POR UNA IZQUIERDA DESDIBUJADA
12 jul 2010
El PRI y el PAN buscan "bipartidismo de derecha": AMLO
Verónica Espinosa
IRAPUATO, GTO., 11 de julio (APRO).- El PRI y el PAN están trabajando para instalar en México un sistema bipartidista “pero con dos partidos de derecha”, acusó aquí Andrés Manuel López Obrador.
En visita a esta ciudad como parte de la gira para presentar su libro “La mafia que se adueñó de México”, López Obrador dijo que anticipó el anuncio de que contenderá el 2012 por la presidencia de la república de nueva cuenta para evitar “un nuevo engaño de la derecha” y concientizar a los mexicanos de que “hay una opción diferente al PRI y al PAN”.
Según señaló, después de las elecciones del 4 de julio “quedó la sensación de que sólo existen el PRI y el PAN y es una gran mentira”.
Sin referirse al PRD y a las alianzas que hizo con Acción Nacional, López Obrador habló del gran movimiento de hombres y mujeres, millones de mexicanos” que no están de acuerdo “con la mafia en el poder que es dueña de los dos partidos”, el PRI y el PAN.
Aseguró que la intención de “los que mandan en el país” –y se refirió específicamente a Carlos Salinas de Gortari- es que se instale en México un bipartidismo con dos partidos de derecha. “Porque al final de cuentas si está el PRI o el PAN en el gobierno da lo mismo: los de arriba siguen manteniendo sus privilegios y los de abajo no tienen quién los represente”.
Por ello, insistió, decidió adelantar su postulación. “Esto no es nada más un asunto entre el PRI y el PAN…los de la mafia y sus medios ya pensaban que se iban a ir solos y que iban a volver a engañar con la simulación de que la contienda iba a ser entre el PRI y el PAN, lo que no quieren es una opción diferente, no quieren perder sus privilegios, por eso se pusieron muy nerviosos”.
Aunque no quiso opinar sobre cuál sería el método para que las fuerzas de izquierda pudieran designar a su candidato para el 2012, López Obrador insistió en que “con el método que se acuerde decidir al candidato de las fuerzas progresistas, yo voy a contender, estoy apuntado”.
Eso sí, según AMLO el candidato deberá estar listo en la segunda mitad del año próximo.
-¿Qué prefiere la encuesta o u proceso interno como el propuesto por Cuauhtémoc Cárdenas?- se le preguntó
“Eso se dará en su momento, pero falta. Yo lo único que vuelvo a subrayar es de que voy a buscar la candidatura, voy y le quiero preguntar a la gente si vamos, eso es todo…desde ahora no voy a esperar, ya expreso mi decisión de buscar ser candidato de las fuerza progresistas del país para triunfar de nuevo en las elecciones presidenciales del 2012”.
Viuda de Nava y Samuel Ruiz llaman a protesta nacional contra Minera San Xavier
Verónica Espinosa
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., 11 de julio (APRO).- El Obispo Emérito de Chiapas, Samuel Ruiz García, se unió a la convocatoria que hizo Concepción Calvillo, viuda del doctor Salvador Nava, para exigir el cierre de operaciones de la Minera San Xavier –filial de la canadiense New Gold- en Cerro de San Pedro, mediante una protesta masiva el próximo 22 de julio.
En esa fecha se conmemora el Día mundial contra los tajos a cielo abierto.
La organización Pro San Luis Ecológico informó que Conchita de Nava invitó al Obispo Emérito de Chiapas a unirse a esta convocatoria, en un manifiesto que le fue entregado en Querétaro, donde reside Ruiz García, quien aceptó participar de esta causa.
En el manifiesto que ahora ambos firman, dirigido al pueblo de México y a la comunidad internacional, se hace un “llamado urgente” para exigir el cierre inmediato y definitivo de la canadiense New Gold-Minera San Xavier y sus prácticas depredadoras que prácticamente han destruído el cerro que forma parte del escudo de San Luis.
Minera San Xavier mantiene trabajando la mina de Cerro de San Pedro (con tajo a cielo abierto), a pesar de que desde hace casi un año perdió un juicio promovido por organizaciones civiles y ecologistas y le fue cancelado definitivamente el permiso de operación.
