LOS RETOS DE GABINO, MORENO Y MALOVA.

Más allá de la alternancia
John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 19 de julio.- La contundente derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del pasado 4 de julio no significa ni de cerca que la democracia y la rendición de cuentas hayan avanzado en el país. El fracaso de la “alternancia” al nivel federal nos ha enseñado a los ciudadanos que un cambio de siglas en el gobierno no genera ni más efectividad gubernamental ni mayor participación ciudadana en la definición del rumbo del país.
Gabino Cué, Rafael Moreno Valle y Mario López Valdez tienen la responsabilidad histórica de no repetir los errores de Vicente Fox y Felipe Calderón. Los nuevos gobernadores de Tlaxcala, Aguascalientes y Zacatecas también tienen frente a sí el reto de demostrar que un retorno al PRI no necesariamente implica un retroceso en términos políticos. Todos los nuevos gobernantes se verán obligados a ganar la confianza ciudadana a partir de una nueva forma de ejercer el poder, lejos de las lógicas caciquiles y el abuso de autoridad típicos del pasado.
El camino deberá iniciar forzosamente con una transformación estructural en los poderes judiciales y los ministerios públicos en los seis estados que pronto experimentarán un cambio en el partido que los gobierna. Más allá de la evidente desviación de recursos del erario, el poder autoritario de los gobernadores ha encontrado su máxima expresión en el férreo control sobre los aparatos de procuración e impartición de justicia.
Tal y como reza el dicho, inspirado por la corrupción tan acendrada que caracteriza al viejo partido de Estado: “No me des, ponme donde hay”. Lo realmente importante no es poder robar ocasionalmente unos cuantos millones de pesos aquí y allá, sino asegurar la impunidad de por vida para uno mismo y los aliados políticos.
Enrique Peña Nieto entiende muy bien esta lección histórica. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de San Salvador Atenco evidenció la existencia de una abierta manipulación de la justicia por este gobernador que no sabe cumplir con los postulados mínimos del estado de derecho. El enroque en la Procuraduría de Justicia de aquella entidad a raíz del caso Paulette también ratifica el compromiso del mandatario estatal con la intervención política en el ámbito de la justicia. Urge pasar de la defensa de los derechos humanos a un movimiento social en contra de la impunidad, en aquel estado que todavía no ha logrado escapar de la herencia de los dinosaurios.
En Puebla, el abuso de autoridad y la manipulación de justicia también han estado a la orden del día. Como tantos otros gobernadores, Mario Marín se ha acostumbrado a ser un señor “feudal” y no tolera la mínima expresión de autonomía de parte de los políticos y jueces en su estado. Cualquier criterio independiente es interpretado como una “traición” por el mandatario y recibe un castigo ejemplar.
Tal es el caso, por ejemplo, del exmagistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla Germán López Bruhn. En el contexto de las acusaciones de Lydia Cacho en contra de Marín tanto por su participación en una red de pederastia como por su utilización de las fuerzas del orden para vengarse personalmente con ella, López Bruhn se negó a respaldar públicamente al góber precioso. Ante tal “insubordinación” Marín hizo todo lo posible por también vengarse del magistrado. Finalmente, en 2006 logró echarlo del Tribunal por medio de un ilegal e irregular procedimiento de “ratificación” en el Congreso local.
López Bruhn a su vez decidió defender su caso hasta las últimas consecuencias y hace unos meses logró que la misma Suprema Corte le otorgara un amparo en contra del proceso legislativo que culminó con su destitución. En su sentencia, los ministros de la Segunda Sala argumentan que “la concentración del poder representa un peligro para el principio de división de poderes” y señalan que “ese riesgo, históricamente, se ha generado, en mayor grado, dentro de las entidades federativas y municipios”. En consecuencia, dicen que es necesario tomar medidas enérgicas para defender la independencia de los jueces en los estados. Y esto implica protegerlos de procedimientos viciados y políticamente manipulados, como el que terminó con la carrera de López Bruhn como magistrado electoral.
A pesar del fallo de la Corte, el Poder Legislativo en Puebla simplemente se ha negado a cumplir con la orden judicial. Una vez más, el gobierno poblano vuelve a destacar por su falta de respeto a la justicia. Muy pronto la Corte se encontrará frente a la disyuntiva de tener que ordenar la destitución de los diputados locales responsables por este desacato judicial o de permitir la impunidad.
Este enredo, tanto como el de Atenco y muchos otros que manchan la justicia del país, se debe a la existencia de un sistema en el que el gobernador en turno goza de total impunidad y control monopólico sobre todas las autoridades locales. Ojalá que Cué, Moreno Valle y López Valdez entiendan que están obligados a hacer algo verdaderamente diferente a sus predecesores. Ojalá que de una vez por todas doten de autonomía jurídica y política plena a los ministerios públicos y los jueces de Oaxaca, Puebla y Sinaloa.
