EL "ESTADO DE DERECHO" MEXICANO
26 oct 2010
Asesinaron en 2009 a siete defensores de derechos humanos.
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 25 de octubre (apro).- En 2009 siete defensores de derechos humanos fueron asesinados en México, señala el reciente informe del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, relativo a hechos ocurridos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 en el mundo
De acuerdo con ese documento, que se dio a conocer hoy, en materia de protección para defensores de derechos humanos, México es comparable con Indonesia, Sri Lanka, Asia o el Congo, en África, o Rusia, en Europa, países donde las detenciones de defensores tienen niveles de frecuentes a sistemáticos y donde los atentados contra la integridad física de los defensores han llegado hasta la muerte.
De México, el informe resalta que “se mantuvo fuera de sus prioridades una política de derechos humanos. Además, el presidente Felipe Calderón continúa con la estrategia de utilización de las fuerzas militares en la lucha contra la delincuencia organizada”.
Realizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el informe puntualiza que la presencia militar ha creado un “verdadero estado de facto”, en el que se han incrementado de manera preocupante las violaciones a los derechos humanos cometidos por miliares
“Las torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, homicidios y otras agresiones cometidas por fuerzas de seguridad, no son objeto de investigación por las autoridades civiles competentes, y el uso de la justicia militar para juzgar los abusos militares ha contribuido a mantener la impunidad”, señala el documento.
Las organizaciones internacionales que realizaron el análisis afirman que el gobierno de Calderón “mostró falta de voluntad” para prevenir abusos policiacos al nombrar como responsable de la Policía Federal Ministerial a Wilfrido Robledo, “quien estuvo involucrado en la planeación y ejecución de los operativos que desembocaron en graves violaciones a los derechos humanos en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006”.
Además, puntualizan, “México continuó desconociendo su responsabilidad para investigar y castigar los crímenes de Estado cometidos en la denominada ‘guerra sucia’, a pesar de la publicación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que reconoce la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante esa época”.
El informe alude a casos de amenazas a defensores de derechos indígenas en Oaxaca, Guerrero y Chiapas; aborda la tragedia de los centroamericanos indocumentados y el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del secuestro anual de 18 mil migrantes y el incumplimiento de las sentencias de la CoIDH.
En específico, trata los asesinatos de los defensores indígenas de Ayutla, Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rojas, en febrero de 2009; las agresiones a los dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me phaá (OPIM), incluida la detención ilegal de Raúl Hernández Abundio, así como las amenazas contra miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT).
De Chiapas, el informe aborda los casos de hostigamiento y amenazas contra integrantes del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, así como agresiones contra ellos de parte de paramilitares.
Entre otros casos detallados, están los referentes a asesinatos a defensores del medio ambiente, como el de Mariano Abarca Roblero, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el 27 de noviembre de 2009, en tanto que el 21 de julio un grupo de corte paramilitar de Chiapas, llamado “Ejército de Dios”, agredió a opositores a la construcción de una carretera, hechos en lo que murió un opositor, Aurelio Díaz Hernández.
También se detallan algunos casos de asesinatos a periodistas, como los de Eliseo Barrón y Carlos Alberto Melo Samper, ambos de la región de la Laguna, así como de Norberto Miranda Madrid, “El Gallito”, de Ciudad Juárez, Chihuahua.
En 2009, sobre hechos ocurridos en México, el Observatorio difundió 21 acciones urgentes, que tienen que ver con amenazas, desapariciones forzadas, asesinatos, hostigamientos, detenciones arbitrarias, maltrato, hostigamiento judicial, abuso de autoridad y agresiones contra defensores y periodistas.
Entre los problemas que más se destacaron el año pasado en esta región, y en los que México no estuvo ajeno, fueron las amenazas contra defensores que “luchan contra la impunidad” y en defensa de los derechos de los pueblos indígenas; señala que se registraron ataques contra defensoras de los derechos de género, en particular “en el contexto de denuncia de violencia contra las mujeres y de reivindicación de derechos sexuales y reproductivos”.
El documento, de 580 páginas, resalta también los agravios a los periodistas “comprometidos con la denuncia de violaciones a derechos humanos y en la denuncia de la corrupción”.
