EL CERCO QUE NO DESAPARECE
9 jul 2010
Copala hoy: bajo la metralla
Revista Contralínea.
Hace más de siete meses que nadie puede caminar por las calles de San Juan Copala, el centro político y ceremonial de la cultura triqui, en el poniente del estado mexicano de Oaxaca. Desde aquel 28 de noviembre de 2009, cuando las primeras ráfagas de fusiles de asalto AK-47 y AR-15 obligaron a los pobladores a recluirse en sus casas, han pasado 219 días.
Las fotografías que en esta nueva entrega publica Contralínea no dejan lugar a dudas: el pueblo que optó por construir un municipio autónomo se encuentra bajo metralla. Así luce San Juan Copala hoy: desolado, polvoriento y con sus principales edificios marcados por el terror.
Los tres niveles de gobierno no tienen, siquiera, el pretexto del narcotráfico. El de Copala es, de manera contundente, un conflicto político-social. No hay levantones ni disputas de rutas ni ajustes de cuentas. Existe llanamente un grupo entrenado y perfectamente pertrechado para aislar a esta capital triqui del resto del país. Lo que sí hay son emboscadas y la prohibición de entrar o salir del lugar. Más de 30 personas han sido asesinadas desde el 1 de enero de 2007, cuando las comunidades de Copala, Yosoyuxi, Agua Fría, Paraje Pérez, Santa Cruz, Tilapa y Cruz Chiquita –junto con pobladores de otros pueblos– erigieron el Municipio Autónomo y eligieron autoridades con base en usos y costumbres.
Lejos quedaron las fiestas y los días del bullicioso mercado. Ahora se trata de un pueblo sitiado donde las policías estatales y federales “no pueden” ingresar; tampoco el Ejército Mexicano ni la Marina Armada de México. Los funcionaros del gobierno de Ulises Ruiz piden permiso para transitar por los márgenes de Copala al líder de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Rufino Juárez Hernández, principal sospechoso de atentar contra la caravana humanitaria por la paz que el 27 de abril acabó desecha por un grupo de hombres armados. Los asaltantes asesinaron entonces a los activistas Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola.
Ni a los diputados federales se les permitió el paso en una nueva caravana que llegó hasta la comunidad el Diamante, el pasado 8 de junio.
Tres grupos disputan el control político y las partidas presupuestales: la Ubisort, de filiación priista, creada en 1996; el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), fundado en 1981, dirigido por mestizos y que participa en la lucha electoral estatal a través del Partido Unidad Popular; y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, organización escindida del MULT, integrada exclusivamente por triquis, impulsora del Municipio Autónomo y que rechaza la política partidista.
A diario, y a todas horas, los niños, las mujeres, los hombres y los ancianos de San Juan Copala escuchan las descargas que se impactan contra el palacio municipal, la iglesia, las escuelas y las casas habitación.
Los gobiernos de Felipe Calderón y de Ulises Ruiz han preferido callar y permitir que los paramilitares realicen su “trabajo”.
Copala es hoy una muestra de la pérdida de control territorial del Estado mexicano o una evidencia del genocidio que se comete contra un pueblo indígena que reclama autonomía; un crimen de lesa humanidad del que los gobiernos federal y estatal son responsables, al menos, por omisión.
Indígenas atentos al próximo gobierno de Oaxaca.
Emilio Godoy
IPS
La autónoma comunidad indígena triqui de San Juan Copala, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, está a la expectativa de la postura que asuma el flamante gobierno estadual electo. Esa comunidad, habitada por 786 personas y que se declaró autónoma en 2007, padece desde enero un bloqueo de paramilitares pertenecientes a la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), una organización ilegal acusada de tener vínculos con el actual gobierno del estado, encabezado por Ulises Ruiz, del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI).
"La primera señal que el gobierno elegido el domingo debe enviar es el rompimiento del bloqueo y el desarme de Ubisort", planteó a IPS Jorge Albino, miembro de la comisión de derechos humanos de San Juan Copala, ubicada a unos 600 kilómetros al sur de la capital mexicana.