Si algo hemos aprendido de la abortada transición política a nivel federal es que las soluciones que realmente valen la pena son las que atacan de raíz los graves problemas y que presentan una visión de largo plazo. El establecimiento de un sistema de procuración e impartición de justicia verdaderamente profesional, independiente, valiente y plural sería un legado histórico que nadie les podría regatear a estos nuevos gobernadores. En contraste, una falta de acción en esta materia sería algo que la ciudadanía muy difícilmente les podrá perdonar. l

Crimen desorganizado
MARCO RASCÓN
Algo lógico no cuadra en la guerra presidencial contra el crimen organizado: el comportamiento del enemigo destruyéndose (a menos que estén inspirados en la izquierda) ¿Cuál es entonces el papel del Ejército Mexicano? ¿La disputa por acabarlos a todos? ¿Apaciguarlos? ¿Disputarles el negocio? ¿Se pretende ser, juez o parte en la guerra?
Es justificable que Felipe Calderón prefiera la guerra a la negociación con la delincuencia; se entiende, pero… ¿los narcos han demandado diálogo o pacto? Hasta ahora, que se sepa, el crimen organizado no ha expresado objetivos más allá de los declarados por el Mayo Zambada a Julio Scherer, o lo que dicen las narcomantas: no dicen nada y tampoco hay interlocutores, salvo el mítico Chapo Guzmán, que no dice nada. Hoy resulta que los narcos son homófobos y hacen limpieza de homosexuales (la del sábado en Torreón) y drogadictos en rehabilitación. ¿Cómo se verían, desde una perspectiva de exterminio paramilitar, estas masacres? Tal parece que no hay una guerra, sino muchas.
Dejemos los comparativos con guerras actuales, donde la guerra interna en México supera con mucho a otras. En los años 70, la Operación Cóndor en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay dejó un saldo de 50 mil muertos y su objetivo era el liquidar y el exterminio. Estamos a la mitad.
En esta guerra sexenal, el crimen organizado no parece tener nada heroico, pues se construyó desde la descomposición de las mismas policías y por tanto, ya venía organizado de origen; sirvió para dar perspectiva mayor a miles de delincuentes y pequeñas bandas y surgió hace 15 años a causa del cambio de comportamiento de los compradores del norte, quienes decidieron que México no debería ser sólo un país de paso, sino también consumidor y empezaron a pagar con droga el aseguramiento de los cargamentos que iban haciendo pequeños mercados. Así nació el narcomenudeo y de ser exportadores medieros, ahora importan.
Si a eso unimos la crisis en el campo mexicano, la migración y la falta de oportunidades para los que se quedaron, el nuevo mercado fue la solución para miles de pueblos y ciudades, en lo que se podría caracterizar como la crisis de nuestras provincias. Miles en todo el país, fueron reclutados y el fenómeno generó no sólo negocio, sino también cultura y competencia.
Conflictos entre narcos siempre hubo, pero siempre predominó el negocio a la violencia. El norte próspero, deslindándose del sur, no se dio cuenta de la trampa en la que estaba. El crecimiento masivo de la descomposición, generó al régimen un problema de seguridad nacional y la alternancia aflojó más los viejos controles corrompidos de la seguridad interna. Para 2006, el balance era claro: habían perdido control de gran parte del territorio. Felipe Calderón decide meter al Ejército contra el narcotráfico, pues eso fue promesa de todos los candidatos en 2006 y era uno de los pocos consensos políticos.
En esto es donde se genera la duda: ¿no fue una decisión de Estado liquidar, matar, a 50 mil delincuentes, aunque eso fuera una estrategia ilegal, basada en la guerra sucia y conceptos como la Operación Cóndor? ¿Qué se hará con el paramilitarismo que está surgiendo? ¿Será una herencia para el próximo sexenio?
Si el Ejército combate a todos los fuera de la ley y si de los 25 mil muertos 95 por ciento es entre ellos mismos ¿por qué no han pactado o llegado a treguas, cuando tienen un enemigo común, que es el gobierno mexicano y un objetivo central, que es él negocio? Urge la lógica.
Desde opiniones poco ingenuas, se dice que nos estamos pareciendo a Colombia, cuando ya los rebasamos y en aquel país, se cuidan de mexicanizarse. El terror en Morelia aquel 15 de septiembre y la bomba de Ciudad Juárez van teniendo orígenes siniestros en la idea de generar el terror y la justificación a ver decenas de ajusticiados diariamente. El estado de derecho no existe, ni para hacer autopsias de cadáveres, menos para investigar o encarcelar, cuando las prisiones están rebasadas y se liquida a drogadictos en centros de rehabilitación, surge la noción de la fosa común y el exterminio. Hoy los alemanes que fueron parte del nazismo, dicen que nunca vieron nada y, por tanto, no existió.
Una derrota gubernamental es el hecho de que la población no apoya al Ejército Mexicano. La sociedad ve con igual desconfianza a tirios y troyanos y así se lo cobraron los niños scouts a Margarita Zavala con su porra norteña de ¡Tírense al suelo!, pues los daños colaterales no sólo son los baleados ocasionales por las refriegas, sino la inexplicable matanza de un enemigo ambicioso y que se autoliquida para que nos tranquilicemos.
Liquidar es una vieja tentación fascista. Lo cruento del enfrentamiento sólo da lugar a la versión oficial. Es probable que el Presidente haya enloquecido y no estemos ante una guerra, sino un exterminio de delincuentes, con lo cual se nos ofrece la seguridad del futuro, a cambio de entregar el estado de derecho.
Por lo pronto, lo que nos queda de duda es que el crimen no está organizado.