MANIOBRA PARA EXHONERAR AL TIRANO
31 jul 2010
Priístas preparan juicio "fast track" vs Ulises
La mayoría priista del Congreso de Oaxaca prepara un juicio político "fast track" en contra el Gobernador Ulises Ruiz, en una maniobra que busca evitar que la próxima Legislatura que controlará la oposición lo sancione por los hechos violentos suscitados en 2006.
Durante cuatro años, los legisladores locales del tricolor rechazaron insistentemente al menos tres peticiones de juicio político contra Ruiz, pero ayer aceptaron la formulada por el diputado local del Partido Nueva Alianza (Panal), Cristóbal Carmona Morales.
Y en menos de 24 horas recibieron, ratificaron y dieron trámite a la propuesta.
Ayer mismo se instaló la Comisión Instructora --integrada por tres priistas, una panista y un legislador convergente-- para que inicie el proceso sancionador.
"Cristóbal Carmona Morales, por mi propio derecho (.) pido que se inicie juicio político en contra del Gobernador del Estado, Lic. Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, por haber incurrido en violaciones al artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, derivado de los hechos acontecidos en 2006.
"Y por violaciones a las garantías individuales cometidas en el desalojo efectuado a partir del 14 de junio del año 2006 al 14 de junio de 2007, y así como por la omisiones cometidas en agravio de los habitantes del municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez y zonas conurbadas", se lee en la petición entregada al Congreso local.
El ex dirigente estatal del Panal entregó como única prueba la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la cual se acusó a Ulises Ruiz de violaciones graves a los derechos humanos.
Apenas en junio, el Panal destituyó y desafilió a Cristóbal Carmona por haber inscrito a políticos cercanos a Ulises Ruiz como candidatos a Alcaldes a espaldas de la dirigencia nacional.
El 28 de junio, seis días antes de la elección local, Carmona se unió a la campaña del candidato a Gobernador del PRI, Eviel Pérez Magaña.
Al respecto, Benjamín Robles Montoya, coordinador de los diputados locales de Convergencia y miembro de la Comisión Instructora, denunció que la petición de juicio político contra Ulises hecha por Carmona, es una estrategia del PRI y del propio Ruiz para proteger al Gobernador.
"Lo que buscan es exculparlo para que la próxima legislatura donde ellos no tienen mayoría, no lo puedan volver a juzgar, porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo asunto", dijo el diputado a REFORMA.
También secretario técnico del grupo de transición designado por el Gobernador electo Gabino Cué, el legislador convergente adelantó que la intención de los diputados priistas es terminar el dictamen esta misma semana para ponerlo a consideración del Pleno del Congreso de Oaxaca el próximo jueves.
"Aquí lo grave es que otra vez el Poder Legislativo se ve sometido a un personaje que es el responsable de lo mal que le ha ido a Oaxaca, y también de lo mal que la ha ido al PRI, entonces, de una manera que pareciera incongruente, los propios diputados del PRI, olvidándose que su jefe no es el titular del Poder Ejecutivo sino el pueblo, están prestos a hacerle el servicio y ponerse como tapetes y actuar con una indignidad que espanta", abundó.
Robles recordó al Gobernador que aún tiene pendiente resolver las denuncias penales que hay en su contra por los hechos violentos del 2006 y que, a partir del uno de diciembre, ya no tiene fuero.
"Yo sólo le mando a decir a Ulises Ruiz que no puede estar tranquilo, hay otras rutas, está la ruta penal, seguramente tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias", afirmó.
El convergente manifestó que el "verdadero juicio político" contra Ulises Ruiz ya se concretó el pasado 4 de julio, al perder el PRI la gubernatura y la mayoría en el Congreso local.
VIRGILIO SÁNCHEZ LEÓN/Agencia Reforma
Activista juarense denuncia hostigamiento de militares
MIROSLAVA BREACH VELDUCEA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 31 de julio de 2010, p. 24
Chihuahua, Chih., 30 de julio. La activista y defensora de derechos humanos en Ciudad Juárez, Emilia González de Sandoval fue citada por autoridades del Ejército para presentarse en las instalaciones del Campo Militar 5 en esa ciudad, y declarar sobre la denuncia que interpuso por la desaparición forzada de los hermanos Rocío, José Ángel y Nitza Paola Alvarado Reyes.
La denuncia quedó asentada en la averiguación previa GN/CDJUAREZ/086/10 que lleva a cabo la agencia de Ministerio Público Militar, en la cual se asienta que los hermanos Alvarado Reyes desaparecieron en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, localizado a unos 250 kilómetros de la capital, en el noroeste del estado.
La defensora de derechos humanos juarense dijo que está siendo hostigada por el Ejército, luego de haber recibido un citatorio el 27 de julio pasado en su domicilio, el cual fue entregado por 10 soldados.