"El nuevo gobierno no va a ser una solución para la región triqui, pero puede ser una puerta abierta en beneficio del municipio", añadió.
El candidato Gabino Cué, de la coalición de izquierda y derecha formada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, lidera las votaciones locales, en detrimento de Eviel Pérez, abanderado del PRI, según los resultados preliminares.
El domingo, unos 30 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para renovar los gobiernos estaduales y municipales, así como los congresos legislativos locales de 14 estados de México, en los comicios más importantes antes de la cita presidencial de 2012. En 12 de ellos se eligieron nuevos gobernadores.
El PRI, que gobernó este país sin interrupciones durante siete décadas hasta 2000, se impuso en nueve estados, pero perdió el norteño y emblemático estado de Sinaloa y, por vez primera en ocho décadas, fue vencido en los sureños Puebla y Oaxaca, en una señal de alerta de que no tiene asegurada la victoria en 2012, como se presuponía.
"Se vino un voto de castigo en Puebla y Oaxaca, por los dos gobernadores que están saliendo. Vienen nuevos aires, Cué va a tener mayores herramientas para dar paz a la comunidad oaxaqueña, va a poder lidiar mejor con las diferentes fuerzas políticas", señaló a IPS Arturo Argente, académico del privado Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Ruiz y su correligionario Mario Marín, de Puebla, han estado involucrados en sendos escándalos de corrupción y abuso de poder, aunque que éstos no derivaron en condenas penales.
San Juan Copala ha sido escenario este año de varios incidentes violentos. En abril, paramilitares atacaron un convoy humanitario con víveres y medicamentos para los pobladores, misión que intentó quebrar el cerco impuesto.
La emboscada de Ubisort dejó muertos a Beatriz Cariño, directora del no gubernamental Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y al finlandés Jyri Jaakkola, un observador de derechos humanos, y varias personas heridas. En esa caravana viajaban activistas de derechos humanos y observadores de Alemania, Bélgica, Finlandia e Italia.
Luego, en mayo, fueron ejecutados Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro. Ramírez fue uno de los precursores de la autonomía de San Juan Copala y máximo dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi), una de las organizaciones defensoras de esa iniciativa.
En junio, otro convoy, integrado por diputados, activistas y periodistas, que también transportaba bienes básicos, trató de entrar en la comunidad, pero se abstuvo de intentarlo debido a las amenazas de los paramilitares de un nuevo ataque.
Este domingo no se instalaron casillas para votar en San Juan Copala.
Cué, quien perdió en las elecciones a gobernador de Oaxaca en 2004, asumirá en diciembre de ser declarado ganador por la autoridad electoral, arrastrando un legado de conflictos violentos, corrupción y pobreza, pues se trata de uno de los estados con mayor grado de marginación en México.
"Vamos a esperar su agenda de trabajo. Pero queremos que investigue los asesinatos en San Juan Copala y que el estado no meta las manos en la comunidad", apuntó Albino.
Para evaluar la situación de derechos humanos, las eurodiputadas Satu Hassi, ex ministra del Medio Ambiente de Finlandia, y Ska Keller, ex presidenta de la Federación de los Jóvenes Verdes Europeos, se encuentran en Oaxaca y, luego de su gira, entregarán un informe al Parlamento Europeo y al gobierno mexicano.
En los últimos años, Oaxaca ha vivido otros conflictos, como el ocurrido entre mayo y octubre de 2006, cuando el magisterio del estado, afiliado a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), tomaron las principales calles de la ciudad en rechazo a la gestión del gobernador Ruiz.
El magisterio y la APPO, que agrupa a unas 300 organizaciones locales, acusaron a Ruiz, imagen del ala más conservadora del PRI, de corrupto y autoritario.
El conflicto acabó con la intervención de docenas de policías federales enviados por el entonces presidente Vicente Fox (2000-2006), afiliado al PAN, al igual que el actual mandatario Felipe Calderón.
La acción policíaca dejó más de 20 muertos, la gran mayoría atribuidos a la represión oficial, unos 370 heridos y aproximadamente 350 detenidos, sin que haya procesos penales contra los responsables. Las manifestaciones resurgieron a mediados de 2007, pero se debilitaron rápidamente.
