ANTE LA FARSA Y POR LA JUSTICIA
13 ago 2010
La Sección 22 intentará revertir la exoneración de Ulises Ruiz
El secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Azael Santiago Chepi afirmó que el juicio político al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, por violaciones a derechos humanos en el 2006 y 2007, "fue un burdo montaje"
y adelantó que la Asamblea Estatal definirá un plan de acción para revertir la exoneración del mandatario.
"(La dispensa) es algo lamentable y repudiable", señaló.
Definirá Sección 22 plan para
revertir la exoneración a URO
La Asamblea Estatal sesionará el próximo día 28 para definir el plan de acción para lograr el enjuiciamiento político y penal, advierte
El secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Azael Santiago Chepi afirmó que el juicio político al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, por violaciones a derechos humanos en el 2006 y 2007, "fue un burdo montaje" y adelantó que la Asamblea Estatal definirá un plan de acción para revertir la exoneración del mandatario.
"(La dispensa) es algo lamentable y repudiable", señaló.
El dirigente sostuvo que la determinación de la mayoría priísta en el Pleno para eximir a Ruiz Ortiz a alguna culpabilidad, "muestra claramente el contubernio" entre el diputado denunciante, Cristóbal Carmona Morales, del partido Nueva Alianza, y el propio gobernante.
"Está claro que fue una simulación total", señaló.
Expuso que la mayoría priísta y su comparsa, el legislador Carmona Morales, deberán responder al juicio popular y a la historia porque "para el pueblo, está clara la responsabilidad" del gobernador Ulises Ruiz en las violaciones a derechos humanos durante el 2006 y 2007.
Expresó que la culpabilidad del mandatario fue demostrada fehacientemente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"El pueblo sabe bien quien ha sido el responsable de la represión antes y después del 2006", remarcó.
Ante esto, destacó que la Asamblea Estatal sesionará el próximo día 28 para definir el plan de acción a fin de lograr el enjuiciamiento político y penal de Ruiz Ortiz, "por ser una exigencia del magisterio democrático y del pueblo".
Observó que la gremial podría recurrir al Congreso federal para el inicio de un juicio penal y a instancias de procuración de justicia, a fin de denunciar penalmente a Ruiz Ortiz.
"Existen pruebas suficientes de su responsabilidad", señaló.
Santiago Chepi dijo que el plan de acción seguramente se integrará con acciones contundentes para lograr el castigo a Ruiz Ortiz.
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
El secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Azael Santiago Chepi afirmó que el juicio político al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, por violaciones a derechos humanos en el 2006 y 2007, "fue un burdo montaje"
y adelantó que la Asamblea Estatal definirá un plan de acción para revertir la exoneración del mandatario.
"(La dispensa) es algo lamentable y repudiable", señaló.
Definirá Sección 22 plan para
revertir la exoneración a URO
La Asamblea Estatal sesionará el próximo día 28 para definir el plan de acción para lograr el enjuiciamiento político y penal, advierte
El secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Azael Santiago Chepi afirmó que el juicio político al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, por violaciones a derechos humanos en el 2006 y 2007, "fue un burdo montaje" y adelantó que la Asamblea Estatal definirá un plan de acción para revertir la exoneración del mandatario.
"(La dispensa) es algo lamentable y repudiable", señaló.
El dirigente sostuvo que la determinación de la mayoría priísta en el Pleno para eximir a Ruiz Ortiz a alguna culpabilidad, "muestra claramente el contubernio" entre el diputado denunciante, Cristóbal Carmona Morales, del partido Nueva Alianza, y el propio gobernante.
"Está claro que fue una simulación total", señaló.
Expuso que la mayoría priísta y su comparsa, el legislador Carmona Morales, deberán responder al juicio popular y a la historia porque "para el pueblo, está clara la responsabilidad" del gobernador Ulises Ruiz en las violaciones a derechos humanos durante el 2006 y 2007.
Expresó que la culpabilidad del mandatario fue demostrada fehacientemente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"El pueblo sabe bien quien ha sido el responsable de la represión antes y después del 2006", remarcó.
