DEMANDARAN INTERVENCION INTERNACIONAL
31 ago 2010
Activistas denunciarán ante CIDH desapariciones ocurridas en México
Hay policías y militares involucrados, aseguran durante manifestaciones en varios estados
Anuncian integración simultánea de expedientes
Concentra Ciudad Juárez 70% de los casos de mujeres plagiadas desde 1977
En NL exigen que renuncien Calderón y Medina
DE LOS CORRESPONSALES
Periódico La Jornada
Martes 31 de agosto de 2010, p. 32
De 800 mujeres que han desaparecido en México desde 1977, 560 (70 por ciento) vivían en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se sospecha que muchas fueron víctimas de tratantes de blancas y traficantes de órganos, pues se han encontrado cadáveres quemados o amputados, pero las autoridades no han investigado esta posibilidad.
Al conmemorarse el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, familiares y representantes de organizaciones encabezados por Judith Galarza, vocera del Frente Plural Ciudadano y vicepresidenta de la Federación Internacional de Familiares de Personas Desaparecidas (Fedefam), dijeron que también hay militares y policías implicados en estos hechos.
En conferencia de prensa conjunta, informaron que este lunes se inició una campaña de integración simultánea de expedientes en 14 ciudades del país, pues durante el sexenio de Vicente Fox y lo que va del de Felipe Calderón ha habido 3 mil desapariciones.
Recordaron que en Ciudad Juárez comenzaron a desaparecer adolescentes en 2003. Sin embargo, en la década de 1970 las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en las desapariciones de 30 luchadoras sociales, a quienes se acusaba de integrar organizaciones armadas, entre ellas Leticia, hermana de la veterana activista Judith Galarza.
Anunciaron que con los casos documentados se presentarán demandas individuales y colectivas ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), e invitaron a familiares y allegados a proporcionar datos.
En Tijuana, Baja California, miembros de la Asociación contra la Impunidad, que participaron en una misa ofrecida en memoria de casi 300 hombres y mujeres desaparecidos, secuestrados y levantados, exigieron el esclarecimiento de al menos 180 casos y acusaron a las autoridades ministeriales de ocultar información.
Expresaron que algunas de las personas desaparecidas pudieron haber sido víctimas de traficantes o de Santiago López, El Pozolero, a quien se acusa de haberse deshecho de 300 cadáveres. También mencionaron la desaparición de Alejandro Hodoyán, detenido hace 13 años por cuatro hombres, entre ellos Ignacio Weber Rodríguez, subcomandante de inteligencia militar en la zona noroeste.
En Chilpancingo, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados dijo que de abril de 2005 a la fecha 260 personas han sido levantadas en Guerrero.
La agrupación, constituida en 2007 tras la desaparición del arquitecto Jorge Gabriel Cerón, inició ayer su cuarta jornada de lucha. Exigió la libertad de los presos políticos, condenó la criminalización de la lucha social y señaló que el gobernador Zeferino Torreblanca se niega a hacer frente a este problema.
En Coahuila se informó que 80 personas han desaparecido desde 2007, según reportó Notimex. En Monterrey, Nuevo León, 29 fueron recordadas con flores, veladoras y efectos personales por amigos, deudos y representantes de las agrupaciones Alternativa Pacífica, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y del Comité Eureka.
Los asistentes evocaron a los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas. Exigieron las renuncias del gobernador Rodrigo Medina y del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y les recriminaron su inacción ante casos como la desaparición de tres niños de la guardería Caifac.
En Chiapas, miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) bloquearon carreteras para exigir la presentación con vida de los activistas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), y recordaron que las desapariciones forzadas se iniciaron en México durante la década de 1960, cuando el régimen priísta inició la represión sistemática de los movimiento sociales.
Rubén Villalpando, Sergio Ocampo, Antonio Heras, Alejandra Arroyo y Elio Henríquez
Ebrard: existe violencia por la falta de opciones
Llama a instaurar en el país un sistema de protección social como el que existe en el DF
BERTHA TERESA RAMÍREZ
Periódico La Jornada
Martes 31 de agosto de 2010, p. 35
Al encabezar la reapertura del Hospital Materno Infantil de Cuautepec, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, aseveró que si existiera un sistema de protección social no habría violencia en el país.
Si eso se hiciera a escala nacional, México no tendría la violencia que hoy tiene, porque la violencia no es más que el efecto de una causa, y la causa es frustración, exclusión, desesperanza, abuso. Por eso tenemos violencia, por la falta de alternativas, añadió el mandatario.
Destacó programas como el de adultos mayores, por medio del cual la administración local atiende a medio millón de personas de 68 años de edad en adelante; así como el de Prepa sí, con el cual se atiende a más de 200 mil estudiantes, lo que ha significado adoptar a una generación completita de jóvenes.
El mandatario detalló que cada uno de los adultos mayores inscritos en el programa reciben 870 pesos mensuales, los cuales gastan principalmente en su salud y lo mínimo indispensable para sobrevivir, porque muchos adultos mayores están abandonados.
El programa para atender a los jóvenes que cursan el bachillerato consiste en otorgarles un apoyo económico para reconocer el esfuerzo que ellas y ellos hacen al estar en la escuela, porque hay que estudiar, hay que levantarse temprano, a veces hay que llegar sin comer, no hay dinero para comprar libros, y muchos, la mayoría, no cuentan con computadora.
