MEMORIA DE LA REPRESIÓN PRIÍSTA
11 jun 2010
Marchan miles en el DF por el 39 aniversario del "halconazo".
Miguel Cabildo S.
MEXICO, D.F., 10 de junio (apro).- En medio de acusaciones al gobierno del presidente Felipe Calderón, por la sistemática violación a los derechos laborales y los nulos resultados en el caso de la matanza del “Jueves de Corpus”, estudiantes, electricistas, maestros y miembros de organismos no gubernamentales se manifestaron hoy en esta ciudad.
Desde temprana hora, organizaciones como el Comité 68 y los colectivos de la UNAM y el IPN, se reunieron en las inmediaciones de la Escuela Normal para Maestros para marchar al zócalo, al cumplirse 39 años de la matanza de 1971.
Paralelamente, trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), partieron desde el Angel de la Independencia a la plaza de la Constitución para demandar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un alto a la impunidad y el respeto irrestricto a la Carta Magna.
Otras de las movilizaciones la protagonizaron miembros de la organización Familia Pasta de Conchos, Pastoral Laboral de México y el Centro de Reflexión y Acción Laboral, que demandaron la instalación de una mesa intersecretarial para resolver la problemática minera y otra mesa técnica con ingenieros para conocer las condiciones reales y objetivas en las que se encuentra la mina Pasta de Conchos, que permita el rescate de los 63 cuerpos sepultados.
Las marchas se realizaron en aparente calma. Las autoridades policiales reportaron al menos tres enfrentamientos a lo largo de los recorridos. Uno de los enfrentamientos, que obligó a la intervención de los granaderos, fue provocado por un grupo de pseudoestudiantes, a la altura del Eje Central. No se reportaron detenidos.
A lo largo de las movilizaciones, elementos del cuerpo de granaderos se dedicaron principalmente a resguardar inmuebles considerados estratégicos, como la Torre del Caballito, el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la Bolsa Mexicana de Valores.
En tanto, personal de la Policía Bancaria e Industrial fue destacamentado en la plancha del zócalo, para resguardar el equipo ahí instalado para la transmisión del partido inaugural del Mundial Sudáfrica 2010 entre México y el país anfitrión.
Las movilizaciones provocaron serias afectaciones viales en el Centro Histórico de la ciudad de México.
Policías en Cananea denuncian engaños, maltratos, mala paga...
Arturo Rodríguez García
CANANEA, Son., 10 de junio (apro).- En el “monte pelón” de Cananea, sin carpas, bajo un sol inclemente, de 40 grados, y “puro lonchibón de huevo” como único alimento, elementos de la Policía Federal destacados en esta ciudad se quejan de sus superiores por los malos tratos a los que, aseguran, son sometidos desde el pasado lunes 7, cuando llegaron a esta localidad para retomar el control de la mina de Cananea.
En entrevista, Yacer Monsalvo, relata que el pasado domingo 6 él y sus compañeros fueron concentrados en la Ciudad de México y que sus mandos superiores los tuvieron cinco horas marchando antes de decirles que a partir de ese momento estaban acuartelados, “sin actividad y sin órdenes”, cuenta.
Ya entrada la noche, narra, les ordenaron prepararse para salir a una misión y los subieron a un avión que los llevó hasta Nogales, Sonora. Eran las 2:00 horas de la madrugada del lunes. De Nogales, dice, viajaron por carretera durantes dos horas hasta un hotel.
En ese lugar, un camión ya los esperaba para llevarlos a Cananea.
“Imagínese, 900 cabrones en un solo camión, fueron muchos viajes, pura descoordinación”, tercia otro elemento de la PF. Renuente a identificarse, confiesa que al subir al avión estaba consciente de que participarían en un operativo, pero aclara que nunca pensó que el objetivo era Cananea.
“Hubiéramos podido despedirnos de nuestras familias, hacer algo con todo ese tiempo, pero así son los mandos que vienen del Ejército, ellos nos odian”, dice otro elemento policiaco que también prefiere reservar su identidad.
