ESCENARIO ATROZ
1 jul 2010
Crimen político
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO.
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO.
Será melón, será sandía… Lo cierto es que el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas tenía las mayores probabilidades de ganar y lo mataron. Y como nadie sabe, entre la gente común, qué hace en realidad el crimen organizado, pues es fácil echarle la culpa de todo aquello que no se puede probar, aunque pudiera ser cierto. Igual ocurriría con organizaciones secretas, que si existen en México serían precisamente secretas y, por lo tanto, nada sabríamos de ellas y, por lo mismo, les podríamos echar la culpa de cualquier cosa.
Pero al margen de lo que podemos saber o no, por tratarse de un político el crimen es político, aunque formalmente sea del fuero común. Alguien no quiso que Torre gobernara Tamaulipas. Los crímenes políticos tienen esa extraña característica: nadie sabe, nadie supo y nadie sabrá. ¿Quién mató a Kennedy? ¿Quién a Colosio? ¿Quién a Digna Ochoa? ¿Quién a Rodolfo Torre Cantú? ¿Por qué, en este caso y antes de cualquier investigación, se concluyó desde el gobierno federal que el crimen organizado fue el autor de la ejecución? ¿No fue un dictamen muy apresurado? El asesinato de Francisco Serrano en Huitzilac (octubre de 1927) tiene semejanzas, por su modus operandi, con el de Torre Cantú: los bajaron de sus vehículos y los ejecutaron. En 1927 no se hablaba en México de crimen organizado, pero aunque hubiera existido nadie tiene duda de que las manos de Calles y Obregón tuvieron algo que ver con el asesinato de aquel candidato que quizá podía haber ganado la elección presidencial.
Sorprende la lógica tanto de Gómez Mont como de Calderón Hinojosa. Después de culpar al crimen organizado, derivaron una conclusión y un llamamiento. La conclusión es que fue un atentado contra las instituciones democráticas (lo que está por probarse primero), y el llamamiento es por la unidad nacional: todos, gobiernos, partidos y sociedad (los mexicanos, pues), debemos unirnos contra el crimen organizado, es decir legitimar la absurda e improvisada guerra que contra éste inició el gobierno de Calderón.
Sin investigación de por medio, ya surgió el veredicto, como ocurrió en 2007 con el caso de la anciana de Zongolica, Ernestina Ascensión Rosario (o como se apellidara, pues ni en esto se pusieron de acuerdo): murió por gastritis crónica. Esto quiere decir que cualquier investigación que se haga llegará al mismo resultado: al veredicto oficial.
La gran pregunta es: ¿qué pasaría si la procuraduría estatal, después de investigar, llegara a una conclusión diferente? Esta pregunta sólo tendría sentido si viviéramos en otro país, pues hasta en casos que en apariencia no tuvieron implicaciones políticas, como el de la niña Paulette, las autoridades se cubrieron entre sí para dictaminar que murió por un accidente, a pesar de todas las evidencias que millones de mexicanos pudimos sopesar y juzgar. ¿El procurador tamaulipeco será sustituido si se le ocurre hacer una investigación independiente, objetiva y no determinada por el veredicto, en este caso, del gobierno federal? Tal vez no se le ocurra, pues tanto los priístas como el mismo gobernador saliente saben que de todos modos ganarían, y más ahora, con el candidato que escojan. El artículo 158 del Código Electoral para el estado de Tamaulipas (publicado por la 40 Legislatura del estado) señala con claridad que: “En caso de cancelación del registro o sustitución de uno o más candidatos, las boletas que ya estuvieran impresas serán corregidas en la parte relativa o sustituidas por otras, conforme lo acuerde el Consejo Estatal Electoral. Si no se pudiera efectuar su corrección o sustitución, o las boletas ya hubiesen sido repartidas a las casillas, los votos contarán para los partidos políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante el Consejo Estatal Electoral o Consejos Distritales y Municipales Electorales correspondientes, al momento de la elección.” (Las cursivas son mías.)
