UN NEGOCIO DE MISERIA MORAL.
2 ago 2010
El Estado dejó la puerta abierta al tráfico de niños
Con el argumento de la descentralización, se ha permitido a DIF estatales actuar a su libre albedrío
Por falta de regulación, algunas asociaciones civiles ofrecen recién nacidos al mejor postor
En el país no existe un registro de organizaciones privadas que funcionan como albergues
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 2
En una zona gris conocida por todos pero de la que nadie se hace responsable es donde está situado el tema de las adopciones y la protección de los niños en situación de abandono. El descuido oficial es de tal magnitud que ni siquiera existe un registro de organizaciones privadas que funcionan como albergues y promueven la inserción de infantes en familias sustitutas. Tampoco se conoce la cantidad de menores que carecen de hogar ni el destino de aquellos que fueron adoptados.
Todo porque el Estado mexicano ha omitido cumplir con su responsabilidad y los compromisos adquiridos a escala internacional en instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, que suscribió hace casi 20 años. En 2006, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó su preocupación, entre otros asuntos, por la carencia de un mecanismo central para inscribir el prohijamiento y de que se favorezcan las adopciones por familias ricas, sin tener debidamente en cuenta el interés superior del niño ni su origen cultural.
Se refiere, de acuerdo con expertos en el tema, a los procedimientos que realizan organizaciones privadas, las cuales proliferaron entre 1989 y 1993 con diversos objetivos, como apoyar a los niños de la calle y a los afectados por alguna discapacidad. En ese auge también se crearon agrupaciones para, supuestamente, ayudar y orientar a las mujeres con embarazos no deseados, sobre la conveniencia de tener a sus hijos y, en todo caso, darlos en adopción.
Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), aseguró que a causa de la falta de control y registros mínimos, la puerta está abierta para la comisión de ilícitos graves, como el lucro y el tráfico de infantes con fines de explotación sexual, en el peor escenario.
Las historias son varias; la más reciente, la de Casitas del Sur, lugar donde supuestamente se daba albergue a niños en situación de abandono. De ahí desaparecieron 11 menores, cuyo paradero aún se desconoce. Y todo se ha reducido a un conflicto judicial en el que hay culpables pero no responsables. Lo mismo sucedió con la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, señaló Fuentes.
Otros son los casos de las personas que al amparo de una asociación civil ofrecen y comercian a los niños, recién nacidos principalmente, a los que dan en adopción al mejor postor, a veces en el mismo hospital donde se da el alumbramiento.
Son múltiples las historias que en el transcurso de los años se han registrado y ahí han quedado, porque el marco legal no alcanza para garantizar la protección efectiva de la infancia en México, afirmó Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Lo anterior, no obstante la existencia de las leyes para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la de Asistencia Social, en las cuales se plantea la obligación del Estado en este rubro.
La realidad es que la estructura gubernamental no cuenta con un organismo responsable de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la infancia. Ni el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cumple con esta tarea, a pesar de que durante años estuvo en el imaginario social como la instancia protectora de ese sector de la población.
De hecho, carece de las facultades jurídicas y administrativas para desempeñar una función de rectoría a escala nacional, reconoció Mónica Ríos, directora general jurídica y de enlace institucional del DIF nacional. Los asuntos relacionados con la familia, incluida la adopción, son atribución de leyes y organismos estatales. No existe una relación de subordinación con respecto a la instancia federal.
A pesar de ello, indicó que en los pasados dos años el DIF nacional ha realizado algunas acciones encaminadas a convencer a las entidades federativas de la necesidad de armonizar las normas en el ámbito de las adopciones. Todo en la medida que la ley y las facultades lo permiten, puntualizó.
Resultado de foros regionales con jueces y magistrados de lo familiar y legisladores del país, los participantes acordaron como criterio principal que la adopción es una herramienta jurídica para restituir al niño su derecho a vivir en familia.
Sobre esa base tomaron una serie de acuerdos para eliminar situaciones que vulneran las garantías fundamentales de los infantes y limitan sus posibilidades para incorporarse a una familia, la suya o una sustituta.
En las conclusiones de los foros, jueces y legisladores acordaron, entre otras cuestiones, prohibir las adopciones directas, que se realizan como un arreglo sólo entre particulares; en todos los casos el certificado de idoneidad del o los interesados en adoptar a un niño será otorgado por una institución pública (el DIF), aunque el trámite haya sido promovido por una organización privada.
Además, los jueces verificarán que en el proceso no exista lucro, donativo o prestación económica de ninguna de las partes, y se favorecerá la figura de la adopción plena, con la cual el adoptado adquiere todos los derechos como hijo y miembro de una familia.
Para ser efectivos, estos y otros acuerdos deberán plasmarse en las leyes estatales, lo que queda a criterio de cada gobierno local, comentó Mónica Ríos. En algunos de ellos ha habido avances concretos, como en Durango, que en diciembre de 2009 promulgó la Ley de Adopciones estatal; el estado de México, que reformó su legislación para que todas las adopciones se realicen por conducto del DIF local; en Aguascalientes ya existe un proyecto de decreto para agilizar el trámite de pérdida de patria potestad, el cual en no pocas ocasiones es el principal obstáculo para que los infantes sean susceptibles de ser dados en adopción.