La filial canadiense ha recurrido a diversos artilugios legales a pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, ha reiterado en varias ocasiones que no cuenta con autorización para continuar sus actividades.
Conchita viuda de Nava y Samuel Ruiz piden protestar ante las embajadas de Canadá, en virtud de que “ha sido el gobierno canadiense uno de los principales promotores de la depredación que generan sus empresas mineras en todo el mundo”.
Además, piden expresar el repudio en contra del gobierno mexicano “por la entrega irracional, cómplice y corrupta que ha hecho de nuestro territorio y de nuestro futuro”, al permitir, a pesar de una sentencia definitiva e inatacable, que se mantengan las operaciones en Cerro de San Pedro.
En esta convocatoria –divulgada por la organización ProSan Luis Ecológico-, se recordó también al fallecido escritor Carlos Montemayor, quien en varias ocasiones denunció la situación irregular de la minera y la devastación que ha causado en la zona potosina aledaña al valle de la capital, al referirse a la complicidad de las autoridades estatales y federales “en una de las muestras más evidentes del manejo político de la justicia y del desapego a la ley que han caracterizado a los últimos gobiernos”.
“Como lo definió Carlos Montemayor –indicó- Minera San Xavier es la muestra de que la sociedad enfrenta una nueva forma de delincuencia organizada, en la cual participan Trasnacionales que fomentan la corrupción en países vulnerables como el nuestro”.
Está claro que la empresa de origen canadiense “no tiene intención de acatar la ley…(e) inventa recursos que extrañamente avalan jueces locales ligados a una red de abogados que le ha garantizado…su ilegal operación”, por lo que pidió a los potosinos “hacer algo como sociedad afectada” ante los daños permanentes e irreversibles que ha dejado la mina durante el tiempo de su operación en Cerro de San Pedro.
Diferencias con Lozano tienen bajo la lupa a Gómez Mont
FABIOLA MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Lunes 12 de julio de 2010, p. 3
El presidente Felipe Calderón Hinojosa hace una valoración de la permanencia de Fernando Gómez Mont al frente de la Secretaría de Gobernación (SG).
Fuentes consultadas señalaron que el propio funcionario pidió al jefe del Ejecutivo hacer ese análisis ante las diferencias que han surgido entre algunos integrantes del primer círculo presidencial por las alianzas electorales, la situación de seguridad pública y el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
De acuerdo con la versión de los informantes, Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha criticado los resultados de Gómez Mont y, con esa estrategia, pretende llenar sus aspiraciones políticas en el PAN y avanzar hacia la candidatura presidencial.
Mientras el Presidente toma una decisión al respecto, los intereses de Lozano abren, en los hechos, una contienda en el Partido Acción Nacional para determinar quién relevaría a Gómez Mont: Lozano o César Nava, dirigente del panismo, aunque se mencionó a Miguel Ángel Yunes, quien contendió por la gubernatura de Veracruz.
En el sector laboral confirmaron que uno de los temas que generaron diferencias entre Gómez Mont y Lozano fue el caso SME, porque tras el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, hace nueve meses, de Gobernación surgió una oferta para que ese sindicato aceptara la recontratación de 8 mil 500 electricistas (de una plantilla de 44 mil) a cambio de que diluyeran la movilización colectiva por el cierre del organismo.
Lozano se molestó con la oferta de Gobernación; la consideró una traición para el proyecto de Calderón, quien supuestamente busca limpiar el déficit en las empresas del sector eléctrico, señaló una fuente sindical.
Otro elemento que distanció a Gómez Mont de los integrantes del primer círculo calderonista en referencia ocurrió a finales del año pasado, cuando el funcionario fungió como testigo de honor en la firma de una carta-compromiso entre el PAN y el PRI, para que el primero no se aliara con la izquierda en las elecciones de 2011 en el estado de México.
Fue precisamente en el Palacio de Covián, donde se concretó ese compromiso avalado por la presidenta del tricolor, Beatriz Paredes; César Nava, así como el secretario de Gobierno mexiquense, enviado del gobernador de esta entidad, Enrique Peña Nieto, otro de los aspirantes a la candidatura presidencial.