Sin embargo, no desisten, ahí están, la ciudad de México es la número uno a nivel nacional en desempeño, por esos jóvenes que van todos los días, llueva, truene o relampaguee o como esté, llegan a la escuela.
Como profesor en la actual Facultad de Estudios Superiores Acatlán tuve la experiencia de que alumnos llegaban sin comer y no tenían para comprar un periódico. En ese tiempo no había Internet y no tenían para comprar un libro; sin embargo, terminaron su carrera. Entonces merecen, en primer lugar, el reconocimiento de nuestra sociedad y de su gobierno para que tengan el apoyo económico y seguir sus estudios, añadió.
A unos cuantos días de los festejos del bicentenario, convocó a todos los actores políticos, económicos y sociales a hacer causa común para moderar la indigencia y la opulencia y así hacer una nación verdaderamente justa, donde nadie quede fuera de los satisfactores más elementales, como servicios de salud, educación y alimentación.
El citado hospital quedó inutilizado desde el 31 de octubre de 2009, cuando a causa de una tromba y el desbordamiento de la presa Maximalaco y del río de Los Remedios, sus áreas de laboratorio, quirófano, terapia intensiva, tococirugía, imagenología, farmacia, recepción y almacén se inundaron.
Ebrard agradeció a las fundaciones Gonzalo Río Arronte y Televisa sus aportaciones en la causa común de reconstruir y reequipar este hospital, así como a otras instituciones, entre ellas las fundaciones Carlos Slim y Alpura, para otros nosocomios, y llamó a otras instituciones a actuar de modo semejante.
Anunció la ampliación en 2011 de este hospital, que da servicios a miles de personas de esta comunidad y a la de estados vecinos.
Hay policías y militares involucrados, aseguran durante manifestaciones en varios estados
Anuncian integración simultánea de expedientes
Concentra Ciudad Juárez 70% de los casos de mujeres plagiadas desde 1977
En NL exigen que renuncien Calderón y Medina
DE LOS CORRESPONSALES
Periódico La Jornada
Martes 31 de agosto de 2010, p. 32
De 800 mujeres que han desaparecido en México desde 1977, 560 (70 por ciento) vivían en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se sospecha que muchas fueron víctimas de tratantes de blancas y traficantes de órganos, pues se han encontrado cadáveres quemados o amputados, pero las autoridades no han investigado esta posibilidad.
Al conmemorarse el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, familiares y representantes de organizaciones encabezados por Judith Galarza, vocera del Frente Plural Ciudadano y vicepresidenta de la Federación Internacional de Familiares de Personas Desaparecidas (Fedefam), dijeron que también hay militares y policías implicados en estos hechos.
En conferencia de prensa conjunta, informaron que este lunes se inició una campaña de integración simultánea de expedientes en 14 ciudades del país, pues durante el sexenio de Vicente Fox y lo que va del de Felipe Calderón ha habido 3 mil desapariciones.
Recordaron que en Ciudad Juárez comenzaron a desaparecer adolescentes en 2003. Sin embargo, en la década de 1970 las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en las desapariciones de 30 luchadoras sociales, a quienes se acusaba de integrar organizaciones armadas, entre ellas Leticia, hermana de la veterana activista Judith Galarza.
Anunciaron que con los casos documentados se presentarán demandas individuales y colectivas ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), e invitaron a familiares y allegados a proporcionar datos.
En Tijuana, Baja California, miembros de la Asociación contra la Impunidad, que participaron en una misa ofrecida en memoria de casi 300 hombres y mujeres desaparecidos, secuestrados y levantados, exigieron el esclarecimiento de al menos 180 casos y acusaron a las autoridades ministeriales de ocultar información.
Expresaron que algunas de las personas desaparecidas pudieron haber sido víctimas de traficantes o de Santiago López, El Pozolero, a quien se acusa de haberse deshecho de 300 cadáveres. También mencionaron la desaparición de Alejandro Hodoyán, detenido hace 13 años por cuatro hombres, entre ellos Ignacio Weber Rodríguez, subcomandante de inteligencia militar en la zona noroeste.
En Chilpancingo, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados dijo que de abril de 2005 a la fecha 260 personas han sido levantadas en Guerrero.
La agrupación, constituida en 2007 tras la desaparición del arquitecto Jorge Gabriel Cerón, inició ayer su cuarta jornada de lucha. Exigió la libertad de los presos políticos, condenó la criminalización de la lucha social y señaló que el gobernador Zeferino Torreblanca se niega a hacer frente a este problema.
En Coahuila se informó que 80 personas han desaparecido desde 2007, según reportó Notimex. En Monterrey, Nuevo León, 29 fueron recordadas con flores, veladoras y efectos personales por amigos, deudos y representantes de las agrupaciones Alternativa Pacífica, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y del Comité Eureka.
Los asistentes evocaron a los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas. Exigieron las renuncias del gobernador Rodrigo Medina y del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y les recriminaron su inacción ante casos como la desaparición de tres niños de la guardería Caifac.
En Chiapas, miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) bloquearon carreteras para exigir la presentación con vida de los activistas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), y recordaron que las desapariciones forzadas se iniciaron en México durante la década de 1960, cuando el régimen priísta inició la represión sistemática de los movimiento sociales.