En tanto, en el contexto de la creciente militarización, se afirma. “Los defensores de derechos humanos que denuncia las arbitrariedades y abusos por parte de la policía y los militares, así como la existencia y la actuación de fuerzas de seguridad al margen de la ley, continúan siendo objeto de serias amenazas”.
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 25 de octubre (apro).- En 2009 siete defensores de derechos humanos fueron asesinados en México, señala el reciente informe del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, relativo a hechos ocurridos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 en el mundo
De acuerdo con ese documento, que se dio a conocer hoy, en materia de protección para defensores de derechos humanos, México es comparable con Indonesia, Sri Lanka, Asia o el Congo, en África, o Rusia, en Europa, países donde las detenciones de defensores tienen niveles de frecuentes a sistemáticos y donde los atentados contra la integridad física de los defensores han llegado hasta la muerte.
De México, el informe resalta que “se mantuvo fuera de sus prioridades una política de derechos humanos. Además, el presidente Felipe Calderón continúa con la estrategia de utilización de las fuerzas militares en la lucha contra la delincuencia organizada”.
Realizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el informe puntualiza que la presencia militar ha creado un “verdadero estado de facto”, en el que se han incrementado de manera preocupante las violaciones a los derechos humanos cometidos por miliares
“Las torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, homicidios y otras agresiones cometidas por fuerzas de seguridad, no son objeto de investigación por las autoridades civiles competentes, y el uso de la justicia militar para juzgar los abusos militares ha contribuido a mantener la impunidad”, señala el documento.
Las organizaciones internacionales que realizaron el análisis afirman que el gobierno de Calderón “mostró falta de voluntad” para prevenir abusos policiacos al nombrar como responsable de la Policía Federal Ministerial a Wilfrido Robledo, “quien estuvo involucrado en la planeación y ejecución de los operativos que desembocaron en graves violaciones a los derechos humanos en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006”.
Además, puntualizan, “México continuó desconociendo su responsabilidad para investigar y castigar los crímenes de Estado cometidos en la denominada ‘guerra sucia’, a pesar de la publicación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que reconoce la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante esa época”.
El informe alude a casos de amenazas a defensores de derechos indígenas en Oaxaca, Guerrero y Chiapas; aborda la tragedia de los centroamericanos indocumentados y el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del secuestro anual de 18 mil migrantes y el incumplimiento de las sentencias de la CoIDH.
En específico, trata los asesinatos de los defensores indígenas de Ayutla, Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rojas, en febrero de 2009; las agresiones a los dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me phaá (OPIM), incluida la detención ilegal de Raúl Hernández Abundio, así como las amenazas contra miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT).
De Chiapas, el informe aborda los casos de hostigamiento y amenazas contra integrantes del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, así como agresiones contra ellos de parte de paramilitares.
Entre otros casos detallados, están los referentes a asesinatos a defensores del medio ambiente, como el de Mariano Abarca Roblero, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el 27 de noviembre de 2009, en tanto que el 21 de julio un grupo de corte paramilitar de Chiapas, llamado “Ejército de Dios”, agredió a opositores a la construcción de una carretera, hechos en lo que murió un opositor, Aurelio Díaz Hernández.
También se detallan algunos casos de asesinatos a periodistas, como los de Eliseo Barrón y Carlos Alberto Melo Samper, ambos de la región de la Laguna, así como de Norberto Miranda Madrid, “El Gallito”, de Ciudad Juárez, Chihuahua.
En 2009, sobre hechos ocurridos en México, el Observatorio difundió 21 acciones urgentes, que tienen que ver con amenazas, desapariciones forzadas, asesinatos, hostigamientos, detenciones arbitrarias, maltrato, hostigamiento judicial, abuso de autoridad y agresiones contra defensores y periodistas.
Entre los problemas que más se destacaron el año pasado en esta región, y en los que México no estuvo ajeno, fueron las amenazas contra defensores que “luchan contra la impunidad” y en defensa de los derechos de los pueblos indígenas; señala que se registraron ataques contra defensoras de los derechos de género, en particular “en el contexto de denuncia de violencia contra las mujeres y de reivindicación de derechos sexuales y reproductivos”.
El documento, de 580 páginas, resalta también los agravios a los periodistas “comprometidos con la denuncia de violaciones a derechos humanos y en la denuncia de la corrupción”.