Cuando se destapó el acuerdo antialianzas, Gómez Mont persistió en su crítica hacia las uniones entre partidos antagónicos porque –argumentaba desde semanas antes– constituyen un especie de fraude para los ciudadanos cuando los pactos no son apuntalados por un programa común de gobierno y se quedan como meros instrumentos para llegar al poder. Por esta ruptura, Gómez Mont renunció al Partido Acción Nacional.
Si Gómez Mont sale de Gobernación, agregaron las fuentes consultadas, lo hará sin haber torcido sus convicciones. Además, el Presidente se quedaría sin un interlocutor con el PRI, partido que reconoce en el secretario un crítico de las alianzas pragmáticas. En tal caso, agregaron, el presidente Calderón podría tomar una decisión en breve, luego de una amplia evaluación de sus principales colaboradores.
Gómez Mont llegó a Gobernación el 10 de noviembre de 2008, una semana después del desplome de la aeronave en la que murió su antecesor, Juan Camilo Mouriño.
Desde la titularidad en Gobernación ha encabezado también la secretaría ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional, en un lapso en el que se ha cometido un número sin precedente de asesinatos relacionados con la delincuencia organizada.
Gómez Mont ha emitido polémicas declaraciones en el contexto de los operativos contra el narcotráfico. (Los estamos esperando. Métanse con las autoridades, no con los ciudadanos, retó a delincuentes.)
El mes pasado volvió al ojo del huracán por haber sugerido a los defensores de derechos humanos no ser cómplices ni tontos útiles de la delincuencia.
Ha sido también pieza clave en la interlocución del Ejecutivo con legisladores y jueces, especialmente para impulsar las reformas política y judicial.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue enviado a hablar con los ministros, con el bagaje que le da su experiencia de abogado penalista, para convencerlos de no fincar responsabilidades en contra de altos funcionarios públicos (como el ahora secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas) por el caso de la guardería ABC, en Sonora, donde murieron 49 niños.
El viernes pasado, Gómez Mont dijo que el Presidente lo comisionó para convocar a un diálogo nacional, para reconstruir las instituciones y estrategias de gobierno, aunque prometió que si su jefe o él cambian de opinión respecto a su estancia en Bucareli, de inmediato se sabrá.
Verónica Espinosa
IRAPUATO, GTO., 11 de julio (APRO).- El PRI y el PAN están trabajando para instalar en México un sistema bipartidista “pero con dos partidos de derecha”, acusó aquí Andrés Manuel López Obrador.
En visita a esta ciudad como parte de la gira para presentar su libro “La mafia que se adueñó de México”, López Obrador dijo que anticipó el anuncio de que contenderá el 2012 por la presidencia de la república de nueva cuenta para evitar “un nuevo engaño de la derecha” y concientizar a los mexicanos de que “hay una opción diferente al PRI y al PAN”.
Según señaló, después de las elecciones del 4 de julio “quedó la sensación de que sólo existen el PRI y el PAN y es una gran mentira”.
Sin referirse al PRD y a las alianzas que hizo con Acción Nacional, López Obrador habló del gran movimiento de hombres y mujeres, millones de mexicanos” que no están de acuerdo “con la mafia en el poder que es dueña de los dos partidos”, el PRI y el PAN.
Aseguró que la intención de “los que mandan en el país” –y se refirió específicamente a Carlos Salinas de Gortari- es que se instale en México un bipartidismo con dos partidos de derecha. “Porque al final de cuentas si está el PRI o el PAN en el gobierno da lo mismo: los de arriba siguen manteniendo sus privilegios y los de abajo no tienen quién los represente”.
Por ello, insistió, decidió adelantar su postulación. “Esto no es nada más un asunto entre el PRI y el PAN…los de la mafia y sus medios ya pensaban que se iban a ir solos y que iban a volver a engañar con la simulación de que la contienda iba a ser entre el PRI y el PAN, lo que no quieren es una opción diferente, no quieren perder sus privilegios, por eso se pusieron muy nerviosos”.
Aunque no quiso opinar sobre cuál sería el método para que las fuerzas de izquierda pudieran designar a su candidato para el 2012, López Obrador insistió en que “con el método que se acuerde decidir al candidato de las fuerzas progresistas, yo voy a contender, estoy apuntado”.