Para Mario Luis Fuentes, ex director del DIF nacional, el panorama es dramático, porque el Estado ha renunciado a su responsabilidad como rector de la política pública en materia de asistencia social y protección de la infancia, particularmente. Con el argumento de la descentralización, se ha dejado a los DIF estatales actuar a su libre albedrío.
A ello contribuyó el ex presidente Vicente Fox con la creación del Consejo de Infancia y Adolescencia, que asumió las responsabilidades que pertenecían al DIF nacional, recordó.
El organismo ya no existe, pero mientras, el DIF se pulverizó al grado de que en Chiapas el organismo fue sustituido en el año 2000 por el Instituto de Desarrollo Humano. Aunque en 2007 el gobernador Juan Sabines emitió un decreto por el que reconstruyó el DIF en la entidad.
Desde otra perspectiva, Martín Pérez García señaló el error cometido desde la creación del DIF. Su misión ha sido velar por el desarrollo integral de la familia, y por medio de ésta se ve a los niños, aun cuando la Convención sobre los Derechos del Niño los ubica como sujetos de derecho.
De ahí que los menores abandonados o callejeros no entran en el esquema del DIF y más bien quedan en un nivel secundario. Por eso, dijo, no hay el interés por contar con información sobre la cantidad de infantes que carecen de un hogar, aunque tampoco se dispone de otros datos como el monto del presupuesto destinado a la infancia.
En México viven 37 millones de personas menores de 18 años y, si acaso, es posible ubicar una cantidad mínima de dinero asignado en el presupuesto federal a este sector, como la compra de vacunas, otras acciones de salud, el dinero para el DIF y algunos aspectos en educación, las que en conjunto representan apenas 3 por ciento del gasto total del país, apuntó.
Un nuevo hogar
Los trámites de adopción que se realizan por conducto del DIF son gratuitos y por las reformas efectuadas en los años recientes, los solicitantes obtienen el dictamen de idoneidad en 100 días, contados a partir de que entregan su expediente completo, el cual se integra con base en los criterios establecidos en cada entidad. El requisito principal es que la o las personas tengan como objetivo ser padres.
Mónica Ríos comentó que después de los trámites los solicitantes pasan por una prueba mayor, que es la lista de espera por el limitado número de pequeños que son susceptibles de ser dados en adopción. Y es que generalmente requieren niños menores de cinco años de edad.
El día de la entrevista con este diario, el organismo tenía una lista de espera con 50 solicitantes ya aprobados para adoptar, los cuales llevaban tres años, en promedio, aguardando para poder cumplir su anhelo.
El DIF nacional cuenta con cuatro albergues, dos casas cuna y dos casas hogar, donde se encontraban 338 niños y niñas, de los cuales sólo 36 reunían las condiciones legales para acceder a una familia sustituta, pero con el problema de ser mayores de cinco años de edad.
A partir de este rango es más difícil que alguna persona se interese en adoptarlos, explicó la funcionaria, y menos aún si forman parte de un grupo de hermanos, pues éstos nunca son separados. Al momento de preparar esta información, en los albergues del DIF nacional ubicados en la ciudad de México había cuatro grupos de tres hermanos, y dos más con un par de ellos.
Independientemente del monto de sus ingresos, los solicitantes deben acreditar que se organizan y, aunque su salario sea bajo, que podrán ofrecer al niño la estabilidad y el amor que necesita. Así como la pobreza no es motivo para separar a un niño de una familia, tampoco lo es para negarle un hijo, aseguró la funcionaria.
Con el argumento de la descentralización, se ha permitido a DIF estatales actuar a su libre albedrío
Por falta de regulación, algunas asociaciones civiles ofrecen recién nacidos al mejor postor
En el país no existe un registro de organizaciones privadas que funcionan como albergues
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 2
En una zona gris conocida por todos pero de la que nadie se hace responsable es donde está situado el tema de las adopciones y la protección de los niños en situación de abandono. El descuido oficial es de tal magnitud que ni siquiera existe un registro de organizaciones privadas que funcionan como albergues y promueven la inserción de infantes en familias sustitutas. Tampoco se conoce la cantidad de menores que carecen de hogar ni el destino de aquellos que fueron adoptados.
Todo porque el Estado mexicano ha omitido cumplir con su responsabilidad y los compromisos adquiridos a escala internacional en instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, que suscribió hace casi 20 años. En 2006, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó su preocupación, entre otros asuntos, por la carencia de un mecanismo central para inscribir el prohijamiento y de que se favorezcan las adopciones por familias ricas, sin tener debidamente en cuenta el interés superior del niño ni su origen cultural.
Se refiere, de acuerdo con expertos en el tema, a los procedimientos que realizan organizaciones privadas, las cuales proliferaron entre 1989 y 1993 con diversos objetivos, como apoyar a los niños de la calle y a los afectados por alguna discapacidad. En ese auge también se crearon agrupaciones para, supuestamente, ayudar y orientar a las mujeres con embarazos no deseados, sobre la conveniencia de tener a sus hijos y, en todo caso, darlos en adopción.
Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), aseguró que a causa de la falta de control y registros mínimos, la puerta está abierta para la comisión de ilícitos graves, como el lucro y el tráfico de infantes con fines de explotación sexual, en el peor escenario.
Las historias son varias; la más reciente, la de Casitas del Sur, lugar donde supuestamente se daba albergue a niños en situación de abandono. De ahí desaparecieron 11 menores, cuyo paradero aún se desconoce. Y todo se ha reducido a un conflicto judicial en el que hay culpables pero no responsables. Lo mismo sucedió con la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, señaló Fuentes.
