Oaxaca: caminos sin ley
10 jun 2010
Miguel Angel Granados Chapa.
El Gobierno de Oaxaca protege a grupos paramilitares para regular por medio de la fuerza el acceso a San Juan Copala, o es incapaz de asegurar el libre tránsito en esa región de la mixteca, por haber perdido la capacidad de hacer que se cumpla la ley en esa agreste región.
Cualquiera que sea la respuesta a ese dilema revela una infracción gubernamental a sus responsabilidades, en perjuicio de miles de pobladores de una comarca sacudida desde hace tiempo por conflictos intercomunitarios. Frente a ellos, en vez de contribuir a la conciliación como es deber de quienes tienen a su cargo la gobernabilidad, la administración oaxaqueña azuza los antagonismos y protege a quienes combaten a los disidentes.
No es oportuno en este momento remontarnos a los antecedentes históricos de las disputas por la tierra y por la autonomía en la región triqui. Basta considerar que el intento de la comunidad de San Juan Copala por constituir un municipio que mejore las condiciones de su convivencia, lastradas ahora por su pertenencia al de Juxtlahuaca, se estrelló contra la fuerza de grupos paramilitares auspiciados por el gobierno estatal. Al cabo de una batalla sorda, en noviembre pasado los paramilitares ocuparon la sede del ayuntamiento autónomo e impusieron un cerco en torno del poblado. En diciembre todavía continuaron la agresión, que cobró la vida de dos niños.
Ante el agobio producido por el sitio impuesto a San Juan Copala, se integró una caravana de paz que a bordo de varios vehículos pretendió llevar ayuda humanitaria a los copalenses asediados. Sus organizadores dieron aviso a las autoridades estatales que, con cachaza irresponsable avisaron que no podían garantizar la seguridad del convoy, que emprendió su camino el 27 de abril. Y en efecto no pudieron hacerlo, ya que la caravana fue objeto de un grave ataque a balazos, que además de causar lesiones a muchos de sus integrantes, privó de la vida a los activistas Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, éste procedente de Finlandia. Dos periodistas del semanario Contralínea, que acompañaban a la caravana, fueron heridos y durante unas horas retenidos por los agresores.
El gobierno estatal alegó que está fuera de su alcance contener a los grupos paramilitares, grave confesión que revelaría su condición de gobierno fallido. En realidad es su encubridor y aun su cómplice. De no serlo, habría iniciado las averiguaciones penales correspondientes a esos asesinatos. Más claramente se percibió esa connivencia pocos días después cuando el líder de los copalenses Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Tieriberta Castro fueron ultimados en su propia casa en San Juan Copala, en un zona a la que sólo tienen acceso aquellos a quienes los invasores de la localidad autorizan. Como es obvio, tampoco se ha tratado de indagar quiénes asesinaron a esas personas, a pesar, o por ello mismo, de la relevancia que tenían sus vidas en la comunidad triqui.
Con objeto de romper ese brutal cerco y llevar ayuda humanitaria a la población asediada, se organizó una nueva caravana, de mayores dimensiones y de mayor densidad política. Se la bautizó con los nombres de las víctimas del intento precedente, Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola. La integraron agrupaciones civiles, un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un grupo de diputados federales, algunos del Partido del Trabajo pero principalmente de la fracción perredista, a cuya cabeza viajó Alejandro Encinas.
Emprendieron su viaje el martes 8 de junio por la mañana. Iban en el entendido de que su misión podría fracasar, en el más benévolo de los casos, y que correrían riesgo de sus vidas, en el peor extremo. Marchaban a contracorriente. El gobierno federal, cuando le fue notificado que uno de los propósitos de la caravana era entregar 30 toneladas de alimentos y otra clase de ayuda, fingió apoyarlos pero puso tal cantidad de trabas burocráticas (como entregar una relación de las visas de visitantes extranjeros y su status migratorio).