Relató que los militares tomaron fotografías de su vivienda, del fraccionamiento privado donde habita, del exterior de las bardas y la caseta de vigilancia.
González de Sandoval informó que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que lleva el caso de los hermanos Alvarado, desaparecidos a finales de diciembre de 2009, cuando hombres armados, vestidos con uniformes militares detuvieron a Rocío y José Ángel cuando circulaban en una camioneta de su propiedad, y los condujeron a la vivienda familiar, de donde también se llevaron a Nitza Paola, todo en presencia de la madre de ellos y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero.
La desaparición de los hermanos fue denunciada en diferentes foros sin resultados hasta el momento; incluso, en las dos visitas que realizó el presidente Felipe Calderón a Ciudad Juárez, en la mesa de derechos humanos se reiteró la demanda para que los tres sean presentados con vida.
González de Sandoval es una de las defensoras de derechos humanos con mayor trayectoria en la entidad. Es fundadora de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC y durante años ha manejado casos de abusos de militares contra la población civil en la sierra Tarahumara y diferentes regiones de la entidad.
En enero pasado se hizo cargo de la denuncia por la desaparición de los integrantes de la familia Alvarado, llevó el caso a diferentes instancias, entre ellas la CIDH, organismo que al no haber obtenido respuesta alguna del Estado mexicano en las diferentes gestiones realizadas, envió una carta a las autoridades federales para que se amplíe la protección de los activistas de derechos humanos que están dando seguimiento al asunto.
En lugar de que las autoridades militares atiendan las solicitudes de la CIDH envían citatorios a los activistas que hemos estado trabajando en el caso, denunció González de Sandoval.
Durante cuatro años, los legisladores locales del tricolor rechazaron insistentemente al menos tres peticiones de juicio político contra Ruiz, pero ayer aceptaron la formulada por el diputado local del Partido Nueva Alianza (Panal), Cristóbal Carmona Morales.
Y en menos de 24 horas recibieron, ratificaron y dieron trámite a la propuesta.
Ayer mismo se instaló la Comisión Instructora --integrada por tres priistas, una panista y un legislador convergente-- para que inicie el proceso sancionador.
"Cristóbal Carmona Morales, por mi propio derecho (.) pido que se inicie juicio político en contra del Gobernador del Estado, Lic. Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, por haber incurrido en violaciones al artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, derivado de los hechos acontecidos en 2006.
"Y por violaciones a las garantías individuales cometidas en el desalojo efectuado a partir del 14 de junio del año 2006 al 14 de junio de 2007, y así como por la omisiones cometidas en agravio de los habitantes del municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez y zonas conurbadas", se lee en la petición entregada al Congreso local.
El ex dirigente estatal del Panal entregó como única prueba la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la cual se acusó a Ulises Ruiz de violaciones graves a los derechos humanos.
Apenas en junio, el Panal destituyó y desafilió a Cristóbal Carmona por haber inscrito a políticos cercanos a Ulises Ruiz como candidatos a Alcaldes a espaldas de la dirigencia nacional.
El 28 de junio, seis días antes de la elección local, Carmona se unió a la campaña del candidato a Gobernador del PRI, Eviel Pérez Magaña.
Al respecto, Benjamín Robles Montoya, coordinador de los diputados locales de Convergencia y miembro de la Comisión Instructora, denunció que la petición de juicio político contra Ulises hecha por Carmona, es una estrategia del PRI y del propio Ruiz para proteger al Gobernador.
"Lo que buscan es exculparlo para que la próxima legislatura donde ellos no tienen mayoría, no lo puedan volver a juzgar, porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo asunto", dijo el diputado a REFORMA.
También secretario técnico del grupo de transición designado por el Gobernador electo Gabino Cué, el legislador convergente adelantó que la intención de los diputados priistas es terminar el dictamen esta misma semana para ponerlo a consideración del Pleno del Congreso de Oaxaca el próximo jueves.
"Aquí lo grave es que otra vez el Poder Legislativo se ve sometido a un personaje que es el responsable de lo mal que le ha ido a Oaxaca, y también de lo mal que la ha ido al PRI, entonces, de una manera que pareciera incongruente, los propios diputados del PRI, olvidándose que su jefe no es el titular del Poder Ejecutivo sino el pueblo, están prestos a hacerle el servicio y ponerse como tapetes y actuar con una indignidad que espanta", abundó.
Robles recordó al Gobernador que aún tiene pendiente resolver las denuncias penales que hay en su contra por los hechos violentos del 2006 y que, a partir del uno de diciembre, ya no tiene fuero.
"Yo sólo le mando a decir a Ulises Ruiz que no puede estar tranquilo, hay otras rutas, está la ruta penal, seguramente tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias", afirmó.