Rubén Villalpando, Sergio Ocampo, Antonio Heras, Alejandra Arroyo y Elio Henríquez
Ebrard: existe violencia por la falta de opciones
Llama a instaurar en el país un sistema de protección social como el que existe en el DF
BERTHA TERESA RAMÍREZ
Periódico La Jornada
Martes 31 de agosto de 2010, p. 35
Al encabezar la reapertura del Hospital Materno Infantil de Cuautepec, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, aseveró que si existiera un sistema de protección social no habría violencia en el país.
Si eso se hiciera a escala nacional, México no tendría la violencia que hoy tiene, porque la violencia no es más que el efecto de una causa, y la causa es frustración, exclusión, desesperanza, abuso. Por eso tenemos violencia, por la falta de alternativas, añadió el mandatario.
Destacó programas como el de adultos mayores, por medio del cual la administración local atiende a medio millón de personas de 68 años de edad en adelante; así como el de Prepa sí, con el cual se atiende a más de 200 mil estudiantes, lo que ha significado adoptar a una generación completita de jóvenes.
El mandatario detalló que cada uno de los adultos mayores inscritos en el programa reciben 870 pesos mensuales, los cuales gastan principalmente en su salud y lo mínimo indispensable para sobrevivir, porque muchos adultos mayores están abandonados.
El programa para atender a los jóvenes que cursan el bachillerato consiste en otorgarles un apoyo económico para reconocer el esfuerzo que ellas y ellos hacen al estar en la escuela, porque hay que estudiar, hay que levantarse temprano, a veces hay que llegar sin comer, no hay dinero para comprar libros, y muchos, la mayoría, no cuentan con computadora.
Sin embargo, no desisten, ahí están, la ciudad de México es la número uno a nivel nacional en desempeño, por esos jóvenes que van todos los días, llueva, truene o relampaguee o como esté, llegan a la escuela.
Como profesor en la actual Facultad de Estudios Superiores Acatlán tuve la experiencia de que alumnos llegaban sin comer y no tenían para comprar un periódico. En ese tiempo no había Internet y no tenían para comprar un libro; sin embargo, terminaron su carrera. Entonces merecen, en primer lugar, el reconocimiento de nuestra sociedad y de su gobierno para que tengan el apoyo económico y seguir sus estudios, añadió.
A unos cuantos días de los festejos del bicentenario, convocó a todos los actores políticos, económicos y sociales a hacer causa común para moderar la indigencia y la opulencia y así hacer una nación verdaderamente justa, donde nadie quede fuera de los satisfactores más elementales, como servicios de salud, educación y alimentación.
El citado hospital quedó inutilizado desde el 31 de octubre de 2009, cuando a causa de una tromba y el desbordamiento de la presa Maximalaco y del río de Los Remedios, sus áreas de laboratorio, quirófano, terapia intensiva, tococirugía, imagenología, farmacia, recepción y almacén se inundaron.
Ebrard agradeció a las fundaciones Gonzalo Río Arronte y Televisa sus aportaciones en la causa común de reconstruir y reequipar este hospital, así como a otras instituciones, entre ellas las fundaciones Carlos Slim y Alpura, para otros nosocomios, y llamó a otras instituciones a actuar de modo semejante.
Anunció la ampliación en 2011 de este hospital, que da servicios a miles de personas de esta comunidad y a la de estados vecinos.
Notifican al SME fin de relación laboral con LFC
Rosalía Vergara
MÉXICO, DF, 30 de agosto (apro).- La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) notificó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sobre el fin de su vínculo laboral con la desaparecida Luz y Fuerza del Centro (LFC).
De esa manera también se da por concluido el contrato colectivo que cada dos años suscribía el SME con la extinta paraestatal, aunque los electricistas liderados por Martín Esparza alegan que su sindicato aún conserva su personalidad jurídica y por tanto podrían ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) bajo la figura del “patrón sustituto”.
La decisión de la JFCA se dio después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara la legalidad del proceso de extinción de LFC.
Con esa notificación, asimismo, se notificó al SME que concluía el tercer proceso de liquidación de los extrabajadores. Luego del anunció, trascendió que el dirigente del SME, Martín Esparza, se reunirá en breve con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora.
Antes, el vocero sindical, Fernando Amezcua, desmintió las versiones que apuntaban a un presunto rompimiento de las pláticas con Gobernación.
Sostuvo que el SME acordó suspender el cobro de las prestaciones devengadas en el 2009 porque el gobierno federal “calculó mal” el monto que les debía entregar a los electricistas por el pago de aguinaldo y caja de ahorro.
“Dicho documento contiene diversos errores como lo son: trabajadores que no aparecen en su base de datos, los tiempos de servicios de los trabajadores no son los correctos, el cobro de impuestos por dichas prestaciones está mal calculado, lo cual está fuera de la norma contractual”, indicó Amezcua en un comunicado.
“Al mismo tiempo, resolvimos comunicar a la Secretaría de Gobernación que se detengan dichos pagos hasta que sean corregidos los errores que hemos señalado y que están en correspondencia con los acuerdos tomados y que se han hecho públicos en boletines”, destacó.
Destacó que la asamblea general del SME aprobó iniciar el 1 de septiembre una serie de movilizaciones hasta que se resuelvan sus demandas, continuar con las asambleas de usuarios y realizar caravanas en todo el país, “en el marco de la conmemoración obrera y popular del Bicentenario de nuestra Independencia nacional”.
