COLOMBIANIZACION DE MEXICO
19 jul 2010
Narcoterrorismo en México
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 16 de julio (apro).- Nunca antes las fuerzas federales mexicanas habían sido atacadas como lo hizo el grupo de sicarios del cartel de Juárez, La Línea, la noche del pasado jueves 15, en Ciudad Juárez.
Como ocurría en Colombia hace dos décadas en los peores años de la persecución de narcotraficantes, el cartel de Juárez detonó explosivos en un auto para atacar a elementos de la Policía Federal, la caprichosa variante policial de uno de los colaboradores más cercanos del presidente Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La Línea inauguró así los atentados con coche-bomba en México, valiéndose de un explosivo plástico de uso militar, el C4, que ha sido utilizado por grupos terroristas como Al Qaeda y que se consigue en el mercado negro internacional de armas.
De acuerdo con el general Eduardo Emilio Zárate Landero, comandante de la V Zona Militar, con sede en Chihuahua, en el lugar del atentado que cobró la vida de cuatro personas –dos de ellas policías federales– se encontraron residuos de 10 kilos del explosivo, que fue activado con una llamada de teléfono celular.
En marzo de este año, Los Zetas atacaron con ese mismo explosivo la Procuraduría General de Justicia de Chiapas
El 15 de septiembre de 2008, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), fue ese mismo grupo el que atacó con granadas a una multitud concentrada en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán, para celebrar el Grito de Independencia. El acto era encabezado por el gobernador Leonel Godoy, contra quien supuestamente estaba dirigido el ataque.
Más de un centenar de personas resultaron heridas y otra docena falleció en lo que fue el primer ataque narcoterrorista en México contra la población civil. Michoacán, además, ha sido el lugar donde la corporación de Genaro García Luna ha sufrido a manos de La Familia Michoacana sus principales y más humillantes bajas, que llegan casi a 30.
En Chihuahua, adonde llegó la Policía Federal en enero pasado para encabezar la Operación Conjunta Chihuahua, en sustitución del Ejército, la Policía Federal ha sufrido diversos ataques por parte de La Línea. Como resultado, cerca de una veintena de efectivos han perdido la vida, principalmente en emboscadas.
La Secretaría de Seguridad Pública vinculó el ataque con coche-bomba a la detención de Jesús Armando Acosta Guerrero, El 35, al que presentó como uno de los líderes de La Línea y responsable de coordinar y operar secuestros, extorsión, retenes y tráfico de drogas en Ciudad Juárez.
La Línea ha reivindicado sus ataques a la Policía Federal en represalia por la protección que, alega, le da la corporación de Genero García Luna a Joaquín El Chapo Guzmán para que el cartel de Sinaloa termine por quedarse con el control de Ciudad Juárez, punto estratégico para el paso de drogas a Estados Unidos.
Fuera de los propios narcotraficantes, en México y Estados Unidos expolicías, exmilitares y congresistas comparten la idea de que el gobierno de Felipe Calderón se ha convertido en protector del Chapo, quien hace una década se fugó del penal Puente Grande, de alta seguridad, en Jalisco, justo al mes de la llegada del PAN a la presidencia de la República con Vicente Fox.
De ser cierta, el costo de esa protección lo está pagando la sociedad mexicana, impuesta cada día a soportar niveles cada vez más altos de violencia, con el riesgo de que se anestesie y se acostumbre a vivir con ella hasta que sea víctima directa en esta escalada que desde la llegada de Calderón ha dejado 24 mil 826 muertos, según los datos dados a conocer hoy por la propia PGR.
Aun cuando no fueran ciertas las acusaciones, como lógicamente ha dicho el gobierno de Calderón, el ataque con coche-bomba en Ciudad Juárez es una demostración más de la impotencia de la Policía Federal para enfrentar al narcotráfico en las calles, tal y como le sucedió al Ejército desde los primeros días en que su comandante en jefe les ordenó salir a las calles.
¿Para quién se gobierna?
BERNARDO BÁTIZ V.