Otros son los casos de las personas que al amparo de una asociación civil ofrecen y comercian a los niños, recién nacidos principalmente, a los que dan en adopción al mejor postor, a veces en el mismo hospital donde se da el alumbramiento.
Son múltiples las historias que en el transcurso de los años se han registrado y ahí han quedado, porque el marco legal no alcanza para garantizar la protección efectiva de la infancia en México, afirmó Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Lo anterior, no obstante la existencia de las leyes para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la de Asistencia Social, en las cuales se plantea la obligación del Estado en este rubro.
La realidad es que la estructura gubernamental no cuenta con un organismo responsable de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la infancia. Ni el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cumple con esta tarea, a pesar de que durante años estuvo en el imaginario social como la instancia protectora de ese sector de la población.
De hecho, carece de las facultades jurídicas y administrativas para desempeñar una función de rectoría a escala nacional, reconoció Mónica Ríos, directora general jurídica y de enlace institucional del DIF nacional. Los asuntos relacionados con la familia, incluida la adopción, son atribución de leyes y organismos estatales. No existe una relación de subordinación con respecto a la instancia federal.
A pesar de ello, indicó que en los pasados dos años el DIF nacional ha realizado algunas acciones encaminadas a convencer a las entidades federativas de la necesidad de armonizar las normas en el ámbito de las adopciones. Todo en la medida que la ley y las facultades lo permiten, puntualizó.
Resultado de foros regionales con jueces y magistrados de lo familiar y legisladores del país, los participantes acordaron como criterio principal que la adopción es una herramienta jurídica para restituir al niño su derecho a vivir en familia.
Sobre esa base tomaron una serie de acuerdos para eliminar situaciones que vulneran las garantías fundamentales de los infantes y limitan sus posibilidades para incorporarse a una familia, la suya o una sustituta.
En las conclusiones de los foros, jueces y legisladores acordaron, entre otras cuestiones, prohibir las adopciones directas, que se realizan como un arreglo sólo entre particulares; en todos los casos el certificado de idoneidad del o los interesados en adoptar a un niño será otorgado por una institución pública (el DIF), aunque el trámite haya sido promovido por una organización privada.
Además, los jueces verificarán que en el proceso no exista lucro, donativo o prestación económica de ninguna de las partes, y se favorecerá la figura de la adopción plena, con la cual el adoptado adquiere todos los derechos como hijo y miembro de una familia.
Para ser efectivos, estos y otros acuerdos deberán plasmarse en las leyes estatales, lo que queda a criterio de cada gobierno local, comentó Mónica Ríos. En algunos de ellos ha habido avances concretos, como en Durango, que en diciembre de 2009 promulgó la Ley de Adopciones estatal; el estado de México, que reformó su legislación para que todas las adopciones se realicen por conducto del DIF local; en Aguascalientes ya existe un proyecto de decreto para agilizar el trámite de pérdida de patria potestad, el cual en no pocas ocasiones es el principal obstáculo para que los infantes sean susceptibles de ser dados en adopción.
Para Mario Luis Fuentes, ex director del DIF nacional, el panorama es dramático, porque el Estado ha renunciado a su responsabilidad como rector de la política pública en materia de asistencia social y protección de la infancia, particularmente. Con el argumento de la descentralización, se ha dejado a los DIF estatales actuar a su libre albedrío.
A ello contribuyó el ex presidente Vicente Fox con la creación del Consejo de Infancia y Adolescencia, que asumió las responsabilidades que pertenecían al DIF nacional, recordó.
El organismo ya no existe, pero mientras, el DIF se pulverizó al grado de que en Chiapas el organismo fue sustituido en el año 2000 por el Instituto de Desarrollo Humano. Aunque en 2007 el gobernador Juan Sabines emitió un decreto por el que reconstruyó el DIF en la entidad.
Desde otra perspectiva, Martín Pérez García señaló el error cometido desde la creación del DIF. Su misión ha sido velar por el desarrollo integral de la familia, y por medio de ésta se ve a los niños, aun cuando la Convención sobre los Derechos del Niño los ubica como sujetos de derecho.
De ahí que los menores abandonados o callejeros no entran en el esquema del DIF y más bien quedan en un nivel secundario. Por eso, dijo, no hay el interés por contar con información sobre la cantidad de infantes que carecen de un hogar, aunque tampoco se dispone de otros datos como el monto del presupuesto destinado a la infancia.
En México viven 37 millones de personas menores de 18 años y, si acaso, es posible ubicar una cantidad mínima de dinero asignado en el presupuesto federal a este sector, como la compra de vacunas, otras acciones de salud, el dinero para el DIF y algunos aspectos en educación, las que en conjunto representan apenas 3 por ciento del gasto total del país, apuntó.
Un nuevo hogar
Los trámites de adopción que se realizan por conducto del DIF son gratuitos y por las reformas efectuadas en los años recientes, los solicitantes obtienen el dictamen de idoneidad en 100 días, contados a partir de que entregan su expediente completo, el cual se integra con base en los criterios establecidos en cada entidad. El requisito principal es que la o las personas tengan como objetivo ser padres.