Eso sí, según AMLO el candidato deberá estar listo en la segunda mitad del año próximo.
-¿Qué prefiere la encuesta o u proceso interno como el propuesto por Cuauhtémoc Cárdenas?- se le preguntó
“Eso se dará en su momento, pero falta. Yo lo único que vuelvo a subrayar es de que voy a buscar la candidatura, voy y le quiero preguntar a la gente si vamos, eso es todo…desde ahora no voy a esperar, ya expreso mi decisión de buscar ser candidato de las fuerza progresistas del país para triunfar de nuevo en las elecciones presidenciales del 2012”.
Viuda de Nava y Samuel Ruiz llaman a protesta nacional contra Minera San Xavier
Verónica Espinosa
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., 11 de julio (APRO).- El Obispo Emérito de Chiapas, Samuel Ruiz García, se unió a la convocatoria que hizo Concepción Calvillo, viuda del doctor Salvador Nava, para exigir el cierre de operaciones de la Minera San Xavier –filial de la canadiense New Gold- en Cerro de San Pedro, mediante una protesta masiva el próximo 22 de julio.
En esa fecha se conmemora el Día mundial contra los tajos a cielo abierto.
La organización Pro San Luis Ecológico informó que Conchita de Nava invitó al Obispo Emérito de Chiapas a unirse a esta convocatoria, en un manifiesto que le fue entregado en Querétaro, donde reside Ruiz García, quien aceptó participar de esta causa.
En el manifiesto que ahora ambos firman, dirigido al pueblo de México y a la comunidad internacional, se hace un “llamado urgente” para exigir el cierre inmediato y definitivo de la canadiense New Gold-Minera San Xavier y sus prácticas depredadoras que prácticamente han destruído el cerro que forma parte del escudo de San Luis.
Minera San Xavier mantiene trabajando la mina de Cerro de San Pedro (con tajo a cielo abierto), a pesar de que desde hace casi un año perdió un juicio promovido por organizaciones civiles y ecologistas y le fue cancelado definitivamente el permiso de operación.
La filial canadiense ha recurrido a diversos artilugios legales a pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, ha reiterado en varias ocasiones que no cuenta con autorización para continuar sus actividades.
Conchita viuda de Nava y Samuel Ruiz piden protestar ante las embajadas de Canadá, en virtud de que “ha sido el gobierno canadiense uno de los principales promotores de la depredación que generan sus empresas mineras en todo el mundo”.
Además, piden expresar el repudio en contra del gobierno mexicano “por la entrega irracional, cómplice y corrupta que ha hecho de nuestro territorio y de nuestro futuro”, al permitir, a pesar de una sentencia definitiva e inatacable, que se mantengan las operaciones en Cerro de San Pedro.
En esta convocatoria –divulgada por la organización ProSan Luis Ecológico-, se recordó también al fallecido escritor Carlos Montemayor, quien en varias ocasiones denunció la situación irregular de la minera y la devastación que ha causado en la zona potosina aledaña al valle de la capital, al referirse a la complicidad de las autoridades estatales y federales “en una de las muestras más evidentes del manejo político de la justicia y del desapego a la ley que han caracterizado a los últimos gobiernos”.
“Como lo definió Carlos Montemayor –indicó- Minera San Xavier es la muestra de que la sociedad enfrenta una nueva forma de delincuencia organizada, en la cual participan Trasnacionales que fomentan la corrupción en países vulnerables como el nuestro”.
Está claro que la empresa de origen canadiense “no tiene intención de acatar la ley…(e) inventa recursos que extrañamente avalan jueces locales ligados a una red de abogados que le ha garantizado…su ilegal operación”, por lo que pidió a los potosinos “hacer algo como sociedad afectada” ante los daños permanentes e irreversibles que ha dejado la mina durante el tiempo de su operación en Cerro de San Pedro.
Diferencias con Lozano tienen bajo la lupa a Gómez Mont
FABIOLA MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Lunes 12 de julio de 2010, p. 3
El presidente Felipe Calderón Hinojosa hace una valoración de la permanencia de Fernando Gómez Mont al frente de la Secretaría de Gobernación (SG).
