CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESION
25 ago 2010
Monopolios de medios limitan el ejercicio de la democracia
Afectan diversidad y pluralismo, advierten relatores especiales de la CIDH y de la ONU
Con los gobiernos del PAN, el país se ha convertido en el más peligroso de América para periodistas
EMIR OLIVARES Y GEORGINA SALDIERNA
Periódico La Jornada
Miércoles 25 de agosto de 2010, p. 5
La concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación limita seriamente el vigor, la diversidad y el pluralismo en el debate democrático en México, concluyeron los relatores para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, y de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue.
Agregaron que el derecho a la libre opinión también se ve coartado por la ausencia de un marco jurídico claro y equitativo en la asignación de frecuencias de radio y televisión, por la inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos y por la falta de regulación de la publicidad oficial, cuyo manejo es discrecional.
Al presentar las observaciones preliminares sobre su visita de trabajo conjunta al país –efectuada del 9 al 24 de agosto y que incluyó Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y estado de México– para revisar la situación de la prensa, los relatores señalaron que de 2000 a la fecha, México se ha convertido en el país más peligroso de América para el ejercicio periodístico, lo que es responsabilidad del gobierno. Puntualizaron que el crimen organizado es la mayor amenaza para el gremio, aunque también hay agresiones de grupos armados presuntamente ligados a partidos políticos y de militares y policías.
Dijeron que el Estado no sólo está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, también tiene que prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares (incluido el crimen organizado). Además, es su obligación investigar, juzgar y sancionar a los autores de dicha violencia.
Ante las conclusiones preliminares, el gobierno de México informó que las examinará cuidadosamente, en particular las recomendaciones, y establecerá los mecanismos más adecuados para su seguimiento y futura implementación.
El documento, presentado ayer en Casa Lamm por los relatores, recomienda que el Estado mexicano cumpla y garantice el derecho a la libertad de expresión, la seguridad de medios y periodistas, el castigo a quienes agreden a los comunicadores y la equidad en la asignación de frecuencias. Informaron que uno de los principales obstáculos para el pleno goce de la libertad de expresión en México son los asesinatos de periodistas y la impunidad de estos crímenes.
Botero y La Rue lamentaron que las únicas cifras oficiales sobre la violencia contra periodistas sean las recabadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que reportan en la reciente década –periodo en que el PAN ha gobernado el país– el asesinato de 64 periodistas y 11 desapariciones en los cuatro años pasados. De estos casos, 29 homicidios y cinco desapariciones han ocurrido del año 2008 a la fecha. A estas cifras hay que sumar los secuestros, atentados con explosivos contra medios, así como las amenazas y hostigamientos.
En los estados con mayor presencia del crimen organizado, como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, la autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa, sobre todo local, se ha silenciado a sí misma. Mencionaron que hay casos extremos en los que el narcotráfico ha intentado activamente influenciar los contenidos de los medios, lo que impacta tanto en prensa regional como en la nacional.
Los relatores llamaron al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión a adoptar una legislación que permita desconcentrar el monopolio de los medios para generar un espacio mediático plural y accesible a toda la población, así como establecer procedimientos sencillos y accesibles para que las comunidades indígenas puedan hacer uso de frecuencias.
Al mediodía, Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, y Alejandro Negrín, director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacaron su coincidencia con diferentes señalamientos y observaciones que hicieron los especialistas.
Entre ellas, se encuentra la coincidencia en torno a que el crimen organizado es la amenaza más grave contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión por medio del periodismo, y que es necesario reforzar la fiscalía especializada en esta materia para investigar las denuncias y combatir la impunidad de los agresores, pues desde su creación en 2006 no ha logrado la sanción penal a un solo responsable y únicamente ha consignado cuatro casos.
Por lo que hace al señalamiento de los relatores en torno a que los comunicadores también reciben agresiones provenientes de poderes públicos, los funcionarios reiteraron su apertura para conocer los casos y actuar en consecuencia en el marco de la legalidad.