Mónica Ríos comentó que después de los trámites los solicitantes pasan por una prueba mayor, que es la lista de espera por el limitado número de pequeños que son susceptibles de ser dados en adopción. Y es que generalmente requieren niños menores de cinco años de edad.
El día de la entrevista con este diario, el organismo tenía una lista de espera con 50 solicitantes ya aprobados para adoptar, los cuales llevaban tres años, en promedio, aguardando para poder cumplir su anhelo.
El DIF nacional cuenta con cuatro albergues, dos casas cuna y dos casas hogar, donde se encontraban 338 niños y niñas, de los cuales sólo 36 reunían las condiciones legales para acceder a una familia sustituta, pero con el problema de ser mayores de cinco años de edad.
A partir de este rango es más difícil que alguna persona se interese en adoptarlos, explicó la funcionaria, y menos aún si forman parte de un grupo de hermanos, pues éstos nunca son separados. Al momento de preparar esta información, en los albergues del DIF nacional ubicados en la ciudad de México había cuatro grupos de tres hermanos, y dos más con un par de ellos.
Independientemente del monto de sus ingresos, los solicitantes deben acreditar que se organizan y, aunque su salario sea bajo, que podrán ofrecer al niño la estabilidad y el amor que necesita. Así como la pobreza no es motivo para separar a un niño de una familia, tampoco lo es para negarle un hijo, aseguró la funcionaria.
El gobernador “vendió la plaza” de Durango
Patricia Dávila
“El gobernador Ismael Hernández Deras vendió el estado a varios grupos de la delincuencia organizada. Ya no sólo opera ahí el cártel de Sinaloa sino que abrió el lugar al de Juárez, al del Golfo y a Los Zetas. Es obvio que entregó la plaza”, asegura José Rosas Aispuro Torres, candidato al gobierno por la coalición Durango nos Une.
Rosas Aispuro Torres –quien salió derrotado el 4 de julio como candidato de la coalición del PAN, PRD y Convergencia– afirma que el mandatario de Durango cometió fraude electoral con ayuda de los grupos delictivos que operan en la región para hacer ganar a Jorge Herrera Caldera, candidato priista.
Aispuro, primer candidato a gobernador en denunciar públicamente los presuntos vínculos de un mandatario estatal con el crimen organizado, asegura: “En Durango el narcotráfico y los secuestros se disparan en este gobierno, no me queda la menor duda. Fui alcalde de Durango de 2001 a 2004, participé en muchas reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública como presidente de la Fenamm (Federación Nacional de Municipios de México) y el estado era el cuarto o quinto más seguro del país; hoy ocupamos el segundo lugar en asesinatos y secuestros”.
Patricia Dávila
“El gobernador Ismael Hernández Deras vendió el estado a varios grupos de la delincuencia organizada. Ya no sólo opera ahí el cártel de Sinaloa sino que abrió el lugar al de Juárez, al del Golfo y a Los Zetas. Es obvio que entregó la plaza”, asegura José Rosas Aispuro Torres, candidato al gobierno por la coalición Durango nos Une.
Rosas Aispuro Torres –quien salió derrotado el 4 de julio como candidato de la coalición del PAN, PRD y Convergencia– afirma que el mandatario de Durango cometió fraude electoral con ayuda de los grupos delictivos que operan en la región para hacer ganar a Jorge Herrera Caldera, candidato priista.
Aispuro, primer candidato a gobernador en denunciar públicamente los presuntos vínculos de un mandatario estatal con el crimen organizado, asegura: “En Durango el narcotráfico y los secuestros se disparan en este gobierno, no me queda la menor duda. Fui alcalde de Durango de 2001 a 2004, participé en muchas reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública como presidente de la Fenamm (Federación Nacional de Municipios de México) y el estado era el cuarto o quinto más seguro del país; hoy ocupamos el segundo lugar en asesinatos y secuestros”.
Impugna la oposición elecciones de gobernador en Veracruz
ANDRÉS TIMOTEO MORALES, CORRESPONSAL
Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 28
Jalapa, Ver., 1o. de agosto. Las coaliciones Viva Veracruz, formada por los partidos Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza (Panal), y Para Cambiar Veracruz, que integran los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, impugnaron las elecciones de gobernador realizadas el pasado 4 de julio, mediante un juicio de revisión constitucional que será enviado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Los expedientes con la solicitud de juicio fueron presentados este domingo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJE), por haber sido la autoridad responsable de validar los comicios y emitir la constancia de mayoría en favor del priísta Javier Duarte de Ochoa. A su vez, el TEPJE deberá enviar los recursos de inconformidad a la Sala Superior del TEPJF, según la legislación local.
Ambas impugnaciones señalan que se violaron los preceptos constitucionales durante el proceso electoral, debido a la parcialidad del Instituto Electoral Veracruzano, la injerencia del gobernador Fidel Herrera Beltrán al usar recursos públicos en favor de Duarte de Ochoa, así como otras irregularidades graves detectadas el día de las votaciones y después de éstas, como alteración de paquetes electorales y de boletas.
El abogado Daniel Ayestarán Mosqueda presentó la impugnación por la alianza PAN-Panal, acompañada de 800 pruebas que acreditarían las irregularidades en los comicios de gobernador, y la actuación parcial de los magistrados del TEPJE, quienes el pasado 26 de julio validaron la elección y extendieron la constancia de mayoría a Javier Duarte.