"Tenemos una sociedad muy lastimada, con muchos rencores y que busca un cambio. Hay que ver el ambiente que dejan los gobernadores salientes. El mexicano está manifestando que está recuperando la memoria y que quiere ver otros políticos a la cabeza", analizó Argente.
AMLO: La mafia que se adueñó de México y el 2012…
Autor: Edgar González Ruiz
Ése es el título del libro más reciente de Andrés Manuel López Obrador, cuya primera edición publicó en junio la editorial Grijalbo.
El revelador texto describe el saqueo del país perpetrado por un pequeño grupo de empresarios; algunos de ellos también impulsaron en 2006 la guerra sucia para evitar que él llegara a la Presidencia.
Dicha oligarquía, explica, se conformó “desde el gobierno de Carlos Salinas, cuando un puñado de traficantes de influencias, al amparo del poder público, inició el despojo de los bienes de la nación y del pueblo, con el engaño de una supuesta modernización del país” (página 56).
Salinas: amo de títeres
Son alrededor de 30 personas quienes “conforman el comité central de la oligarquía en México” (página 44). Entre ellos, Carlos Slim, Ricardo Salinas, Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Instituto Tecnológico Autónomo de México), Jerónimo Arango (socio de Wal-Mart y uno de los financiadores de la campaña de Calderón en 2006), Emilio Azcárraga Jean (cabe recordar el papel que Televisa jugó en 2006, con una intensa campaña mediática contra López Obrador y apoyando a Calderón), Roberto Hernández, Joaquín Guzmán Loera y Alfredo Harp Helú.
La lista incluye también a “otros empresarios y banqueros, de menor rango o venidos a menos, que siguen manteniendo influencia política”: Roberto González Barrera, Lorenzo Servitje (activista católico y panista, cabeza del Grupo Bimbo, promotor de la guerra sucia contra Andrés Manuel), Claudio X González (presidente de Kimberley-Clark de México), Lorenzo Zambrano y otros.
Sobre Germán Larrea, por ejemplo, señala que es “uno de los hombres más insensibles y de malas entrañas de la vida pública del país” (página 53).
Larrea es el tercer hombre más rico de México y el número 72 en la lista de multimillonarios del mundo; ha reprimido a los trabajadores de su empresa minera en Cananea, y ha ido tejiendo una red de influencias y relaciones políticas.
Durante algún tiempo, el abogado de Grupo México fue el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont (página 52).
Sin embargo, es Carlos Salinas quien presume de tener bajo control a casi todos los integrantes de la elite política: “Tiene un fichero donde, además de información general, guarda copias de facturas y cheques de empresarios, políticos, opositores, comunicadores e intelectuales. En cierta ocasión, un intelectual se le volteó y a los pocos días le publicaron documentos del dinero que había recibido durante el gobierno de Salinas” (página 58).
El control de los llamados “grandes” medios de comunicación es el principal instrumento de los oligarcas. En particular, recurren a la televisión, con la que “manipulan el pensamiento de millones de mexicanos y administran la ignorancia en el país” (página 59).
De acuerdo con López Obrador, Calderón ya no le es útil a “la mafia” que lo llevó al poder, que ha decidido impulsar a Peña Nieto, candidato de Salinas a las elecciones de 2012.
Sugiere que el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder sería como el regreso de Santa Anna a mediados del siglo XIX, cuando él, que había entregado a Estados Unidos la mitad del país, fue llamado desde su exilio en Colombia para gobernar de nuevo a México.
En realidad, con Calderón es como si Santa Anna estuviera gobernando de nuevo, bajo un poder caracterizado por ser entreguista, por apoyarse en los más ricos (y por tanto en los principales medios de comunicación), lo mismo que en la jerarquía católica y en el Ejército.
La jerarquía católica: ¿gran ausente?
Llama la atención que, en su libro, López Obrador prácticamente no mencione a ese otro gran apoyo del gobierno derechista, que es la jerarquía católica, la que tanto se ha beneficiado con la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al poder y anteriormente con el acercamiento que tuvo con Salinas, un presidente que, al igual que Calderón, llegó al poder mediante el fraude.
