LE FALLÓ AL REPRESOR PEÑA NIETO

Intervención federal dio fin a zancadillas de la SSP y de Peña Nieto
Salen del Altiplano los 3 dirigentes, luego de horas de jaloneos
Estamos bien y más fuertes: Ignacio del Valle
ISRAEL DÁVILA Y BLANCHE PETRICH
Corresponsal y enviada
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 2
Almoloya de Juárez, 1º de julio. Las zancadillas entre la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno mexiquense, que estuvieron a punto de echar por tierra la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de excarcelar en forma inmediata y sin excepciones a los tres líderes de San Salvador Atenco fue superada ayer por la tarde mediante la intervención al más alto nivel del gobierno federal.
Finalmente, a las 21:30 horas, en la garita del penal del Altiplano aparecieron las primeras señales: primero Felipe Álvarez y en seguida Ignacio del Valle.
Posteriormente salió Héctor Galindo, sobre quien pesaba aún un proceso penal en un juzgado federal por ataques a las vías de comunicación. Aunque la fianza se pagó esta tarde, trámites administrativos retrasaron su liberación, lo que por un momento enturbió el entusiasmo de todos.
Cuatro años de lucha por la libertad de los presos políticos culminaba con un triunfo del movimiento popular. ¡Se ve, se nota, en Atenco no hay derrota!, era la consigna que retumbaba cada vez más sonora. Con más canas que hace cuatro años, seguramente más curtido, el dirigente campesino que fue considerado enemigo público número uno por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se quitó la sudadera azul reglamentaria del penal y se puso la camiseta negra que le entregó su mujer, Trinidad Ramírez; el sombrero de palma; el paliacate rojo y el machete. Una vez investido con los símbolos de los macheteros, dijo: Estoy aquí, estamos bien y más fuertes.
Fue un día largo; mejor dicho, dos días en vela, en tensión constante por el temor de que la palabra empeñada no fuera al final cumplida. El puñado de simpatizantes que resistió las 24 horas de incertidumbre y espera vio compensada su paciencia con sobredosis de emociones, lágrimas y abrazos.
Entre este miércoles y jueves hubo momentos en que la resolución de los magistrados de la primera sala de la SCJN parecía que iba a naufragar. Al recibir de la secretaría general de gobierno de Toluca la notificación sobre la libertad inmediata de los presos, el director del Cefereso de máxima seguridad del Altiplano, Juan Alberto Montoya Aguado, procedió a revisar de punta a cabo los expedientes. A lo largo de toda la noche, varios funcionarios mexiquenses desfilaron por la garita del penal cargados de voluminosos legajos. A primera hora se supo que Montoya Aguado había enviado oficios a los juzgados de Toluca y Texcoco pidiendo indagar sobre la probable existencia de causas pendientes. Según denunció a primera hora del día Leonel Rivero, abogado defensor, este funcionario no tiene atribuciones legales para proceder de esta manera.
Para los familiares de los presos y su equipo de defensores, era evidente la intención de bloquear la resolución de la Corte. Trascendió entonces que intermediarios de buena fe en el conflicto de Atenco hicieron una llamada muy tempranera a la Secretaría de Gobernación, poniendo en aviso a ésta sobre la conducta de las autoridades penitenciarias. Un alto personero de la dependencia a cargo de Fernando Gómez Mont prometió intervenir para agilizar el procedimiento. Sin embargo, ocho horas después, un nuevo actor añadía otro obstáculo al proceso de liberación.
A las tres de la tarde, un escueto comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública federal confirmaba insistentes rumores sobre nuevas causas penales abiertas en el fuero común contra los tres líderes de Atenco, y sus respectivas órdenes de aprehensión.
En tres ocasiones, durante tres días consecutivos, el gobernador Peña Nieto había afirmado categórico que tales causas y órdenes no existían. La SSP lo desmentía abiertamente.
A la vista del comunicado mencionado, pareció evidente que, por el momento, los tres presos del Altiplano no alcanzarían su libertad. Trinidad Ramírez y el abogado Rivero convocaron a la prensa para explicar que el escenario más probable sería que la autoridad mexiquense fuera a cumplimentar las órdenes de aprehensión esta misma noche en el interior del penal. Pero que de inmediato se recurrirían. Tenemos plena confianza de lograr el auto de libertad en un plazo máximo de 72 horas, dijo Rivero.
Trini alentó a su gente. “Esto no es una derrota –expresó–; no nos vamos a ir a llorar al pueblo; vamos a volver, vamos a seguir la lucha legal y popular. Y claro que también vamos a arrancarles la libertad de Nacho, Felipe y Héctor”. Todos abordaron los autobuses y emprendieron la triste marcha de regreso a casa.
No habían avanzado más de 500 metros cuando varios telefonazos los hicieron dar media vuelta. Una intervención al más alto nivel del gobierno federal había logrado doblegar el ánimo de quien había intentado boicotear la resolución de la Suprema Corte.