En tanto, el equipo jurídico de la coalición PRD-PT-Convergencia presentó la solicitud de juicio la tarde del domingo, informó el secretario general del Comité Directivo Estatal de Convergencia, Cuauhtémoc Pola Estrada.
Indicó que se añadirán a la queja mil 751 pruebas documentales que el TEPJE rehusó valorar, las cuales demostrarán la inconstitucionalidad con la cual se desarrollaron las elecciones de gobernador.
No sólo estamos recurriendo lo sucedido en la jornada electoral del 4 de julio, sino que estamos impugnando todo el proceso en general, desde que arrancó, el año pasado, hasta el día de los comicios. En las pruebas presentadas constan todas las irregularidades, algunas de gravedad extrema, que atentan contra los preceptos constitucionales, dijo Pola Estrada.
Confían en que se anulará el proceso
De acuerdo con el dirigente de Convergencia, los magistrados del tribunal local actuaron en forma ilegal, pues no valoraron las pruebas aportadas por la alianza Para Cambiar Veracruz y “todo fue fast track. A petición del partido oficial (PRI) se calificó la elección sin atender a fondo los recursos de inconformidad. Todo fue indebido. En el juicio de revisión constitucional se pide la anulación de los comicios de gobernador porque se vulneró la voluntad popular”.
En un comunicado de su equipo de campaña, el candidato a la gubernatura Dante Delgado Rannauro dijo estar seguro de que el TEPJF anulará los comicios y en 2011 habrá elecciones extraordinarias. Presenté un recurso de impugnación de las elecciones de gobernador en Veracruz. El expediente entregado es muy voluminoso y las pruebas son contundentes, acotó.
Indicó que la participación ciudadana lo obliga a no dejar de exigir que los comicios se limpien.
El interés por cambiar el rumbo de Veracruz me motiva a no abandonar la lucha y a levantar la voz para exigir que los veracruzanos recuperen la confianza y el derecho a elegir el futuro que quieren para nuestro estado. Ésta es mi respuesta frente a la injusticia que estamos viviendo. Hay que levantar la voz. Nuestra lucha es por la democracia. ¡No permitamos que quede impune el fraude electoral en Veracruz! ¡Luchemos juntos para rescatar el estado de derecho y garantizar una democracia plena, participativa y funcional!, arengó.
ANDRÉS TIMOTEO MORALES, CORRESPONSAL
Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 28
Jalapa, Ver., 1o. de agosto. Las coaliciones Viva Veracruz, formada por los partidos Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza (Panal), y Para Cambiar Veracruz, que integran los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, impugnaron las elecciones de gobernador realizadas el pasado 4 de julio, mediante un juicio de revisión constitucional que será enviado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Los expedientes con la solicitud de juicio fueron presentados este domingo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJE), por haber sido la autoridad responsable de validar los comicios y emitir la constancia de mayoría en favor del priísta Javier Duarte de Ochoa. A su vez, el TEPJE deberá enviar los recursos de inconformidad a la Sala Superior del TEPJF, según la legislación local.
Ambas impugnaciones señalan que se violaron los preceptos constitucionales durante el proceso electoral, debido a la parcialidad del Instituto Electoral Veracruzano, la injerencia del gobernador Fidel Herrera Beltrán al usar recursos públicos en favor de Duarte de Ochoa, así como otras irregularidades graves detectadas el día de las votaciones y después de éstas, como alteración de paquetes electorales y de boletas.
El abogado Daniel Ayestarán Mosqueda presentó la impugnación por la alianza PAN-Panal, acompañada de 800 pruebas que acreditarían las irregularidades en los comicios de gobernador, y la actuación parcial de los magistrados del TEPJE, quienes el pasado 26 de julio validaron la elección y extendieron la constancia de mayoría a Javier Duarte.
En tanto, el equipo jurídico de la coalición PRD-PT-Convergencia presentó la solicitud de juicio la tarde del domingo, informó el secretario general del Comité Directivo Estatal de Convergencia, Cuauhtémoc Pola Estrada.
Indicó que se añadirán a la queja mil 751 pruebas documentales que el TEPJE rehusó valorar, las cuales demostrarán la inconstitucionalidad con la cual se desarrollaron las elecciones de gobernador.
No sólo estamos recurriendo lo sucedido en la jornada electoral del 4 de julio, sino que estamos impugnando todo el proceso en general, desde que arrancó, el año pasado, hasta el día de los comicios. En las pruebas presentadas constan todas las irregularidades, algunas de gravedad extrema, que atentan contra los preceptos constitucionales, dijo Pola Estrada.
Confían en que se anulará el proceso
De acuerdo con el dirigente de Convergencia, los magistrados del tribunal local actuaron en forma ilegal, pues no valoraron las pruebas aportadas por la alianza Para Cambiar Veracruz y “todo fue fast track. A petición del partido oficial (PRI) se calificó la elección sin atender a fondo los recursos de inconformidad. Todo fue indebido. En el juicio de revisión constitucional se pide la anulación de los comicios de gobernador porque se vulneró la voluntad popular”.
En un comunicado de su equipo de campaña, el candidato a la gubernatura Dante Delgado Rannauro dijo estar seguro de que el TEPJF anulará los comicios y en 2011 habrá elecciones extraordinarias. Presenté un recurso de impugnación de las elecciones de gobernador en Veracruz. El expediente entregado es muy voluminoso y las pruebas son contundentes, acotó.