Rosalía Vergara
MÉXICO, DF, 30 de agosto (apro).- La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) notificó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sobre el fin de su vínculo laboral con la desaparecida Luz y Fuerza del Centro (LFC).
De esa manera también se da por concluido el contrato colectivo que cada dos años suscribía el SME con la extinta paraestatal, aunque los electricistas liderados por Martín Esparza alegan que su sindicato aún conserva su personalidad jurídica y por tanto podrían ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) bajo la figura del “patrón sustituto”.
La decisión de la JFCA se dio después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara la legalidad del proceso de extinción de LFC.
Con esa notificación, asimismo, se notificó al SME que concluía el tercer proceso de liquidación de los extrabajadores. Luego del anunció, trascendió que el dirigente del SME, Martín Esparza, se reunirá en breve con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora.
Antes, el vocero sindical, Fernando Amezcua, desmintió las versiones que apuntaban a un presunto rompimiento de las pláticas con Gobernación.
Sostuvo que el SME acordó suspender el cobro de las prestaciones devengadas en el 2009 porque el gobierno federal “calculó mal” el monto que les debía entregar a los electricistas por el pago de aguinaldo y caja de ahorro.
“Dicho documento contiene diversos errores como lo son: trabajadores que no aparecen en su base de datos, los tiempos de servicios de los trabajadores no son los correctos, el cobro de impuestos por dichas prestaciones está mal calculado, lo cual está fuera de la norma contractual”, indicó Amezcua en un comunicado.
“Al mismo tiempo, resolvimos comunicar a la Secretaría de Gobernación que se detengan dichos pagos hasta que sean corregidos los errores que hemos señalado y que están en correspondencia con los acuerdos tomados y que se han hecho públicos en boletines”, destacó.
Destacó que la asamblea general del SME aprobó iniciar el 1 de septiembre una serie de movilizaciones hasta que se resuelvan sus demandas, continuar con las asambleas de usuarios y realizar caravanas en todo el país, “en el marco de la conmemoración obrera y popular del Bicentenario de nuestra Independencia nacional”.
Alarma mundial por la violencia en México
Marcela Turati
En este mes que termina estuvieron en el país representantes de la libertad de expresión de la OEA y de la ONU para escrutar la situación de violencia envolvente que afecta ya al gremio periodístico, las mujeres y a otros sectores sociales. En su inusual visita conjunta, los relatores de los organismos multilaterales Catalina Botero y Frank La Rue comprobaron que la cruzada contra el narco sólo ha polarizado la situación: hoy una parte del territorio nacional está militarizado, mientras otra está dominada por los cárteles de la droga.
México está bajo la mirada de la comunidad internacional, que sigue con inquietud el rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en el contexto nacional de narcoviolencia.
En la reciente visita conjunta de 17 días de los relatores de la ONU y de la OEA para la Libertad de Expresión, Frank La Rue y Catalina Botero, se reveló que los organismos internacionales discuten cómo clasificar la violencia mexicana porque la forma en que se manifiesta no entra dentro de los parámetros de la Convención de Ginebra que cataloga conflictos armados internacionales (de un país contra otro) y conflictos armados internos (grupos rebeldes que buscan el poder).
La violencia mexicana no cabe en las definiciones de una guerra y existe resistencia a llamarla “conflicto armado” porque ello implica considerar débil al Estado. Lo que hoy se discute es si México inaugurará la categoría de “país con regiones de enfrentamiento intenso”, en la cual se considerarían como zonas especiales los territorios militarizados y los dominados por los cárteles de la droga.
Al final de la visita, el relator La Rue señaló que la Cruz Roja Internacional deberá crear esa nueva clasificación para México que le permita intervenir y atender a los ciudadanos afectados en las zonas violentas.
Durante la estancia de La Rue en México también salió a relucir que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (que cuenta sólo con cuatro sedes en la región, ubicadas en Colombia, Bolivia, México y Guatemala) aumentó su personal en la delegación mexicana. Uno de los nuevos comisionados es el estadunidense Christopher Guarnotta, que inaugurará el puesto de visitador para la zona norte, y a quien el exrepresentante de la oficina, Alberto Brunori, presentó a los defensores de derechos humanos en su último viaje a Chihuahua, donde informó que más personal llegaría a reforzar la oficina.
Un día antes de que arribaran al país los relatores Botero y La Rue para realizar la inédita visita conjunta estaba en el país la alta comisionada adjunta de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, la coreana Kyung-Wha Kang, quien participó en un foro sobre derechos de las mujeres; también se reunió con funcionarios de gobierno y les expresó sus “preocupaciones muy serias por la situación”, con énfasis en los abusos de los militares en tareas de seguridad pública.
“El gobierno a lo largo de los años ha tratado de incorporar elementos que integran los elementos de derechos humanos en las operaciones militares y en la lucha por la seguridad y contra las bandas de delincuentes, pero ha habido casos de abusos –civiles que han perdido la vida, que han sido sacrificados, no solamente en fuego cruzado, violaciones de derechos humanos– que claramente se atribuyen a los elementos de las Fuerzas Armadas”, dijo a Proceso en entrevista.