Fuentes consultadas señalaron que el propio funcionario pidió al jefe del Ejecutivo hacer ese análisis ante las diferencias que han surgido entre algunos integrantes del primer círculo presidencial por las alianzas electorales, la situación de seguridad pública y el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
De acuerdo con la versión de los informantes, Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha criticado los resultados de Gómez Mont y, con esa estrategia, pretende llenar sus aspiraciones políticas en el PAN y avanzar hacia la candidatura presidencial.
Mientras el Presidente toma una decisión al respecto, los intereses de Lozano abren, en los hechos, una contienda en el Partido Acción Nacional para determinar quién relevaría a Gómez Mont: Lozano o César Nava, dirigente del panismo, aunque se mencionó a Miguel Ángel Yunes, quien contendió por la gubernatura de Veracruz.
En el sector laboral confirmaron que uno de los temas que generaron diferencias entre Gómez Mont y Lozano fue el caso SME, porque tras el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, hace nueve meses, de Gobernación surgió una oferta para que ese sindicato aceptara la recontratación de 8 mil 500 electricistas (de una plantilla de 44 mil) a cambio de que diluyeran la movilización colectiva por el cierre del organismo.
Lozano se molestó con la oferta de Gobernación; la consideró una traición para el proyecto de Calderón, quien supuestamente busca limpiar el déficit en las empresas del sector eléctrico, señaló una fuente sindical.
Otro elemento que distanció a Gómez Mont de los integrantes del primer círculo calderonista en referencia ocurrió a finales del año pasado, cuando el funcionario fungió como testigo de honor en la firma de una carta-compromiso entre el PAN y el PRI, para que el primero no se aliara con la izquierda en las elecciones de 2011 en el estado de México.
Fue precisamente en el Palacio de Covián, donde se concretó ese compromiso avalado por la presidenta del tricolor, Beatriz Paredes; César Nava, así como el secretario de Gobierno mexiquense, enviado del gobernador de esta entidad, Enrique Peña Nieto, otro de los aspirantes a la candidatura presidencial.
Cuando se destapó el acuerdo antialianzas, Gómez Mont persistió en su crítica hacia las uniones entre partidos antagónicos porque –argumentaba desde semanas antes– constituyen un especie de fraude para los ciudadanos cuando los pactos no son apuntalados por un programa común de gobierno y se quedan como meros instrumentos para llegar al poder. Por esta ruptura, Gómez Mont renunció al Partido Acción Nacional.
Si Gómez Mont sale de Gobernación, agregaron las fuentes consultadas, lo hará sin haber torcido sus convicciones. Además, el Presidente se quedaría sin un interlocutor con el PRI, partido que reconoce en el secretario un crítico de las alianzas pragmáticas. En tal caso, agregaron, el presidente Calderón podría tomar una decisión en breve, luego de una amplia evaluación de sus principales colaboradores.
Gómez Mont llegó a Gobernación el 10 de noviembre de 2008, una semana después del desplome de la aeronave en la que murió su antecesor, Juan Camilo Mouriño.
Desde la titularidad en Gobernación ha encabezado también la secretaría ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional, en un lapso en el que se ha cometido un número sin precedente de asesinatos relacionados con la delincuencia organizada.
Gómez Mont ha emitido polémicas declaraciones en el contexto de los operativos contra el narcotráfico. (Los estamos esperando. Métanse con las autoridades, no con los ciudadanos, retó a delincuentes.)
El mes pasado volvió al ojo del huracán por haber sugerido a los defensores de derechos humanos no ser cómplices ni tontos útiles de la delincuencia.
Ha sido también pieza clave en la interlocución del Ejecutivo con legisladores y jueces, especialmente para impulsar las reformas política y judicial.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue enviado a hablar con los ministros, con el bagaje que le da su experiencia de abogado penalista, para convencerlos de no fincar responsabilidades en contra de altos funcionarios públicos (como el ahora secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas) por el caso de la guardería ABC, en Sonora, donde murieron 49 niños.