Provocación, el intento de fincar nuevos cargos: campesinos
JAVIER SALINAS, CORRESPONSAL

Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 2
San Salvador Atenco, Méx., 1º de julio. Pobladores de San Salvador Atenco y simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que esperaron a sus dirigentes, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, durante más de 30 horas en la explanada principal de ese municipio, recibieron anoche con indignación la noticia de que ninguno de los tres sería liberado, por existir otros procesos en su contra, además del que se les siguió por secuestro equiparado.
Los atenquenses calificaron como una provocación el fincarles nuevos procesos a sus líderes. Advirtieron que llevarán su resistencia hasta las últimas consecuencias, hasta ver en libertad a todos sus compañeros.
Las últimas horas en Atenco fueron de contrastes. Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, cientos de pobladores se reunieron en la explanada del poblado, donde se instaló un templete y un equipo de sonido, y en una enorme manta se leía: Bienvenidos, compañeros, a su pueblo.
Acompañados por representantes de diversas organizaciones sociales, los lugareños realizaron un mitin en espera de sus dirigentes. Sólo en la madrugada, dos de los nueve reos que salieron del penal Molino de Flores acudieron a Atenco, y fueron recibidos entre algarabía y consignas. Sólo faltaban Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. La espera fue larga y no llegaban.
Ya por la mañana de este jueves, la mayoría de pobladores, que habían dormido poco, aún emitían consignas. Al filo de las 12:30 horas, una comisión de 30 miembros del FPDT partió a bordo de varios vehículos con rumbo al penal del Altiplano, para apoyar a sus compañeros.
Los pronunciamientos en la explanada de San Salvador Atenco se hicieron más fuertes a lo largo del día, e incluso se responsabilizó al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, de pretender mantener presos a los activistas.
Cuando se difundió que ninguno de los tres dirigentes saldría libre, la indignación fue evidente entre los pobladores. Comenzaron las reuniones para definir un plan de acción y responder a las estrategias de los gobiernos federal y estatal. No es posible que esto suceda; el gobierno quiere acabarnos a toda costa, pero ahora le decimos que eso no ocurrirá y que, por el contrario, seguiremos luchando, dijeron.

Estos graves hechos no deben quedar en la impunidad, dice Amnistía Internacional
DE LA REDACCIÓN

Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 3
En medio de versiones encontradas sobre la liberación de los líderes de Atenco, ordenada la víspera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), diversas organizaciones civiles pasaron de una primera celebración a fuertes y severos cuestionamientos a la Secretaría de Seguridad Pública federal, que durante el día pretendió imponer objeciones jurídicas para liberarlos de inmediato.
En el inicio del día de ayer, cuando se daba por hecho la excarcelación, y antes del primer comunicado de la SSP federal, que la ponía en riesgo, Amnistía Internacional (AI) y varios organismos de derechos humanos celebraron la decisión de la Corte de ordenar la liberación inmediata de las 12 personas detenidas desde 2006 por el supuesto secuestro de funcionarios y policías en San Salvador Atenco, estado de México.
Reparación de daños
Todos expresaron beneplácito por la decisión de los ministros de la primera sala del máximo tribunal, pero también demandaron reparar a las víctimas el daño por el indebido uso del sistema de justicia y que se garantice que los funcionarios responsables rindan cuentas. Estos hechos tan graves no se pueden dejar en el olvido y la impunidad, subrayó AI.
Apuntó también que el mandato de la Corte no debería significar el fin de este caso, sino que debería servir de plataforma para resarcir a las víctimas por el uso indebido del sistema de justicia y para garantizar que los funcionarios responsables de esta grave injusticia rindan cuentas.
Sostuvo que es hora de garantizar una investigación imparcial y a fondo de todos los funcionarios implicados. Terminar con la impunidad en casos como éstos es esencial para que el sistema de justicia deje de ser instrumento para reprimir activistas sociales, opositores y defensores de derechos humanos.
Ya por la tarde, tras el comunicado de que ninguno de los tres líderes del FPDT –Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo– saldría libre, porque tenían procesos judiciales pendientes, distintos al que había citado la Corte, las organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron la decisión del gobierno federal, particularmente la posición obstinada de la SSP federal de querer mantener bajo castigo a los luchadores sociales.
Dichos cuestinamientos fueron expresados por el sacerdote Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMD HD); Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, y Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
El padre Concha subrayó que, en el fondo, lo que sigue presente es la intención de castigar y penalizar la protesta social. Hay la voluntad política de criminalizar la protesta social y no respetar el estado de derecho. Ese es el fondo: amedrentar y perseguir a quienes protestan; continúa la venganza.
En tanto, Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que la liberación de las 12 personas que aún estaban presas por los hechos ocurridos en Atenco –el 3 y 4 de mayo de 2006– no pone punto final al clamor de justicia por las violaciones a derechos humanos en ese municipio. Aún hay pendientes, como el castigo a los responsables de la represión y violaciones sexuales contra mujeres, a los funcionarios que integraron mal las averiguaciones previas y a los jueces que con ligereza dictaron sentencia.
Agregó que en este caso, la criminalización de la protesta social no fue política, sino jurídica, porque de manera irregular, pobre y endeble, se usó el derecho para fines que no son propios y así encarcelar más de cuatro años a una decena de personas, lo que viola derechos humanos.
Carbonell consideró que la resolución de la Corte es congruente y manda un mensaje claro a la PGR y a los jueces que conocieron los casos: Deben ser más cuidadosos al admitir ciertas pruebas en un proceso y ser más responsables para culpar a alguien de un delito. La decisión reflejó falta de pericia y profesionalismo (del MP y juzgadores).
Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humaos de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que la liberación de los líderes representa un acicate al Congreso federal y a la SCJN, porque deja al descubierto que se lleva a juicio a personas que con los años resultan inocentes.
El legislador priísta consideró que se debe hacer una reflexión sobre cómo se imparte la justicia en México, porque aún sin prueba se enjuicia a ciudadanos inocentes y, lo peor, con ello se criminaliza la protesta social: independientemente de que hayan salido en libertad los integrantes del frente, pasaron demasiado tiempo en la cárcel; es un asunto similar al de las indígenas acusadas de secuestrar a policías federales en Querétaro y al de los funcionarios detenidos en Michoacán.
La secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, dijo que la retención de los líderes es un acto de revanchismo de las autoridades. Señaló que Ignacio del Valle es una piedra en el zapato tanto para Felipe Calderón como para Enrique Peña Nieto.

Niegan amparo a Fidel Herrera; está acusado de delitos electorales
Regina Martínez

JALAPA, Ver., 1 de julio (apro).- El Juzgado Decimoquinto de Distrito, a cargo del juez Luis Manuel Villa Gutiérrez, negó la protección de la justicia federal al gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien de esa manera buscaba protegerse contra las acusaciones que pesan en su contra por la presunta comisión de delitos electorales.
De acuerdo con la relación de expedientes que se encuentran en el área de estrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para consulta, el juez Villa Gutiérrez negó los actos reclamados por el gobernador veracruzano y el resto de los coacusados, aunque en el expediente 789/2010 del estado de Veracruz, no aparecen los nombres de los promotores del amparo.
Herrera Beltrán promovió el pasado 25 de junio dos amparos, el primero relacionado contra una orden de comparecencia, y, el segundo, contra una orden de presentación, ambas giradas por el agente del Ministerio Público de la Federación, con base en las averiguaciones previas iniciadas en su contra por la presunta comisión de delitos electorales.
De acuerdo con la misma información difundida en los estrados de la SCJN, los expedientes de origen quedaron registrados en las averiguaciones previas 538/Fepade/2010 y 571/Fepade/2010, en las que se señala como parte denunciante a la Procuraduría General de la República (PGR) y otros (tampoco se menciona cuáles o quiénes son).
El diputado local por Convergencia, Sergio Vaca Betancourt, dio a conocer la información anterior y explicó que todo indica que Herrera Beltrán fue citado a comparecer ante el agente del Ministerio Público y no se presentó, por lo que decidió ampararse por supuestas violaciones a garantías individuales.
Sin embargo, dijo, el agente del Ministerio Público Federal luego de aceptar los escritos y alegatos presentados por la parte quejosa, en este caso la PGR y demás denunciantes, giró orden de presentación contra Herrera Beltrán y otros denunciados, la cual estaba programada para el 30 de junio, pero por alguna razón fue diferida para otra fecha.
Con base en los datos del mismo listado de expedientes, dijo Vaca Betancourt, la demanda fue admitida el pasado 25 de junio, y la audiencia constitucional que estaba programada para el día último de junio, se pospuso para las 11:00 horas del próximo 9 de julio.
Herrera Beltrán tendrá que presentarse a declarar, ya sea ante el agente del Ministerio Público federal o ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (Fepade), afirmó el legislador.
Tras hacerse pública está información, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, consideró que los amparos interpuestos ante una autoridad federal “demuestran” que Fidel Herrera pretende “amarrarse el dedo antes de que se lo corten y se está amparando porque algo teme”.
En conferencia de prensa, el secretario general del CDE del PAN, subrayó que, hasta hoy, “nunca habíamos tenido conocimiento que un gobernador se hubiera amparado como cualquier delincuente y, como dice el dicho, el que nada debe nada teme”.
En este caso, apuntó, “algo debe porque algo teme, por lo tanto, creo que Fidel Herrera sí la debe y lo está demostrando a través de los amparos promovidos ante la justicia federal, y porque sabe que sí cometió delitos de carácter electoral, sabe su culpa y se está preparando”.
Herrera Beltrán fue denunciando por los partidos PAN y PRD por delitos electorales, luego de que el dirigente nacional panista difundiera un par de audios, que exhiben cómo al mandatario tiene metidas las manos en el proceso electoral.