En tanto, en el contexto de la creciente militarización, se afirma. “Los defensores de derechos humanos que denuncia las arbitrariedades y abusos por parte de la policía y los militares, así como la existencia y la actuación de fuerzas de seguridad al margen de la ley, continúan siendo objeto de serias amenazas”.
Policías acribillaron a mujer y sus dos hijos: Moreira
Arturo Rodríguez García
SALTILLO, Coah., 25 de octubre (apro).- El gobernador Humberto Moreira Valdés, reiteró hoy que la muerte de una mujer y sus dos hijos menores, durante un operativo la madrugada del domingo, fue causada por disparos de la policía estatal.
Luego de que el fiscal general del estado, Jesús Torres Charles, adelantara la tarde del domingo 24, que los integrantes del grupo especial de la Policía Investigadora del Estado (PI), aparecían como responsables del acribillamiento de una familia, el mandatario estatal confirmó hoy la versión y anunció que se castigará a los culpables.
La madrugada del domingo 24 de octubre, un convoy integrado por el grupo especial de la (PI), la Policía Federal y militares, se topó con un comando en el bulevar Venustiano Carranza, uno de los más transitados de esta ciudad.
Tras un intercambio de tiros, el comando escapó, desacatando un operativo por la ciudad.
De acuerdo a la información proporcionada por Torres Charles, en distintos puntos de la ciudad, utilizando una táctica de “guerra de guerrillas”, varios comandos dispararon contra la volanta multiagencias hasta que, en el bulevar Antonio Cárdenas, intentaron copar a unos sicarios, por lo que instalaron un acordonamiento y se enfrentaron a tiros.
Cerca del operativo, María Angélica Galindo Sánchez, su hija Karen Alejandra y Ricardo Siller Galindo de 18 y 14 años respectivamente, transitaban por Antonio Cárdenas a bordo de una camioneta Avalnche color blanca. Según el fiscal general, el vehículo era parecido al que utilizaron los sicarios en el primer encontronazo en el bulevar Carranza.
En la esquina de los bulevares Felipe J Mery y Antonio Cárdenas, un policía ministerial revisó la camioneta de la mujer por lo que dio la alerta a sus compañeros de que la Avalanche era tripulada por una familia.
Sin embargo, al aproximarse a la línea de fuego, empezaron a disparar, acribillando a la mujer con sus hijos. La camioneta brincó un camellón y cayó en una zanja, paralela a la vialidad.
Desde el domingo, Torres Charles descartó que hubieran sido militares quienes dispararon.
Humberto Moreira dijo hoy que admitía “con hombría” que los hechos fueron producto de “un grave error” de la policía.
Tras inaugurar el Museo de la Revolución en esta ciudad, el mandatario advirtió que se castigará a los responsables.
“Lo más fácil sería estarle buscando una salida a esto, pero no hay otra salida que decir la verdad: los policías que participaron cometieron un grave error que tiene que ser sancionado, que tiene que ser castigado y no se puede evadir responsabilidades”.
La secretaría de Gobernación lamentó lo ocurrido a través de un comunicado emitido el domingo, en el que negó que hubieran participado policías federales. Además, anunció que el gobierno federal se mantendría atenta a las indagatorias.
Al respecto, Moreira Valdés aprovecho para reiterar que en la lucha contra la delincuencia organizada el gobierno federal ha dejado solas a las entidades federativas y en particular al estado donde gobierna.
El asesinato de la familia Siller Galindo conmocionó a la sociedad saltillense, puesto que son ampliamente conocidos en la ciudad.
La familia Siller, es una de las más antiguas de la ciudad, en tanto María Angélica, era hija del extinto Eleazar Galindo Vara, quien fue alcalde de Saltillo, a finales de los ochenta.
El fiscal Torres Charles lamentó lo ocurrido de nueva cuenta este lunes, aunque esta vez justificó las tareas policiacas, pues dijo que los policías son humanos y pueden fallar.
También adelantó que están realizando peritajes para determinar los calibres que impactaron en la camioneta, que por lo pronto corresponde a siente armas distintas, por lo que tras descartar cuáles pertenecen a la PI o a la Policía Federal, restarán las de los sicarios, quienes presuntamente se encontraban disparando aun, cuando ocurrió el tiroteo en que murió la familia.