Lo verdaderamente preocupante, además del dolor de familiares y amigos del candidato asesinado, es que ya entramos, como país, en una dinámica demencial en la que todo puede ocurrir y al mismo tiempo no pasa nada. Han muerto alrededor de 24 mil personas en la lucha del gobierno de Calderón contra el crimen organizado, se han violado artículos constitucionales (como el 16) todos los días y, absurdamente, se usa como argumento para justificar retenes militares la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que en sus 27 páginas nada dice de que los soldados puedan establecer destacamentos para revisar las pertenencias de una persona, por ejemplo su vehículo, ni a la persona misma.
El derecho ha perdido su significado. Las leyes están escritas en papel mojado. La seguridad pública es cosa del pasado, el crimen organizado hace lo que le da la gana o dicen que lo hace a falta de otros culpables con nombre y apellido y bien parados con el poder institucional. Los veredictos sobre la culpabilidad de supuestos delincuentes ya no pasan siquiera por la expresión presunto y los criminales (presuntos o no) son muertos donde los encuentran los militares o los policías, sin leerles sus derechos, sin intentar apresarlos para ponerlos a disposición de la autoridad competente, sin someterlos a juicio. Regresamos al porfiriato: “mátalos en caliente y después viriguas”. ¡Vaya!, ni siquiera se les da el privilegio de la duda o de intentar demostrar que son inocentes (los muertos no pueden demostrar nada). Los amparos tampoco sirven. Acabo de leer una nota del subdirector de La Jornada Morelos donde se dice que el lunes pasado fue detenido Marco Antonio García Barrera, subsecretario del interior del SME en Cuernavaca, por elementos de la Policía Federal. Y tal detención se hizo a pesar de que el electricista mostró dos amparos interpuestos ante juzgados federales por posibles privaciones de su libertad.
No hay derecho, ni derechos. Hay, y lo acabamos de comprobar oyendo a Gómez Mont y a Calderón, juicios sumarios en los que se ha prescindido de las formalidades de una investigación y de los trámites de un juicio ordinario sobre un crimen político que también lo es del fuero común. Y todavía así nos convocan a unirnos en la guerra, que sin el concurso del Congreso de la Unión comenzó el Presidente de la República, como queriendo corresponsabilizar a todos los mexicanos que, por cierto, nunca fuimos consultados.
PD. En la madrugada del 29 de junio el electricista Marco Antonio García Barrera salió libre bajo fianza de 10 mil pesos que aportaron los jubilados del SME.
Balas y votos
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 30 de junio (apro).- En las elecciones del próximo 4 de julio es posible que se desate la violencia en 15 estados del país. Esta presunción no es gratuita si nos atenemos al reciente asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, al de Enrique Mendivil, candidato a regidor en Sinaloa, de Joel Ortega, aspirante a regidor en Zacatecas, y al de Mario Guajardo, quien buscaba gobernar el municipio tamaulipeco de Valle Hermoso, hasta que una lluvia de balas se lo impidió.
Estas cinco ejecuciones, sin embargo, son apenas la punta del iceberg de la violencia que esta marcando los procesos electorales en varios estados, como en Oaxaca, donde en San Juan Copala un grupo parapoliciaco asesinó a dos integrantes de una caravana internacional de paz sin que el gobierno de Ulises Ruiz hiciera algo.
Varios candidatos a gobernadores, como Xóchitl Gálvez, así como de diversas presidencias municipales han denunciado amenazas de muerte por parte de grupos criminales, entre ellos Los Zetas. Los partidos políticos y sus candidatos han decidido no hacer campaña en ciertas regiones del norte donde es imposible meterse sin que el narcotráfico lo permita.
Pero la intemperancia a la que se ha llegado en la política mexicana vinculada al narcotráfico, es lo realmente grave porque esta mostrando la fragilidad del gobierno de Felipe Calderón y de todo el Estado mexicano, confirmando aquella idea duramente criticada del “Estado fallido”.