Ante esto, destacó que la Asamblea Estatal sesionará el próximo día 28 para definir el plan de acción a fin de lograr el enjuiciamiento político y penal de Ruiz Ortiz, "por ser una exigencia del magisterio democrático y del pueblo".
Observó que la gremial podría recurrir al Congreso federal para el inicio de un juicio penal y a instancias de procuración de justicia, a fin de denunciar penalmente a Ruiz Ortiz.
"Existen pruebas suficientes de su responsabilidad", señaló.
Santiago Chepi dijo que el plan de acción seguramente se integrará con acciones contundentes para lograr el castigo a Ruiz Ortiz.
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Convoca el FPR a organismos de la APPO a reorganizarse, para lograr castigo de URO.
Publicado por Reporte on 8/12/2010 09:24:00 PM FPR
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO
El Frente Popular Revolucionario (FPR) llamó a los organismos adheridos a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) a la reorganización a para enfrentar la exoneración de la mayoría priísta del Congreso del Estado al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, por alguna responsabilidad en las violaciones a derechos humanos durante el 2006 y 2007.
El dirigente nacional de ese organismo, Florentino López Martínez dijo que la decisión de eximir al mandatario estatal fue una farsa montada por los “diputados priístas cómplices” de la Comisión Instructora Permanente porque no se ajustaron a las disposiciones legales ni se escucharon a las víctimas de la represión.
Expuso que la mayoría priísta no asumió su responsabilidad legislativa, pues ninguno de los legisladores reparó en los asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y tortura en contra del pueblo.
“Con su determinación, para ellos no sucedió nada en el 2006 y en el 2007, a pesar de que están sumamente documentadas las violaciones a derechos humanos”, asentó.
Además, destacó que los diputados priístas hicieron caso omiso a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde Ruiz Ortiz resulta responsable lisa y llanamente de las violaciones a las garantías individuales.
López Martínez convocó a los colectivos agrupados en la APPO a reorganizarse y conjuntamente con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), impulsar un plan de acción para lograr el castigo de Ruiz Ortiz y justicia al pueblo de Oaxaca.
Simulación de juicio político no absuelve a URO de responsabilidades: Convergencia
Convergencia 12/08/10 Aún no es tiempo de "descansar tranquilamente" para los priistas, que pueden estar seguros de que los crímenes cometidos en 2006 encontrarán responsables: Mario Mendoza
Luego de que este día la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado absolviera de responsabilidades al gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, por las violaciones a las garantías individuales cometidas contra los oaxaqueños en 2006, el presidente del Comité Directivo Estatal de Convergencia, Mario Mendoza Flores, aseguró que esta farsa no concluye con un juicio que es una exigencia ciudadana para encaminar a Oaxaca en un Estado de Derecho que ha sido erradicado por el autoritarismo imperante.
"Este juicio político no es una necedad ni una estrategia para posicionarnos mediática y electoralmente, si así fuera, al no haberlo conseguido no habríamos triunfado el 4 de julio, ese día, además de un plebiscito que fue contrario al gobierno del estado, se le envió un mensaje a Ruiz Ortiz que por supuesto no ha querido escuchar, se le dijo que el pueblo está consciente de que es él el responsable del rezago social, de la muerte de 26 oaxaqueños y de las violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos".
Desafortunadamente, continuó Mendoza Flores, el manto de la impunidad priista tejido por los títeres que fueron impuestos como diputados, aunados a algunos de supuesta "oposición", sigue cubriendo a sus "jefes", continúan cegándose ante lo que es una exigencia ciudadana cuyo dicho fue avalado por el máximo tribunal judicial del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Se manda un mal mensaje a la ciudadanía oaxaqueña con esta farsa, este juicio absurdo nos permite observar como su papel como legisladores ha quedado desdibujado, su tarea de responder ante las exigencias ciudadanas por las muertes y los abusos gubernamentales cometidos no sólo en 2006, sino a lo largo de la administración de Ruiz Ortiz no tienen cabida y como figuras públicas deben recordar que sus hechos podrán también ser juzgados y que pronto podrán ellos mismos ser juzgados por deslindarse de su responsabilidad de actuar con legalidad".