En conferencia de prensa convocada en la la cancillería, Villarreal se refirió a las amenazas que recibieron La Jornada Zacatecas y el diario Imagen por parte de Los Zetas, para que publicaran un desplegado contra el Ejército, e informó que se puso en contacto con el fiscal especial de la PGR para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas, a fin de activar a la delegación de la procuraduría. Sumado a ello, se establecieron medidas de protección –que están operando desde el pasado jueves– para directivos, reporteros e instalaciones de los dos periódicos mencionados.
Afectan diversidad y pluralismo, advierten relatores especiales de la CIDH y de la ONU
Con los gobiernos del PAN, el país se ha convertido en el más peligroso de América para periodistas
EMIR OLIVARES Y GEORGINA SALDIERNA
Periódico La Jornada
Miércoles 25 de agosto de 2010, p. 5
La concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación limita seriamente el vigor, la diversidad y el pluralismo en el debate democrático en México, concluyeron los relatores para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, y de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue.
Agregaron que el derecho a la libre opinión también se ve coartado por la ausencia de un marco jurídico claro y equitativo en la asignación de frecuencias de radio y televisión, por la inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos y por la falta de regulación de la publicidad oficial, cuyo manejo es discrecional.
Al presentar las observaciones preliminares sobre su visita de trabajo conjunta al país –efectuada del 9 al 24 de agosto y que incluyó Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y estado de México– para revisar la situación de la prensa, los relatores señalaron que de 2000 a la fecha, México se ha convertido en el país más peligroso de América para el ejercicio periodístico, lo que es responsabilidad del gobierno. Puntualizaron que el crimen organizado es la mayor amenaza para el gremio, aunque también hay agresiones de grupos armados presuntamente ligados a partidos políticos y de militares y policías.
Dijeron que el Estado no sólo está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, también tiene que prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares (incluido el crimen organizado). Además, es su obligación investigar, juzgar y sancionar a los autores de dicha violencia.
Ante las conclusiones preliminares, el gobierno de México informó que las examinará cuidadosamente, en particular las recomendaciones, y establecerá los mecanismos más adecuados para su seguimiento y futura implementación.
El documento, presentado ayer en Casa Lamm por los relatores, recomienda que el Estado mexicano cumpla y garantice el derecho a la libertad de expresión, la seguridad de medios y periodistas, el castigo a quienes agreden a los comunicadores y la equidad en la asignación de frecuencias. Informaron que uno de los principales obstáculos para el pleno goce de la libertad de expresión en México son los asesinatos de periodistas y la impunidad de estos crímenes.
Botero y La Rue lamentaron que las únicas cifras oficiales sobre la violencia contra periodistas sean las recabadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que reportan en la reciente década –periodo en que el PAN ha gobernado el país– el asesinato de 64 periodistas y 11 desapariciones en los cuatro años pasados. De estos casos, 29 homicidios y cinco desapariciones han ocurrido del año 2008 a la fecha. A estas cifras hay que sumar los secuestros, atentados con explosivos contra medios, así como las amenazas y hostigamientos.
En los estados con mayor presencia del crimen organizado, como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, la autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa, sobre todo local, se ha silenciado a sí misma. Mencionaron que hay casos extremos en los que el narcotráfico ha intentado activamente influenciar los contenidos de los medios, lo que impacta tanto en prensa regional como en la nacional.
Los relatores llamaron al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión a adoptar una legislación que permita desconcentrar el monopolio de los medios para generar un espacio mediático plural y accesible a toda la población, así como establecer procedimientos sencillos y accesibles para que las comunidades indígenas puedan hacer uso de frecuencias.
Al mediodía, Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, y Alejandro Negrín, director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacaron su coincidencia con diferentes señalamientos y observaciones que hicieron los especialistas.
Entre ellas, se encuentra la coincidencia en torno a que el crimen organizado es la amenaza más grave contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión por medio del periodismo, y que es necesario reforzar la fiscalía especializada en esta materia para investigar las denuncias y combatir la impunidad de los agresores, pues desde su creación en 2006 no ha logrado la sanción penal a un solo responsable y únicamente ha consignado cuatro casos.
Por lo que hace al señalamiento de los relatores en torno a que los comunicadores también reciben agresiones provenientes de poderes públicos, los funcionarios reiteraron su apertura para conocer los casos y actuar en consecuencia en el marco de la legalidad.