La muerte de 23 mil personas, centenas de discapacitados, miles de huérfanos, innumerables desaparecidos y decenas de policías y soldados muertos en todo el país son la expresión más clara del poder que ha alcanzado el crimen organizado en México sin que el gobierno haya podido detenerlo.
Según el investigador Eduardo Buscaglia, en el país se esta dando un “proceso de afganización”, que significa que la ausencia total del Estado en 982 zonas en las cuales el poder real de gobierno lo tiene algún grupo del crimen organizado. Señala el catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) que tal fenómeno ha ido creciendo en los últimos tres años porque si en 2007 se contabilizaron 353, para 2009 eran 650 y ahora son 982.
El asesor de la ONU no es el único en afirmar esta idea del control territorial del narco. El exgobernador de Morelos y exdirector del Cisen, Jorge Carrillo Olea, afirmó recientemente que el narco controla 30% del territorio nacional. Mientras que, a principios de este año, en Estados Unidos un informe del Pentágono reveló que el narcotráfico controlaba la mitad del territorio mexicano.
El exprocurador general de la República, Eduardo Medina Mora y también extitular del Cisen, comparte de alguna manera esta idea. En su libro “Cisen: 20 años de historia”, dice que ciertas zonas del país, sobre todo en la frontera Norte, el crimen organizado y los narcotraficantes, “sin duda retan a esas autoridades estatales”.
Esta situación de inseguridad e incertidumbre que la sociedad en todo el país viene sufriendo durante varios años, principalmente en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, no la habían padecido la clase gobernante cubierta por una esfera protectora de guardaespaldas y policías pagados por el erario público.
Como ya se había dicho, no fue sino hasta que sintieron en carne propia los ataques del crimen organizado, y del narcotráfico en particular, cuando han empezado a reaccionar. El secuestro de Diego Fernández de Cevallos y el asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, provocó que los partidos y el gobierno alzaran su voz para detener la espiral de violencia y el poder del narcotráfico en distintas regiones del país.
Todos los actores políticos, incluido el presidente del IFE, Leonardo Valdés, ha calificado el asesinato de Rodolfo Torre como un “atentado a la democracia”. Pero aquí habría que preguntar cómo le llaman a los asesinatos de miles de mexicanos por el crimen organizado. ¿Esas muertes no cuentan para la vida democrática del país?
Los temas de la agenda política del país, paradójicamente, no los están dictando los actores políticos sino el crimen organizado. Son ellos los que están incidiendo en la toma de decisiones en áreas de seguridad pública, política social, seguridad nacional, economía, empleo y gobernabilidad.
El crimen organizado se ha infiltrado hasta la estructura del estado y no se ve que exista la intención de tomar decisiones significativas y trascendentales por parte del gobierno y de los partidos para atajar este enorme peligro para la estabilidad social.
Como sea, las balas le están ganando la batalla a los votos en estas elecciones. Habrá que ver la participación ciudadana este domingo 4 y tomar en cuenta que todo esto habrá de tener una repercusión para la elección presidencial del 2012.