De igual forma, el líder convergente aseguró que como instituto político, aun antes de que inicie la nueva administración, Convergencia dará seguimiento a las dos vías, la política y la judicial, para que los ciudadanos que vieron agravados sus derechos por alguna acción irresponsable del gobierno realicen sus respectivas denuncias y este expediente no se dé por concluido.
Si lo hacemos hasta ahora, es porque sabemos que sus autoridades corruptas de impartición de justicia ya no pueden amedrentar a las voces que acallaron por denunciar al gobierno autoritario y corrupto, las instituciones ya no serán instrumentos al mando de los caprichos de los gobernantes, tomarán un nuevo rumbo en donde se respete la legalidad y la autonomía de los poderes del Estado.
Rechaza PAN en Congreso, aprobación de dictamen que absuelve a Ruiz de juicio político
PAN 12/08/10 El Grupo Parlamentario del PAN en la LX Legislatura, rechazó el dictamen aprobado esta tarde por la mayoría priísta en el Congreso local mediante el cual se absuelve al gobernador Ulises Ruiz de violación de derechos humanos ocurrida durante los acontecimientos del 2006, dado a que su responsabilidad en estos hechos se encuentra plenamente establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante su intervención en tribuna, la diputada de Acción Nacional, Perla Woolrich Fernández evidenció las irregularidades cometidas por la Comisión Instructora, encargada de llevar el procedimiento de juicio político, tales como la celeridad con que se dio curso a este procedimiento sin observar los términos que establece la ley para estos casos.
En este procedimiento que se realizó en 15 días, agregó, nunca existió una investigación real, el presidente de la Comisión Instructora tomó decisiones unilaterales durante todo el proceso, nunca se exhibieron documentos originales para la integración del expediente, ni los integrantes de dicha comisión -de la cual forma parte- fueron convocados para analizar las pruebas y analizar el caso.
Precisó que la única ocasión en que fueron convocados, el presidente de dicha Comisión, el diputado priísta Etelberto Gómez Fuentes, se presentó con un dictamen a modo en el que se absolvía de toda responsabilidad al jefe del Ejecutivo, y se daba por concluido el procedimiento de juicio político, sin que existiera un análisis previo que precisamente diera pie al dictamen.
Por su parte, el coordinador de la bancada albiazul en la LX Legislatura, recalcó la responsabilidad por omisión de Ulises Ruiz, en la violación de los derechos humanos de los ciudadanos durante los hechos del 2006, misma que se corresponde con una resolución emitida por el Máximo Tribunal en el país a raíz de una investigación hecha en esta capital.
"La responsabilidad de Ulises Ruiz puede verse con sólo echar un vistazo a las responsabilidades que establece la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. Ulises Ruiz es responsable dado que durante esos hechos, era el máximo encargado del gobierno de Oaxaca, y como tal, estaban a su cargo los funcionarios y las corporaciones policiales estatales".
Precisó que como mandatario, era su responsabilidad observar que las corporaciones policiacas, así como sus mandos, no cometieran actos excesivos, y observaran los derechos humanos de los manifestantes, así como de todo ciudadano.
Contrario a ello, agregó, Ruiz Ortiz no gobernó durante ese tiempo, no ejerció las atribuciones que le confiere la ley, por lo tanto, sí es responsable por omisión.
Al respecto, el diputado de la bancada panista, Alfredo Ahuja Pérez, ahondó en el tema al detallar que en declaraciones a un medio de comunicación nacional, la entonces procuradora de Justicia Estatal -hoy auditora superior del estado-, afirmó que al enterarse de los excesos cometidos por los mandos policiales, los llamó a cuentas y se deslindó de su actuación.
Por lo tanto, puntualizó, al conocer Caña Cadeza sobre la actuación de las corporaciones policiales, la exime del desconocimiento de los hechos que esgrimen a fin de deslindarse de responsabilidades.