Las familias más pobres siguen sin los apoyos del Pal ni de Oportunidades
ANGÉLICA ENCISO L.
Periódico La Jornada
Martes 26 de octubre de 2010, p. 37
Las familias más pobres que residen en localidades sin escuelas y centros de salud continúan sin apoyos suficientes para superar su condición, ya que el Programa de Apoyo Alimentario (Pal), diseñado originalmente para ellas, no ha respondido a la problemática que busca resolver, advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Se prevé que el Pal cierre este año con un padrón de 670 mil hogares. Además, la iniciativa del Presupuesto de Egresos 2011 considera una reducción de mil millones de pesos para pasar de 5 mil 109 millones a 4 mil 207 millones.
De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza 23.1 millones de mexicanos –uno de cada cinco– hasta 2008 carecían de alimentos suficientes.
Con la finalidad de mejorar la alimentación y la nutrición de las familias, sobre todo de niños menores de cinco años de edad y de mujeres embarazadas, el Pal está planeado para hogares de mil 924 municipios que no acceden al programa Oportunidades, ya que éste condiciona los apoyos a que los niños vayan a la escuela y las madres a los centros de salud.
De acuerdo con la Evaluación específica de desempeño del Pal 2009-2010, este programa nace como resultado de un problema público importante: población pobre en localidades rurales dispersas sin acceso a Oportunidades por carencia de servicios de salud y educación. Sin embargo, desde que surgió ha tenido modificaciones en cuanto a población objetivo, montos y tipos de apoyos y mecánica operativa.
El Coneval refiere que durante 2009 su diseño no respondió al problema que busca resolver: hay indefinición en la población potencial y falta de definición del objetivo, incluye hogares no pobres o en localidades urbanas o sin marginación con acceso a estos servicios, los cuales podría y debería atender Oportunidades.
Destaca que hay seguimiento nutricional y de neurodesarrollo, pero sin procedimientos para canalizar a los servicios de salud para su atención a aquellos detectados con problemas.
Precisa que debido a las modificaciones que el Pal ha tenido, no hay información histórica de sus indicadores estratégicos, ya que la mayoría tienen línea base 2009 y este año también tuvo cambios, debido a que su operación pasó de Diconsa a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Refiere que la población objetivo aumentó 122 por ciento y la atendida 107 por ciento entre 2008 y 2009. Debe mencionarse que la definición de población objetivo incluye hogares no pobres y en localidades de todos tamaños, por lo que se considera que no focaliza adecuadamente el problema de desnutrición de hogares pobres en localidades rurales y dispersas que por su falta de acceso a salud y educación no pueden incorporarse a Oportunidades, problema por el cual nace este programa.
Agrega que de acuerdo con la evaluación de diseño 2009, el programa cubre localidades con acceso a servicios de salud y educación, en las cuales podría operar Oportunidades, mientras existen otras sin servicios y no cubiertas, por lo que no existe una estrategia de cobertura que priorice a estas localidades.
Señala que no se enfoca al problema que le dio origen: hogares pobres extremos en localidades rurales remotas donde Oportunidades no puede operar, y propone que el Pal sea redefinido, porque los apoyos no se complementan con acciones de salud preventiva ni se canaliza a los servicios de salud a niños con problemas nutricios o de neurodesarrollo.
Arturo Rodríguez García
SALTILLO, Coah., 25 de octubre (apro).- El gobernador Humberto Moreira Valdés, reiteró hoy que la muerte de una mujer y sus dos hijos menores, durante un operativo la madrugada del domingo, fue causada por disparos de la policía estatal.
Luego de que el fiscal general del estado, Jesús Torres Charles, adelantara la tarde del domingo 24, que los integrantes del grupo especial de la Policía Investigadora del Estado (PI), aparecían como responsables del acribillamiento de una familia, el mandatario estatal confirmó hoy la versión y anunció que se castigará a los culpables.
La madrugada del domingo 24 de octubre, un convoy integrado por el grupo especial de la (PI), la Policía Federal y militares, se topó con un comando en el bulevar Venustiano Carranza, uno de los más transitados de esta ciudad.
Tras un intercambio de tiros, el comando escapó, desacatando un operativo por la ciudad.