Instalados en el camino que lleva a la puerta 3 del acceso a Mexicana de Cananea, donde esta mañana se enfrentaron con mineros de la Sección 65, muchos policías aún no entendían a qué habían llegado a este lugar.
Yacer Monsalvo preguntó a este reportero cuál era la situación legal de la Sección 65 porque a ellos les dijeron, cuenta, que la mina era “propiedad de la Nación”.
Y luego, en voz alta, dice a sus compañeros: “La orden que nosotros traemos es la de restablecer el orden público, no de desalojo”.
Mientras Monsalvo conversaba con el enviado, un comandante del Ejército lo separa del grupo. Antes de acatar la orden, el oficial de la PF replica: “Como servidor público, tengo la obligación de darle información a un reportero y a cualquier ciudadano. Si me pregunta su nombre se lo doy, si me pregunta qué hago, también. ¿No dice la Secretaría (de Seguridad Pública) que actúa con transparencia? Yo estoy siendo transparente”.
Y, parado a un lado del comandante, dijo a este reportero: “Me llamo Yacer Monsalvo, puede poner mi nombre; aquí ya se tergiversó todo”.
Notablemente molestos, los otros policías siguieron conversando con el reportero. Uno de ellos dice que hoy le tocaba descanso.
“No dormimos bien y mire nomás la chinga”.
Uno más abundó: “Llevamos meses sin viáticos y hay compañeros a los que les deben salarios”.
El más atrevido lanzó: “Los más corruptos son los militares que vienen de comandantes”.
De pronto, todos querían hablar, unos y otros se arrebataban la palabra: les urgía denunciar las condiciones en que se encuentran.
No faltó quien tronara contra los militares. Los acusó de falta de experiencia para participar en la lucha contra la delincuencia organizada impulsada por el presidente Felipe Calderón.
“Nos mandan a operativos, pero nada más nos sacan dos horas al día. Si pudiera checar, verá que hay varios comandantes que vienen del Ejército, muy honestos, muy honestos, pero reprueban exámenes de confianza y ahí siguen”, dicen.
Al preguntarles si les habían proporcionado catres o sleeping para dormir, uno de los policías respondió: “Pues sí, uno los compra, pero no sabíamos a dónde íbamos”.
Enseguida, su compañero de al lado se volteó hacia él y le dijo: “Te está preguntando otra cosa, güey, quiere saber si tenemos equipo de campaña”.
El primero rectificó: “¡Ah! no, no nos dan nada”.
Y otro: “¿A poco cree que no sabemos que vamos a acabar como los del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas)?”.
Miguel Cabildo S.
MEXICO, D.F., 10 de junio (apro).- En medio de acusaciones al gobierno del presidente Felipe Calderón, por la sistemática violación a los derechos laborales y los nulos resultados en el caso de la matanza del “Jueves de Corpus”, estudiantes, electricistas, maestros y miembros de organismos no gubernamentales se manifestaron hoy en esta ciudad.
Desde temprana hora, organizaciones como el Comité 68 y los colectivos de la UNAM y el IPN, se reunieron en las inmediaciones de la Escuela Normal para Maestros para marchar al zócalo, al cumplirse 39 años de la matanza de 1971.
Paralelamente, trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), partieron desde el Angel de la Independencia a la plaza de la Constitución para demandar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un alto a la impunidad y el respeto irrestricto a la Carta Magna.
Otras de las movilizaciones la protagonizaron miembros de la organización Familia Pasta de Conchos, Pastoral Laboral de México y el Centro de Reflexión y Acción Laboral, que demandaron la instalación de una mesa intersecretarial para resolver la problemática minera y otra mesa técnica con ingenieros para conocer las condiciones reales y objetivas en las que se encuentra la mina Pasta de Conchos, que permita el rescate de los 63 cuerpos sepultados.