Con respecto a Ulises Ruiz, añadió, su responsabilidad es clara debido a que de sus corporaciones policiales provino la agresión que derivó en el movimiento del 2006.
"En aquel entonces fungía yo como delegado de la Secretaría de Economía federal, y la dueña del Hotel Marqués del Valle -en el zócalo capitalino-, con bauchers y registro de hospedaje en mano, vino a comprobarme cómo empleados del gobierno del estado se habían hospedado en su hotel la noche previa al intento de desalojo de los profesores del zócalo.
"Mediante esos comprobantes se supo que esos sujetos habían consumido esa noche dos botellas de Tequila, y que fueron ellos mismos que desde sus habitaciones lanzaron gases lacrimógenos a los profesores, razón por la cual los maestros ingresaron al Hotel Marqués del Valle a buscar a sus agresores", reveló.
De igual forma, dijo, como delegado federal, fue testigo cómo el gobierno federal canalizó recursos a los comerciantes que resultaron afectados por el movimiento social de aquel año, pero que sin embargo fue usado por Ruiz Ortiz para "premiar" a aquellos empresarios que lo defendieron durante ese tiempo.
Ahúja Pérez afirmó que en la recta final de esta LX Legislatura, "quedan muchas cosas en el tintero, sin embargo, lo que sí sabemos los oaxaqueños es que en Oaxaca hay necesidad de transformar muchas cosas, no solamente la ley, no solamente el gobierno, hay muchas cosas por hacer".
Por ello, llamó sus compañeros legisladores a ejercer su libertad de actuación en base a las necesidades primordiales de la ciudadanía oaxaqueña, ya que "lo importante aquí, no es cambiar de dueño; lo importante aquí es dejar de ser perro".
Iniciativa Ciudadana apoya al "Padre Uvi"
Integrantes de Iniciativa Ciudadana para la Alternancia, Transición y Democratización del Estado de Oaxaca denunciaron una campaña mediática y de amenazas en contra del padre Wilfrido Mayrén Peláez.
El llamado "Padre UVI" es un luchador social que ha intervenido en diferentes asuntos para defender la autonomía y los derechos de los pueblos, y de personas que han denunciado la violación a sus garantías individuales.
"Es más que evidente que la campaña para desprestigiar al padre es una cacería de brujas impulsada por el gobernador del estado, a quien no le ha parecido poca la sangre derramada en todos estos años de su terrible sexenio, sino que ahora inició una guerra abierta en contra de la Iglesia y en contra de uno de los representantes que más queremos", comentó Leticia Martel Valdez, miembro de esa organización.
Diferentes organizaciones nacionales e internacionales, dijo, han procurado darle seguridad y protección, tanto al padre Wilfrido como al padre Martín Octavio, "quien fuera golpeado, torturado y encarcelado injustamente".
Como representante de Iniciativa Ciudadana, Martel Valdez responsabilizó al gobierno del estado que ha iniciado la campaña de desprestigio, de cualquier acto en contra del sacerdote, el cual atenta a su integridad física y moral, pues, añadió, "tratan de confundir a la ciudadanía al tacharlo como un guerrillero cuando los guerrilleros son otros y son pagados por el mismo gobierno".
El padre Wilfrido, dijo, en su lucha por defender los derechos de los pueblos y de personas, al parecer, ha afectado muchos intereses; sin embargo, aseveró que como organización defenderán al presbítero y a cualquier luchador social.
En el pronunciamiento, los integrantes de organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos y legisladores locales, entre ellos Armando Contreras representante del Frente de Organizaciones Democráticas y de Izquierda (FOSDI), los diputados Zenén Bravo y Guadalupe Rodríguez, entre otros, indicaron que "en Oaxaca es sumamente peligroso denunciar situaciones de injusticias".
El proceso jurídico del padre Marín, así como el asesinato del padre Salvador Carlos Wotto y la reciente descalificación del padre UVI por el grupo de la Ubisort, son muestra clara de que "Ulises Ruiz no sólo atenta contra la labor de los defensores, sino contra la Libertad de Expresión", argumentaron.