Astillero
Enmiendas con trampa. Peña Nieto amaga
Fiscalía electoral. Sucesión dinástica
Aguirre: sí se puede... ir
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Día de aparentes correcciones y sostenidas confusiones. La lucha de los pueblos de San Salvador Atenco consigue que la Suprema, usualmente Corta de Justicia, reconozca las aberraciones jurí- dicas cometidas por el foxismo y el peñanietismo para castigar con cárcel extrema a los dirigentes del movimiento de insurgencia cívica de esa región a la que los poderes coaligados pretendían convertir en sabroso negocio aeroportuario. La máxima instancia judicial mexicana acepta, así, que hubo maquinaciones y confabulaciones para exagerar e inventar discutibles tonos delictivos en lo que eran protestas sociales en que se produjeron excesos (las retenciones de funcionarios, por ejemplo, que pueden ser explicadas desde el discurso de la resistencia política y social, pero pueden configurar actos jurídicos punibles) que, sin embargo, no merecían ser encausados y sancionados con la dureza que esos gobiernos decidieron. En pocas palabras, el Poder Judicial de la Federación asume que a Ignacio del Valle y los demás dirigentes atenquistas les fabricaron expedientes y les urdieron resoluciones para castigarlos ejem- plarmente por su insurrección cívica. Tan generosa visión de un órgano de administración de justicia, que con frecuencia actúa facciosamente en beneficio de intereses cupulares, o en el sentido buscado e instruido por poderosos políticos que a su vez promovieron que esos ministros ocuparan los sitiales justicieros, ha generado especulaciones de distinta índole, algunas incluso sugiriendo que el súbito ataque de honestidad judicial tuviera que ver con destacados secuestros vigentes.
La presunta corrección de la Corte no tiene, por desgracia, correlación con el señalamiento de responsables de esa barbarie jurídica ni mucho menos con la exigencia de castigo para quienes así retorcieron leyes, procesos e instituciones: se puede decir el pecado, pero no castigar a los pecadores.
Un causante fundamental de la represión física contra los atenquenses y del ensañamiento judicial contra sus dirigentes ha sido Enrique Peña Nieto, el gobernador del estado de México y virtual precandidato presidencial pri- ísta, quien oportunamente sem- bró siete nuevas órdenes de aprehensión contra los líderes encarcelados, para quedar así en condiciones técnicamente adecuadas de volver a detenerlos, apenas pongan un pie en libertad o en días posteriores, guardando incluso ese recurso ya activado como amenaza contra quienes reanu- darán su trabajo político y social en cuanto les sea posible.
Un extraño movimiento de organigrama en la PGR, instruido o cuando menos autorizado por Los Pinos, deja al país en la extraña circunstancia de que abandone su cargo la responsable federal de atender denuncias por delitos electorales como las que seguramente se producirán a carretadas en la ardiente jornada de este domingo. Areli Gómez nunca fue garantía de prontitud ni sentido de justicia, sino todo lo contrario, producto como fue su nombramiento de una convergencia de intereses provenientes de la Suprema Corte, Televisa y el calderonismo más duro. Pero su salida en estos momentos no ayuda a fortalecer la impresión de que en la cúpula administrativa del país haya intención de respetar la legalidad electoral y buscar castigo a sus infractores. Según las versiones en curso, Gómez deja la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para pasar a una súper fiscalía que entre otras áreas atenderá lo relacionado con agresiones a periodistas, violencia intrafamiliar y casos de trata.
En Tamaulipas, el PRI dejó la sucesión de Rodolfo Torre Cantú en manos del mismo factor que lo había designado, el gobernador Eugenio Hernández, quien optó por una resolución dinástica: el hermano Egidio (significado: el que transporta en la batalla el escudo de piel de cabra). Está por verse la capacidad administrativa y política de quien de manera tan trágica llega a una candidatura que sin duda ganará este domingo. Cierto es que en Tamaulipas, como en varias entidades del país, no se necesitan gobernadores sino administradores, meros encargados de negocios, pero aún así puede resultar muy difícil para una persona con poca experiencia política de buen nivel en lidiar con los factores reales de poder, cada vez más agresivos e intolerantes. El PRI atajó en este caso los riesgos de las luchas intestinas que parecían intentar arrebatarle al jefe local la decisión postmortuoria, sobre todo desde flancos asentados en la ciudad de México.