El convoy fue detenido al menos por tres retenes de la policía estatal que, en el mundo al revés, en vez de acompañar a los viajeros para garantizar su seguridad, pretendió disuadirlos de ir adelante, sobre el mismo alegato entre cínico y resignado: no podían ofrecer las seguridades que todo gobierno debe impartir a los viajeros.
En plena abdicación de sus deberes, espetaron a los miembros de la caravana que, si seguían de frente era bajo su propia responsabilidad.
La procuradora de justicia del estado, María de la Luz Candelaria, apareció en el último retén, ya próximo el territorio en disputa, y reconoció que se trataba de un camino sin ley, de tierra de nadie. Admitió que en esa zona había mucha gente armada, que ponía en peligro no sólo a los miembros de la caravana, sino a la propia policía estatal y a funcionarios del gobierno estatal que la acompañaban. Semejante advertencia hicieron el comisionado de la policía estatal Jorge Alberto Quezada y aun el presidente de la Comisión de derechos humanos de Oaxaca, Heriberto Antonio García. En esas circunstancias, los líderes de la caravana decidieron retornar, no sin depositar en las inmediaciones de San Juan Copala, a buen resguardo, la ayuda humanitaria que se proponían entregar.
Un gobierno autoritario como el de Ulises Ruiz no habría vacilado en imponer su voluntad en esta comarca del conflicto trique. Pero le resulta más conveniente ejercer la mano dura por interpósitas personas y después fingir que no puede con ellas.
El Gobierno de Oaxaca protege a grupos paramilitares para regular por medio de la fuerza el acceso a San Juan Copala, o es incapaz de asegurar el libre tránsito en esa región de la mixteca, por haber perdido la capacidad de hacer que se cumpla la ley en esa agreste región.
Cualquiera que sea la respuesta a ese dilema revela una infracción gubernamental a sus responsabilidades, en perjuicio de miles de pobladores de una comarca sacudida desde hace tiempo por conflictos intercomunitarios. Frente a ellos, en vez de contribuir a la conciliación como es deber de quienes tienen a su cargo la gobernabilidad, la administración oaxaqueña azuza los antagonismos y protege a quienes combaten a los disidentes.
No es oportuno en este momento remontarnos a los antecedentes históricos de las disputas por la tierra y por la autonomía en la región triqui. Basta considerar que el intento de la comunidad de San Juan Copala por constituir un municipio que mejore las condiciones de su convivencia, lastradas ahora por su pertenencia al de Juxtlahuaca, se estrelló contra la fuerza de grupos paramilitares auspiciados por el gobierno estatal. Al cabo de una batalla sorda, en noviembre pasado los paramilitares ocuparon la sede del ayuntamiento autónomo e impusieron un cerco en torno del poblado. En diciembre todavía continuaron la agresión, que cobró la vida de dos niños.
Ante el agobio producido por el sitio impuesto a San Juan Copala, se integró una caravana de paz que a bordo de varios vehículos pretendió llevar ayuda humanitaria a los copalenses asediados. Sus organizadores dieron aviso a las autoridades estatales que, con cachaza irresponsable avisaron que no podían garantizar la seguridad del convoy, que emprendió su camino el 27 de abril. Y en efecto no pudieron hacerlo, ya que la caravana fue objeto de un grave ataque a balazos, que además de causar lesiones a muchos de sus integrantes, privó de la vida a los activistas Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, éste procedente de Finlandia. Dos periodistas del semanario Contralínea, que acompañaban a la caravana, fueron heridos y durante unas horas retenidos por los agresores.
El gobierno estatal alegó que está fuera de su alcance contener a los grupos paramilitares, grave confesión que revelaría su condición de gobierno fallido. En realidad es su encubridor y aun su cómplice. De no serlo, habría iniciado las averiguaciones penales correspondientes a esos asesinatos. Más claramente se percibió esa connivencia pocos días después cuando el líder de los copalenses Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Tieriberta Castro fueron ultimados en su propia casa en San Juan Copala, en un zona a la que sólo tienen acceso aquellos a quienes los invasores de la localidad autorizan. Como es obvio, tampoco se ha tratado de indagar quiénes asesinaron a esas personas, a pesar, o por ello mismo, de la relevancia que tenían sus vidas en la comunidad triqui.