Indicó que la participación ciudadana lo obliga a no dejar de exigir que los comicios se limpien.
El interés por cambiar el rumbo de Veracruz me motiva a no abandonar la lucha y a levantar la voz para exigir que los veracruzanos recuperen la confianza y el derecho a elegir el futuro que quieren para nuestro estado. Ésta es mi respuesta frente a la injusticia que estamos viviendo. Hay que levantar la voz. Nuestra lucha es por la democracia. ¡No permitamos que quede impune el fraude electoral en Veracruz! ¡Luchemos juntos para rescatar el estado de derecho y garantizar una democracia plena, participativa y funcional!, arengó.
Colonos de Lindavista piden auxilio al SME
Fallas en subestación de energía dañó el bombeo de agua; la CFE, incapaz de resolver el problema
JOSEFINA QUINTERO
Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 40
Ante la incapacidad de las empresas contratadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para resolver los problema de sobrecarga de energía en la subestación 20 de la unidad habitacional Lindavista Vallejo, los vecinos acordaron recurrir a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro para reparar las fallas en la planta.
Hace una semana fue inhabilitada la subestación, la cual genera energía para activar el sistema de bombeo de agua potable. Sin embargo, el riesgo de un cortocircuito sigue latente, ya que ahora la carga recae en una sola planta, de un total de cinco. El peligro no sólo es para los habitantes de la unidad, sino para los de colonias aledañas, informó Ricardo Serna, administrador del conjunto habitacional.
El acercamiento con integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se acordó porque en la unidad habitan ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, quienes alertaron de la sobrecarga y el daño que ocasionó al sistema de bombeo que suministra el agua potable a la unidad.
El contacto se dio con Hugo Ortega y Fernando Amezcua, integrantes del comité ejecutivo del SME, quienes aceptaron reparar la subestación 20. Sólo piden garantías de seguridad durante su trabajo, expusieron vecinos.
En un recorrido el viernes pasado, los integrantes del SME identificaron las fallas y aseguraron que se pueden reparar, pero también advirtieron sobre el peligro de colapso por un cortocircuito, que dañaría la energía de las colonias Nueva Vallejo y las manzanas 1 y 2 de la unidad Lindavista Vallejo, donde se calcula que viven alrededor de 10 mil familias.
Serna agregó que esperarán hasta el próximo miércoles, cuando habrá una asamblea de condóminos y se tiene prevista la presencia de representantes de la Procuraduría Social y de la Comisión Federal de Electricidad. Si para entonces la CFE no ha reparado la avería, se hará la solicitud formal al SME para que arregle la subestación, señaló.
Hoy y mañana se hará una evaluación del trabajo de las empresas contratadas por la CFE, las cuales desde el 25 de julio pasado no han logrado arreglar el problema de sobrecarga en la subestación 20.
Para evitar enfrentamientos, indicó Serna, se buscará crear las condiciones para que los ex trabajadores de cables subterráneos de Luz y Fuerza puedan realizar el trabajo con todas las garantías de seguridad.
El administrador se dijo seguro que será el SME el que repare la subestación, porque las empresas que envió CFE no resolvieron el problema. Ni siquiera saben qué lo originó.
Sobre los daños al sistema de bombeo, Eduardo Saravia Loo, encargado de atención a clientes de la paraestatal, afirmó que se pagarán los daños generados por la sobrecarga, porque la CFE cuenta con un seguro para ello. Sólo se requiere hacer la solicitud para que se haga la reparación del sistema de bombeo.
Los vecinos acudieron también ante autoridades de la delegación Gustavo A. Madero para que pueda intervenir el SME, porque los problemas en el suministro de agua para las mil familias que habitan en dicha unidad se agudizaron el pasado fin de semana.
Fallas en subestación de energía dañó el bombeo de agua; la CFE, incapaz de resolver el problema
JOSEFINA QUINTERO
Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 40
Ante la incapacidad de las empresas contratadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para resolver los problema de sobrecarga de energía en la subestación 20 de la unidad habitacional Lindavista Vallejo, los vecinos acordaron recurrir a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro para reparar las fallas en la planta.
Hace una semana fue inhabilitada la subestación, la cual genera energía para activar el sistema de bombeo de agua potable. Sin embargo, el riesgo de un cortocircuito sigue latente, ya que ahora la carga recae en una sola planta, de un total de cinco. El peligro no sólo es para los habitantes de la unidad, sino para los de colonias aledañas, informó Ricardo Serna, administrador del conjunto habitacional.
El acercamiento con integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se acordó porque en la unidad habitan ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, quienes alertaron de la sobrecarga y el daño que ocasionó al sistema de bombeo que suministra el agua potable a la unidad.
El contacto se dio con Hugo Ortega y Fernando Amezcua, integrantes del comité ejecutivo del SME, quienes aceptaron reparar la subestación 20. Sólo piden garantías de seguridad durante su trabajo, expusieron vecinos.
En un recorrido el viernes pasado, los integrantes del SME identificaron las fallas y aseguraron que se pueden reparar, pero también advirtieron sobre el peligro de colapso por un cortocircuito, que dañaría la energía de las colonias Nueva Vallejo y las manzanas 1 y 2 de la unidad Lindavista Vallejo, donde se calcula que viven alrededor de 10 mil familias.