El hombre que aspiró a revolucionar México a partir de anuncios demagógicos de televisión también entró ayer al paquete de las enmiendas bien pagadas. Javier Aguirre no se quedará en México para dar continuidad a sus arengas y planes, pues previamente había escogido el destino que ayer apresuradamente confirmó: ver desde el extranjero el desenlace de las mitologías de voluntarismo guerrero que por encargo de Televisa había revelado. Del sí se puede, al no se pudo, al ya me voy. Aguirre se va derrotado, pero no solamente él: también el salobre Calderón que fue factor esencial para convencerlo de encargarse de la selección mexicana, y los aficionados que creyeron las promesas de grandeza que a fin de cuentas sólo se reflejaron en cuentas e ingresos de los directivos y dueños del futbol profesional.
El creador del Gran Caldero Nacional tuvo, a su vez, momentos de anticipada nostalgia que hicieron a un diario capitalino, Reforma, cabecear su información de internet con una frase que emocionó a una parte de los ciudadanos: FCH: me voy. Pero en seguida venía la precisión: violencia se queda. No era la renuncia del ocupante de Los Pinos, sino una elaboración verbal en la que advertía que cuando él se retire del cargo persistirá la violencia como herencia impersonal.
Y, mientras el tronar de pistolas hace suspender el cierre de campaña del opositor José Aispuro Torres, en Durango, y Felipe sigue con sus anuncios electoreros de bondades gubernamentales, esta vez algunas simplificaciones fiscales, ¡hasta mañana, con tres mil boletas electorales robadas en Chihuahua!
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 30 de junio (apro).- En las elecciones del próximo 4 de julio es posible que se desate la violencia en 15 estados del país. Esta presunción no es gratuita si nos atenemos al reciente asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, al de Enrique Mendivil, candidato a regidor en Sinaloa, de Joel Ortega, aspirante a regidor en Zacatecas, y al de Mario Guajardo, quien buscaba gobernar el municipio tamaulipeco de Valle Hermoso, hasta que una lluvia de balas se lo impidió.
Estas cinco ejecuciones, sin embargo, son apenas la punta del iceberg de la violencia que esta marcando los procesos electorales en varios estados, como en Oaxaca, donde en San Juan Copala un grupo parapoliciaco asesinó a dos integrantes de una caravana internacional de paz sin que el gobierno de Ulises Ruiz hiciera algo.
Varios candidatos a gobernadores, como Xóchitl Gálvez, así como de diversas presidencias municipales han denunciado amenazas de muerte por parte de grupos criminales, entre ellos Los Zetas. Los partidos políticos y sus candidatos han decidido no hacer campaña en ciertas regiones del norte donde es imposible meterse sin que el narcotráfico lo permita.
Pero la intemperancia a la que se ha llegado en la política mexicana vinculada al narcotráfico, es lo realmente grave porque esta mostrando la fragilidad del gobierno de Felipe Calderón y de todo el Estado mexicano, confirmando aquella idea duramente criticada del “Estado fallido”.
La muerte de 23 mil personas, centenas de discapacitados, miles de huérfanos, innumerables desaparecidos y decenas de policías y soldados muertos en todo el país son la expresión más clara del poder que ha alcanzado el crimen organizado en México sin que el gobierno haya podido detenerlo.
Según el investigador Eduardo Buscaglia, en el país se esta dando un “proceso de afganización”, que significa que la ausencia total del Estado en 982 zonas en las cuales el poder real de gobierno lo tiene algún grupo del crimen organizado. Señala el catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) que tal fenómeno ha ido creciendo en los últimos tres años porque si en 2007 se contabilizaron 353, para 2009 eran 650 y ahora son 982.
El asesor de la ONU no es el único en afirmar esta idea del control territorial del narco. El exgobernador de Morelos y exdirector del Cisen, Jorge Carrillo Olea, afirmó recientemente que el narco controla 30% del territorio nacional. Mientras que, a principios de este año, en Estados Unidos un informe del Pentágono reveló que el narcotráfico controlaba la mitad del territorio mexicano.
