GOLPE A LA RESISTENCIA INDIGENA
26 oct 2010
Cideci y la resistencia indígena
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
Llegaron altaneros y con amenazas a bordo de un vehículo con el logotipo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se presentaron a las afueras del Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de Las Casas AC-Universidad de la Tierra Chiapas (Cideci-Unitierra Chiapas) para entregar un documento judicial. Eran dos hombres y una mujer. Uno mostró una credencial que lo acreditaba como miembro del personal del juzgado federal cuarto de distrito de Tuxtla. Dijo que iban a entregar un requerimiento porque el centro educativo tiene un adeudo de mucho dinero con la paraestatal.
Un día más tarde, dos camionetas más de la empresa de clase mundial volvieron a llegar a la institución pedagógica. Sus integrantes exigieron agresivamente entrar en las instalaciones para hacer la lectura de los medidores.
El hecho puede parecer insignificante, apenas un incidente más de los muchos que hay cotidianamente en el país, y más aún en Chiapas, entre usuarios de la red eléctrica y la CFE. No lo es, sin embargo, por dos razones centrales. Primero, porque Cideci-Uniterra tiene tiempo de no estar conectada a la red eléctrica. Ellos mismos generan en sus instalaciones la electricidad que consumen. Segundo, porque el centro educativo es uno de los baluartes de la resistencia indígena en Chiapas, uno de los espacios en los que la sociedad civil internacional se ha encontrado en diversos momentos con los zapatistas.
Cideci-Unitierra Chiapas es tanto una institución educativa ejemplar como un terreno de reconstitución indígena privilegiado. Es una comunidad de comunidades indias, un espacio abierto para compartir saberes, aprendizajes y estudios, adonde acuden jóvenes, mujeres y hombres de diferentes comunidades indígenas. Nació en 1989, bajo el auspicio de don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal.
Sus instalaciones en el municipio de San Juan Chamula parecen de otro mundo. Salones de clase, bibliotecas, talleres, auditorios, granjas, plantas eléctricas, dormitorios, cocina y cafetería semejan una misión. En su interior reinan un orden y un aseo poco frecuentes en los proyectos de promoción popular. La sencillez y la elegancia de su arquitectura le dan al centro una dignidad impresionante.
El Cideci ha instaurado convenios académicos con la Universidad de Santo Tomás, en Bogotá, Colombia. Funciona como centro universitario de educación abierta y a distancia para jóvenes indígenas que tienen cumplimentada su educación media superior, aunque está abierto para todos aquellos adultos que quieran iniciar o completar sus estudios universitarios o que quieran tener otra carrera. Es un espacio de educación intercultural no formal.
Los principios pedagógicos que orientan su quehacer son: aprender a hacer, aprender a aprender y, finalmente –el que consideran es la parte profunda formativa, la consideración del otro en su integralidad–, aprender a ser más.
El director del proyecto es el doctor Raymundo Sánchez Barraza, quien desempeñó un papel central en la hoy disuelta Comisión Nacional de Intermediación. Quienes lo han tratado reconocen en él una inteligencia privilegiada y su compromiso cabal con la causa indígena. Conocedor profundo del mundo de los pueblos originarios, su formación está atravesada –entre otras– por tres grandes influencias: Ivan Illich, Raimón Panikar e Immanuel Wallerstein. Tan importante es este autor que la institución ha constituido como uno de los componentes de su sistema el Centro de Estudio, Información y Documentación Immanuel Wallerstein.
Entrevistado por Nic Paget-Clarcke (inmotionmagazine.com/global/rsb_int_esp.html), el doctor Sánchez Barraza explicaba así una clave medular del proyecto que dirige: Dijimos, ¿qué es lo que permitió a algunos pueblos sobrevivir? Y empezamos a ver algunas experiencias del siglo XVI aquí en nuestro país y en otros lugares de América Latina que permitieron a los pueblos sobrevivir y resistir, manteniendo su identidad. [...] Vimos la experiencia de Vasco de Quiroga con los hospitales de la Santa Fe en los pueblos en torno al lago del Pátzcuaro, inspirado el mismo Vasco de Quiroga en la utopía de Tomás Moro. Y luego vimos las reducciones de los jesuitas en el Paraguay, en el sur de Brasil, en el norte de Argentina, en Bolivia. Cómo estas iniciativas desde occidente mismo, en esa vena utópica, permitieron a estos pueblos en cierto modo resistir, mantenerse, no perder el fulcro de una referencia identitaria básica. Dijimos, ahí tenemos algo que aprender y ese concepto que aprendimos ahí fue el de resistir y sobrevivir.