La diplomática recabó información que llevará a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien realizará una visita al país en noviembre. Para octubre se espera la visita de la relatora especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul, quien revisará la situación estructural de impunidad.
“Sabemos que el relator contra la tortura (de la ONU) está preocupado, ha recibido gran cantidad de denuncias, y la Unión Europea, que se ha manifestado en casos específicos y paradigmáticos. Pero Estados Unidos no ha hecho un pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos ni de la tortura, a pesar de que lo hemos solicitado al embajador”, señala el director general de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez.
A su vez, un diplomático extranjero comparte con Proceso la percepción manifiesta en los organismos internacionales: “Queda la sensación de que hay una crisis de institucionalidad del Estado, mucha impunidad y, por lo mismo, un progresivo deterioro de la situación. México enfrenta un momento decisivo”.
Peligroso para todos
En su visita al Distrito Federal y los estados de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y México, los relatores recabaron información sobre las zonas donde el crimen organizado obliga a la prensa a censurarse, la violencia tiene paralizada a la gente y las procuradurías de justicia no investigan los crímenes cometidos contra el gremio y alientan, de esa manera, a que se cometan más ataques.
El sábado 7, dos días antes del inicio de la misión, mil 200 periodistas marcharon en el Distrito Federal, y cientos más en 14 ciudades del país, congregados bajo un mismo lema “Los queremos vivos”, en reclamo por el asesinato de 64 colegas, la desaparición de 11 y la impunidad en sus casos.
En el informe preliminar La Rue y Botero señalaron la urgencia de que el Estado implemente una política de prevención, protección y procuración de justicia en los crímenes contra periodistas, y criticaron la falta de voluntad, de recursos y de resultados de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR porque desde su creación, en 2006, no ha sancionado a ningún culpable.
“La violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse… en algunos estados con una fuerte presencia del crimen organizado como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, la autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa local se ha visto obligada a silenciarse y no registrar hechos de extrema violencia.”
Señalaron que de los 64 periodistas asesinados y 11 desaparecidos en una década, 29 asesinatos y cinco desapariciones ocurrieron a partir de 2008, a lo que hay que sumar los secuestros, amenazas y hostigamientos que comúnmente reciben los reporteros locales que cubren temas de corrupción, narcotráfico y seguridad pública, y los atentados con explosivos contra sus medios de comunicación.
“En algunos casos particularmente extremos, la información recibida indica que grupos de narcotráfico han intentado activamente influenciar los contenidos de los medios de comunicación. Esas graves tendencias, que antes afectaban solamente a medios locales en sitios con gran presencia del crimen organizado, comienzan ahora a impactar a medios nacionales”, advierte el informe.
Frente a los brutales asesinatos atribuidos a grupos del crimen organizado, la responsabilidad del Estado es prevenir y crear un mecanismo de protección enfocado a periodistas, así como luchar contra la impunidad.
La colombiana Botero explicó en diferentes reuniones que los periodistas, al igual que los defensores de derechos humanos, requieren especial protección del Estado porque con sus investigaciones “constantemente están tentando al monstruo”; y como se encargan de denunciar lo que ocurre, su trabajo protege a muchas personas.
“Si ellos, que visibilizan los abusos, son silenciados, se genera un efecto amedrentador para toda la sociedad. Porque el derecho a la información es un bien público, todos tienen derecho a estar informados y los periodistas a informar”, dijo en uno de los encuentros.
Los relatores reprobaron que el gobierno federal utilice la publicidad oficial como “mecanismo para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas” y señalaron que el Estado debe legislar para prohibir la asignación discriminatoria de la publicidad oficial, definir procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes.
Botero y La Rue pusieron como ejemplo la queja presentada por Proceso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dado que el gobierno federal dejó de contratar con publicidad oficial, a pesar de que la revista tiene una amplia y reconocida circulación.
Código rojo
Además de la ONU y la OEA, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras o Human Rights Watch también han manifestado su preocupación.
La Internacional Media Support, por ejemplo, planea organizar una segunda misión conjunta a México que congregue a los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Federación Internacional de Periodistas, el Comité de Protección a los Periodistas y Artículo 19, entre otros, porque considera que la violencia contra los periodistas tiende a agravarse.
“No se ve un retén, no se ve una trinchera, no se ve dónde o cómo el gobierno pueda contener la violencia”, comentó el enviado de una organización de derechos humanos que analiza la situación del país.
La generalización de la violencia ha disparado masivamente la violación de los derechos humanos de los ciudadanos, y tiene saturado el trabajo de las organizaciones que velan por el respeto a las garantías de las personas.
Así ocurre con organizaciones como la CMDPDH, el centro Miguel Agustín Pro Juárez, el chihuahuense Centro de Derechos Humanos de las Mujeres o el centro guerrerense Tlachinollan de la Montaña, que no se dan abasto para tomar la defensa de nuevos casos, y muchas veces se limitan sólo a registrarlos.
“La situación ha disparado ciertas conductas violatorias de derechos humanos, como índices de tortura que se han manifestado de forma dramática, índices de arraigo, las denuncias de detenciones arbitrarias, los casos de personas desaparecidas, más la violación al derecho del debido proceso y las fallas del sistema de justicia penal”, dijo el director de la CMDPDH.