Serna agregó que esperarán hasta el próximo miércoles, cuando habrá una asamblea de condóminos y se tiene prevista la presencia de representantes de la Procuraduría Social y de la Comisión Federal de Electricidad. Si para entonces la CFE no ha reparado la avería, se hará la solicitud formal al SME para que arregle la subestación, señaló.
Hoy y mañana se hará una evaluación del trabajo de las empresas contratadas por la CFE, las cuales desde el 25 de julio pasado no han logrado arreglar el problema de sobrecarga en la subestación 20.
Para evitar enfrentamientos, indicó Serna, se buscará crear las condiciones para que los ex trabajadores de cables subterráneos de Luz y Fuerza puedan realizar el trabajo con todas las garantías de seguridad.
El administrador se dijo seguro que será el SME el que repare la subestación, porque las empresas que envió CFE no resolvieron el problema. Ni siquiera saben qué lo originó.
Sobre los daños al sistema de bombeo, Eduardo Saravia Loo, encargado de atención a clientes de la paraestatal, afirmó que se pagarán los daños generados por la sobrecarga, porque la CFE cuenta con un seguro para ello. Sólo se requiere hacer la solicitud para que se haga la reparación del sistema de bombeo.
Los vecinos acudieron también ante autoridades de la delegación Gustavo A. Madero para que pueda intervenir el SME, porque los problemas en el suministro de agua para las mil familias que habitan en dicha unidad se agudizaron el pasado fin de semana.
Cruz Azul: queda todo en familia
Rosalía Vergara
CRUZ AZUL, Hgo., 1 de agosto (apro).- Pese a las denuncias por lavado de dinero, evasión fiscal, subcontratación, triangulación de recursos para crear empresas e irregulares manejos de fondos de la cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas fue ratificado como su presidente y su hermano Alfredo y su cuñado Víctor Garcés Rojo, que habían sido separados de la cúpula, serán reinstalados en los próximos días.
De acuerdo con “Billy” Álvarez, los mil cien socios de la cooperativa acordaron unidad en torno a su persona y aseguró que dentro de un mes se darán a conocer los resultados sobre las diversas acusaciones que hay contra la organización cementera, mismas que son investigadas por el Consejo de Administración de la cooperativa que ellos controlan.
Después de 23 horas, tiempo que duró la Asamblea General Ordinaria de los socios, el dirigente dio una conferencia de prensa este domingo a las 9 de mañana, una hora después de concluido el cónclave.
“Se salió con un sentimiento de unidad”, recalcó, tras sostener que de ahora en adelante será el único vocero de la cooperativa, pues los medios de comunicación, acusó, han tergiversado la información sobre las finanzas de la empresa que, sostuvo, “son sanas”.
Billy Alvarez dijo que en el encuentro de cooperativistas que se desarrolló a puerta cerrada se aclaró la información sobre lavado de dinero, publicada en la edición 1760 de la revista Proceso, basada en una denuncia presentada por el llamado “grupo de los veinte” socios que comenzó a exigir cuentas claras a la cooperativa.
También comentó que se reunirá el lunes con el cuerpo directivo de la cooperativa para definir la situación de su hermano Alfredo Álvarez, como director adjunto de la empresa y de otras nueve personas más que también fueron destituidas de sus cargos.
Aclaró que hará lo mismo con su cuñado Víctor Garcés Rojo, quien el 20 de marzo pasado, en una asamblea extraordinaria, fue inhabilitado como director jurídico hasta que se concluyan las investigaciones en su contra.
Evasivo, Guillermo Alvarez comentó que estarán atentos a los “pendientes” en materia judicial y en relación a la cooperativa, porque los socios tienen intención y voluntad “de aportar soluciones”.
Contó que durante la asamblea presentó un informe sobre las finanzas de la cooperativa “lo que generó un clima de confianza entre los socios”, pues será el comité de auditorias donde se desahogarán los temas financieros.
“Se debe abordar el asunto para que se reinstale a los dos en discordia”, dijo en alusión a su hermano y su cuñado, quien por cierto se informó que se desistió de la demanda civil que interpuso contra la decisión de la asamblea por removerlo.
Un día antes
Este clima de “fraternidad y unidad” que asegura Billy Álvarez que se vivió en la junta de socios contrastó con el inicio de la misma, a la que primero llegó Guillermo y saludó a los socios por su nombre; luego Alfredo quien aseguró que tenía la conciencia tranquila y al final Garcés Rojo, rodeado de guardaespaldas, molesto y acusando a Alfredo de traición para quedarse con la cooperativa.
Ahí sostuvo que había demandado a los veinte que tomaron la decisión de destituirlo, porque él como director jurídico, añadió, ha mantenido sanas las finanzas de la cooperativa.
Sostuvo que la información sobre lavado de dinero y evasión fiscal son especulaciones de estos socios disidentes, encabezados por Alfredo. En su opinión, su cuñado Alfredo quería dañar la imagen de la actual dirigencia de la cooperativa porque quería asumir el control de la misma y en lugar de encontrarle una solución a los problemas de la empresa a nivel interno, los difundió públicamente.
Consideró que no ha evadido impuestos porque es ilegal, pero reconoció que ha evitado pagarlos, lo cual es legal, opinó.
Ahí se le preguntó si dialogaría con Alfredo y lacónico respondió: “Yo creo que no”.