Independientemente de los recursos de que puedan disponer, prelados como Norberto Rivera, Juan Sandoval, Onésimo Cepeda y otros son cómplices de la mafia que gobierna el país, o más bien forma parte de ella.
Y es un sector sumamente peligroso, no sólo por sus vínculos con el empresariado, por medio de personajes como el mencionado Lorenzo Servitje, y por representar a un poder trasnacional, sino ante todo porque busca eliminar las libertades derivadas del Estado laico.
Quiere intervenir en la educación, en el Ejército y en todas las instituciones, impulsando un totalitarismo católico como el que se vivió en España con Franco, o el que han padecido naciones suramericanas.
Tradicionalmente, su brazo político ha sido el PAN, que a la fecha es el único de los principales partidos que tiene raíces cristeras y que se opone en forma sistemática al Estado laico.
Sin embargo, a medida en que el PRI se ha ido empanizando, para lo cual tuvo que traicionar sus orígenes, se ha prestado a hacerle favores al clero, como la infame prohibición del aborto en muchas entidades de la república.
Hay que recordar que Salinas trató de legitimarse luego del fraude de 1988 no sólo con ayuda del PAN, sino del alto clero, al que mucho favoreció, incluso reformando la Constitución.
Por ello, no puede verse a Calderón simplemente como el personero de algunos millonarios, sino que, por sus propias raíces, ha sido el gobernante que mejor ha representado los proyectos e intereses del clero; ha sido un mandatario a la medida de la iglesia.
Por eso, una de las prioridades derechistas ha sido establecer en México el binomio clero-Ejército, lo cual sería trágico para el pueblo.
Estaríamos, entonces sí, como en la época de Santa Anna, o como en la dictadura de Pinochet.
La extraña omisión a la jerarquía católica se reflejó también en la lucha de Obrador, lo mismo que en su gobierno. López Obrador gobernó para el pueblo, poniendo en práctica excelentes políticas de beneficio social.
A la vez, evitó siempre cualquier roce con el clero, quizás por una prudencia que ha resultado contraproducente, pues la jerarquía sí lo ha atacado cotidianamente, a la vez que apoya a la mafia que controla los recursos del país.
Por el contrario, Marcelo Ebrard, aunque ha sido criticado en otros terrenos, sí se atrevió, desafiando al clero, a impulsar cambios históricos para ampliar libertades, como la despenalización del aborto y el reconocimiento del matrimonio homosexual. Son cambios históricos y necesarios, como los que en su momento promovió Juárez.
Resistencia y propuestas
En su libro, Obrador habla también de sus experiencias por todo el país en el movimiento de resistencia civil que ha encabezado a partir del fraude y de la imposición de 2006.
También presenta un decálogo de propuestas, todas ellas muy valiosas, para la transformación del país: rescatar al Estado y ponerlo al servicio del pueblo; democratizar los medios masivos de comunicación; crear una nueva economía; combatir las prácticas monopólicas; abolir los privilegios fiscales; practicar la austeridad republicana; fortalecer al sector energético; alcanzar la soberanía alimentaria; establecer el estado de bienestar; promover una nueva corriente de pensamiento, basada en la tolerancia, solidaridad, respeto a la diversidad y protección del medio ambiente.
Nuevamente, llama la atención que no se aluda al necesario respeto al Estado laico, cada vez más amenazado por la permanencia de la derecha en el poder, lo cual no es un es un asunto menor.
Aunque no se quiera hablar de ella, como si así dejara de existir, esa fuerza reaccionaria que es la jerarquía católica tendrá un peso importante en las elecciones de 2012, no en la ciudad de México, pero sí en algunas regiones del país.
Su opción favorita será el PAN, y como mal menor, si vieran esa posibilidad totalmente perdida, apoyaría a Peña Nieto, pero nunca a Obrador ni a Ebrard; al primero porque promueve el bienestar del pueblo, mientras que los jerarcas son afines al poder económico; al segundo, porque ha impulsado libertades a las cuales se opone tenazmente el clero.