Con objeto de romper ese brutal cerco y llevar ayuda humanitaria a la población asediada, se organizó una nueva caravana, de mayores dimensiones y de mayor densidad política. Se la bautizó con los nombres de las víctimas del intento precedente, Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola. La integraron agrupaciones civiles, un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un grupo de diputados federales, algunos del Partido del Trabajo pero principalmente de la fracción perredista, a cuya cabeza viajó Alejandro Encinas.
Emprendieron su viaje el martes 8 de junio por la mañana. Iban en el entendido de que su misión podría fracasar, en el más benévolo de los casos, y que correrían riesgo de sus vidas, en el peor extremo. Marchaban a contracorriente. El gobierno federal, cuando le fue notificado que uno de los propósitos de la caravana era entregar 30 toneladas de alimentos y otra clase de ayuda, fingió apoyarlos pero puso tal cantidad de trabas burocráticas (como entregar una relación de las visas de visitantes extranjeros y su status migratorio).
El convoy fue detenido al menos por tres retenes de la policía estatal que, en el mundo al revés, en vez de acompañar a los viajeros para garantizar su seguridad, pretendió disuadirlos de ir adelante, sobre el mismo alegato entre cínico y resignado: no podían ofrecer las seguridades que todo gobierno debe impartir a los viajeros.
En plena abdicación de sus deberes, espetaron a los miembros de la caravana que, si seguían de frente era bajo su propia responsabilidad.
La procuradora de justicia del estado, María de la Luz Candelaria, apareció en el último retén, ya próximo el territorio en disputa, y reconoció que se trataba de un camino sin ley, de tierra de nadie. Admitió que en esa zona había mucha gente armada, que ponía en peligro no sólo a los miembros de la caravana, sino a la propia policía estatal y a funcionarios del gobierno estatal que la acompañaban. Semejante advertencia hicieron el comisionado de la policía estatal Jorge Alberto Quezada y aun el presidente de la Comisión de derechos humanos de Oaxaca, Heriberto Antonio García. En esas circunstancias, los líderes de la caravana decidieron retornar, no sin depositar en las inmediaciones de San Juan Copala, a buen resguardo, la ayuda humanitaria que se proponían entregar.
Un gobierno autoritario como el de Ulises Ruiz no habría vacilado en imponer su voluntad en esta comarca del conflicto trique. Pero le resulta más conveniente ejercer la mano dura por interpósitas personas y después fingir que no puede con ellas.
Cajón de sastre.
Apenas el martes fue recibido oficialmente el informe del experto norteamericano David Mitchell Smith. El documento no contiene implicaciones penales, pues se trata sólo de un reporte sobre las causas del incendio en la bodega de la Secretaría de Hacienda estatal. Hay que esperar que se extraigan de ella consecuencias legales, pues la conclusión es que se utilizó gasolina para acelerar la combustión de cajas llenas de papeles que se quemaban lenta y difícilmente. Pero tenga o no trascendencia jurídica, el informe constituye un nuevo golpe al ex gobernador Eduardo Bours, que es hoy políticamente el más endeble de los funcionarios mencionados en el proyecto de dictamen que estudiará la Corte la próxima semana. Distante y aun peleado con su partido, no tiene a nadie que lo arrope políticamente, como sí lo tienen Karam y Molinar.
No soy un peligro para Oaxaca; soy un peligro para el PRI: Gabino Cué.