El viernes pasado, Gómez Mont dijo que el Presidente lo comisionó para convocar a un diálogo nacional, para reconstruir las instituciones y estrategias de gobierno, aunque prometió que si su jefe o él cambian de opinión respecto a su estancia en Bucareli, de inmediato se sabrá.
Conversaciones telefónicas de empresarios, políticos, artistas o ministros, al mejor postor
ALFREDO MÉNDEZ
Periódico La Jornada
Lunes 12 de julio de 2010, p. 9
Las prácticas de espionaje telefónico en México afectan por igual a políticos, empresarios, ministros de la Suprema Corte, funcionarios públicos, artistas o a cualquier ciudadano común que esté bajo la mira de algún enemigo.
El único requisito es que el solicitante de la información pague la cuota respectiva, que va desde 60 mil pesos por escuchar las llamadas telefónicas que realice en una semana algún empleado de una empresa privada, hasta 400 mil por oír las conversaciones que durante siete días efectúe un gobernador, un diputado, un juez o un directivo de alguna firma trasnacional.
Documentos de la Procuraduría General de la República (PGR), y otros que constan en causas penales abiertas por el Poder Judicial Federal (PJF), a los que tuvo acceso La Jornada, indican que en el país proliferan empresas que se registran ante la Secretaría de Hacienda como firmas de seguridad privada, o que ofrecen servicios de consultoría en marketing político o de venta de equipos para vigilancia intramuros, pero que en los hechos se dedican a realizar escuchas telefónicas ilegales.
Se trata de compañías que, a decir del penalista Julio Hernández Pliego y de Juan Ibarrola, experto en imagen pública y director general de Lobbying Solutions –una de las consultoras de relaciones públicas más reconocidas del país–, operan con la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Estimaciones de ambos especialistas entrevistados por este diario indican que en cada entidad del país hay por lo menos dos empresas que en realidad se dedican a la intervención ilegal de comunicaciones telefónicas privadas. Se trata de un delito que, al contrario de lo que sucede en otros países, en México no es considerado grave y alcanza el beneficio de la libertad bajo fianza.
El factor impunidad, aunado a una baja penalidad de ese delito en los códigos penales, es lo que ha permitido la proliferación de empresas que simulan realizar acciones legales, pero que se dedican al espionaje telefónico, expuso Hernández Pliego, profesor de derecho procesal penal en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Un denominador común de estas consultorías dedicadas al espionaje es que son constituidas por ex funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Haber trabajado en instancias públicas ligadas a temas de seguridad nacional permite a los dueños de esas compañías tener conexiones con actuales funcionarios de la PGR, de las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública (SSP) federal, así como otras dependencias.
Así, por ejemplo, empresas consultoras han logrado espiar a personajes públicos ligados a la política, principalmente durante el desarrollo de procesos electorales.
Los casos más recientes de espionaje político son los del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, a quien se exhibió unas semanas antes de que se realizaran los comicios del 4 de julio dando órdenes a funcionarios de su administración para operar en favor del candidato del PRI a la gubernatura, Javier Duarte.
A Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, también le fue intervenido su teléfono y el resultado fue una grabación que se difundió de manera anónima, en la que se muestra abiertamente el apoyo que el gobierno estatal dio al candidato priísta al gobierno de esa entidad, Eviel Pérez Magaña, quien perdió la contienda.
Por poner un ejemplo, en la averiguación previa 97/UEIDCSPCAJ/08, cuya copia tiene La Jornada, la PGR presume que por medio de compañías de seguridad privada y de las conocidas como consultoras en marketing político, ex funcionarios del Cisen realizaban labores de espionaje.
Para ello se asociaron con un ciudadano israelí, quien vendía en México equipo para la intervención de comunicaciones de Nextel, las que hasta hace poco eran consideradas inviolables.
El caso también consta en la órden de aprehensión 63/2009, donde se documenta que el israelí Yosef Sheva Porat presuntamente operaba en México desde hace más de un lustro como proveedor de equipos de espionaje y para ello se hacía pasar por empresario regiomontano, consultor en seguridad o entrenador de gotcha.
La indagatoria supone que el intermediario que tenía en México era Luis Miguel Dena, ex delegado del Cisen en Chiapas, el estado de México y el Distrito Federal, y que desde 2007 es dueño de Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas (SPIPSA), empresa que ofrece servicios de guardia y custodia de casas, edificios y compañías privadas, pero que en realidad se dedica al espionaje telefónico.
