DERECHOS RECONOCIDOS EN TANTO NO SE EJERZAN

Repensar la consulta a pueblos indígenas
MAGDALENA GÓMEZ.

Resulta difícil colocar temas para debates de fondo distintos a la problemática de la impunidad a todas escalas y grados en que nuestro país está inmerso. Sin embargo, es necesario. En el reciente congreso de la Red latinoamericana de Antropología Jurídica celebrado en Lima, Perú, compartí la preocupación sobre la justiciabilidad del derecho indígena. En especial di cuenta del derecho a la consulta. Lo primero que habrá que preguntarnos es ¿cómo fue que se colocó en el centro?, especialmente en América Latina, si los grandes debates nacionales e internacionales se dieron sobre la fundamentación de los derechos colectivos, el concepto de pueblo indígena, el derecho al territorio, a la libre determinación y a la autonomía, derivado de ellos el derecho a los recursos naturales en sus tierras y territorios.
De pronto pareciera olvidarse que la consulta es un derecho adjetivo, procedimental, y no es un fin en sí mismo, como algunos planteamientos parecen enfocar. Sería en el mejor de los casos el derecho al debido proceso. Los derechos sustantivos implicados son los arriba enunciados. Si es así la cuestión, bien podemos seguirnos preguntando sobre la pertinencia de sustituir en los hechos el perfil específico de los derechos sustantivos sin anotar de manera destacada y suficiente que los estados cuando incumplen la consulta violan el derecho al territorio, a la autonomía y a la libre determinación.
Tal como se aborda, sobre todo en nuestro país, la consulta es un procedimiento de foros, fundamentalmente, cuya sistematización habría que regular. En no pocas ocasiones resulta vinculada a un mecanismo de planeación institucional para definir políticas públicas, o para legitimar las que previamente se decidieron.
Son muchos los problemas implicados en el enfoque sobre el derecho a la consulta, existe jurisprudencia muy diversa y criterios expresados desde los órganos de control del sistema de Naciones Unidas. Se ha insistido en la lógica de que la consulta se oriente a la construcción de acuerdos, lo cual plantea de parte de los estados serias objeciones. Una de ellas, la más álgida, diría yo, es la relativa a la situación que se genera cuando la consulta no concluye con un acuerdo, con el consentimiento de un pueblo para que el Estado de manera directa, o a través de una concesión, realice un determinado proyecto, defina una política pública o bien se emita determinada legislación. En ese caso se dice de parte estatal que la consulta no entraña un derecho de veto. Y aquí nos colocamos en un tema que será necesario abordar en todas sus implicaciones, es el relativo al vínculo de la consulta con el derecho de propiedad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un parteaguas a través de la sentencia en el caso Awas Tigni, donde si bien señaló que se otorgó una concesión sin consulta, ante todo abonó en la reflexión fundamental sobre el derecho de propiedad de las comunidades indígenas. En este sentido está en curso un importante estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre propiedad indígena. Detengámonos en este punto. Si hemos señalado que el territorio es un concepto más amplio que la mera tenencia de la tierra, ¿qué implicación concreta tiene que dos instrumentos internacionales, como son el Convenio 169 de la OIT y la referida declaración de la ONU, reconozcan ese derecho?
El territorio indígena no tendría por qué sujetarse al concepto de propiedad privada; sin embargo, en los hechos nos encontramos con el caso de que los propietarios privados tienen múltiples mecanismos para proteger su derecho y con ellos no se habla del derecho a la consulta. Se ha señalado que también en estos casos existe, por ejemplo, la expropiación por causa de utilidad pública. En efecto, pero la llamada utilidad pública debe fundarse y tiene un carácter excepcional, además de señalarse la previa indemnización. De cualquier forma, colocando el enfoque en la naturaleza del derecho sustantivo de los pueblos indígenas, le daríamos otra dimensión al debate más allá de los foros, las encuestas, su sistematización y la creación de instancias que los realicen. Y no nos confundamos: es distinto que se haga una propuesta a quien tiene un derecho reconocido, en este caso los pueblos indígenas y ellos decidan si la aceptan o no. No se trata de un derecho de veto, es un derecho a secas, ni más ni menos. Vetar significaría detener una decisión ya tomada por alguien distinto a quien tiene la titularidad del derecho, así sea el Estado o la trasnacional que obtuvo una concesión. ¿Nos vamos a encontrar ahora que así como se ha marcado la ciudadanía de primera y la de segunda, en clave indígena, ahora estamos ante derechos de primera y derechos de segunda? Como señalé hace quince años: el gran candado de los estados es: Se reconocen derechos a los pueblos indígenas, siempre y cuando no los ejerzan.