El exprocurador general de la República, Eduardo Medina Mora y también extitular del Cisen, comparte de alguna manera esta idea. En su libro “Cisen: 20 años de historia”, dice que ciertas zonas del país, sobre todo en la frontera Norte, el crimen organizado y los narcotraficantes, “sin duda retan a esas autoridades estatales”.
Esta situación de inseguridad e incertidumbre que la sociedad en todo el país viene sufriendo durante varios años, principalmente en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, no la habían padecido la clase gobernante cubierta por una esfera protectora de guardaespaldas y policías pagados por el erario público.
Como ya se había dicho, no fue sino hasta que sintieron en carne propia los ataques del crimen organizado, y del narcotráfico en particular, cuando han empezado a reaccionar. El secuestro de Diego Fernández de Cevallos y el asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, provocó que los partidos y el gobierno alzaran su voz para detener la espiral de violencia y el poder del narcotráfico en distintas regiones del país.
Todos los actores políticos, incluido el presidente del IFE, Leonardo Valdés, ha calificado el asesinato de Rodolfo Torre como un “atentado a la democracia”. Pero aquí habría que preguntar cómo le llaman a los asesinatos de miles de mexicanos por el crimen organizado. ¿Esas muertes no cuentan para la vida democrática del país?
Los temas de la agenda política del país, paradójicamente, no los están dictando los actores políticos sino el crimen organizado. Son ellos los que están incidiendo en la toma de decisiones en áreas de seguridad pública, política social, seguridad nacional, economía, empleo y gobernabilidad.
El crimen organizado se ha infiltrado hasta la estructura del estado y no se ve que exista la intención de tomar decisiones significativas y trascendentales por parte del gobierno y de los partidos para atajar este enorme peligro para la estabilidad social.
Como sea, las balas le están ganando la batalla a los votos en estas elecciones. Habrá que ver la participación ciudadana este domingo 4 y tomar en cuenta que todo esto habrá de tener una repercusión para la elección presidencial del 2012.
Astillero
Enmiendas con trampa. Peña Nieto amaga
Fiscalía electoral. Sucesión dinástica
Aguirre: sí se puede... ir
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Día de aparentes correcciones y sostenidas confusiones. La lucha de los pueblos de San Salvador Atenco consigue que la Suprema, usualmente Corta de Justicia, reconozca las aberraciones jurí- dicas cometidas por el foxismo y el peñanietismo para castigar con cárcel extrema a los dirigentes del movimiento de insurgencia cívica de esa región a la que los poderes coaligados pretendían convertir en sabroso negocio aeroportuario. La máxima instancia judicial mexicana acepta, así, que hubo maquinaciones y confabulaciones para exagerar e inventar discutibles tonos delictivos en lo que eran protestas sociales en que se produjeron excesos (las retenciones de funcionarios, por ejemplo, que pueden ser explicadas desde el discurso de la resistencia política y social, pero pueden configurar actos jurídicos punibles) que, sin embargo, no merecían ser encausados y sancionados con la dureza que esos gobiernos decidieron. En pocas palabras, el Poder Judicial de la Federación asume que a Ignacio del Valle y los demás dirigentes atenquistas les fabricaron expedientes y les urdieron resoluciones para castigarlos ejem- plarmente por su insurrección cívica. Tan generosa visión de un órgano de administración de justicia, que con frecuencia actúa facciosamente en beneficio de intereses cupulares, o en el sentido buscado e instruido por poderosos políticos que a su vez promovieron que esos ministros ocuparan los sitiales justicieros, ha generado especulaciones de distinta índole, algunas incluso sugiriendo que el súbito ataque de honestidad judicial tuviera que ver con destacados secuestros vigentes.
La presunta corrección de la Corte no tiene, por desgracia, correlación con el señalamiento de responsables de esa barbarie jurídica ni mucho menos con la exigencia de castigo para quienes así retorcieron leyes, procesos e instituciones: se puede decir el pecado, pero no castigar a los pecadores.