Es oportuno analizar las circunstancias por las cuales el huracán Álex causó tantos daños en los estados del noreste del país. Sobre el tema, surgen varias interrogantes e inquietudes; la más importante es acerca de la posibilidad de haber aminorado los daños, mediante prevención y medidas oportunas.
En el caso de Monterrey y su área conurbada es ineludible recordar el huracán Gilberto, que hace unos 20 años causó tantos o más destrozos y muertes que el reciente Álex. El precedente induce a pensar que debió preverse la repetición del fenómeno natural, las grandes precipitaciones pluviales son periódicas y las inundaciones, si no tan severas como las causadas por Gilberto y Álex, son por lo menos anuales. Cada época de lluvias y tormentas hay desbordamientos de ríos y arroyos, graves daños materiales y no son raras las pérdidas de vidas humanas.
El cañón de la Huasteca es un verdadero caño estrecho, paralelo a dos sierras muy altas, ramales de la Sierra Madre Oriental, por el que naturalmente corre el agua que baja de las partes altas y en él encuentra su cauce. Cuando llueve mucho en la ciudad, que carece de drenaje pluvial y también llueve mucho en las montañas circunvecinas y aun en las lejanas lindando con el cañón, es un hecho fatal la inundación.
Con la experiencia del Gilberto, se construyó la presa Rompe Picos, denominada así porque su finalidad es romper las avenidas turbulentas y broncas que llegan a la ciudad por el cañón mencionado y ha servido de algo; pero voces autorizadas, desde hace tiempo, señalaron su insuficiencia y la necesidad de construir cuando menos dos presas más.
No se hizo así. Gobiernos frívolos y gobernantes ocupados en negocios propios y contratos productivos para empresas amigas y familiares, prefirieron gastar en obras de relumbrón y no se ocuparon de prevenir el desastre posible.
Es por ello importante pensar en el tema de fondo, ¿para quién han gobernado los regímenes de los pasados 25 años? Lo han hecho para una minoría y para un sistema en el que el mercado es el valor social más relevante y que las empresas y el dinero son las prioridades de la política. Para decirlo en forma simple, los gobiernos, desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón, han olvidado los conceptos de bien común y se ocupan de proteger a un sector social claramente identificado. Gobiernan no para todos, sino para los empresarios, de esto se deriva que 10 por ciento de la población tenga cerca de 50 por ciento de la riqueza del país.
Si los gobernantes se ocuparan de todos y no del beneficio de unos pocos privilegiados, si aplicaran el principio de que el interés común debe prevalecer sobre los bienes particulares o sectoriales, otro gallo nos cantara.
En lugar de un paseo, el de Santa Lucía, que absorbió una buena parte del presupuesto de Nuevo León, en vez de estar pensando en donar a una poderosa empresa privada terrenos de un bosque urbano para un estadio de futbol, gran negocio sin duda, se debieron llevar a cabo las obras encaminadas a prevenir el daño anunciado. Uno de los principios de Peter es que si algo malo puede pasar, pasa.
El criterio ético de la política, de que el bien común está por encima de los bienes de grupos o de personas individuales, reconoce que hay conflictos naturales de intereses en la vida social, pero que la autoridad al resolverlos está obligada a buscar el equilibrio y la justicia y en último caso, a inclinarse por el bien de la mayoría y no por el de los pocos.
El principio fue desarrollado a mediados del siglo XX por pensadores socialcristianos, como Delos y Maritain; en México, el PAN se apropió de él y mientras fue oposición lo usó como argumento contra los gobiernos facciosos, pero al llegar al poder, ni Fox, que tuvo un apoyo mayoritario, ni Calderón, que fue electo mediante trucos, recordaron la fórmula del bien colectivo superior a los individuales y han gobernado al igual que sus predecesores en beneficio de unos cuantos.
Urge un gobierno que surja del pueblo y gobierne para el pueblo, que por el bien de todos se atienda primero lo que es común y que se hagan propicias las circunstancias sociales, para permitir a todos los integrantes de la colectividad, sin privilegios, desarrollarse, vivir en paz y ser felices.