Pero esa no es la única empresa de espionaje que ha sido detectada por las autoridades ministeriales.
El 30 de septiembre de 2008, según consta en la indagatoria 99/UEIDCSPAJ/08, un informe de investigación suscrito por los agentes federales de investigación Sócrates Peralta y José Francisco Rodríguez refiere que haciéndose pasar por solicitantes de los servicios de la empresa de consultoría privada Risk Prevention Consultans, fueron a entrevistarse con una persona que se presentó como Guillermo Lago Montes, representante de esa firma dedicada a la asesoría en temas de seguridad privada.
Nos comentó el señor Lago Montes que se dedicaban a hacer investigaciones privadas, que generalmente operaban con anuencia de la autoridad o incluso con miembros de partidos políticos, narraron los agentes federales.
Los dos policías agregaron en su informe que Lago Montes les expuso en su oficina que, por ejemplo, el seguimiento al director general de una empresa trasnacional tiene un costo de aproximadamente 200 mil pesos, y el de un simple empleado, 60 mil; que si se trataba de un gobernador, diputado, juez, magistrado o ministro de la Corte, el costo sería de 400 mil pesos por una semana de servicio, ya que había que contactar gente en las procuradurías de los estados, la PGR o las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Seguridad Pública federal, e incluso el Cisen.
Sobre la adquisición de los aparatos de tecnología de punta que utilizan las empresas consultoras privadas para realizar espionaje telefónico, Juan Ibarrola, presidente de Lobbying Solutions, expuso: las empresas que fabrican esos aparatos para intervenir llamadas telefónicas (principalmente procedentes de Israel) no venden sus productos a personas físicas, sino exclusivamente a instituciones gubernamentales.
Agregó que las autoridades de los tres niveles de gobierno sí adquieren equipo tecnológico de manera legal, pero ni las áreas de compra de alguna dependencias públicas y mucho menos los responsables de los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública saben exactamente qué es lo que están comprando, cuando en realidad están adquiriendo equipos de espionaje que se facturan como centros de monitoreo de medios de comunicación.
ALFREDO MÉNDEZ
Periódico La Jornada
Lunes 12 de julio de 2010, p. 9
Las prácticas de espionaje telefónico en México afectan por igual a políticos, empresarios, ministros de la Suprema Corte, funcionarios públicos, artistas o a cualquier ciudadano común que esté bajo la mira de algún enemigo.
El único requisito es que el solicitante de la información pague la cuota respectiva, que va desde 60 mil pesos por escuchar las llamadas telefónicas que realice en una semana algún empleado de una empresa privada, hasta 400 mil por oír las conversaciones que durante siete días efectúe un gobernador, un diputado, un juez o un directivo de alguna firma trasnacional.
Documentos de la Procuraduría General de la República (PGR), y otros que constan en causas penales abiertas por el Poder Judicial Federal (PJF), a los que tuvo acceso La Jornada, indican que en el país proliferan empresas que se registran ante la Secretaría de Hacienda como firmas de seguridad privada, o que ofrecen servicios de consultoría en marketing político o de venta de equipos para vigilancia intramuros, pero que en los hechos se dedican a realizar escuchas telefónicas ilegales.
Se trata de compañías que, a decir del penalista Julio Hernández Pliego y de Juan Ibarrola, experto en imagen pública y director general de Lobbying Solutions –una de las consultoras de relaciones públicas más reconocidas del país–, operan con la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Estimaciones de ambos especialistas entrevistados por este diario indican que en cada entidad del país hay por lo menos dos empresas que en realidad se dedican a la intervención ilegal de comunicaciones telefónicas privadas. Se trata de un delito que, al contrario de lo que sucede en otros países, en México no es considerado grave y alcanza el beneficio de la libertad bajo fianza.