Un causante fundamental de la represión física contra los atenquenses y del ensañamiento judicial contra sus dirigentes ha sido Enrique Peña Nieto, el gobernador del estado de México y virtual precandidato presidencial pri- ísta, quien oportunamente sem- bró siete nuevas órdenes de aprehensión contra los líderes encarcelados, para quedar así en condiciones técnicamente adecuadas de volver a detenerlos, apenas pongan un pie en libertad o en días posteriores, guardando incluso ese recurso ya activado como amenaza contra quienes reanu- darán su trabajo político y social en cuanto les sea posible.
Un extraño movimiento de organigrama en la PGR, instruido o cuando menos autorizado por Los Pinos, deja al país en la extraña circunstancia de que abandone su cargo la responsable federal de atender denuncias por delitos electorales como las que seguramente se producirán a carretadas en la ardiente jornada de este domingo. Areli Gómez nunca fue garantía de prontitud ni sentido de justicia, sino todo lo contrario, producto como fue su nombramiento de una convergencia de intereses provenientes de la Suprema Corte, Televisa y el calderonismo más duro. Pero su salida en estos momentos no ayuda a fortalecer la impresión de que en la cúpula administrativa del país haya intención de respetar la legalidad electoral y buscar castigo a sus infractores. Según las versiones en curso, Gómez deja la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para pasar a una súper fiscalía que entre otras áreas atenderá lo relacionado con agresiones a periodistas, violencia intrafamiliar y casos de trata.
En Tamaulipas, el PRI dejó la sucesión de Rodolfo Torre Cantú en manos del mismo factor que lo había designado, el gobernador Eugenio Hernández, quien optó por una resolución dinástica: el hermano Egidio (significado: el que transporta en la batalla el escudo de piel de cabra). Está por verse la capacidad administrativa y política de quien de manera tan trágica llega a una candidatura que sin duda ganará este domingo. Cierto es que en Tamaulipas, como en varias entidades del país, no se necesitan gobernadores sino administradores, meros encargados de negocios, pero aún así puede resultar muy difícil para una persona con poca experiencia política de buen nivel en lidiar con los factores reales de poder, cada vez más agresivos e intolerantes. El PRI atajó en este caso los riesgos de las luchas intestinas que parecían intentar arrebatarle al jefe local la decisión postmortuoria, sobre todo desde flancos asentados en la ciudad de México.
El hombre que aspiró a revolucionar México a partir de anuncios demagógicos de televisión también entró ayer al paquete de las enmiendas bien pagadas. Javier Aguirre no se quedará en México para dar continuidad a sus arengas y planes, pues previamente había escogido el destino que ayer apresuradamente confirmó: ver desde el extranjero el desenlace de las mitologías de voluntarismo guerrero que por encargo de Televisa había revelado. Del sí se puede, al no se pudo, al ya me voy. Aguirre se va derrotado, pero no solamente él: también el salobre Calderón que fue factor esencial para convencerlo de encargarse de la selección mexicana, y los aficionados que creyeron las promesas de grandeza que a fin de cuentas sólo se reflejaron en cuentas e ingresos de los directivos y dueños del futbol profesional.
El creador del Gran Caldero Nacional tuvo, a su vez, momentos de anticipada nostalgia que hicieron a un diario capitalino, Reforma, cabecear su información de internet con una frase que emocionó a una parte de los ciudadanos: FCH: me voy. Pero en seguida venía la precisión: violencia se queda. No era la renuncia del ocupante de Los Pinos, sino una elaboración verbal en la que advertía que cuando él se retire del cargo persistirá la violencia como herencia impersonal.
Y, mientras el tronar de pistolas hace suspender el cierre de campaña del opositor José Aispuro Torres, en Durango, y Felipe sigue con sus anuncios electoreros de bondades gubernamentales, esta vez algunas simplificaciones fiscales, ¡hasta mañana, con tres mil boletas electorales robadas en Chihuahua!