Las marchas se realizaron en aparente calma. Las autoridades policiales reportaron al menos tres enfrentamientos a lo largo de los recorridos. Uno de los enfrentamientos, que obligó a la intervención de los granaderos, fue provocado por un grupo de pseudoestudiantes, a la altura del Eje Central. No se reportaron detenidos.
A lo largo de las movilizaciones, elementos del cuerpo de granaderos se dedicaron principalmente a resguardar inmuebles considerados estratégicos, como la Torre del Caballito, el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la Bolsa Mexicana de Valores.
En tanto, personal de la Policía Bancaria e Industrial fue destacamentado en la plancha del zócalo, para resguardar el equipo ahí instalado para la transmisión del partido inaugural del Mundial Sudáfrica 2010 entre México y el país anfitrión.
Las movilizaciones provocaron serias afectaciones viales en el Centro Histórico de la ciudad de México.
Policías en Cananea denuncian engaños, maltratos, mala paga...
Arturo Rodríguez García
CANANEA, Son., 10 de junio (apro).- En el “monte pelón” de Cananea, sin carpas, bajo un sol inclemente, de 40 grados, y “puro lonchibón de huevo” como único alimento, elementos de la Policía Federal destacados en esta ciudad se quejan de sus superiores por los malos tratos a los que, aseguran, son sometidos desde el pasado lunes 7, cuando llegaron a esta localidad para retomar el control de la mina de Cananea.
En entrevista, Yacer Monsalvo, relata que el pasado domingo 6 él y sus compañeros fueron concentrados en la Ciudad de México y que sus mandos superiores los tuvieron cinco horas marchando antes de decirles que a partir de ese momento estaban acuartelados, “sin actividad y sin órdenes”, cuenta.
Ya entrada la noche, narra, les ordenaron prepararse para salir a una misión y los subieron a un avión que los llevó hasta Nogales, Sonora. Eran las 2:00 horas de la madrugada del lunes. De Nogales, dice, viajaron por carretera durantes dos horas hasta un hotel.
En ese lugar, un camión ya los esperaba para llevarlos a Cananea.
“Imagínese, 900 cabrones en un solo camión, fueron muchos viajes, pura descoordinación”, tercia otro elemento de la PF. Renuente a identificarse, confiesa que al subir al avión estaba consciente de que participarían en un operativo, pero aclara que nunca pensó que el objetivo era Cananea.
“Hubiéramos podido despedirnos de nuestras familias, hacer algo con todo ese tiempo, pero así son los mandos que vienen del Ejército, ellos nos odian”, dice otro elemento policiaco que también prefiere reservar su identidad.
Instalados en el camino que lleva a la puerta 3 del acceso a Mexicana de Cananea, donde esta mañana se enfrentaron con mineros de la Sección 65, muchos policías aún no entendían a qué habían llegado a este lugar.
Yacer Monsalvo preguntó a este reportero cuál era la situación legal de la Sección 65 porque a ellos les dijeron, cuenta, que la mina era “propiedad de la Nación”.
Y luego, en voz alta, dice a sus compañeros: “La orden que nosotros traemos es la de restablecer el orden público, no de desalojo”.
Mientras Monsalvo conversaba con el enviado, un comandante del Ejército lo separa del grupo. Antes de acatar la orden, el oficial de la PF replica: “Como servidor público, tengo la obligación de darle información a un reportero y a cualquier ciudadano. Si me pregunta su nombre se lo doy, si me pregunta qué hago, también. ¿No dice la Secretaría (de Seguridad Pública) que actúa con transparencia? Yo estoy siendo transparente”.
Y, parado a un lado del comandante, dijo a este reportero: “Me llamo Yacer Monsalvo, puede poner mi nombre; aquí ya se tergiversó todo”.
Notablemente molestos, los otros policías siguieron conversando con el reportero. Uno de ellos dice que hoy le tocaba descanso.
“No dormimos bien y mire nomás la chinga”.