De acuerdo a la información proporcionada por Torres Charles, en distintos puntos de la ciudad, utilizando una táctica de “guerra de guerrillas”, varios comandos dispararon contra la volanta multiagencias hasta que, en el bulevar Antonio Cárdenas, intentaron copar a unos sicarios, por lo que instalaron un acordonamiento y se enfrentaron a tiros.
Cerca del operativo, María Angélica Galindo Sánchez, su hija Karen Alejandra y Ricardo Siller Galindo de 18 y 14 años respectivamente, transitaban por Antonio Cárdenas a bordo de una camioneta Avalnche color blanca. Según el fiscal general, el vehículo era parecido al que utilizaron los sicarios en el primer encontronazo en el bulevar Carranza.
En la esquina de los bulevares Felipe J Mery y Antonio Cárdenas, un policía ministerial revisó la camioneta de la mujer por lo que dio la alerta a sus compañeros de que la Avalanche era tripulada por una familia.
Sin embargo, al aproximarse a la línea de fuego, empezaron a disparar, acribillando a la mujer con sus hijos. La camioneta brincó un camellón y cayó en una zanja, paralela a la vialidad.
Desde el domingo, Torres Charles descartó que hubieran sido militares quienes dispararon.
Humberto Moreira dijo hoy que admitía “con hombría” que los hechos fueron producto de “un grave error” de la policía.
Tras inaugurar el Museo de la Revolución en esta ciudad, el mandatario advirtió que se castigará a los responsables.
“Lo más fácil sería estarle buscando una salida a esto, pero no hay otra salida que decir la verdad: los policías que participaron cometieron un grave error que tiene que ser sancionado, que tiene que ser castigado y no se puede evadir responsabilidades”.
La secretaría de Gobernación lamentó lo ocurrido a través de un comunicado emitido el domingo, en el que negó que hubieran participado policías federales. Además, anunció que el gobierno federal se mantendría atenta a las indagatorias.
Al respecto, Moreira Valdés aprovecho para reiterar que en la lucha contra la delincuencia organizada el gobierno federal ha dejado solas a las entidades federativas y en particular al estado donde gobierna.
El asesinato de la familia Siller Galindo conmocionó a la sociedad saltillense, puesto que son ampliamente conocidos en la ciudad.
La familia Siller, es una de las más antiguas de la ciudad, en tanto María Angélica, era hija del extinto Eleazar Galindo Vara, quien fue alcalde de Saltillo, a finales de los ochenta.
El fiscal Torres Charles lamentó lo ocurrido de nueva cuenta este lunes, aunque esta vez justificó las tareas policiacas, pues dijo que los policías son humanos y pueden fallar.
También adelantó que están realizando peritajes para determinar los calibres que impactaron en la camioneta, que por lo pronto corresponde a siente armas distintas, por lo que tras descartar cuáles pertenecen a la PI o a la Policía Federal, restarán las de los sicarios, quienes presuntamente se encontraban disparando aun, cuando ocurrió el tiroteo en que murió la familia.
Las familias más pobres siguen sin los apoyos del Pal ni de Oportunidades
ANGÉLICA ENCISO L.
Periódico La Jornada
Martes 26 de octubre de 2010, p. 37
Las familias más pobres que residen en localidades sin escuelas y centros de salud continúan sin apoyos suficientes para superar su condición, ya que el Programa de Apoyo Alimentario (Pal), diseñado originalmente para ellas, no ha respondido a la problemática que busca resolver, advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Se prevé que el Pal cierre este año con un padrón de 670 mil hogares. Además, la iniciativa del Presupuesto de Egresos 2011 considera una reducción de mil millones de pesos para pasar de 5 mil 109 millones a 4 mil 207 millones.
De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza 23.1 millones de mexicanos –uno de cada cinco– hasta 2008 carecían de alimentos suficientes.
Con la finalidad de mejorar la alimentación y la nutrición de las familias, sobre todo de niños menores de cinco años de edad y de mujeres embarazadas, el Pal está planeado para hogares de mil 924 municipios que no acceden al programa Oportunidades, ya que éste condiciona los apoyos a que los niños vayan a la escuela y las madres a los centros de salud.