Los representantes de las organizaciones adheridas a la iniciativa exigieron al gobierno estatal la protección del derecho de vida, integridad física y psicológica del Padre UVI, la protección al proceso del padre Martín Octavio, luego de su detención ilegal, y una democracia en donde las acciones de las personas puedan ser respetadas.
MARICELA PAZ
Publicado por Reporte on 8/12/2010 09:24:00 PM FPR
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO
El Frente Popular Revolucionario (FPR) llamó a los organismos adheridos a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) a la reorganización a para enfrentar la exoneración de la mayoría priísta del Congreso del Estado al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, por alguna responsabilidad en las violaciones a derechos humanos durante el 2006 y 2007.
El dirigente nacional de ese organismo, Florentino López Martínez dijo que la decisión de eximir al mandatario estatal fue una farsa montada por los “diputados priístas cómplices” de la Comisión Instructora Permanente porque no se ajustaron a las disposiciones legales ni se escucharon a las víctimas de la represión.
Expuso que la mayoría priísta no asumió su responsabilidad legislativa, pues ninguno de los legisladores reparó en los asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y tortura en contra del pueblo.
“Con su determinación, para ellos no sucedió nada en el 2006 y en el 2007, a pesar de que están sumamente documentadas las violaciones a derechos humanos”, asentó.
Además, destacó que los diputados priístas hicieron caso omiso a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde Ruiz Ortiz resulta responsable lisa y llanamente de las violaciones a las garantías individuales.
López Martínez convocó a los colectivos agrupados en la APPO a reorganizarse y conjuntamente con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), impulsar un plan de acción para lograr el castigo de Ruiz Ortiz y justicia al pueblo de Oaxaca.
Simulación de juicio político no absuelve a URO de responsabilidades: Convergencia
Convergencia 12/08/10 Aún no es tiempo de "descansar tranquilamente" para los priistas, que pueden estar seguros de que los crímenes cometidos en 2006 encontrarán responsables: Mario Mendoza
Luego de que este día la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado absolviera de responsabilidades al gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, por las violaciones a las garantías individuales cometidas contra los oaxaqueños en 2006, el presidente del Comité Directivo Estatal de Convergencia, Mario Mendoza Flores, aseguró que esta farsa no concluye con un juicio que es una exigencia ciudadana para encaminar a Oaxaca en un Estado de Derecho que ha sido erradicado por el autoritarismo imperante.
"Este juicio político no es una necedad ni una estrategia para posicionarnos mediática y electoralmente, si así fuera, al no haberlo conseguido no habríamos triunfado el 4 de julio, ese día, además de un plebiscito que fue contrario al gobierno del estado, se le envió un mensaje a Ruiz Ortiz que por supuesto no ha querido escuchar, se le dijo que el pueblo está consciente de que es él el responsable del rezago social, de la muerte de 26 oaxaqueños y de las violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos".
Desafortunadamente, continuó Mendoza Flores, el manto de la impunidad priista tejido por los títeres que fueron impuestos como diputados, aunados a algunos de supuesta "oposición", sigue cubriendo a sus "jefes", continúan cegándose ante lo que es una exigencia ciudadana cuyo dicho fue avalado por el máximo tribunal judicial del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Se manda un mal mensaje a la ciudadanía oaxaqueña con esta farsa, este juicio absurdo nos permite observar como su papel como legisladores ha quedado desdibujado, su tarea de responder ante las exigencias ciudadanas por las muertes y los abusos gubernamentales cometidos no sólo en 2006, sino a lo largo de la administración de Ruiz Ortiz no tienen cabida y como figuras públicas deben recordar que sus hechos podrán también ser juzgados y que pronto podrán ellos mismos ser juzgados por deslindarse de su responsabilidad de actuar con legalidad".
De igual forma, el líder convergente aseguró que como instituto político, aun antes de que inicie la nueva administración, Convergencia dará seguimiento a las dos vías, la política y la judicial, para que los ciudadanos que vieron agravados sus derechos por alguna acción irresponsable del gobierno realicen sus respectivas denuncias y este expediente no se dé por concluido.