En conferencia de prensa convocada en la la cancillería, Villarreal se refirió a las amenazas que recibieron La Jornada Zacatecas y el diario Imagen por parte de Los Zetas, para que publicaran un desplegado contra el Ejército, e informó que se puso en contacto con el fiscal especial de la PGR para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas, a fin de activar a la delegación de la procuraduría. Sumado a ello, se establecieron medidas de protección –que están operando desde el pasado jueves– para directivos, reporteros e instalaciones de los dos periódicos mencionados.
México, el país más peligroso para el periodismo en América: ONU-CIDH
Gloria Leticia Diaz
MÉXICO, D.F., 24 de agosto (apro).- México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el Continente Americano, afirmaron hoy los relatores especiales sobre libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero.
Al concluir hoy su visita al país, iniciada el 9 de agosto, los relatores especiales aseguraron que ante la violencia desatada contra periodistas, que en los últimos diez años ha dejado un saldo de 64 muertes y 11 desapariciones, la “responsabilidad final es del gobierno de México”.
En conferencia de prensa, La Rue y Botero presentaron un informe preliminar en el que señalaron que “desde el año 2000 México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”.
Asimismo, reprobaron que el gobierno federal utilice la publicidad oficial como “mecanismo para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas”.
En su informe los relatores pusieron como ejemplo el caso de la revista Proceso, que “interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dado que el gobierno federal dejó de contratar con ella publicidad oficial, a pesar de que la revista tiene “una amplia y reconocida circulación”.
Dos horas antes de su exposición ante la prensa, el director de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín, y el subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Héctor Villarreal Ordoñez, ofrecieron una conferencia de prensa para adelantar una respuesta al informe que más tarde darían a conocer los relatores especiales.
En la conferencia gubernamental –en la que sólo se permitieron tres preguntas--, tanto Negrín como Villareal sostuvieron el discurso que, por lo menos, desde 2007 ha asumido el gobierno de Felipe Calderón frente a organismos internacionales:
“La amenaza más grave contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión a través del periodismo, la constituyen las organizaciones criminales que victimizan a la sociedad, vulneran a las instituciones y acosan a los comunicadores en el cumplimiento de su función social, especialmente en algunas regiones del país.”
Aunque durante la conferencia convocada por la cancillería y la Secretaría de Gobernación se dijo que en una reunión previa los relatores quedaron convencidos del discurso gubernamental, en su exposición De la Rue y Botero insistieron en que “cualquiera que sea el caso de violencia, la responsabilidad final recae en el gobierno”.
Los relatores dieron su informe preliminar después de reunirse con funcionarios de más de 40 instituciones públicas federales y estatales, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; con representantes de órganos autónomos; con cerca de 100 periodistas y representantes de organizaciones civiles y familiares de comunicadores asesinados, así como con extranjeros radicados en México.
Frank de la Rue destacó que antes de la visita solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores una entrevista con Felipe Calderón; pero que en la agenda no fue incluida su petición.
Catalina Botero, por su parte, resaltó que en los diversos encuentros que tuvieron con las autoridades federales se insistió en que “cuando un periodista critica o los cuestiona (a los funcionarios) no está del otro lado (de la delincuencia), sino que está del lado de la democracia; que cuestionar, criticar, vigilar e investigar es justamente la labor de la prensa en una democracia”.
Las observaciones preliminares de los observadores se agruparon en cuatro temas: Violencia, impunidad y autocensura; Libertad, pluralismo y diversidad en el debate democrático; Acciones relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión, y Acceso a la información.
En el primer capítulo, los relatores coincidieron en que “existe un clima de impunidad generalizada respecto a los casos de violencia contra las y los periodistas, aun respecto a los hechos más graves como asesinatos, desapariciones y secuestros”.
Frank de la Rue se dijo estar “sorprendido” de que, con excepción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno mexicano no documente las agresiones contra periodistas. “No es posible que tratándose de un fenómeno tan cruento como la violencia contra la prensa no haya un ente del Estado que lleve toda la información que, por lo menos, compile la información y la recolecte; que le dé seguimiento, incluso a los familiares de las víctimas.”