Uno más abundó: “Llevamos meses sin viáticos y hay compañeros a los que les deben salarios”.
El más atrevido lanzó: “Los más corruptos son los militares que vienen de comandantes”.
De pronto, todos querían hablar, unos y otros se arrebataban la palabra: les urgía denunciar las condiciones en que se encuentran.
No faltó quien tronara contra los militares. Los acusó de falta de experiencia para participar en la lucha contra la delincuencia organizada impulsada por el presidente Felipe Calderón.
“Nos mandan a operativos, pero nada más nos sacan dos horas al día. Si pudiera checar, verá que hay varios comandantes que vienen del Ejército, muy honestos, muy honestos, pero reprueban exámenes de confianza y ahí siguen”, dicen.
Al preguntarles si les habían proporcionado catres o sleeping para dormir, uno de los policías respondió: “Pues sí, uno los compra, pero no sabíamos a dónde íbamos”.
Enseguida, su compañero de al lado se volteó hacia él y le dijo: “Te está preguntando otra cosa, güey, quiere saber si tenemos equipo de campaña”.
El primero rectificó: “¡Ah! no, no nos dan nada”.
Y otro: “¿A poco cree que no sabemos que vamos a acabar como los del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas)?”.
Chocan Marina y SIEDO por decomiso; Los Pinos los calla
Morales Ibáñez afirma que sólo era glicerina, ácido nítrico y parafina; deja en libertad a cuatro detenidos
El material hallado en la colonia Roma sí es de alta explosividad y está bajo resguardo, dice la Armada
JESÚS ARANDA Y GUSTAVO CASTILLO
Periódico La Jornada
Viernes 11 de junio de 2010, p. 2
La Secretaría de Marina confirmó ayer el aseguramiento de explosivos plásticos el pasado miércoles en un domicilio de la colonia Roma, en el Distrito Federal, y reiteró que el material decomisado, de muy alta explosividad, está bajo resguardo en instalaciones de la dependencia.
Fuentes navales señalaron lo anterior luego de admitir su extrañeza por la declaración de la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez, de que había dejado libres a los cuatro detenidos porque no encontró elementos para actuar en su contra, al comprobar que el material decomisado no era explosivo.
Ante el contradictorio señalamiento hecho por la funcionaria de la Procuraduría General de la República (PGR), trascendió que intervino la Presidencia de la República y, después de escuchar las versiones de ambas dependencias, decidió que ya no se emitiera ninguna información oficial sobre el tema, para no generar más problemas.
Por la mañana, Morales Ibáñez afirmó que las sustancias químicas aseguradas por elementos de la Secretaría de Marina en el número 12 de la calle Mérida, colonia Roma, no eran explosivos, y que las cuatro personas que fueron detenidas: Santos Cleofas Velasco, Juan José Cabrera López, Cristian Bárcenas Camacho y Mathew Roberts Assanza Espinoza, quedaron en libertad al no tener elementos de prueba para retenerlos.
Sostuvo: el dictamen oficial es que las sustancias químicas como son glicerina, ácido nítrico y parafina encontradas dentro del lugar no corresponden con ningún tipo de material explosivo.
En dos ocasiones la funcionaria respondió lo mismo. Y cuando se le preguntó por los detenidos, afirmó que los cuatro hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal sólo en calidad de presentados. No eran detenidos, eran gente del lugar; ya rindieron la declaración respectiva y se retiraron. Sólo aportaron información para la investigación.
La funcionaria declaró lo anterior durante una conferencia de prensa conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal en la que se dio a conocer la detención de Carlos Ramón Castro Rocha, El Cuate, quien fue identificado por autoridades de Estados Unidos como el principal traficante de heroína de México hacia aquel país.
Al conocer la noticia acerca de que no eran explosivos y la liberación de las personas arrestadas, en la Secretaría de Marina no daban crédito a la versión de la funcionaria.