De acuerdo con la Evaluación específica de desempeño del Pal 2009-2010, este programa nace como resultado de un problema público importante: población pobre en localidades rurales dispersas sin acceso a Oportunidades por carencia de servicios de salud y educación. Sin embargo, desde que surgió ha tenido modificaciones en cuanto a población objetivo, montos y tipos de apoyos y mecánica operativa.
El Coneval refiere que durante 2009 su diseño no respondió al problema que busca resolver: hay indefinición en la población potencial y falta de definición del objetivo, incluye hogares no pobres o en localidades urbanas o sin marginación con acceso a estos servicios, los cuales podría y debería atender Oportunidades.
Destaca que hay seguimiento nutricional y de neurodesarrollo, pero sin procedimientos para canalizar a los servicios de salud para su atención a aquellos detectados con problemas.
Precisa que debido a las modificaciones que el Pal ha tenido, no hay información histórica de sus indicadores estratégicos, ya que la mayoría tienen línea base 2009 y este año también tuvo cambios, debido a que su operación pasó de Diconsa a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Refiere que la población objetivo aumentó 122 por ciento y la atendida 107 por ciento entre 2008 y 2009. Debe mencionarse que la definición de población objetivo incluye hogares no pobres y en localidades de todos tamaños, por lo que se considera que no focaliza adecuadamente el problema de desnutrición de hogares pobres en localidades rurales y dispersas que por su falta de acceso a salud y educación no pueden incorporarse a Oportunidades, problema por el cual nace este programa.
Agrega que de acuerdo con la evaluación de diseño 2009, el programa cubre localidades con acceso a servicios de salud y educación, en las cuales podría operar Oportunidades, mientras existen otras sin servicios y no cubiertas, por lo que no existe una estrategia de cobertura que priorice a estas localidades.
Señala que no se enfoca al problema que le dio origen: hogares pobres extremos en localidades rurales remotas donde Oportunidades no puede operar, y propone que el Pal sea redefinido, porque los apoyos no se complementan con acciones de salud preventiva ni se canaliza a los servicios de salud a niños con problemas nutricios o de neurodesarrollo.
Exigen ONG frenar el genocidio de jóvenes y niños en Ciudad Juárez
Demandan la intervención de ONU e instancias internacionales
Culpan al Estado de la política de muerte en la frontera norte
Los juvenicidios deben atenderse con una estrategia diferente, señalan
MATILDE PÉREZ U.
Periódico La Jornada
Martes 26 de octubre de 2010, p. 2
Organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos del país y de Ciudad Juárez solicitaron la intervención de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer para detener el genocidio contra los jóvenes y niños en Ciudad Juárez. Responsabilizaron al Estado de la política de muerte que prevalece en las ciudades de la frontera norte del país.
En conferencia de prensa, integrantes de Cauce Ciudadano, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Organización Popular Independiente Ciudad Juárez, Red por la Infancia de Juárez, Ririki Intervención Social, Frente Cívico Plural, Incide Social, entre otros, asentaron que con ello buscan salvaguardar el derecho a la vida.
Tras los recientes asesinatos en la colonia Horizontes del Sur, en Ciudad Juárez, los integrantes de las ONG insistieron en que las autoridades federales, estatales y municipales no se han comprometido con el principio de no repetición de los constantes asesinatos de los jóvenes e incluso menores de edad. “Estamos frente a juvenicidios que deben atenderse con una estrategia diferente a la actual. Ciudad Juárez se está vaciando de actividades sociales, públicas y de negocios por el terror en la población.”
Nashiely Ramírez, de Ririki Intervención Social, dijo que el gobernador César Duarte debe tender un vínculo con el gobierno federal para atender la catástrofe en Ciudad Juárez. No es posible que se sigan aplicando los mismos programas sociales que en otras entidades; urge un diálogo con la sociedad juarense para construir una estrategia integral basada en un trabajo colonia por colonia, barrio por barrio y no en programas pensados por funcionarios que sólo llegan a encerrarse en los hoteles. No se puede seguir actuando con muy buena fe y sin resultados.