Situación de las mujeres
Al terminar su visita a México, la alta comisionada adjunta de derechos humanos de la ONU, Kyung-Wha Kang, se dijo profundamente preocupada porque el asesinato de mujeres se ha diseminado a varias entidades del país y por las enmiendas legislativas que permiten encarcelamiento de las mujeres por abortar, a contracorriente de las normas internacionales de salud reproductiva.
En entrevista con Proceso, ella comentó que aun cuando cada Estado es autónomo y puede implementar sus propias leyes, el gobierno federal tiene el reto de armonizar las legislaciones estatales y leyes municipales para que estén en concordancia con los derechos humanos y de salud reproductiva a los que México se ha comprometido en el ámbito internacional.
“Es muy preocupante encontrar casos donde las mujeres han sido enviadas a prisión, sentenciadas por muchos años en algunos casos. Algunas son mujeres violadas y tienen que enfrentar un embarazo no deseado y por lo tanto han tenido un aborto. Bajo los códigos penales se permite encarcelarlas… pero los estándares internacionales de derechos humanos son muy claros: la norma más común indica que hasta las 12 semanas del embarazo es legal la interrupción del mismo”, según la representante de la ONU.
La diplomática participó en el 90 aniversario de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, realizado durante la segunda semana de agosto. También se reunió con funcionarios de gobierno y activistas que luchan contra el feminicidio en Ciudad Juárez, colectivos de mujeres asesinadas por militares y defensoras de la libertad sexual en Guanajuato.
Kyung-Wha Kang recibió información del centro Las Libres, de Guanajuato, sobre los casos de las seis mujeres encarceladas en esa entidad por abortar, así como de aproximadamente 30 más que habían sido procesadas por el mismo delito y 150 que eran buscadas para ser juzgadas.
Sobre esta situación, comentó: “Otros países tienen términos más amplios; otros, más restricciones, pero permiten el aborto legal en casos de violación, incesto o en casos en los que está en peligro la vida de la mujer… Pero hay que tener un espacio claro para que las mujeres ejerciten su derecho a la salud reproductiva libremente y en una forma responsable”.
La diplomática coreana, que tiene una conocida trayectoria feminista, señaló que las leyes estatales que protegen el derecho a la vida desde el momento de la concepción y sancionan los abortos bajo cualquier circunstancia, se oponen a décadas de normas de derechos internacionales que garantizan a las mujeres ejercitar su derecho a la salud reproductiva responsable y libremente.
Otro tema que llamó la atención de la comisionada adjunta de la ONU fueron los asesinatos de mujeres: “Un tema muy importante en mis discusiones con los participantes de la sociedad civil y las autoridades es la violencia contra de las mujeres, en particular el feminicidio. Es increíble que, a partir de que esto se registró por primera vez, hayan pasado décadas y el problema no está desapareciendo; al contrario, parece estarse diseminando a otras partes del país”.
Las organizaciones feministas informaron a Kang que este año se han registrado más de 400 asesinatos de mujeres, fenómeno que consideró “muy impactante”; pero criticó que en el país no haya todavía un centro que procese y compile los datos, esenciales para saber qué ocurre realmente y cómo atender el problema.
“La impunidad –dijo– es un elemento que alimenta el crimen. Si matar a la mujer es fácil y nadie lo impide ni va ser castigado, nada impide que los delincuentes lo repitan… (ello se debe a que) la discriminación está enraizada profundamente. Así que creo que la discriminación de las mujeres y la impunidad se han juntado aquí para crear este reto que permanece sobre los feminicidios.”
Señaló que la situación de las mujeres es un indicador muy claro de la situación de la sociedad, y los retos de derechos humanos en la llamada “guerra en contra del crimen organizado” son acabar con la discriminación y la impunidad que prevalece ante estos retos (…) el hecho de que los agresores sean llevados a la justicia es importante”.
Marcela Turati
En este mes que termina estuvieron en el país representantes de la libertad de expresión de la OEA y de la ONU para escrutar la situación de violencia envolvente que afecta ya al gremio periodístico, las mujeres y a otros sectores sociales. En su inusual visita conjunta, los relatores de los organismos multilaterales Catalina Botero y Frank La Rue comprobaron que la cruzada contra el narco sólo ha polarizado la situación: hoy una parte del territorio nacional está militarizado, mientras otra está dominada por los cárteles de la droga.
México está bajo la mirada de la comunidad internacional, que sigue con inquietud el rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en el contexto nacional de narcoviolencia.
En la reciente visita conjunta de 17 días de los relatores de la ONU y de la OEA para la Libertad de Expresión, Frank La Rue y Catalina Botero, se reveló que los organismos internacionales discuten cómo clasificar la violencia mexicana porque la forma en que se manifiesta no entra dentro de los parámetros de la Convención de Ginebra que cataloga conflictos armados internacionales (de un país contra otro) y conflictos armados internos (grupos rebeldes que buscan el poder).
La violencia mexicana no cabe en las definiciones de una guerra y existe resistencia a llamarla “conflicto armado” porque ello implica considerar débil al Estado. Lo que hoy se discute es si México inaugurará la categoría de “país con regiones de enfrentamiento intenso”, en la cual se considerarían como zonas especiales los territorios militarizados y los dominados por los cárteles de la droga.