Revista Contralínea.
Hace más de siete meses que nadie puede caminar por las calles de San Juan Copala, el centro político y ceremonial de la cultura triqui, en el poniente del estado mexicano de Oaxaca. Desde aquel 28 de noviembre de 2009, cuando las primeras ráfagas de fusiles de asalto AK-47 y AR-15 obligaron a los pobladores a recluirse en sus casas, han pasado 219 días.
Las fotografías que en esta nueva entrega publica Contralínea no dejan lugar a dudas: el pueblo que optó por construir un municipio autónomo se encuentra bajo metralla. Así luce San Juan Copala hoy: desolado, polvoriento y con sus principales edificios marcados por el terror.
Los tres niveles de gobierno no tienen, siquiera, el pretexto del narcotráfico. El de Copala es, de manera contundente, un conflicto político-social. No hay levantones ni disputas de rutas ni ajustes de cuentas. Existe llanamente un grupo entrenado y perfectamente pertrechado para aislar a esta capital triqui del resto del país. Lo que sí hay son emboscadas y la prohibición de entrar o salir del lugar. Más de 30 personas han sido asesinadas desde el 1 de enero de 2007, cuando las comunidades de Copala, Yosoyuxi, Agua Fría, Paraje Pérez, Santa Cruz, Tilapa y Cruz Chiquita –junto con pobladores de otros pueblos– erigieron el Municipio Autónomo y eligieron autoridades con base en usos y costumbres.
Lejos quedaron las fiestas y los días del bullicioso mercado. Ahora se trata de un pueblo sitiado donde las policías estatales y federales “no pueden” ingresar; tampoco el Ejército Mexicano ni la Marina Armada de México. Los funcionaros del gobierno de Ulises Ruiz piden permiso para transitar por los márgenes de Copala al líder de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Rufino Juárez Hernández, principal sospechoso de atentar contra la caravana humanitaria por la paz que el 27 de abril acabó desecha por un grupo de hombres armados. Los asaltantes asesinaron entonces a los activistas Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola.
Ni a los diputados federales se les permitió el paso en una nueva caravana que llegó hasta la comunidad el Diamante, el pasado 8 de junio.
Tres grupos disputan el control político y las partidas presupuestales: la Ubisort, de filiación priista, creada en 1996; el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), fundado en 1981, dirigido por mestizos y que participa en la lucha electoral estatal a través del Partido Unidad Popular; y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, organización escindida del MULT, integrada exclusivamente por triquis, impulsora del Municipio Autónomo y que rechaza la política partidista.
A diario, y a todas horas, los niños, las mujeres, los hombres y los ancianos de San Juan Copala escuchan las descargas que se impactan contra el palacio municipal, la iglesia, las escuelas y las casas habitación.
Los gobiernos de Felipe Calderón y de Ulises Ruiz han preferido callar y permitir que los paramilitares realicen su “trabajo”.
Copala es hoy una muestra de la pérdida de control territorial del Estado mexicano o una evidencia del genocidio que se comete contra un pueblo indígena que reclama autonomía; un crimen de lesa humanidad del que los gobiernos federal y estatal son responsables, al menos, por omisión.
Indígenas atentos al próximo gobierno de Oaxaca.
Emilio Godoy
IPS
La autónoma comunidad indígena triqui de San Juan Copala, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, está a la expectativa de la postura que asuma el flamante gobierno estadual electo. Esa comunidad, habitada por 786 personas y que se declaró autónoma en 2007, padece desde enero un bloqueo de paramilitares pertenecientes a la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), una organización ilegal acusada de tener vínculos con el actual gobierno del estado, encabezado por Ulises Ruiz, del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI).
"La primera señal que el gobierno elegido el domingo debe enviar es el rompimiento del bloqueo y el desarme de Ubisort", planteó a IPS Jorge Albino, miembro de la comisión de derechos humanos de San Juan Copala, ubicada a unos 600 kilómetros al sur de la capital mexicana.
"El nuevo gobierno no va a ser una solución para la región triqui, pero puede ser una puerta abierta en beneficio del municipio", añadió.