Apenas el martes fue recibido oficialmente el informe del experto norteamericano David Mitchell Smith. El documento no contiene implicaciones penales, pues se trata sólo de un reporte sobre las causas del incendio en la bodega de la Secretaría de Hacienda estatal. Hay que esperar que se extraigan de ella consecuencias legales, pues la conclusión es que se utilizó gasolina para acelerar la combustión de cajas llenas de papeles que se quemaban lenta y difícilmente. Pero tenga o no trascendencia jurídica, el informe constituye un nuevo golpe al ex gobernador Eduardo Bours, que es hoy políticamente el más endeble de los funcionarios mencionados en el proyecto de dictamen que estudiará la Corte la próxima semana. Distante y aun peleado con su partido, no tiene a nadie que lo arrope políticamente, como sí lo tienen Karam y Molinar.
No soy un peligro para Oaxaca; soy un peligro para el PRI: Gabino Cué.
Por Jaime Guerrero.
El candidato a gobernador de la coalición "Unidos por la paz y el progreso de Oaxaca", Gabino Cué Monteagudo, acusó al PRI y al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de "polarizar el estado y generar la confrontación social" al echar mano de una estrategia mediática para relacionarlo perversamente con la violencia social que padeció la entidad en el 2006.
Tras presentar su prueba del polígrafo, uno los retos que no aceptó su contrincante priista, Eviel Pérez Magaña, el senador convergente con licencia condenó la guerra en su contra mediante correos electrónicos y volantes.
En conferencia de prensa, acompañado de su equipo de campaña, denunció que el gobernador Ruiz "intenta regresar el 2006 en la conciencia colectiva y vincular de manera perversa a la coalición Unidos por la paz y el progreso con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)".
Indicó que el Partido Revolucionario Institucional y Ruiz Ortiz "pretenden desalentar a la gente y confundirla, a fin de inhibir el voto o generar el llamado voto del miedo para beneficiar a Pérez Magaña".
En contra parte, aseguró que él no representa ningún peligro para Oaxaca, como aseguran sus adversarios, pues el peligro, la polarización y los únicos responsables de generar esta guerra sucia son ellos, los del PRI.
Y completó: "Yo no represento ningún peligro para Oaxaca, represento un peligro para el PRI".
Reprochó que el Revolucionario Institucional pretenda agraviarlo a él con el tema del Magisterio, la APPO y el ex dirigente del conglomerado de organizaciones sociales, Flavio Sosa Villavicencio.
Exigió al Instituto Estatal Electoral (IEE) intervenir en esta guerra mediática desatada en su contra, porque "hasta el momento el órgano electoral ha sido omiso" ante las ilegalidades en que ha incurrido el PRI.
Refirió: "Usan mi imagen sin mi autorización en este tipo de volantes y de espectaculares; usan el logotipo de la coalición y el de los cuatro partidos que la integran, además de que manipulan las siglas de la coalición para confundir a la gente".
De paso aclaró al coordinador de los diputados federales oaxaqueños del tricolor, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, que el nombre correcto de la coalición PAN, PRD, PC y PT es: "Unidos por la paz y el progreso", no "Alianza por la paz y el progreso de Oaxaca".
Cué Monteagudo sostuvo que Ramírez Puga Leyva intenta cambiar las siglas de la alianza antipriista "para lastimar y tratar de asociar a la coalición con las siglas de la APPO, la cual se constituyó por la represión que el gobierno ulisista genero contra el Magisterio oaxaqueño".
Respecto a la campaña en su contra, mostró los volantes que operadores del PRI entregan casa por casa, los cuales dicen: "Cuidado Oaxaca peligra". Y al reverso de la propaganda se ve una fotografía de Gabino Cué junto a Flavio Sosa, Andrés Manuel López Obrador y el senador Salomón Jara Cruz. "Gabino Cué y Flavio Sosa, la verdadera alianza", completa la leyenda de la imagen.
La frase "Cuidado Oaxaca peligra" aparece en letras negras sobre un fondo blanco, enmarcado con líneas rojas. Y advierte que Gabino es un peligro para la entidad.
Los volantes señalan que Cué y Sosa Villavicencio fueron "aliados" durante el conflicto sociopolítico que se vivió en Oaxaca en 2006 y que provocó pérdidas económicas a los comercios de la ciudad.