Al final de la visita, el relator La Rue señaló que la Cruz Roja Internacional deberá crear esa nueva clasificación para México que le permita intervenir y atender a los ciudadanos afectados en las zonas violentas.
Durante la estancia de La Rue en México también salió a relucir que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (que cuenta sólo con cuatro sedes en la región, ubicadas en Colombia, Bolivia, México y Guatemala) aumentó su personal en la delegación mexicana. Uno de los nuevos comisionados es el estadunidense Christopher Guarnotta, que inaugurará el puesto de visitador para la zona norte, y a quien el exrepresentante de la oficina, Alberto Brunori, presentó a los defensores de derechos humanos en su último viaje a Chihuahua, donde informó que más personal llegaría a reforzar la oficina.
Un día antes de que arribaran al país los relatores Botero y La Rue para realizar la inédita visita conjunta estaba en el país la alta comisionada adjunta de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, la coreana Kyung-Wha Kang, quien participó en un foro sobre derechos de las mujeres; también se reunió con funcionarios de gobierno y les expresó sus “preocupaciones muy serias por la situación”, con énfasis en los abusos de los militares en tareas de seguridad pública.
“El gobierno a lo largo de los años ha tratado de incorporar elementos que integran los elementos de derechos humanos en las operaciones militares y en la lucha por la seguridad y contra las bandas de delincuentes, pero ha habido casos de abusos –civiles que han perdido la vida, que han sido sacrificados, no solamente en fuego cruzado, violaciones de derechos humanos– que claramente se atribuyen a los elementos de las Fuerzas Armadas”, dijo a Proceso en entrevista.
La diplomática recabó información que llevará a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien realizará una visita al país en noviembre. Para octubre se espera la visita de la relatora especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul, quien revisará la situación estructural de impunidad.
“Sabemos que el relator contra la tortura (de la ONU) está preocupado, ha recibido gran cantidad de denuncias, y la Unión Europea, que se ha manifestado en casos específicos y paradigmáticos. Pero Estados Unidos no ha hecho un pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos ni de la tortura, a pesar de que lo hemos solicitado al embajador”, señala el director general de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez.
A su vez, un diplomático extranjero comparte con Proceso la percepción manifiesta en los organismos internacionales: “Queda la sensación de que hay una crisis de institucionalidad del Estado, mucha impunidad y, por lo mismo, un progresivo deterioro de la situación. México enfrenta un momento decisivo”.
Peligroso para todos
En su visita al Distrito Federal y los estados de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y México, los relatores recabaron información sobre las zonas donde el crimen organizado obliga a la prensa a censurarse, la violencia tiene paralizada a la gente y las procuradurías de justicia no investigan los crímenes cometidos contra el gremio y alientan, de esa manera, a que se cometan más ataques.
El sábado 7, dos días antes del inicio de la misión, mil 200 periodistas marcharon en el Distrito Federal, y cientos más en 14 ciudades del país, congregados bajo un mismo lema “Los queremos vivos”, en reclamo por el asesinato de 64 colegas, la desaparición de 11 y la impunidad en sus casos.
En el informe preliminar La Rue y Botero señalaron la urgencia de que el Estado implemente una política de prevención, protección y procuración de justicia en los crímenes contra periodistas, y criticaron la falta de voluntad, de recursos y de resultados de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR porque desde su creación, en 2006, no ha sancionado a ningún culpable.
“La violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse… en algunos estados con una fuerte presencia del crimen organizado como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, la autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa local se ha visto obligada a silenciarse y no registrar hechos de extrema violencia.”
Señalaron que de los 64 periodistas asesinados y 11 desaparecidos en una década, 29 asesinatos y cinco desapariciones ocurrieron a partir de 2008, a lo que hay que sumar los secuestros, amenazas y hostigamientos que comúnmente reciben los reporteros locales que cubren temas de corrupción, narcotráfico y seguridad pública, y los atentados con explosivos contra sus medios de comunicación.
“En algunos casos particularmente extremos, la información recibida indica que grupos de narcotráfico han intentado activamente influenciar los contenidos de los medios de comunicación. Esas graves tendencias, que antes afectaban solamente a medios locales en sitios con gran presencia del crimen organizado, comienzan ahora a impactar a medios nacionales”, advierte el informe.
Frente a los brutales asesinatos atribuidos a grupos del crimen organizado, la responsabilidad del Estado es prevenir y crear un mecanismo de protección enfocado a periodistas, así como luchar contra la impunidad.
La colombiana Botero explicó en diferentes reuniones que los periodistas, al igual que los defensores de derechos humanos, requieren especial protección del Estado porque con sus investigaciones “constantemente están tentando al monstruo”; y como se encargan de denunciar lo que ocurre, su trabajo protege a muchas personas.
“Si ellos, que visibilizan los abusos, son silenciados, se genera un efecto amedrentador para toda la sociedad. Porque el derecho a la información es un bien público, todos tienen derecho a estar informados y los periodistas a informar”, dijo en uno de los encuentros.
Los relatores reprobaron que el gobierno federal utilice la publicidad oficial como “mecanismo para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas” y señalaron que el Estado debe legislar para prohibir la asignación discriminatoria de la publicidad oficial, definir procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes.
Botero y La Rue pusieron como ejemplo la queja presentada por Proceso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dado que el gobierno federal dejó de contratar con publicidad oficial, a pesar de que la revista tiene una amplia y reconocida circulación.