El candidato Gabino Cué, de la coalición de izquierda y derecha formada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, lidera las votaciones locales, en detrimento de Eviel Pérez, abanderado del PRI, según los resultados preliminares.
El domingo, unos 30 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para renovar los gobiernos estaduales y municipales, así como los congresos legislativos locales de 14 estados de México, en los comicios más importantes antes de la cita presidencial de 2012. En 12 de ellos se eligieron nuevos gobernadores.
El PRI, que gobernó este país sin interrupciones durante siete décadas hasta 2000, se impuso en nueve estados, pero perdió el norteño y emblemático estado de Sinaloa y, por vez primera en ocho décadas, fue vencido en los sureños Puebla y Oaxaca, en una señal de alerta de que no tiene asegurada la victoria en 2012, como se presuponía.
"Se vino un voto de castigo en Puebla y Oaxaca, por los dos gobernadores que están saliendo. Vienen nuevos aires, Cué va a tener mayores herramientas para dar paz a la comunidad oaxaqueña, va a poder lidiar mejor con las diferentes fuerzas políticas", señaló a IPS Arturo Argente, académico del privado Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Ruiz y su correligionario Mario Marín, de Puebla, han estado involucrados en sendos escándalos de corrupción y abuso de poder, aunque que éstos no derivaron en condenas penales.
San Juan Copala ha sido escenario este año de varios incidentes violentos. En abril, paramilitares atacaron un convoy humanitario con víveres y medicamentos para los pobladores, misión que intentó quebrar el cerco impuesto.
La emboscada de Ubisort dejó muertos a Beatriz Cariño, directora del no gubernamental Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y al finlandés Jyri Jaakkola, un observador de derechos humanos, y varias personas heridas. En esa caravana viajaban activistas de derechos humanos y observadores de Alemania, Bélgica, Finlandia e Italia.
Luego, en mayo, fueron ejecutados Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro. Ramírez fue uno de los precursores de la autonomía de San Juan Copala y máximo dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi), una de las organizaciones defensoras de esa iniciativa.
En junio, otro convoy, integrado por diputados, activistas y periodistas, que también transportaba bienes básicos, trató de entrar en la comunidad, pero se abstuvo de intentarlo debido a las amenazas de los paramilitares de un nuevo ataque.
Este domingo no se instalaron casillas para votar en San Juan Copala.
Cué, quien perdió en las elecciones a gobernador de Oaxaca en 2004, asumirá en diciembre de ser declarado ganador por la autoridad electoral, arrastrando un legado de conflictos violentos, corrupción y pobreza, pues se trata de uno de los estados con mayor grado de marginación en México.
"Vamos a esperar su agenda de trabajo. Pero queremos que investigue los asesinatos en San Juan Copala y que el estado no meta las manos en la comunidad", apuntó Albino.
Para evaluar la situación de derechos humanos, las eurodiputadas Satu Hassi, ex ministra del Medio Ambiente de Finlandia, y Ska Keller, ex presidenta de la Federación de los Jóvenes Verdes Europeos, se encuentran en Oaxaca y, luego de su gira, entregarán un informe al Parlamento Europeo y al gobierno mexicano.
En los últimos años, Oaxaca ha vivido otros conflictos, como el ocurrido entre mayo y octubre de 2006, cuando el magisterio del estado, afiliado a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), tomaron las principales calles de la ciudad en rechazo a la gestión del gobernador Ruiz.
El magisterio y la APPO, que agrupa a unas 300 organizaciones locales, acusaron a Ruiz, imagen del ala más conservadora del PRI, de corrupto y autoritario.
El conflicto acabó con la intervención de docenas de policías federales enviados por el entonces presidente Vicente Fox (2000-2006), afiliado al PAN, al igual que el actual mandatario Felipe Calderón.
La acción policíaca dejó más de 20 muertos, la gran mayoría atribuidos a la represión oficial, unos 370 heridos y aproximadamente 350 detenidos, sin que haya procesos penales contra los responsables. Las manifestaciones resurgieron a mediados de 2007, pero se debilitaron rápidamente.