Si lo hacemos hasta ahora, es porque sabemos que sus autoridades corruptas de impartición de justicia ya no pueden amedrentar a las voces que acallaron por denunciar al gobierno autoritario y corrupto, las instituciones ya no serán instrumentos al mando de los caprichos de los gobernantes, tomarán un nuevo rumbo en donde se respete la legalidad y la autonomía de los poderes del Estado.
Rechaza PAN en Congreso, aprobación de dictamen que absuelve a Ruiz de juicio político
PAN 12/08/10 El Grupo Parlamentario del PAN en la LX Legislatura, rechazó el dictamen aprobado esta tarde por la mayoría priísta en el Congreso local mediante el cual se absuelve al gobernador Ulises Ruiz de violación de derechos humanos ocurrida durante los acontecimientos del 2006, dado a que su responsabilidad en estos hechos se encuentra plenamente establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante su intervención en tribuna, la diputada de Acción Nacional, Perla Woolrich Fernández evidenció las irregularidades cometidas por la Comisión Instructora, encargada de llevar el procedimiento de juicio político, tales como la celeridad con que se dio curso a este procedimiento sin observar los términos que establece la ley para estos casos.
En este procedimiento que se realizó en 15 días, agregó, nunca existió una investigación real, el presidente de la Comisión Instructora tomó decisiones unilaterales durante todo el proceso, nunca se exhibieron documentos originales para la integración del expediente, ni los integrantes de dicha comisión -de la cual forma parte- fueron convocados para analizar las pruebas y analizar el caso.
Precisó que la única ocasión en que fueron convocados, el presidente de dicha Comisión, el diputado priísta Etelberto Gómez Fuentes, se presentó con un dictamen a modo en el que se absolvía de toda responsabilidad al jefe del Ejecutivo, y se daba por concluido el procedimiento de juicio político, sin que existiera un análisis previo que precisamente diera pie al dictamen.
Por su parte, el coordinador de la bancada albiazul en la LX Legislatura, recalcó la responsabilidad por omisión de Ulises Ruiz, en la violación de los derechos humanos de los ciudadanos durante los hechos del 2006, misma que se corresponde con una resolución emitida por el Máximo Tribunal en el país a raíz de una investigación hecha en esta capital.
"La responsabilidad de Ulises Ruiz puede verse con sólo echar un vistazo a las responsabilidades que establece la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. Ulises Ruiz es responsable dado que durante esos hechos, era el máximo encargado del gobierno de Oaxaca, y como tal, estaban a su cargo los funcionarios y las corporaciones policiales estatales".
Precisó que como mandatario, era su responsabilidad observar que las corporaciones policiacas, así como sus mandos, no cometieran actos excesivos, y observaran los derechos humanos de los manifestantes, así como de todo ciudadano.
Contrario a ello, agregó, Ruiz Ortiz no gobernó durante ese tiempo, no ejerció las atribuciones que le confiere la ley, por lo tanto, sí es responsable por omisión.
Al respecto, el diputado de la bancada panista, Alfredo Ahuja Pérez, ahondó en el tema al detallar que en declaraciones a un medio de comunicación nacional, la entonces procuradora de Justicia Estatal -hoy auditora superior del estado-, afirmó que al enterarse de los excesos cometidos por los mandos policiales, los llamó a cuentas y se deslindó de su actuación.
Por lo tanto, puntualizó, al conocer Caña Cadeza sobre la actuación de las corporaciones policiales, la exime del desconocimiento de los hechos que esgrimen a fin de deslindarse de responsabilidades.
Con respecto a Ulises Ruiz, añadió, su responsabilidad es clara debido a que de sus corporaciones policiales provino la agresión que derivó en el movimiento del 2006.
"En aquel entonces fungía yo como delegado de la Secretaría de Economía federal, y la dueña del Hotel Marqués del Valle -en el zócalo capitalino-, con bauchers y registro de hospedaje en mano, vino a comprobarme cómo empleados del gobierno del estado se habían hospedado en su hotel la noche previa al intento de desalojo de los profesores del zócalo.