El factor impunidad, aunado a una baja penalidad de ese delito en los códigos penales, es lo que ha permitido la proliferación de empresas que simulan realizar acciones legales, pero que se dedican al espionaje telefónico, expuso Hernández Pliego, profesor de derecho procesal penal en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Un denominador común de estas consultorías dedicadas al espionaje es que son constituidas por ex funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Haber trabajado en instancias públicas ligadas a temas de seguridad nacional permite a los dueños de esas compañías tener conexiones con actuales funcionarios de la PGR, de las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública (SSP) federal, así como otras dependencias.
Así, por ejemplo, empresas consultoras han logrado espiar a personajes públicos ligados a la política, principalmente durante el desarrollo de procesos electorales.
Los casos más recientes de espionaje político son los del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, a quien se exhibió unas semanas antes de que se realizaran los comicios del 4 de julio dando órdenes a funcionarios de su administración para operar en favor del candidato del PRI a la gubernatura, Javier Duarte.
A Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, también le fue intervenido su teléfono y el resultado fue una grabación que se difundió de manera anónima, en la que se muestra abiertamente el apoyo que el gobierno estatal dio al candidato priísta al gobierno de esa entidad, Eviel Pérez Magaña, quien perdió la contienda.
Por poner un ejemplo, en la averiguación previa 97/UEIDCSPCAJ/08, cuya copia tiene La Jornada, la PGR presume que por medio de compañías de seguridad privada y de las conocidas como consultoras en marketing político, ex funcionarios del Cisen realizaban labores de espionaje.
Para ello se asociaron con un ciudadano israelí, quien vendía en México equipo para la intervención de comunicaciones de Nextel, las que hasta hace poco eran consideradas inviolables.
El caso también consta en la órden de aprehensión 63/2009, donde se documenta que el israelí Yosef Sheva Porat presuntamente operaba en México desde hace más de un lustro como proveedor de equipos de espionaje y para ello se hacía pasar por empresario regiomontano, consultor en seguridad o entrenador de gotcha.
La indagatoria supone que el intermediario que tenía en México era Luis Miguel Dena, ex delegado del Cisen en Chiapas, el estado de México y el Distrito Federal, y que desde 2007 es dueño de Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas (SPIPSA), empresa que ofrece servicios de guardia y custodia de casas, edificios y compañías privadas, pero que en realidad se dedica al espionaje telefónico.
Pero esa no es la única empresa de espionaje que ha sido detectada por las autoridades ministeriales.
El 30 de septiembre de 2008, según consta en la indagatoria 99/UEIDCSPAJ/08, un informe de investigación suscrito por los agentes federales de investigación Sócrates Peralta y José Francisco Rodríguez refiere que haciéndose pasar por solicitantes de los servicios de la empresa de consultoría privada Risk Prevention Consultans, fueron a entrevistarse con una persona que se presentó como Guillermo Lago Montes, representante de esa firma dedicada a la asesoría en temas de seguridad privada.
Nos comentó el señor Lago Montes que se dedicaban a hacer investigaciones privadas, que generalmente operaban con anuencia de la autoridad o incluso con miembros de partidos políticos, narraron los agentes federales.
Los dos policías agregaron en su informe que Lago Montes les expuso en su oficina que, por ejemplo, el seguimiento al director general de una empresa trasnacional tiene un costo de aproximadamente 200 mil pesos, y el de un simple empleado, 60 mil; que si se trataba de un gobernador, diputado, juez, magistrado o ministro de la Corte, el costo sería de 400 mil pesos por una semana de servicio, ya que había que contactar gente en las procuradurías de los estados, la PGR o las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Seguridad Pública federal, e incluso el Cisen.
Sobre la adquisición de los aparatos de tecnología de punta que utilizan las empresas consultoras privadas para realizar espionaje telefónico, Juan Ibarrola, presidente de Lobbying Solutions, expuso: las empresas que fabrican esos aparatos para intervenir llamadas telefónicas (principalmente procedentes de Israel) no venden sus productos a personas físicas, sino exclusivamente a instituciones gubernamentales.
Agregó que las autoridades de los tres niveles de gobierno sí adquieren equipo tecnológico de manera legal, pero ni las áreas de compra de alguna dependencias públicas y mucho menos los responsables de los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública saben exactamente qué es lo que están comprando, cuando en realidad están adquiriendo equipos de espionaje que se facturan como centros de monitoreo de medios de comunicación.