"Tenemos una sociedad muy lastimada, con muchos rencores y que busca un cambio. Hay que ver el ambiente que dejan los gobernadores salientes. El mexicano está manifestando que está recuperando la memoria y que quiere ver otros políticos a la cabeza", analizó Argente.
AMLO: La mafia que se adueñó de México y el 2012…
Autor: Edgar González Ruiz
Ése es el título del libro más reciente de Andrés Manuel López Obrador, cuya primera edición publicó en junio la editorial Grijalbo.
El revelador texto describe el saqueo del país perpetrado por un pequeño grupo de empresarios; algunos de ellos también impulsaron en 2006 la guerra sucia para evitar que él llegara a la Presidencia.
Dicha oligarquía, explica, se conformó “desde el gobierno de Carlos Salinas, cuando un puñado de traficantes de influencias, al amparo del poder público, inició el despojo de los bienes de la nación y del pueblo, con el engaño de una supuesta modernización del país” (página 56).
Salinas: amo de títeres
Son alrededor de 30 personas quienes “conforman el comité central de la oligarquía en México” (página 44). Entre ellos, Carlos Slim, Ricardo Salinas, Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Instituto Tecnológico Autónomo de México), Jerónimo Arango (socio de Wal-Mart y uno de los financiadores de la campaña de Calderón en 2006), Emilio Azcárraga Jean (cabe recordar el papel que Televisa jugó en 2006, con una intensa campaña mediática contra López Obrador y apoyando a Calderón), Roberto Hernández, Joaquín Guzmán Loera y Alfredo Harp Helú.
La lista incluye también a “otros empresarios y banqueros, de menor rango o venidos a menos, que siguen manteniendo influencia política”: Roberto González Barrera, Lorenzo Servitje (activista católico y panista, cabeza del Grupo Bimbo, promotor de la guerra sucia contra Andrés Manuel), Claudio X González (presidente de Kimberley-Clark de México), Lorenzo Zambrano y otros.
Sobre Germán Larrea, por ejemplo, señala que es “uno de los hombres más insensibles y de malas entrañas de la vida pública del país” (página 53).
Larrea es el tercer hombre más rico de México y el número 72 en la lista de multimillonarios del mundo; ha reprimido a los trabajadores de su empresa minera en Cananea, y ha ido tejiendo una red de influencias y relaciones políticas.
Durante algún tiempo, el abogado de Grupo México fue el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont (página 52).
Sin embargo, es Carlos Salinas quien presume de tener bajo control a casi todos los integrantes de la elite política: “Tiene un fichero donde, además de información general, guarda copias de facturas y cheques de empresarios, políticos, opositores, comunicadores e intelectuales. En cierta ocasión, un intelectual se le volteó y a los pocos días le publicaron documentos del dinero que había recibido durante el gobierno de Salinas” (página 58).
El control de los llamados “grandes” medios de comunicación es el principal instrumento de los oligarcas. En particular, recurren a la televisión, con la que “manipulan el pensamiento de millones de mexicanos y administran la ignorancia en el país” (página 59).
De acuerdo con López Obrador, Calderón ya no le es útil a “la mafia” que lo llevó al poder, que ha decidido impulsar a Peña Nieto, candidato de Salinas a las elecciones de 2012.
Sugiere que el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder sería como el regreso de Santa Anna a mediados del siglo XIX, cuando él, que había entregado a Estados Unidos la mitad del país, fue llamado desde su exilio en Colombia para gobernar de nuevo a México.
En realidad, con Calderón es como si Santa Anna estuviera gobernando de nuevo, bajo un poder caracterizado por ser entreguista, por apoyarse en los más ricos (y por tanto en los principales medios de comunicación), lo mismo que en la jerarquía católica y en el Ejército.
La jerarquía católica: ¿gran ausente?
Llama la atención que, en su libro, López Obrador prácticamente no mencione a ese otro gran apoyo del gobierno derechista, que es la jerarquía católica, la que tanto se ha beneficiado con la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al poder y anteriormente con el acercamiento que tuvo con Salinas, un presidente que, al igual que Calderón, llegó al poder mediante el fraude.