"Mediante esos comprobantes se supo que esos sujetos habían consumido esa noche dos botellas de Tequila, y que fueron ellos mismos que desde sus habitaciones lanzaron gases lacrimógenos a los profesores, razón por la cual los maestros ingresaron al Hotel Marqués del Valle a buscar a sus agresores", reveló.
De igual forma, dijo, como delegado federal, fue testigo cómo el gobierno federal canalizó recursos a los comerciantes que resultaron afectados por el movimiento social de aquel año, pero que sin embargo fue usado por Ruiz Ortiz para "premiar" a aquellos empresarios que lo defendieron durante ese tiempo.
Ahúja Pérez afirmó que en la recta final de esta LX Legislatura, "quedan muchas cosas en el tintero, sin embargo, lo que sí sabemos los oaxaqueños es que en Oaxaca hay necesidad de transformar muchas cosas, no solamente la ley, no solamente el gobierno, hay muchas cosas por hacer".
Por ello, llamó sus compañeros legisladores a ejercer su libertad de actuación en base a las necesidades primordiales de la ciudadanía oaxaqueña, ya que "lo importante aquí, no es cambiar de dueño; lo importante aquí es dejar de ser perro".
Iniciativa Ciudadana apoya al "Padre Uvi"
Integrantes de Iniciativa Ciudadana para la Alternancia, Transición y Democratización del Estado de Oaxaca denunciaron una campaña mediática y de amenazas en contra del padre Wilfrido Mayrén Peláez.
El llamado "Padre UVI" es un luchador social que ha intervenido en diferentes asuntos para defender la autonomía y los derechos de los pueblos, y de personas que han denunciado la violación a sus garantías individuales.
"Es más que evidente que la campaña para desprestigiar al padre es una cacería de brujas impulsada por el gobernador del estado, a quien no le ha parecido poca la sangre derramada en todos estos años de su terrible sexenio, sino que ahora inició una guerra abierta en contra de la Iglesia y en contra de uno de los representantes que más queremos", comentó Leticia Martel Valdez, miembro de esa organización.
Diferentes organizaciones nacionales e internacionales, dijo, han procurado darle seguridad y protección, tanto al padre Wilfrido como al padre Martín Octavio, "quien fuera golpeado, torturado y encarcelado injustamente".
Como representante de Iniciativa Ciudadana, Martel Valdez responsabilizó al gobierno del estado que ha iniciado la campaña de desprestigio, de cualquier acto en contra del sacerdote, el cual atenta a su integridad física y moral, pues, añadió, "tratan de confundir a la ciudadanía al tacharlo como un guerrillero cuando los guerrilleros son otros y son pagados por el mismo gobierno".
El padre Wilfrido, dijo, en su lucha por defender los derechos de los pueblos y de personas, al parecer, ha afectado muchos intereses; sin embargo, aseveró que como organización defenderán al presbítero y a cualquier luchador social.
En el pronunciamiento, los integrantes de organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos y legisladores locales, entre ellos Armando Contreras representante del Frente de Organizaciones Democráticas y de Izquierda (FOSDI), los diputados Zenén Bravo y Guadalupe Rodríguez, entre otros, indicaron que "en Oaxaca es sumamente peligroso denunciar situaciones de injusticias".
El proceso jurídico del padre Marín, así como el asesinato del padre Salvador Carlos Wotto y la reciente descalificación del padre UVI por el grupo de la Ubisort, son muestra clara de que "Ulises Ruiz no sólo atenta contra la labor de los defensores, sino contra la Libertad de Expresión", argumentaron.
Los representantes de las organizaciones adheridas a la iniciativa exigieron al gobierno estatal la protección del derecho de vida, integridad física y psicológica del Padre UVI, la protección al proceso del padre Martín Octavio, luego de su detención ilegal, y una democracia en donde las acciones de las personas puedan ser respetadas.
MARICELA PAZ