Provocación y venganza
A pesar de la contundencia del fallo emitido el miércoles pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que se ordenó la inmediata excarcelación de los 12 dirigentes y activistas de San Salvador Atenco que permanecían en prisión desde 2006, acusados y sentenciados con base en imputaciones inventadas e improcedentes, y tras la liberación de nueve de los presos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal sacó de sus archivos cuatro causas penales distintas a aquella que juzgó y desechó el máximo tribunal del país, tres de ellas del fuero común y originadas en 2006 (robo agravado, lesiones y daño en los bienes públicos y despojo) y una más, del fuero federal, que data de 2008: ataques a las vías de comunicación. Con esos elementos el gobierno federal mantuvo en la cárcel a tres de los inculpados: Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, hasta las últimas horas de ayer, y generó, en forma por demás innecesaria, un ambiente de incertidumbre y exasperación.
Es pertinente recordar que, en su fallo y en sus posicionamientos, los ministros de la SCJN señalaron que las sentencias solicitadas e impuestas a los atenquenses fueron una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social (y) de castigar el ser oposición; que los procesos respectivos pusieron en entredicho la forma en la que el Estado trata la libertad personal, la libertad de asociación y expresión de los líderes sociales, que la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones a partir de premisas falsas y endebles, además de que utilizó pruebas ilícitas, y que la autoridad actuó con una ideología totalitaria donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad y despliegue de conductas consideradas delito por los integrantes de dicha organización, sin que interese si se encuentran o no debidamente acreditadas. En suma, los magistrados que revisaron el caso descalificaron la práctica del poder público de inventar delitos comunes contra luchadores sociales.
En los casos de Del Valle, Álvarez y Galindo, sin embargo, la SSP federal, lejos de acatar el fallo, persistió en la conducta previamente reprobada por la SCJN al hacer aparecer una imputación fechada en 2008 y que, por lo visto, no había sido cursada hasta ayer, en lo que constituye una actitud tramposa y de inaceptable mala fe que no parece tener más propósito que incrementar las tensiones generadas por el conflicto de Atenco y convertir en estallido un enojo que tiene muchas más raíces que los aberrantes procesos que convirtieron en presos políticos a 12 de los atenquenses. Cabe recordar que, durante la represión de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, autoridades federales y estatales cometieron multitud de violaciones graves a los derechos humanos de decenas de personas –documentadas en su momento por medios informativos y por organismos humanitarios de México y del extranjero–, y que hasta la fecha tales atropellos permanecen impunes.
En resumen, la SSP federal enturbió y ensució hasta donde pudo el cumplimiento de un fallo inapelable que restituía, así fuera parcialmente, el sentido de justicia ignorado por las autoridades durante más de cuatro años.
Finalmente, además de felicitarse por la liberación –así fuera innecesariamente tardía– de las 12 víctimas de la injusticia, cabe preguntarse de qué manera la actitud gubernamental referida, percibida por la sociedad como expresión de un espíritu de venganza y de provocación, puede impulsar los exhortos al diálogo formulados unas horas antes por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, para enfrentar con unidad a la criminalidad organizada: si las autoridades se empecinan en tratar como delincuencia a disidencias, oposiciones políticos y movimientos sociales, ellas mismas propician su soledad en la lucha contra los verdaderos delincuentes.