Y a pesar de que ningún Juez lo encontró culpable y que fue liberado por "falta de pruebas", acusan al ex dirigente de la APPO y a sus seguidores de haber incendiado, en un sólo día, 34 edificios y provocado daños por mil millones de pesos a empresarios y comerciantes del Centro Histórico.
El folleto, apoyado con la fotografía de un vehículo incendiándose en las calles de la ciudad, remite al domicilio de la sede del PRI estatal con la frase:
"Priista: Tu voto hoy es más importante que nunca. Panista: ¿Esta es la alianza que quieres para Oaxaca? Perredista: ¿Es esta la imagen que quieres de tu partido? Flavio Sosa, Andrés Manuel López Obrador y Gabino Cué sólo buscan el poder a toda costa y son lo mismo: Un peligro para Oaxaca", señala la antipropaganda distribuida presuntamente por el PRI-Gobierno.
La prueba del polígrafo o detector de mentiras
Antes, Cué Monteagudo dio a conocer que se realizó la prueba del polígrafo o detector de mentiras, el cual arrojó que no recibió retribución económica de parte del empresario argentino, Carlos Ahumada Kurtz.
Indicó que esta prueba se la realizó el 1 de junio pasado en la Ciudad de México. En las preguntas realizadas por el poligrafista Juan Carlos Varas Romero, Gabino Cué señaló que tampoco participó en la designación de Flavio Sosa Villavicencio como candidato a diputado plurinominal por el Partido del Trabajo (PC).
A las cuatro preguntas formuladas contestó con veracidad, de acuerdo con el reporte que le fue entregado al notario público número 25 de Oaxaca, Alfredo Castillo Colmenares.
En la prueba, Cué Monteagudo negó también haber financiado a la APPO durante el conflicto social del 2006.
Otra de las preguntas fue: ¿En su periodo como presidente municipal de la Ciudad de Oaxaca, alguna vez favoreció a familiares con contratos de obra? Su respuesta fue "no", la cual fue avalada como verdadera de parte del estudio digital.
Al final de la conferencia de prensa, el candidato a gobernador de la coalición "Unidos por la paz y el progreso" dijo que ha cumplido con los tres primeros compromisos propuestos: declaración patrimonial, antidoping y ahora el detector de mentiras. Sólo queda pendiente el debate, el cual todavía no ha sido aceptado por Eviel Pérez Magaña.
Tras presentar su prueba del polígrafo, uno los retos que no aceptó su contrincante priista, Eviel Pérez Magaña, el senador convergente con licencia condenó la guerra en su contra mediante correos electrónicos y volantes.
En conferencia de prensa, acompañado de su equipo de campaña, denunció que el gobernador Ruiz "intenta regresar el 2006 en la conciencia colectiva y vincular de manera perversa a la coalición Unidos por la paz y el progreso con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)".
Indicó que el Partido Revolucionario Institucional y Ruiz Ortiz "pretenden desalentar a la gente y confundirla, a fin de inhibir el voto o generar el llamado voto del miedo para beneficiar a Pérez Magaña".
En contra parte, aseguró que él no representa ningún peligro para Oaxaca, como aseguran sus adversarios, pues el peligro, la polarización y los únicos responsables de generar esta guerra sucia son ellos, los del PRI.
Y completó: "Yo no represento ningún peligro para Oaxaca, represento un peligro para el PRI".
Reprochó que el Revolucionario Institucional pretenda agraviarlo a él con el tema del Magisterio, la APPO y el ex dirigente del conglomerado de organizaciones sociales, Flavio Sosa Villavicencio.
Exigió al Instituto Estatal Electoral (IEE) intervenir en esta guerra mediática desatada en su contra, porque "hasta el momento el órgano electoral ha sido omiso" ante las ilegalidades en que ha incurrido el PRI.