Independientemente de los recursos de que puedan disponer, prelados como Norberto Rivera, Juan Sandoval, Onésimo Cepeda y otros son cómplices de la mafia que gobierna el país, o más bien forma parte de ella.
Y es un sector sumamente peligroso, no sólo por sus vínculos con el empresariado, por medio de personajes como el mencionado Lorenzo Servitje, y por representar a un poder trasnacional, sino ante todo porque busca eliminar las libertades derivadas del Estado laico.
Quiere intervenir en la educación, en el Ejército y en todas las instituciones, impulsando un totalitarismo católico como el que se vivió en España con Franco, o el que han padecido naciones suramericanas.
Tradicionalmente, su brazo político ha sido el PAN, que a la fecha es el único de los principales partidos que tiene raíces cristeras y que se opone en forma sistemática al Estado laico.
Sin embargo, a medida en que el PRI se ha ido empanizando, para lo cual tuvo que traicionar sus orígenes, se ha prestado a hacerle favores al clero, como la infame prohibición del aborto en muchas entidades de la república.
Hay que recordar que Salinas trató de legitimarse luego del fraude de 1988 no sólo con ayuda del PAN, sino del alto clero, al que mucho favoreció, incluso reformando la Constitución.
Por ello, no puede verse a Calderón simplemente como el personero de algunos millonarios, sino que, por sus propias raíces, ha sido el gobernante que mejor ha representado los proyectos e intereses del clero; ha sido un mandatario a la medida de la iglesia.
Por eso, una de las prioridades derechistas ha sido establecer en México el binomio clero-Ejército, lo cual sería trágico para el pueblo.
Estaríamos, entonces sí, como en la época de Santa Anna, o como en la dictadura de Pinochet.
La extraña omisión a la jerarquía católica se reflejó también en la lucha de Obrador, lo mismo que en su gobierno. López Obrador gobernó para el pueblo, poniendo en práctica excelentes políticas de beneficio social.
A la vez, evitó siempre cualquier roce con el clero, quizás por una prudencia que ha resultado contraproducente, pues la jerarquía sí lo ha atacado cotidianamente, a la vez que apoya a la mafia que controla los recursos del país.
Por el contrario, Marcelo Ebrard, aunque ha sido criticado en otros terrenos, sí se atrevió, desafiando al clero, a impulsar cambios históricos para ampliar libertades, como la despenalización del aborto y el reconocimiento del matrimonio homosexual. Son cambios históricos y necesarios, como los que en su momento promovió Juárez.
Resistencia y propuestas
En su libro, Obrador habla también de sus experiencias por todo el país en el movimiento de resistencia civil que ha encabezado a partir del fraude y de la imposición de 2006.
También presenta un decálogo de propuestas, todas ellas muy valiosas, para la transformación del país: rescatar al Estado y ponerlo al servicio del pueblo; democratizar los medios masivos de comunicación; crear una nueva economía; combatir las prácticas monopólicas; abolir los privilegios fiscales; practicar la austeridad republicana; fortalecer al sector energético; alcanzar la soberanía alimentaria; establecer el estado de bienestar; promover una nueva corriente de pensamiento, basada en la tolerancia, solidaridad, respeto a la diversidad y protección del medio ambiente.
Nuevamente, llama la atención que no se aluda al necesario respeto al Estado laico, cada vez más amenazado por la permanencia de la derecha en el poder, lo cual no es un es un asunto menor.
Aunque no se quiera hablar de ella, como si así dejara de existir, esa fuerza reaccionaria que es la jerarquía católica tendrá un peso importante en las elecciones de 2012, no en la ciudad de México, pero sí en algunas regiones del país.
Su opción favorita será el PAN, y como mal menor, si vieran esa posibilidad totalmente perdida, apoyaría a Peña Nieto, pero nunca a Obrador ni a Ebrard; al primero porque promueve el bienestar del pueblo, mientras que los jerarcas son afines al poder económico; al segundo, porque ha impulsado libertades a las cuales se opone tenazmente el clero.