El convergente manifestó que el "verdadero juicio político" contra Ulises Ruiz ya se concretó el pasado 4 de julio, al perder el PRI la gubernatura y la mayoría en el Congreso local.
VIRGILIO SÁNCHEZ LEÓN/Agencia Reforma
Activista juarense denuncia hostigamiento de militares
MIROSLAVA BREACH VELDUCEA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 31 de julio de 2010, p. 24
Chihuahua, Chih., 30 de julio. La activista y defensora de derechos humanos en Ciudad Juárez, Emilia González de Sandoval fue citada por autoridades del Ejército para presentarse en las instalaciones del Campo Militar 5 en esa ciudad, y declarar sobre la denuncia que interpuso por la desaparición forzada de los hermanos Rocío, José Ángel y Nitza Paola Alvarado Reyes.
La denuncia quedó asentada en la averiguación previa GN/CDJUAREZ/086/10 que lleva a cabo la agencia de Ministerio Público Militar, en la cual se asienta que los hermanos Alvarado Reyes desaparecieron en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, localizado a unos 250 kilómetros de la capital, en el noroeste del estado.
La defensora de derechos humanos juarense dijo que está siendo hostigada por el Ejército, luego de haber recibido un citatorio el 27 de julio pasado en su domicilio, el cual fue entregado por 10 soldados.
Relató que los militares tomaron fotografías de su vivienda, del fraccionamiento privado donde habita, del exterior de las bardas y la caseta de vigilancia.
González de Sandoval informó que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que lleva el caso de los hermanos Alvarado, desaparecidos a finales de diciembre de 2009, cuando hombres armados, vestidos con uniformes militares detuvieron a Rocío y José Ángel cuando circulaban en una camioneta de su propiedad, y los condujeron a la vivienda familiar, de donde también se llevaron a Nitza Paola, todo en presencia de la madre de ellos y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero.
La desaparición de los hermanos fue denunciada en diferentes foros sin resultados hasta el momento; incluso, en las dos visitas que realizó el presidente Felipe Calderón a Ciudad Juárez, en la mesa de derechos humanos se reiteró la demanda para que los tres sean presentados con vida.
González de Sandoval es una de las defensoras de derechos humanos con mayor trayectoria en la entidad. Es fundadora de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC y durante años ha manejado casos de abusos de militares contra la población civil en la sierra Tarahumara y diferentes regiones de la entidad.
En enero pasado se hizo cargo de la denuncia por la desaparición de los integrantes de la familia Alvarado, llevó el caso a diferentes instancias, entre ellas la CIDH, organismo que al no haber obtenido respuesta alguna del Estado mexicano en las diferentes gestiones realizadas, envió una carta a las autoridades federales para que se amplíe la protección de los activistas de derechos humanos que están dando seguimiento al asunto.
En lugar de que las autoridades militares atiendan las solicitudes de la CIDH envían citatorios a los activistas que hemos estado trabajando en el caso, denunció González de Sandoval.
Ultiman a Anastasio Juárez, agente municipal de San Juan Copala
OCTAVIO VÉLEZ Y AGUSTÍN GALO
Corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 31 de julio de 2010, p. 29
Oaxaca, Oax., 30 de julio. Anastasio Juárez Hernández, designado agente municipal de San Juan Copala por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), fue asesinado la noche del pasado jueves. Dos versiones difieren sobre el lugar y la autoría del delito. Según el hermano de la víctima, Rufino Juárez, líder de la Ubisort e identificado como cabeza de un grupo armado irregular de la zona, Anastasio, de 31 años, fue abatido a tiros en su casa en el centro de San Juan Copala.
Por el contrario, voceros del municipio autónomo, que son integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I), aseguran que el homicidio no se perpetró en Copala sino a varios kilómetros de ahí, en la cabecera municipal, Juxtlahuaca.
Los dos grupos, enemistados desde hace décadas, se disputan el control de Copala. El enfrentamiento ha generado centenares de muertes en los últimos años, todas ellas impunes.
Como ocurre siempre que hay una muerte violenta en la zona, Rufino Juárez culpó de la muerte de su hermano a los dirigentes del MULT-I, José Ramírez Flores, Miguel Ángel Álvarez Velasco, Eugenio Martínez López y Jesús Martínez, en declaraciones a los periodistas en la capital del estado. Todos ellos son autoridades del municipio autónomo que no es reconocido por la Ubisort.
Los voceros del municipio autónomo, Jorge Albino y Casimiro Martínez, rechazaron la acusación y atribuyeron el homicidio a un conflicto derivado de recientes tensiones entre priístas por el control del gobierno municipal de Juxtlahuaca, de grupos de taxistas y comerciantes del mercado local, que en días pasados habían protagonizado enfrentamientos con armas de fuego.