Refirió: "Usan mi imagen sin mi autorización en este tipo de volantes y de espectaculares; usan el logotipo de la coalición y el de los cuatro partidos que la integran, además de que manipulan las siglas de la coalición para confundir a la gente".
De paso aclaró al coordinador de los diputados federales oaxaqueños del tricolor, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, que el nombre correcto de la coalición PAN, PRD, PC y PT es: "Unidos por la paz y el progreso", no "Alianza por la paz y el progreso de Oaxaca".
Cué Monteagudo sostuvo que Ramírez Puga Leyva intenta cambiar las siglas de la alianza antipriista "para lastimar y tratar de asociar a la coalición con las siglas de la APPO, la cual se constituyó por la represión que el gobierno ulisista genero contra el Magisterio oaxaqueño".
Respecto a la campaña en su contra, mostró los volantes que operadores del PRI entregan casa por casa, los cuales dicen: "Cuidado Oaxaca peligra". Y al reverso de la propaganda se ve una fotografía de Gabino Cué junto a Flavio Sosa, Andrés Manuel López Obrador y el senador Salomón Jara Cruz. "Gabino Cué y Flavio Sosa, la verdadera alianza", completa la leyenda de la imagen.
La frase "Cuidado Oaxaca peligra" aparece en letras negras sobre un fondo blanco, enmarcado con líneas rojas. Y advierte que Gabino es un peligro para la entidad.
Los volantes señalan que Cué y Sosa Villavicencio fueron "aliados" durante el conflicto sociopolítico que se vivió en Oaxaca en 2006 y que provocó pérdidas económicas a los comercios de la ciudad.
Y a pesar de que ningún Juez lo encontró culpable y que fue liberado por "falta de pruebas", acusan al ex dirigente de la APPO y a sus seguidores de haber incendiado, en un sólo día, 34 edificios y provocado daños por mil millones de pesos a empresarios y comerciantes del Centro Histórico.
El folleto, apoyado con la fotografía de un vehículo incendiándose en las calles de la ciudad, remite al domicilio de la sede del PRI estatal con la frase:
"Priista: Tu voto hoy es más importante que nunca. Panista: ¿Esta es la alianza que quieres para Oaxaca? Perredista: ¿Es esta la imagen que quieres de tu partido? Flavio Sosa, Andrés Manuel López Obrador y Gabino Cué sólo buscan el poder a toda costa y son lo mismo: Un peligro para Oaxaca", señala la antipropaganda distribuida presuntamente por el PRI-Gobierno.
La prueba del polígrafo o detector de mentiras
Antes, Cué Monteagudo dio a conocer que se realizó la prueba del polígrafo o detector de mentiras, el cual arrojó que no recibió retribución económica de parte del empresario argentino, Carlos Ahumada Kurtz.
Indicó que esta prueba se la realizó el 1 de junio pasado en la Ciudad de México. En las preguntas realizadas por el poligrafista Juan Carlos Varas Romero, Gabino Cué señaló que tampoco participó en la designación de Flavio Sosa Villavicencio como candidato a diputado plurinominal por el Partido del Trabajo (PC).
A las cuatro preguntas formuladas contestó con veracidad, de acuerdo con el reporte que le fue entregado al notario público número 25 de Oaxaca, Alfredo Castillo Colmenares.
En la prueba, Cué Monteagudo negó también haber financiado a la APPO durante el conflicto social del 2006.
Otra de las preguntas fue: ¿En su periodo como presidente municipal de la Ciudad de Oaxaca, alguna vez favoreció a familiares con contratos de obra? Su respuesta fue "no", la cual fue avalada como verdadera de parte del estudio digital.
Al final de la conferencia de prensa, el candidato a gobernador de la coalición "Unidos por la paz y el progreso" dijo que ha cumplido con los tres primeros compromisos propuestos: declaración patrimonial, antidoping y ahora el detector de mentiras. Sólo queda pendiente el debate, el cual todavía no ha sido aceptado por Eviel Pérez Magaña.