Qué envidia dan los suecos
PEDRO MIGUEL

Calderón deberá superarse a sí mismo en mendacidad para presentar mañana un informe rosáceo o de pretensiones heroicas: tiene que negar que en su administración se ha fortalecido el narco, se ha debilitado la presencia del Estado en el territorio, han aumentado los secuestros de todas las clases (desapariciones políticas, secuestro exprés, privaciones ilegales de la libertad perpetradas por las mismas autoridades, plagios con propósitos de rescate...), se han incumplido postulados fundamentales de la Constitución, los casos de impunidad se han multiplicado como bacilos de yoghurt, los fraudes se han disparado y los derechos a la vida, al trabajo, a la libertad, a la salud y a la educación, entre otros, han sido convertidos en meros valores aspiracionales para el grueso de la población. Al alto clero católico poco le falta para que le entreguen las secretarías de Educación y de Salud, las televisoras privadas tienen bancadas propias en el Legislativo, la economía es un desastre y de la soberanía mejor ni hablemos. La sociedad está harta del desgobierno y el jefe de éste se declara cansado de escuchar reclamos sociales.
El fenómeno de fondo es que la vertiente política del proyecto neoliberal ha avanzado mucho en su objetivo: acabar con el Estado. En ausencia de éste, las delincuencias (la callejera, la de las drogas, la empresarial, la electoral, la financiera, la patronal) se apoderan de instituciones, de regiones territoriales y de sectores económicos, cada quien se rasca con sus uñas y se sobrevive a la ley de la selva como se puede, si es que se puede. En este escenario de devastación es lógico que las leyes no se cumplan y que los únicos que podrían congratularse de las acciones reales del calderonato sean los protagonistas de las muchas caras de la ilegalidad: el gobernante en turno les ha hecho la vida.
En esta circunstancia, la recuperación del país por las vías institucionales, legales y electorales, puede parecer imposible: los poderes fácticos controlan las instancias electorales (desde las dirigencias partidistas hasta el tribunal correspondiente, pasando por el IFE), el conjunto de los medios informativos, las fábricas de sufragios (Sedeso, Oportunidades y equivalentes estatales y municipales) y, por si fuera poco y algo fallara, tienen también a su servicio a las corporaciones de la fuerza pública.
Abrirse paso hacia el poder público para sanear la administración, romper los círculos de retroalimentación de las delincuencias y empezar a dirigir la cosa pública en dirección de lo habitable implica tareas arduas y que serían inimaginables en un entorno de normalidad democrática: es preciso, en primer lugar, crear conciencia sobre los derechos personales y sociales, y sobre el empoderamiento que genera la organización ciudadana, así como impulsar el surgimiento de liderazgos sociales. Luego se debe organizar a los electores al margen de los partidos, a fin de estar en posición de negociar con las castas burocráticas que los controlan: que se queden ellas con registros y dineros (les encantan), y que cedan a cambio el paso a candidaturas orientadas a la transformación nacional. En tercer lugar debe desarrollarse un trabajo de capacitación legal y electoral, y promover la participación de la gente en procesos desacreditados y poco confiables; asimismo, se requiere una labor de información y propaganda política a contracorriente de los medios oficialistas (es decir, casi todos) y del formidable aparato publicitario de la mafia político-empresarial. En seguida, verificar la fidelidad del padrón electoral y, el día de las elecciones, vigilar la instalación de las urnas, cubrirlas con representantes, supervisar su funcionamiento, permanecer a su lado durante toda la jornada, acompañarlas al comité distrital respectivo, desvelarse en el recuento, montar centros de cómputo independientes que permitan verificar la veracidad o falsedad de las cifras oficiales, y, en su caso, prepararse para movilizaciones contundentes y eficaces en caso de que tenga lugar un fraude como los de 1988 y 2006. Si se triunfa, aún habrá que hacer frente a los previsibles e inmediatos intentos desestabilizadores de la oligarquía. Qué envidian dan los suecos, para quienes la vida republicana es fácil: ir a votar y sentarse a una espera que culminará en festejo o depresión.