Sin querer entrar en polémica, fuentes consultadas señalaron que peritos en explosivos de la Armada confirmaron que el material decomisado es un alto explosivo elaborado a partir de nitroglicerina, además de que desde el miércoles está bajo resguardo de la Secretaría de Marina.
Orden del alto mando
Reiteraron lo dicho en el comunicado de prensa que emitió la Secretaría de Marina el miércoles pasado: que inteligencia naval, con información proporcionada por agentes de seguridad de Estados Unidos, detectó el material explosivo y por eso se realizó el operativo con elementos de fuerzas especiales, de las dos hasta las ocho de la mañana, que fue la hora cuando personal de la Siedo entró al lugar y se hizo cargo de la indagatoria.
Agregaron que el operativo fue ordenado por el alto mando cuando se identificó que un grupo de la delincuencia organizada tenía en su poder un alto explosivo más detonante.
Los funcionarios consultados reiteraron que el explosivo decomisado es de fácil maleabilidad y se utiliza en trabajos de demolición, debido a la facilidad para adaptarlo a cualquier forma: puede aplicarse directamente en estructuras y cuenta con una velocidad de detonación y densidad suficientes para romper metal.
Precisamente, señalaron los informantes, por el alto riesgo que representa el explosivo las fuerzas especiales intervinieron de inmediato, sin la participación de la SIEDO.
Ésta es la segunda incursión de elementos de la Armada en operativos antricrimen en el Distrito Federal. La primera ocurrió hace nueve meses.
El 19 de septiembre del año pasado fuerzas especiales de la Armada de México intentaron catear la sede de Grupo Bal, ubicada en la calle Moliére número 222, en la exclusiva zona de Polanco.
El edficio fue rodeado por decenas de marinos fuertemente armados, quienes se quedaron esperando la orden de cateo que les permitiera ingresar a donde se encuentran sedes de empresas como Valores Mexicanos, Casa de Bolsa Peñoles e Industrias Peñoles.
Ese día, marinos encapuchados, que portaban armas largas, se distribuyeron a pie y a bordo de vehículos artillados alrededor del edificio de Grupo Bal y calles aledañas. Sin embargo, se tuvieron que retirar dos horas después, ya que nunca llegó la orden de cateo correspondiente, la cual fue tramitada ante la propia Siedo.
En esa ocasión también hubo molestia entre los marinos debido a la falta de apoyo de la dependencia que encabeza Marisela Morales.
Desaveniencias informativas
Por otra parte, cabe señalar que no es la primera vez que la Secretaría de Marina y la PGR tienen desaveniencias en cuanto al manejo de información.
A partir de los cuantiosos decomisos de cocaína y metanfetaminas en puertos del país desde 2007, principalmente en Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, cada dependencia ha dado su versión sobre un mismo hecho. Unas veces contradictoria y otras ignorando la participación de la otra parte.
La Presidencia de la República ordenó que cuando se realizaran decomisos de droga en instalaciones en las que concurrieran varios organismos –como Aduanas, Servicio de Administración Tributaria, PGR y las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y SSP federal–, se emitieran comunicados conjuntos con el logotipo de todas las dependencias.
Morales Ibáñez afirma que sólo era glicerina, ácido nítrico y parafina; deja en libertad a cuatro detenidos
El material hallado en la colonia Roma sí es de alta explosividad y está bajo resguardo, dice la Armada
JESÚS ARANDA Y GUSTAVO CASTILLO
Periódico La Jornada
Viernes 11 de junio de 2010, p. 2
La Secretaría de Marina confirmó ayer el aseguramiento de explosivos plásticos el pasado miércoles en un domicilio de la colonia Roma, en el Distrito Federal, y reiteró que el material decomisado, de muy alta explosividad, está bajo resguardo en instalaciones de la dependencia.
Fuentes navales señalaron lo anterior luego de admitir su extrañeza por la declaración de la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez, de que había dejado libres a los cuatro detenidos porque no encontró elementos para actuar en su contra, al comprobar que el material decomisado no era explosivo.