Veinticuatro horas después, Garcés Rojo se desdijo. Consideró que Alfredo no quiere traicionar a la cooperativa y sostuvo que estaban limando asperezas. “Nadie nos va a tumbar. Estamos unidos. La cooperativa está sólida”, indicó al salir de la asamblea.
Comentó que “no existe nada de lo que los medios de comunicación están informando”. Es más, afirmó: “Guillermo Alvarez va a limpiar eso”.
Garcés Rojo afirmó que el lunes se reunirán para tratar los asuntos internos relacionados con las acusaciones en su contra, porque, pese a todo, después de la asamblea “estamos fortalecidos”.
En ese tono, dijo ahora que Alfredo Álvarez no buscó la presidencia de la cooperativa; esta confusión, dijo, se dio porque todos estaban malinterpretando sus intenciones.
Rosalía Vergara
CRUZ AZUL, Hgo., 1 de agosto (apro).- Pese a las denuncias por lavado de dinero, evasión fiscal, subcontratación, triangulación de recursos para crear empresas e irregulares manejos de fondos de la cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas fue ratificado como su presidente y su hermano Alfredo y su cuñado Víctor Garcés Rojo, que habían sido separados de la cúpula, serán reinstalados en los próximos días.
De acuerdo con “Billy” Álvarez, los mil cien socios de la cooperativa acordaron unidad en torno a su persona y aseguró que dentro de un mes se darán a conocer los resultados sobre las diversas acusaciones que hay contra la organización cementera, mismas que son investigadas por el Consejo de Administración de la cooperativa que ellos controlan.
Después de 23 horas, tiempo que duró la Asamblea General Ordinaria de los socios, el dirigente dio una conferencia de prensa este domingo a las 9 de mañana, una hora después de concluido el cónclave.
“Se salió con un sentimiento de unidad”, recalcó, tras sostener que de ahora en adelante será el único vocero de la cooperativa, pues los medios de comunicación, acusó, han tergiversado la información sobre las finanzas de la empresa que, sostuvo, “son sanas”.
Billy Alvarez dijo que en el encuentro de cooperativistas que se desarrolló a puerta cerrada se aclaró la información sobre lavado de dinero, publicada en la edición 1760 de la revista Proceso, basada en una denuncia presentada por el llamado “grupo de los veinte” socios que comenzó a exigir cuentas claras a la cooperativa.
También comentó que se reunirá el lunes con el cuerpo directivo de la cooperativa para definir la situación de su hermano Alfredo Álvarez, como director adjunto de la empresa y de otras nueve personas más que también fueron destituidas de sus cargos.
Aclaró que hará lo mismo con su cuñado Víctor Garcés Rojo, quien el 20 de marzo pasado, en una asamblea extraordinaria, fue inhabilitado como director jurídico hasta que se concluyan las investigaciones en su contra.
Evasivo, Guillermo Alvarez comentó que estarán atentos a los “pendientes” en materia judicial y en relación a la cooperativa, porque los socios tienen intención y voluntad “de aportar soluciones”.
Contó que durante la asamblea presentó un informe sobre las finanzas de la cooperativa “lo que generó un clima de confianza entre los socios”, pues será el comité de auditorias donde se desahogarán los temas financieros.
“Se debe abordar el asunto para que se reinstale a los dos en discordia”, dijo en alusión a su hermano y su cuñado, quien por cierto se informó que se desistió de la demanda civil que interpuso contra la decisión de la asamblea por removerlo.
Un día antes
Este clima de “fraternidad y unidad” que asegura Billy Álvarez que se vivió en la junta de socios contrastó con el inicio de la misma, a la que primero llegó Guillermo y saludó a los socios por su nombre; luego Alfredo quien aseguró que tenía la conciencia tranquila y al final Garcés Rojo, rodeado de guardaespaldas, molesto y acusando a Alfredo de traición para quedarse con la cooperativa.
Ahí sostuvo que había demandado a los veinte que tomaron la decisión de destituirlo, porque él como director jurídico, añadió, ha mantenido sanas las finanzas de la cooperativa.
Sostuvo que la información sobre lavado de dinero y evasión fiscal son especulaciones de estos socios disidentes, encabezados por Alfredo. En su opinión, su cuñado Alfredo quería dañar la imagen de la actual dirigencia de la cooperativa porque quería asumir el control de la misma y en lugar de encontrarle una solución a los problemas de la empresa a nivel interno, los difundió públicamente.
Consideró que no ha evadido impuestos porque es ilegal, pero reconoció que ha evitado pagarlos, lo cual es legal, opinó.
Ahí se le preguntó si dialogaría con Alfredo y lacónico respondió: “Yo creo que no”.
Veinticuatro horas después, Garcés Rojo se desdijo. Consideró que Alfredo no quiere traicionar a la cooperativa y sostuvo que estaban limando asperezas. “Nadie nos va a tumbar. Estamos unidos. La cooperativa está sólida”, indicó al salir de la asamblea.
Comentó que “no existe nada de lo que los medios de comunicación están informando”. Es más, afirmó: “Guillermo Alvarez va a limpiar eso”.
Garcés Rojo afirmó que el lunes se reunirán para tratar los asuntos internos relacionados con las acusaciones en su contra, porque, pese a todo, después de la asamblea “estamos fortalecidos”.
En ese tono, dijo ahora que Alfredo Álvarez no buscó la presidencia de la cooperativa; esta confusión, dijo, se dio porque todos estaban malinterpretando sus intenciones.