Es muy difícil, pero no imposible, y no se trata de si vale la pena o no. Es, simplemente, lo que se puede hacer para impedir que el país culmine su caída en la barbarie.

Javier Corral y su batalla por la democracia
Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 30 de agosto.- Lo sabíamos bien, pero los relatores de la OEA y la ONU lo han confirmado desde la solidez de su indagación institucional en México: “el vigor, la diversidad, la pluralidad en el debate democrático se encuentran seriamente limitados, entre otros motivos, por la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les han asignado frecuencias de radio y televisión”.
Es decir, hay una relación directa entre monopolios de los medios electrónicos y democracia pobre. Por eso, la batalla que desde hace más de una década libra Javier Corral en contra de la concentración de privilegios en ese campo es claramente una batalla por la democracia. No es contra Televisa, como asume ese consorcio que todo lo domina y todo lo recibe, sino contra la precariedad del debate democrático.
Como diputado federal por segunda vez, Corral ha concentrado su esfuerzo reciente en explicar y tratar de impedir la entrega de una concesión de telefonía celular a Televisa, que ya reina en la televisión abierta, la satelital, la transmitida por cable, y acaba de adquirir nuevas frecuencias de televisión abierta (con las que dará alcance nacional al capitalino Canal 4), así como más de 20 kilómetros de fibra óptica a la Comisión Federal de Electricidad. Corral ha tratado de evitar que se consume la licitación 21 del espectro radioeléctrico, convocada desde el principio para favorecer al monopolio. Influyó centralmente en la solicitud aprobada por todas las fracciones en la Comisión Permanente para que el presidente de la República declarara desierta aquella licitación.
No ha sido escuchado, por lo que promueve ahora que se finque juicio político a Mony de Swan y Gonzalo Martínez Pous, cuyos dos votos en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) fueron más poderosos que los de tres comisionados más. El procedimiento se extendería al secretario de Comunicaciones Juan Molinar Horcasitas, si como es de preverse confirma el irregular fallo de la Cofetel, ya infectada de ilegalidad por el nombramiento de un comisionado, De Swan, que no satisface el requisito de contar con “desempeño sobresaliente” en telecomunicaciones, no obstante lo cual en la misma sesión en que tomó posesión como comisionado fue elegido presidente del organismo.
Corral imputa responsabilidades en el beneficio a Televisa no sólo a la Cofetel y la SCT, sino también a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), que “estableció barreras de entrada, entre ellas autorizar alianzas, pues no se favoreció la competencia; por el contrario, se disminuyó la posibilidad de que al menos hubiera dos competidores por el bloque de 30 mhz, en el que, finalmente, las dos empresas interesadas se unieron para obtener el espectro licitado… resulta contradictorio que la autoridad antimonopolios declare que la intencionalidad de las licitaciones no es recaudatoria, sino que se trata de fomentar la competencia, cuando (se) autorizó la alianza Televisa-Nextel, en lugar de dejar que ambas empresas pujaran por la asignación.
“El momento de mayor cinismo fue cuando se hizo claro que en el bloque de 30 mhz dedicado a nuevos competidores, no habría puja alguna, pues la única propuesta era la de la alianza Televisa Nextel. Era de obligada conducta en el ejercicio público introducir una regla ‘de igualación de precios’, a efecto de que el precio final por mhz para nuevos incumbentes se sujetara al precio final resultante de las pujas en los otros bloques. De esa manera, además de asegurar las mejores condiciones para el Estado, se habría asegurado equidad en el proceso.