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 16 de julio (apro).- Nunca antes las fuerzas federales mexicanas habían sido atacadas como lo hizo el grupo de sicarios del cartel de Juárez, La Línea, la noche del pasado jueves 15, en Ciudad Juárez.
Como ocurría en Colombia hace dos décadas en los peores años de la persecución de narcotraficantes, el cartel de Juárez detonó explosivos en un auto para atacar a elementos de la Policía Federal, la caprichosa variante policial de uno de los colaboradores más cercanos del presidente Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La Línea inauguró así los atentados con coche-bomba en México, valiéndose de un explosivo plástico de uso militar, el C4, que ha sido utilizado por grupos terroristas como Al Qaeda y que se consigue en el mercado negro internacional de armas.
De acuerdo con el general Eduardo Emilio Zárate Landero, comandante de la V Zona Militar, con sede en Chihuahua, en el lugar del atentado que cobró la vida de cuatro personas –dos de ellas policías federales– se encontraron residuos de 10 kilos del explosivo, que fue activado con una llamada de teléfono celular.
En marzo de este año, Los Zetas atacaron con ese mismo explosivo la Procuraduría General de Justicia de Chiapas
El 15 de septiembre de 2008, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), fue ese mismo grupo el que atacó con granadas a una multitud concentrada en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán, para celebrar el Grito de Independencia. El acto era encabezado por el gobernador Leonel Godoy, contra quien supuestamente estaba dirigido el ataque.
Más de un centenar de personas resultaron heridas y otra docena falleció en lo que fue el primer ataque narcoterrorista en México contra la población civil. Michoacán, además, ha sido el lugar donde la corporación de Genaro García Luna ha sufrido a manos de La Familia Michoacana sus principales y más humillantes bajas, que llegan casi a 30.
En Chihuahua, adonde llegó la Policía Federal en enero pasado para encabezar la Operación Conjunta Chihuahua, en sustitución del Ejército, la Policía Federal ha sufrido diversos ataques por parte de La Línea. Como resultado, cerca de una veintena de efectivos han perdido la vida, principalmente en emboscadas.
La Secretaría de Seguridad Pública vinculó el ataque con coche-bomba a la detención de Jesús Armando Acosta Guerrero, El 35, al que presentó como uno de los líderes de La Línea y responsable de coordinar y operar secuestros, extorsión, retenes y tráfico de drogas en Ciudad Juárez.
La Línea ha reivindicado sus ataques a la Policía Federal en represalia por la protección que, alega, le da la corporación de Genero García Luna a Joaquín El Chapo Guzmán para que el cartel de Sinaloa termine por quedarse con el control de Ciudad Juárez, punto estratégico para el paso de drogas a Estados Unidos.
Fuera de los propios narcotraficantes, en México y Estados Unidos expolicías, exmilitares y congresistas comparten la idea de que el gobierno de Felipe Calderón se ha convertido en protector del Chapo, quien hace una década se fugó del penal Puente Grande, de alta seguridad, en Jalisco, justo al mes de la llegada del PAN a la presidencia de la República con Vicente Fox.
De ser cierta, el costo de esa protección lo está pagando la sociedad mexicana, impuesta cada día a soportar niveles cada vez más altos de violencia, con el riesgo de que se anestesie y se acostumbre a vivir con ella hasta que sea víctima directa en esta escalada que desde la llegada de Calderón ha dejado 24 mil 826 muertos, según los datos dados a conocer hoy por la propia PGR.
Aun cuando no fueran ciertas las acusaciones, como lógicamente ha dicho el gobierno de Calderón, el ataque con coche-bomba en Ciudad Juárez es una demostración más de la impotencia de la Policía Federal para enfrentar al narcotráfico en las calles, tal y como le sucedió al Ejército desde los primeros días en que su comandante en jefe les ordenó salir a las calles.
¿Para quién se gobierna?
BERNARDO BÁTIZ V.