Ante el contradictorio señalamiento hecho por la funcionaria de la Procuraduría General de la República (PGR), trascendió que intervino la Presidencia de la República y, después de escuchar las versiones de ambas dependencias, decidió que ya no se emitiera ninguna información oficial sobre el tema, para no generar más problemas.
Por la mañana, Morales Ibáñez afirmó que las sustancias químicas aseguradas por elementos de la Secretaría de Marina en el número 12 de la calle Mérida, colonia Roma, no eran explosivos, y que las cuatro personas que fueron detenidas: Santos Cleofas Velasco, Juan José Cabrera López, Cristian Bárcenas Camacho y Mathew Roberts Assanza Espinoza, quedaron en libertad al no tener elementos de prueba para retenerlos.
Sostuvo: el dictamen oficial es que las sustancias químicas como son glicerina, ácido nítrico y parafina encontradas dentro del lugar no corresponden con ningún tipo de material explosivo.
En dos ocasiones la funcionaria respondió lo mismo. Y cuando se le preguntó por los detenidos, afirmó que los cuatro hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal sólo en calidad de presentados. No eran detenidos, eran gente del lugar; ya rindieron la declaración respectiva y se retiraron. Sólo aportaron información para la investigación.
La funcionaria declaró lo anterior durante una conferencia de prensa conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal en la que se dio a conocer la detención de Carlos Ramón Castro Rocha, El Cuate, quien fue identificado por autoridades de Estados Unidos como el principal traficante de heroína de México hacia aquel país.
Al conocer la noticia acerca de que no eran explosivos y la liberación de las personas arrestadas, en la Secretaría de Marina no daban crédito a la versión de la funcionaria.
Sin querer entrar en polémica, fuentes consultadas señalaron que peritos en explosivos de la Armada confirmaron que el material decomisado es un alto explosivo elaborado a partir de nitroglicerina, además de que desde el miércoles está bajo resguardo de la Secretaría de Marina.
Orden del alto mando
Reiteraron lo dicho en el comunicado de prensa que emitió la Secretaría de Marina el miércoles pasado: que inteligencia naval, con información proporcionada por agentes de seguridad de Estados Unidos, detectó el material explosivo y por eso se realizó el operativo con elementos de fuerzas especiales, de las dos hasta las ocho de la mañana, que fue la hora cuando personal de la Siedo entró al lugar y se hizo cargo de la indagatoria.
Agregaron que el operativo fue ordenado por el alto mando cuando se identificó que un grupo de la delincuencia organizada tenía en su poder un alto explosivo más detonante.
Los funcionarios consultados reiteraron que el explosivo decomisado es de fácil maleabilidad y se utiliza en trabajos de demolición, debido a la facilidad para adaptarlo a cualquier forma: puede aplicarse directamente en estructuras y cuenta con una velocidad de detonación y densidad suficientes para romper metal.
Precisamente, señalaron los informantes, por el alto riesgo que representa el explosivo las fuerzas especiales intervinieron de inmediato, sin la participación de la SIEDO.
Ésta es la segunda incursión de elementos de la Armada en operativos antricrimen en el Distrito Federal. La primera ocurrió hace nueve meses.
El 19 de septiembre del año pasado fuerzas especiales de la Armada de México intentaron catear la sede de Grupo Bal, ubicada en la calle Moliére número 222, en la exclusiva zona de Polanco.
El edficio fue rodeado por decenas de marinos fuertemente armados, quienes se quedaron esperando la orden de cateo que les permitiera ingresar a donde se encuentran sedes de empresas como Valores Mexicanos, Casa de Bolsa Peñoles e Industrias Peñoles.
Ese día, marinos encapuchados, que portaban armas largas, se distribuyeron a pie y a bordo de vehículos artillados alrededor del edificio de Grupo Bal y calles aledañas. Sin embargo, se tuvieron que retirar dos horas después, ya que nunca llegó la orden de cateo correspondiente, la cual fue tramitada ante la propia Siedo.