“Pero la decisión de quién iba a ganar el segmento de 30 mhz y cuánto el monto a pagar de entrada estaba determinada desde antes que empezara la ahora famosa licitación que en el caso de Televisa-Nextel no tuvo subasta. Ese es el tamaño de la simulación que quieren envolver en el discurso de la competencia, cuando lo que hacen es reforzar el acaparamiento de espectro en manos de Televisa. Es una nueva claudicación” (El Universal, 24 de agosto).
Ese mismo día adquirió concreción la campaña de mofa y difamación que se esparce entre los bajos fondos de la prensa para desprestigiar a Corral y con ello fortalecer la posición de Televisa. El martes 24 la propia empresa asumió el cuestionamiento a Corral, que sería enteramente lícito, en bien del debate democrático, si no estuviera encuadrado en antecedentes y prácticas de intimidación. El tocayo de Corral, Javier Tejado, cerebro jurídico de Televisa, presentado ahora como director de Información, atribuyó al diputado intenciones diferentes a las explícitas, tendientes al provecho propio del legislador.
Tejado deforma los hechos con ánimo burlón. Dice que Corral trata de exhibir “el gran complot con el que supuestamente el gobierno federal (emanado de su propio partido) pretende favorecer al consorcio Nextel-Televisa al otorgarle una concesión para darle telefonía móvil. No he escuchado decir a Corral qué arreglo tendrá el gobierno federal con la empresa antes señalada. Sólo alcanza a hilar que es un abuso más de los poderes fácticos y señala que llevará a juicio político al secretario de Comunicaciones Juan Molinar y al presidente de la Cofetel, Mony de Swan, junto con no sé qué tantos funcionarios federales. Incluso, desliza todo tipo de insinuaciones contra el propio presidente de la República…
“Uno pensaría que el diputado Corral sabe de lo que habla. Lleva siendo 10 años legislador e incluso dirigió la Conferencia Parlamentaria en Telecomunicaciones. Desafortunadamente no ha producido ninguna legislación en telecomunicaciones. Pero eso es seguramente imputable también a los poderes fácticos… O quizá el diputado Corral está en realidad preocupado por construir una coalición que le permita contender por la presidencia nacional del PAN, para lo que puede servir juntar al panismo tradicional (resentido históricamente con las televisoras) y a una parte del neopanismo que se siente desplazado por el presidente Calderón y los suyos. Bajo ese escenario, lo de menos serán los consumidores mexicanos y los ingresos que por licitación reciba la nación. Siempre el beneficio personal por delante. Lo demás puede esperar”. (Reforma, 24 de agosto.)
Tejado concluye su mofa insidiosa dándose un tiro en el pie. Compara a Corral con el senador Joseph McCarthy, que no era otra cosa que un perseguidor de comunistas y no discutidor de políticas públicas. Y le recomienda ver una cinta con George Clooney, que los televidentes de los canales abiertos de Televisa no han visto ni verán jamás, porque está por encima de los estándares del monopolio.
Por medio de campañas como la que está en curso, y de análisis tramposos como el de Tejado, Televisa busca linchar a quien juzga su adversario, para mitigar el daño que puede causar la exhibición de sus provechosos vínculos con el gobierno. En esa campaña se ha traído a cuento, una vez más, el garlito tendido por Televisa Chihuahua al diputado, al que judicialmente le exige el pago de un adeudo que no contrajo Corral sino el PAN y que ese partido está dispuesto a cubrir. La embestida de Televisa ha puesto en riesgo el patrimonio familiar del diputado, que en efecto no ha podido llevar adelante ninguna ley de telecomunicaciones porque, sí, se han opuesto los poderes fácticos, pero ha contribuido a impedir que el abuso de la Ley Televisa se consumara plenamente.