En cuanto al segundo tema, los relatores lamentaron que la libertad de expresión esté limitada por “la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación, a los que se han asignado frecuencias de radio y televisión; por la ausencia de un marco jurídico claro certero y equitativo en materia de asignación de dichas frecuencias; por la inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos de comunicación y por la falta de regulación de la publicidad oficial”.
En ese apartado, mostraron su preocupación por “una emergente tendencia a restringir el derecho al acceso a la información pública”.
Sobre la criminalización de la libertad de expresión, los relatores mostraron su preocupación porque en los códigos penales de 15 entidades, se mantengan los delitos contra el honor, a pesar de que en el ámbito federal ya fueron derogados.
En cuanto al acceso a la información, resaltaron que los avances a nivel federal chocan con limitaciones en algunas entidades y municipios para acceder a información pública, mientras que órganos del Poder Judicial aceptan litigar resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Entre las recomendaciones que hicieron los relatores destacan el fortalecimiento de la Fiscalía para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR); capacitar en materia de libertad de expresión a las fuerzas de seguridad; legislar un marco normativo para “la desconcentración de la radio y televisión”, que permita la creación de radios comunitarias, así como la creación de un órgano público independiente del gobierno que regule la radio y la televisión.
También aconsejaron derogar tipos penales que criminalizan la libertad de expresión y garantizar que los periodistas “no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico”; preservar los avances en materia de acceso a la información y “profundizar en el sistema de procuración y administración de justicia”, para dar acceso a las sentencias judiciales.
Gloria Leticia Diaz
MÉXICO, D.F., 24 de agosto (apro).- México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el Continente Americano, afirmaron hoy los relatores especiales sobre libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero.
Al concluir hoy su visita al país, iniciada el 9 de agosto, los relatores especiales aseguraron que ante la violencia desatada contra periodistas, que en los últimos diez años ha dejado un saldo de 64 muertes y 11 desapariciones, la “responsabilidad final es del gobierno de México”.
En conferencia de prensa, La Rue y Botero presentaron un informe preliminar en el que señalaron que “desde el año 2000 México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”.
Asimismo, reprobaron que el gobierno federal utilice la publicidad oficial como “mecanismo para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas”.
En su informe los relatores pusieron como ejemplo el caso de la revista Proceso, que “interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dado que el gobierno federal dejó de contratar con ella publicidad oficial, a pesar de que la revista tiene “una amplia y reconocida circulación”.
Dos horas antes de su exposición ante la prensa, el director de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín, y el subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Héctor Villarreal Ordoñez, ofrecieron una conferencia de prensa para adelantar una respuesta al informe que más tarde darían a conocer los relatores especiales.
En la conferencia gubernamental –en la que sólo se permitieron tres preguntas--, tanto Negrín como Villareal sostuvieron el discurso que, por lo menos, desde 2007 ha asumido el gobierno de Felipe Calderón frente a organismos internacionales:
“La amenaza más grave contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión a través del periodismo, la constituyen las organizaciones criminales que victimizan a la sociedad, vulneran a las instituciones y acosan a los comunicadores en el cumplimiento de su función social, especialmente en algunas regiones del país.”
Aunque durante la conferencia convocada por la cancillería y la Secretaría de Gobernación se dijo que en una reunión previa los relatores quedaron convencidos del discurso gubernamental, en su exposición De la Rue y Botero insistieron en que “cualquiera que sea el caso de violencia, la responsabilidad final recae en el gobierno”.
Los relatores dieron su informe preliminar después de reunirse con funcionarios de más de 40 instituciones públicas federales y estatales, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; con representantes de órganos autónomos; con cerca de 100 periodistas y representantes de organizaciones civiles y familiares de comunicadores asesinados, así como con extranjeros radicados en México.
Frank de la Rue destacó que antes de la visita solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores una entrevista con Felipe Calderón; pero que en la agenda no fue incluida su petición.
Catalina Botero, por su parte, resaltó que en los diversos encuentros que tuvieron con las autoridades federales se insistió en que “cuando un periodista critica o los cuestiona (a los funcionarios) no está del otro lado (de la delincuencia), sino que está del lado de la democracia; que cuestionar, criticar, vigilar e investigar es justamente la labor de la prensa en una democracia”.