Al mediodía de este viernes más de un centenar de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Policía Estatal Preventiva ingresaron a San Juan Copala para, según dijeron, respaldar al fiscal y a los peritos en el levantamiento del cadáver de Anastasio Juárez y la realización de las primeras investigaciones.
Sin embargo, según los voceros del MULT-I, los vehículos que ingresaron a Copala llevaban a bordo el cuerpo de la víctima, trasladado desde Juxtlahuaca con el fin de aparentar que el cuerpo se encontraba en este poblado. La entrada de la fuerza pública al poblado, que además se encuentra sitiado por hombres armados de la Ubisort desde principios de 2010, también se produjo en medio de versiones encontradas.
De acuerdo con el relato de los defensores del municipio autónomo, las mujeres que resguardan el palacio municipal de Copala fueron agredidas por los hombres de Ubisort, que llegaron a bordo de sus camionetas, resguardados por la fuerza pública. En la reyerta resultaron heridas dos jovencitas, Selena y Adela Ramírez.
En sus declaraciones ante la prensa en Oaxaca, Rufino Juárez –a quien se le atribuye haber encabezado la emboscada contra una caravana humanitaria el 27 de abril, en la que fueron asesinados la dirigente de radios comunitarias Alberta Cariño y el activista finlandés Jyri Jakkola, y el posterior asesinato del líder histórico del movimiento Timoteo Alejandro y su esposa, Cleriberta Castro, en mayo de este año– extendió las responsabilidades de este nuevo crimen incluso al gobernador saliente Ulises Ruiz.
OCTAVIO VÉLEZ Y AGUSTÍN GALO
Corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 31 de julio de 2010, p. 29
Oaxaca, Oax., 30 de julio. Anastasio Juárez Hernández, designado agente municipal de San Juan Copala por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), fue asesinado la noche del pasado jueves. Dos versiones difieren sobre el lugar y la autoría del delito. Según el hermano de la víctima, Rufino Juárez, líder de la Ubisort e identificado como cabeza de un grupo armado irregular de la zona, Anastasio, de 31 años, fue abatido a tiros en su casa en el centro de San Juan Copala.
Por el contrario, voceros del municipio autónomo, que son integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I), aseguran que el homicidio no se perpetró en Copala sino a varios kilómetros de ahí, en la cabecera municipal, Juxtlahuaca.
Los dos grupos, enemistados desde hace décadas, se disputan el control de Copala. El enfrentamiento ha generado centenares de muertes en los últimos años, todas ellas impunes.
Como ocurre siempre que hay una muerte violenta en la zona, Rufino Juárez culpó de la muerte de su hermano a los dirigentes del MULT-I, José Ramírez Flores, Miguel Ángel Álvarez Velasco, Eugenio Martínez López y Jesús Martínez, en declaraciones a los periodistas en la capital del estado. Todos ellos son autoridades del municipio autónomo que no es reconocido por la Ubisort.
Los voceros del municipio autónomo, Jorge Albino y Casimiro Martínez, rechazaron la acusación y atribuyeron el homicidio a un conflicto derivado de recientes tensiones entre priístas por el control del gobierno municipal de Juxtlahuaca, de grupos de taxistas y comerciantes del mercado local, que en días pasados habían protagonizado enfrentamientos con armas de fuego.
Al mediodía de este viernes más de un centenar de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Policía Estatal Preventiva ingresaron a San Juan Copala para, según dijeron, respaldar al fiscal y a los peritos en el levantamiento del cadáver de Anastasio Juárez y la realización de las primeras investigaciones.
Sin embargo, según los voceros del MULT-I, los vehículos que ingresaron a Copala llevaban a bordo el cuerpo de la víctima, trasladado desde Juxtlahuaca con el fin de aparentar que el cuerpo se encontraba en este poblado. La entrada de la fuerza pública al poblado, que además se encuentra sitiado por hombres armados de la Ubisort desde principios de 2010, también se produjo en medio de versiones encontradas.
De acuerdo con el relato de los defensores del municipio autónomo, las mujeres que resguardan el palacio municipal de Copala fueron agredidas por los hombres de Ubisort, que llegaron a bordo de sus camionetas, resguardados por la fuerza pública. En la reyerta resultaron heridas dos jovencitas, Selena y Adela Ramírez.
En sus declaraciones ante la prensa en Oaxaca, Rufino Juárez –a quien se le atribuye haber encabezado la emboscada contra una caravana humanitaria el 27 de abril, en la que fueron asesinados la dirigente de radios comunitarias Alberta Cariño y el activista finlandés Jyri Jakkola, y el posterior asesinato del líder histórico del movimiento Timoteo Alejandro y su esposa, Cleriberta Castro, en mayo de este año– extendió las responsabilidades de este nuevo crimen incluso al gobernador saliente Ulises Ruiz.