Código rojo
Además de la ONU y la OEA, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras o Human Rights Watch también han manifestado su preocupación.
La Internacional Media Support, por ejemplo, planea organizar una segunda misión conjunta a México que congregue a los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Federación Internacional de Periodistas, el Comité de Protección a los Periodistas y Artículo 19, entre otros, porque considera que la violencia contra los periodistas tiende a agravarse.
“No se ve un retén, no se ve una trinchera, no se ve dónde o cómo el gobierno pueda contener la violencia”, comentó el enviado de una organización de derechos humanos que analiza la situación del país.
La generalización de la violencia ha disparado masivamente la violación de los derechos humanos de los ciudadanos, y tiene saturado el trabajo de las organizaciones que velan por el respeto a las garantías de las personas.
Así ocurre con organizaciones como la CMDPDH, el centro Miguel Agustín Pro Juárez, el chihuahuense Centro de Derechos Humanos de las Mujeres o el centro guerrerense Tlachinollan de la Montaña, que no se dan abasto para tomar la defensa de nuevos casos, y muchas veces se limitan sólo a registrarlos.
“La situación ha disparado ciertas conductas violatorias de derechos humanos, como índices de tortura que se han manifestado de forma dramática, índices de arraigo, las denuncias de detenciones arbitrarias, los casos de personas desaparecidas, más la violación al derecho del debido proceso y las fallas del sistema de justicia penal”, dijo el director de la CMDPDH.
Situación de las mujeres
Al terminar su visita a México, la alta comisionada adjunta de derechos humanos de la ONU, Kyung-Wha Kang, se dijo profundamente preocupada porque el asesinato de mujeres se ha diseminado a varias entidades del país y por las enmiendas legislativas que permiten encarcelamiento de las mujeres por abortar, a contracorriente de las normas internacionales de salud reproductiva.
En entrevista con Proceso, ella comentó que aun cuando cada Estado es autónomo y puede implementar sus propias leyes, el gobierno federal tiene el reto de armonizar las legislaciones estatales y leyes municipales para que estén en concordancia con los derechos humanos y de salud reproductiva a los que México se ha comprometido en el ámbito internacional.
“Es muy preocupante encontrar casos donde las mujeres han sido enviadas a prisión, sentenciadas por muchos años en algunos casos. Algunas son mujeres violadas y tienen que enfrentar un embarazo no deseado y por lo tanto han tenido un aborto. Bajo los códigos penales se permite encarcelarlas… pero los estándares internacionales de derechos humanos son muy claros: la norma más común indica que hasta las 12 semanas del embarazo es legal la interrupción del mismo”, según la representante de la ONU.
La diplomática participó en el 90 aniversario de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, realizado durante la segunda semana de agosto. También se reunió con funcionarios de gobierno y activistas que luchan contra el feminicidio en Ciudad Juárez, colectivos de mujeres asesinadas por militares y defensoras de la libertad sexual en Guanajuato.
Kyung-Wha Kang recibió información del centro Las Libres, de Guanajuato, sobre los casos de las seis mujeres encarceladas en esa entidad por abortar, así como de aproximadamente 30 más que habían sido procesadas por el mismo delito y 150 que eran buscadas para ser juzgadas.
Sobre esta situación, comentó: “Otros países tienen términos más amplios; otros, más restricciones, pero permiten el aborto legal en casos de violación, incesto o en casos en los que está en peligro la vida de la mujer… Pero hay que tener un espacio claro para que las mujeres ejerciten su derecho a la salud reproductiva libremente y en una forma responsable”.
La diplomática coreana, que tiene una conocida trayectoria feminista, señaló que las leyes estatales que protegen el derecho a la vida desde el momento de la concepción y sancionan los abortos bajo cualquier circunstancia, se oponen a décadas de normas de derechos internacionales que garantizan a las mujeres ejercitar su derecho a la salud reproductiva responsable y libremente.
Otro tema que llamó la atención de la comisionada adjunta de la ONU fueron los asesinatos de mujeres: “Un tema muy importante en mis discusiones con los participantes de la sociedad civil y las autoridades es la violencia contra de las mujeres, en particular el feminicidio. Es increíble que, a partir de que esto se registró por primera vez, hayan pasado décadas y el problema no está desapareciendo; al contrario, parece estarse diseminando a otras partes del país”.
Las organizaciones feministas informaron a Kang que este año se han registrado más de 400 asesinatos de mujeres, fenómeno que consideró “muy impactante”; pero criticó que en el país no haya todavía un centro que procese y compile los datos, esenciales para saber qué ocurre realmente y cómo atender el problema.
“La impunidad –dijo– es un elemento que alimenta el crimen. Si matar a la mujer es fácil y nadie lo impide ni va ser castigado, nada impide que los delincuentes lo repitan… (ello se debe a que) la discriminación está enraizada profundamente. Así que creo que la discriminación de las mujeres y la impunidad se han juntado aquí para crear este reto que permanece sobre los feminicidios.”
Señaló que la situación de las mujeres es un indicador muy claro de la situación de la sociedad, y los retos de derechos humanos en la llamada “guerra en contra del crimen organizado” son acabar con la discriminación y la impunidad que prevalece ante estos retos (…) el hecho de que los agresores sean llevados a la justicia es importante”.