Es oportuno analizar las circunstancias por las cuales el huracán Álex causó tantos daños en los estados del noreste del país. Sobre el tema, surgen varias interrogantes e inquietudes; la más importante es acerca de la posibilidad de haber aminorado los daños, mediante prevención y medidas oportunas.
En el caso de Monterrey y su área conurbada es ineludible recordar el huracán Gilberto, que hace unos 20 años causó tantos o más destrozos y muertes que el reciente Álex. El precedente induce a pensar que debió preverse la repetición del fenómeno natural, las grandes precipitaciones pluviales son periódicas y las inundaciones, si no tan severas como las causadas por Gilberto y Álex, son por lo menos anuales. Cada época de lluvias y tormentas hay desbordamientos de ríos y arroyos, graves daños materiales y no son raras las pérdidas de vidas humanas.
El cañón de la Huasteca es un verdadero caño estrecho, paralelo a dos sierras muy altas, ramales de la Sierra Madre Oriental, por el que naturalmente corre el agua que baja de las partes altas y en él encuentra su cauce. Cuando llueve mucho en la ciudad, que carece de drenaje pluvial y también llueve mucho en las montañas circunvecinas y aun en las lejanas lindando con el cañón, es un hecho fatal la inundación.
Con la experiencia del Gilberto, se construyó la presa Rompe Picos, denominada así porque su finalidad es romper las avenidas turbulentas y broncas que llegan a la ciudad por el cañón mencionado y ha servido de algo; pero voces autorizadas, desde hace tiempo, señalaron su insuficiencia y la necesidad de construir cuando menos dos presas más.
No se hizo así. Gobiernos frívolos y gobernantes ocupados en negocios propios y contratos productivos para empresas amigas y familiares, prefirieron gastar en obras de relumbrón y no se ocuparon de prevenir el desastre posible.
Es por ello importante pensar en el tema de fondo, ¿para quién han gobernado los regímenes de los pasados 25 años? Lo han hecho para una minoría y para un sistema en el que el mercado es el valor social más relevante y que las empresas y el dinero son las prioridades de la política. Para decirlo en forma simple, los gobiernos, desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón, han olvidado los conceptos de bien común y se ocupan de proteger a un sector social claramente identificado. Gobiernan no para todos, sino para los empresarios, de esto se deriva que 10 por ciento de la población tenga cerca de 50 por ciento de la riqueza del país.
Si los gobernantes se ocuparan de todos y no del beneficio de unos pocos privilegiados, si aplicaran el principio de que el interés común debe prevalecer sobre los bienes particulares o sectoriales, otro gallo nos cantara.
En lugar de un paseo, el de Santa Lucía, que absorbió una buena parte del presupuesto de Nuevo León, en vez de estar pensando en donar a una poderosa empresa privada terrenos de un bosque urbano para un estadio de futbol, gran negocio sin duda, se debieron llevar a cabo las obras encaminadas a prevenir el daño anunciado. Uno de los principios de Peter es que si algo malo puede pasar, pasa.
El criterio ético de la política, de que el bien común está por encima de los bienes de grupos o de personas individuales, reconoce que hay conflictos naturales de intereses en la vida social, pero que la autoridad al resolverlos está obligada a buscar el equilibrio y la justicia y en último caso, a inclinarse por el bien de la mayoría y no por el de los pocos.
El principio fue desarrollado a mediados del siglo XX por pensadores socialcristianos, como Delos y Maritain; en México, el PAN se apropió de él y mientras fue oposición lo usó como argumento contra los gobiernos facciosos, pero al llegar al poder, ni Fox, que tuvo un apoyo mayoritario, ni Calderón, que fue electo mediante trucos, recordaron la fórmula del bien colectivo superior a los individuales y han gobernado al igual que sus predecesores en beneficio de unos cuantos.
Urge un gobierno que surja del pueblo y gobierne para el pueblo, que por el bien de todos se atienda primero lo que es común y que se hagan propicias las circunstancias sociales, para permitir a todos los integrantes de la colectividad, sin privilegios, desarrollarse, vivir en paz y ser felices.