En esa ocasión también hubo molestia entre los marinos debido a la falta de apoyo de la dependencia que encabeza Marisela Morales.
Desaveniencias informativas
Por otra parte, cabe señalar que no es la primera vez que la Secretaría de Marina y la PGR tienen desaveniencias en cuanto al manejo de información.
A partir de los cuantiosos decomisos de cocaína y metanfetaminas en puertos del país desde 2007, principalmente en Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, cada dependencia ha dado su versión sobre un mismo hecho. Unas veces contradictoria y otras ignorando la participación de la otra parte.
La Presidencia de la República ordenó que cuando se realizaran decomisos de droga en instalaciones en las que concurrieran varios organismos –como Aduanas, Servicio de Administración Tributaria, PGR y las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y SSP federal–, se emitieran comunicados conjuntos con el logotipo de todas las dependencias.
Familia de Anastasio demandará a EU por "muerte provocada"
La redacción
MÉXICO, D.F., 10 de junio (apro).- La familia de Anastasio Hernández, el migrante que murió por causa de los golpes que le propinaron agentes de la Patrulla Fronteriza mientras era deportado, demandará al gobierno de Estados Unidos, ya que consideran que se trató de una “muerte provocada”.
Los abogados de la familia Hernández informaron que presentarán un video grabado por el testigo Humberto Navarrete, quien logró captar el momento de la agresión y las lamentaciones de Anastasio.
El video, dijo el abogado Eugene Iredale, aporta testimonios de algunos detalles sobre la golpiza y la aplicación de al menos cinco descargas eléctricas que dejaron inconsciente a Anastasio Hernández.
“También esperamos la preservación de otros videos en la zona, mismos que ya hemos solicitado (a las autoridades que) los preserven, pues es difícil imaginar que no hay cámaras funcionando en la garita más transitada del mundo", afirmó el abogado.
Este mediodía realizaron una conferencia de prensa para comunicar los avances que hasta el momento tienen para iniciar una petición de demanda a la corte estadunidense y después de seis meses, iniciar con la demanda civil contra los agentes y las agencias involucradas en la agresión.
Anastasio Hernández Rojas fue agredido la noche del viernes 29 de mayo en la garita de San Ysidro, entre Tijuana y San Diego.
Testigos afirman que hubo al menos 20 agentes involucrados. Como resultado de la agresión, Anastasio sufrió muerte cerebral y falleció 3 días después.
La redacción
MÉXICO, D.F., 10 de junio (apro).- La familia de Anastasio Hernández, el migrante que murió por causa de los golpes que le propinaron agentes de la Patrulla Fronteriza mientras era deportado, demandará al gobierno de Estados Unidos, ya que consideran que se trató de una “muerte provocada”.
Los abogados de la familia Hernández informaron que presentarán un video grabado por el testigo Humberto Navarrete, quien logró captar el momento de la agresión y las lamentaciones de Anastasio.
El video, dijo el abogado Eugene Iredale, aporta testimonios de algunos detalles sobre la golpiza y la aplicación de al menos cinco descargas eléctricas que dejaron inconsciente a Anastasio Hernández.
“También esperamos la preservación de otros videos en la zona, mismos que ya hemos solicitado (a las autoridades que) los preserven, pues es difícil imaginar que no hay cámaras funcionando en la garita más transitada del mundo", afirmó el abogado.
Este mediodía realizaron una conferencia de prensa para comunicar los avances que hasta el momento tienen para iniciar una petición de demanda a la corte estadunidense y después de seis meses, iniciar con la demanda civil contra los agentes y las agencias involucradas en la agresión.
Anastasio Hernández Rojas fue agredido la noche del viernes 29 de mayo en la garita de San Ysidro, entre Tijuana y San Diego.
Testigos afirman que hubo al menos 20 agentes involucrados. Como resultado de la agresión, Anastasio sufrió muerte cerebral y falleció 3 días después.