Las observaciones preliminares de los observadores se agruparon en cuatro temas: Violencia, impunidad y autocensura; Libertad, pluralismo y diversidad en el debate democrático; Acciones relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión, y Acceso a la información.
En el primer capítulo, los relatores coincidieron en que “existe un clima de impunidad generalizada respecto a los casos de violencia contra las y los periodistas, aun respecto a los hechos más graves como asesinatos, desapariciones y secuestros”.
Frank de la Rue se dijo estar “sorprendido” de que, con excepción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno mexicano no documente las agresiones contra periodistas. “No es posible que tratándose de un fenómeno tan cruento como la violencia contra la prensa no haya un ente del Estado que lleve toda la información que, por lo menos, compile la información y la recolecte; que le dé seguimiento, incluso a los familiares de las víctimas.”
En cuanto al segundo tema, los relatores lamentaron que la libertad de expresión esté limitada por “la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación, a los que se han asignado frecuencias de radio y televisión; por la ausencia de un marco jurídico claro certero y equitativo en materia de asignación de dichas frecuencias; por la inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos de comunicación y por la falta de regulación de la publicidad oficial”.
En ese apartado, mostraron su preocupación por “una emergente tendencia a restringir el derecho al acceso a la información pública”.
Sobre la criminalización de la libertad de expresión, los relatores mostraron su preocupación porque en los códigos penales de 15 entidades, se mantengan los delitos contra el honor, a pesar de que en el ámbito federal ya fueron derogados.
En cuanto al acceso a la información, resaltaron que los avances a nivel federal chocan con limitaciones en algunas entidades y municipios para acceder a información pública, mientras que órganos del Poder Judicial aceptan litigar resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Entre las recomendaciones que hicieron los relatores destacan el fortalecimiento de la Fiscalía para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR); capacitar en materia de libertad de expresión a las fuerzas de seguridad; legislar un marco normativo para “la desconcentración de la radio y televisión”, que permita la creación de radios comunitarias, así como la creación de un órgano público independiente del gobierno que regule la radio y la televisión.
También aconsejaron derogar tipos penales que criminalizan la libertad de expresión y garantizar que los periodistas “no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico”; preservar los avances en materia de acceso a la información y “profundizar en el sistema de procuración y administración de justicia”, para dar acceso a las sentencias judiciales.
Inconsistencias en lista de más de 2 mil antibióticos que se venden sólo con receta
La Anafarmex señala lagunas en decreto que hoy entra en vigor; no hay base de datos de cédulas de médicos
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Miércoles 25 de agosto de 2010, p. 46
Este miércoles entra en vigor el decreto por el cual la compra de antibióticos sólo podrá realizarse con la presentación de la receta médica. Aunque los encargados de las farmacias dicen estar listos para aplicar la medida, también reclamaron que la Secretaría de Salud (Ssa) los está dejando solos, pues ha faltado la campaña masiva de información a la sociedad sobre el beneficio que esta disposición representa para la salud.
En tanto, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y agrupaciones civiles por el uso racional de antibióticos señalaron algunas inconsistencias, principalmente en el listado de más de 2 mil productos que sólo se venderán con receta. El documento, publicado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), excluyó algunos medicamentos de uso hospitalario, como Moxifloxacina y Tigeciclina, pero incluyó un antimicótico (Itraconazol).
Aunque la Cofepris corrigió la primera lista difundida el 4 de agosto, en la segunda, publicada el pasado viernes, persiste la falta de claridad sobre los criterios utilizados para su elaboración. Anahí Dreser y Veronika Wirtz, del INSP; Miguel Ángel Peredo, de la Alianza por el Uso Prudente de Antibióticos, y Rogelio Fernández, de la Asociación Mexicana para el Uso Racional de Medicamentos, señalaron que mientras en el listado inicial estaba un registro sanitario de Metronidazol y tres de Vancomicina, en el más reciente se encuentran más de 70 registros del primero y 12 del segundo.
Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), señaló que en otros países las medidas regulatorias se difunden durante mucho tiempo para sensibilizar a las personas sobre su importancia, pero en México eso no ha ocurrido.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, dijo que se ha hecho la campaña en el máximo de nuestras posibilidades: por Internet para vendedores de las farmacias y médicos, y a la población en general se le ha informado y hemos dado pláticas por todos lados.
En entrevista al término de la entrega de mochilas con utensilios escolares para los niños del programa Sigamos aprendiendo en el hospital, el funcionario resaltó que 90 por ciento de los mexicanos ya tienen acceso a alguna institución de salud para la atención de sus enfermedades, además de que los antibióticos forman una parte pequeña de la prescripción.
Antes, en conferencia de prensa, Pascual Feria se refirió a las lagunas del decreto publicado el pasado 27 de mayo, como la carencia de una base de datos con las cédulas profesionales de los médicos –lo que impediría la falsificación de las recetas– y la especificación sobre el tiempo que puede transcurrir entre la emisión del documento y su surtimiento.
Córdova desestimó el requerimiento de Anafarmex porque ellos tienen esos datos. La gente lleva recetas para los medicamentos controlados, en las cuales está la cédula profesional del médico tratante. Entonces, nada más hay que ir ajustando y ellos mismos (los farmacéuticos) tienen con qué hacer su padrón.
La Anafarmex señala lagunas en decreto que hoy entra en vigor; no hay base de datos de cédulas de médicos
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Miércoles 25 de agosto de 2010, p. 46
Este miércoles entra en vigor el decreto por el cual la compra de antibióticos sólo podrá realizarse con la presentación de la receta médica. Aunque los encargados de las farmacias dicen estar listos para aplicar la medida, también reclamaron que la Secretaría de Salud (Ssa) los está dejando solos, pues ha faltado la campaña masiva de información a la sociedad sobre el beneficio que esta disposición representa para la salud.
En tanto, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y agrupaciones civiles por el uso racional de antibióticos señalaron algunas inconsistencias, principalmente en el listado de más de 2 mil productos que sólo se venderán con receta. El documento, publicado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), excluyó algunos medicamentos de uso hospitalario, como Moxifloxacina y Tigeciclina, pero incluyó un antimicótico (Itraconazol).
Aunque la Cofepris corrigió la primera lista difundida el 4 de agosto, en la segunda, publicada el pasado viernes, persiste la falta de claridad sobre los criterios utilizados para su elaboración. Anahí Dreser y Veronika Wirtz, del INSP; Miguel Ángel Peredo, de la Alianza por el Uso Prudente de Antibióticos, y Rogelio Fernández, de la Asociación Mexicana para el Uso Racional de Medicamentos, señalaron que mientras en el listado inicial estaba un registro sanitario de Metronidazol y tres de Vancomicina, en el más reciente se encuentran más de 70 registros del primero y 12 del segundo.
Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), señaló que en otros países las medidas regulatorias se difunden durante mucho tiempo para sensibilizar a las personas sobre su importancia, pero en México eso no ha ocurrido.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, dijo que se ha hecho la campaña en el máximo de nuestras posibilidades: por Internet para vendedores de las farmacias y médicos, y a la población en general se le ha informado y hemos dado pláticas por todos lados.
En entrevista al término de la entrega de mochilas con utensilios escolares para los niños del programa Sigamos aprendiendo en el hospital, el funcionario resaltó que 90 por ciento de los mexicanos ya tienen acceso a alguna institución de salud para la atención de sus enfermedades, además de que los antibióticos forman una parte pequeña de la prescripción.
Antes, en conferencia de prensa, Pascual Feria se refirió a las lagunas del decreto publicado el pasado 27 de mayo, como la carencia de una base de datos con las cédulas profesionales de los médicos –lo que impediría la falsificación de las recetas– y la especificación sobre el tiempo que puede transcurrir entre la emisión del documento y su surtimiento.
Córdova desestimó el requerimiento de Anafarmex porque ellos tienen esos datos. La gente lleva recetas para los medicamentos controlados, en las cuales está la cédula profesional del médico tratante. Entonces, nada más hay que ir ajustando y ellos mismos (los farmacéuticos) tienen con qué hacer su padrón.