En enlace vía Internet a Ciudad Juárez, Julián Contreras, del Frente Cívico Plural, asentó: La única forma de detener la barbarie es con la movilización y por eso este viernes habrá una caminata contra la violencia. La seguridad no es sólo imponer retenes policiacos, aumentar el número de uniformados, militarizar la zona, restringir horarios, sino garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Mientras, Clara Gabriela Meyra, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, apuntó: ¡Ya basta de esta situación absurda y abyecta!, donde mujeres, jóvenes, hombres y ahora niños son blanco de los asesinatos; esto parece más una lucha contra la sociedad que contra el narcotráfico. Hasta septiembre se habían registrado mil 200 menores de edad asesinados en Ciudad Juárez.
“Desde el Estado se está creando una violencia contra los jóvenes al llamarlos ninis (ni estudian ni trabajan), pero es el gobierno el que ha minado la política educativa y de empleo. Su política es no atender a la población”, dijo.
En la presentación del informe Perseverancia del testimonio, integrantes del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos hablaron de la falta de voluntad política del gobierno para atender la demanda de protección a los derechos humanos. La violencia en el país se está disparando porque el Ejecutivo y los operadores de justicia no toman acciones contundentes, dijo Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, definió: “Estamos en un narcoestado policiaco-militar”.
Demandan la intervención de ONU e instancias internacionales
Culpan al Estado de la política de muerte en la frontera norte
Los juvenicidios deben atenderse con una estrategia diferente, señalan
MATILDE PÉREZ U.
Periódico La Jornada
Martes 26 de octubre de 2010, p. 2
Organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos del país y de Ciudad Juárez solicitaron la intervención de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer para detener el genocidio contra los jóvenes y niños en Ciudad Juárez. Responsabilizaron al Estado de la política de muerte que prevalece en las ciudades de la frontera norte del país.
En conferencia de prensa, integrantes de Cauce Ciudadano, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Organización Popular Independiente Ciudad Juárez, Red por la Infancia de Juárez, Ririki Intervención Social, Frente Cívico Plural, Incide Social, entre otros, asentaron que con ello buscan salvaguardar el derecho a la vida.
Tras los recientes asesinatos en la colonia Horizontes del Sur, en Ciudad Juárez, los integrantes de las ONG insistieron en que las autoridades federales, estatales y municipales no se han comprometido con el principio de no repetición de los constantes asesinatos de los jóvenes e incluso menores de edad. “Estamos frente a juvenicidios que deben atenderse con una estrategia diferente a la actual. Ciudad Juárez se está vaciando de actividades sociales, públicas y de negocios por el terror en la población.”
Nashiely Ramírez, de Ririki Intervención Social, dijo que el gobernador César Duarte debe tender un vínculo con el gobierno federal para atender la catástrofe en Ciudad Juárez. No es posible que se sigan aplicando los mismos programas sociales que en otras entidades; urge un diálogo con la sociedad juarense para construir una estrategia integral basada en un trabajo colonia por colonia, barrio por barrio y no en programas pensados por funcionarios que sólo llegan a encerrarse en los hoteles. No se puede seguir actuando con muy buena fe y sin resultados.
En enlace vía Internet a Ciudad Juárez, Julián Contreras, del Frente Cívico Plural, asentó: La única forma de detener la barbarie es con la movilización y por eso este viernes habrá una caminata contra la violencia. La seguridad no es sólo imponer retenes policiacos, aumentar el número de uniformados, militarizar la zona, restringir horarios, sino garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Mientras, Clara Gabriela Meyra, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, apuntó: ¡Ya basta de esta situación absurda y abyecta!, donde mujeres, jóvenes, hombres y ahora niños son blanco de los asesinatos; esto parece más una lucha contra la sociedad que contra el narcotráfico. Hasta septiembre se habían registrado mil 200 menores de edad asesinados en Ciudad Juárez.
“Desde el Estado se está creando una violencia contra los jóvenes al llamarlos ninis (ni estudian ni trabajan), pero es el gobierno el que ha minado la política educativa y de empleo. Su política es no atender a la población”, dijo.
En la presentación del informe Perseverancia del testimonio, integrantes del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos hablaron de la falta de voluntad política del gobierno para atender la demanda de protección a los derechos humanos. La violencia en el país se está disparando porque el Ejecutivo y los operadores de justicia no toman acciones contundentes, dijo Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, definió: “Estamos en un narcoestado policiaco-militar”.
