de la dinámica comunitaria, esto es, el FPDT.
Es indudable que el terror policiaco, las detenciones, la tortura sexual, los tratos degradantes, los cateos ilegales han generado confusión, incertidumbre, angustia y, sobre todo, miedo, todo lo cual vulnera la capacidad creativa del pueblo, mina la confianza en su lucha y el sentido de solidaridad en los ámbitos organizativo y comunitario. La causa por la libertad de sus presos ha cambiado la dinámica misma del FPDT, lo que ha producido también un relevo de la dirigencia y una restructuración interna para hacer frente a la nueva situación, que incluye nuevas tareas de hombres y mujeres; perdida de estabilidad y tranquilidad; graves problemas económicos; disrupción en las relaciones familiares; problemas de salud que causan la permanente tensión y la incertidumbre.
Sin embargo, la represión política no ha logrado mellar el espíritu y la decisión de resistir del pueblo de Atenco, que en estos cuatro años ha logrado crear, fortalecer o renovar mecanismos que rescatan la vida comunitaria: la mayoría de las personas no aceptan vender sus tierras, se mantienen los vínculos intracomunitarios mediante celebraciones y festividades, se conservan las asambleas, se reconstruyen la confianza y la cohesión, se buscan formas nuevas de defensa de los derechos y de solidaridad externas; la existencia misma del Comité Libertad y Justicia para Atenco así lo demuestra.
La Suprema Corte de Justicia tiene la opción de restablecer la verdad y la razón, más aun cuando otros magistrados, sobre los mismos hechos, han concluido que no se materializaron los delitos de que se acusa a los presos políticos.
Duele Yucatán, la lejanía y el olvido
Sara Lovera
MÉXICO, D.F., 10 de junio (apro).- Cuando algo te impacta o te define en la vida, suceden una de dos cosas: desarrollas eso que te impactó o sencillamente lo escondes en el inconsciente, sobre todo si te hizo daño. Mientras, la historia continúa.
Los asesinatos de mujeres en México han impactado a quienes pronto seremos una generación. La investigación a fondo sobre el feminicidio en México, en la Cámara de Diputados, dejó claro que Yucatán es una de las entidades con menor número de casos.
Pensamos pacíficos a los mayas del siglo XXI, pero borramos las imágenes de la guerra de Castas, la explotación de miles y miles de indios en las haciendas henequeneras, las distintas formas de control social que se ejercen en toda la península, y cómo fueron arrancadas las mujeres en 1916 para pensar en su futuro.
Pero un viaje de regodeo e imprevisto, con esos recuerdos a trozos y esas imágenes confusas de lo positivo –el primer estado donde el aborto fue legal por razones económicas– y de lo negativo, te coloca frente a la realidad, que es mucho más profunda y difícil que la reciente elección en la que el PRI se sirvió con la cuchara grande.
A la desgracia que significa tener al frente del gobierno a una mujer que no entiende nada, se llena de hiel el alma cuando te cuentan a boca de jarro que hay 22 mujeres asesinadas y nadie lo ha investigado; que las mujeres se suicidan, entre otras cosas, por no poder cargar con un nuevo embarazo; que es la entidad con mayor número de suicidios en el país, cuando la confrontación entre los antiguos y nuevos priistas destroza amistades y tranquilidades. Entonces, hay que empezar a preocuparse.
Ahí, en Yucatán, donde gobierna Ivonne Ortega, no se ha puesto en marcha la pomposa Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, y la doctora Sandra Peniche y sus planes humanitarios sobre los derechos sexuales y reproductivos tiene que enfrentar cotidianamente las contradicciones odiosas de olvidarse del pasado y volverse neoliberal y aliancista.
La complicidad con los obispos y el conservadurismo, y la negación a los derechos de información y expresión, son otras dos calamidades que acosan a los mayas de Yucatán, donde nadie cuenta lo que realmente pasa y la gente está desinformada y aislada.
Ahí conozco a dos mujeres extraordinarias, que son como un posible puerto de llegada para no hundirse en todo el desencanto. María Eugenia Montalbán, con su necia tenacidad para armar un espacio cultural, de ideas, donde suma discusión política y social a la música más atrevida. Y, como Anais Nin y Antonieta Rivas Mercado, la hace de mecenas por la cultura, finalmente el espacio donde el placer y las ideas pueden desarrollarse.
La otra es una mujer maya llamada Heriberta Canche Tinal, vive en el municipio de Tetiz, es de origen panista y tiene una fortaleza envidiable. Ella ha recorrido muchos años de su vida tratando de ser alcaldesa de su pueblo. Ella es, como muchas mujeres, una soñadora que en una máquina de coser sencilla borda cosas extraordinarias, pero su obra no puede venderse y tiene que trabajar ocho horas, en el más terrible clima caluroso, limpiando las instalaciones de una escuela secundaria.
Heriberta, militante de Acción Nacional, nunca pierde la sonrisa y el humor. Me contó cómo ha trabajado para lograr que sus hijos vayan a la escuela, y mostró un total desconocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, pero ella es optimista…
Sin embargo, se queja de la inseguridad, de los soldados, del machismo y de la corrupción. Está empoderada, pero sola. Sus bordados se han mostrado en el extranjero, pero todavía tiene que matarse trabajando la doble jornada, además de militar en el PAN e ir a las jornadas y ceremonias religiosas.
Heriberta no sabe que tiene derechos, que puede pedir capacitación para sus vecinas en la materia que le interesa. Y es así porque la simulación nos invade, porque en Yucatán, como en otros lugares, los institutos de las mujeres responden solamente a los intereses del gobierno en turno; porque no hay recursos; porque la política de los hombres nos mantiene dividas, y porque la vida se va por peteneras, sin profundizar en lo importante.
Yucatán me duele, porque ahí está parte de nuestra historia, ahí donde nació la primera presidencia municipal para las mujeres, ahí donde los cacicazgos se prolongan. Y está tan lejos que no recordamos, como no se recuerdan otras cosas, cómo comenzó ahí la historia.