El recientemente fallecido Bolívar Echeverría explicaba la rebelión de los indios en Chiapas que se destapó en 1994 como parte de la no consumación de la conquista a los pueblos indígenas. Según el filósofo, el levantamiento puso en evidencia una situación histórica que es aún nuestro presente, en la que se vive un proceso tanto de conquista interrumpida como de mestizaje interrumpido. Para él, los estados burgueses y las repúblicas liberales de toda América Latina continúan la línea histórica de la corona española. “La tarea de estos nuevos estados –dijo– sigue siendo la misma: destruir las formas de vida indígenas.”
Es en este contexto que la agresión a Cideci (y a las comunidades en lucha en Chiapas) adquiere pleno sentido. No se trata de una provocación aislada de la empresa de clase mundial, sino de otra cosa mucho más grave: un eslabón más en la ofensiva que busca desgastar la resistencia indígena en uno de sus enclaves más notables.
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
Llegaron altaneros y con amenazas a bordo de un vehículo con el logotipo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se presentaron a las afueras del Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de Las Casas AC-Universidad de la Tierra Chiapas (Cideci-Unitierra Chiapas) para entregar un documento judicial. Eran dos hombres y una mujer. Uno mostró una credencial que lo acreditaba como miembro del personal del juzgado federal cuarto de distrito de Tuxtla. Dijo que iban a entregar un requerimiento porque el centro educativo tiene un adeudo de mucho dinero con la paraestatal.
Un día más tarde, dos camionetas más de la empresa de clase mundial volvieron a llegar a la institución pedagógica. Sus integrantes exigieron agresivamente entrar en las instalaciones para hacer la lectura de los medidores.
El hecho puede parecer insignificante, apenas un incidente más de los muchos que hay cotidianamente en el país, y más aún en Chiapas, entre usuarios de la red eléctrica y la CFE. No lo es, sin embargo, por dos razones centrales. Primero, porque Cideci-Uniterra tiene tiempo de no estar conectada a la red eléctrica. Ellos mismos generan en sus instalaciones la electricidad que consumen. Segundo, porque el centro educativo es uno de los baluartes de la resistencia indígena en Chiapas, uno de los espacios en los que la sociedad civil internacional se ha encontrado en diversos momentos con los zapatistas.
Cideci-Unitierra Chiapas es tanto una institución educativa ejemplar como un terreno de reconstitución indígena privilegiado. Es una comunidad de comunidades indias, un espacio abierto para compartir saberes, aprendizajes y estudios, adonde acuden jóvenes, mujeres y hombres de diferentes comunidades indígenas. Nació en 1989, bajo el auspicio de don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal.
Sus instalaciones en el municipio de San Juan Chamula parecen de otro mundo. Salones de clase, bibliotecas, talleres, auditorios, granjas, plantas eléctricas, dormitorios, cocina y cafetería semejan una misión. En su interior reinan un orden y un aseo poco frecuentes en los proyectos de promoción popular. La sencillez y la elegancia de su arquitectura le dan al centro una dignidad impresionante.
El Cideci ha instaurado convenios académicos con la Universidad de Santo Tomás, en Bogotá, Colombia. Funciona como centro universitario de educación abierta y a distancia para jóvenes indígenas que tienen cumplimentada su educación media superior, aunque está abierto para todos aquellos adultos que quieran iniciar o completar sus estudios universitarios o que quieran tener otra carrera. Es un espacio de educación intercultural no formal.
Los principios pedagógicos que orientan su quehacer son: aprender a hacer, aprender a aprender y, finalmente –el que consideran es la parte profunda formativa, la consideración del otro en su integralidad–, aprender a ser más.
El director del proyecto es el doctor Raymundo Sánchez Barraza, quien desempeñó un papel central en la hoy disuelta Comisión Nacional de Intermediación. Quienes lo han tratado reconocen en él una inteligencia privilegiada y su compromiso cabal con la causa indígena. Conocedor profundo del mundo de los pueblos originarios, su formación está atravesada –entre otras– por tres grandes influencias: Ivan Illich, Raimón Panikar e Immanuel Wallerstein. Tan importante es este autor que la institución ha constituido como uno de los componentes de su sistema el Centro de Estudio, Información y Documentación Immanuel Wallerstein.
Entrevistado por Nic Paget-Clarcke (inmotionmagazine.com/global/rsb_int_esp.html), el doctor Sánchez Barraza explicaba así una clave medular del proyecto que dirige: Dijimos, ¿qué es lo que permitió a algunos pueblos sobrevivir? Y empezamos a ver algunas experiencias del siglo XVI aquí en nuestro país y en otros lugares de América Latina que permitieron a los pueblos sobrevivir y resistir, manteniendo su identidad. [...] Vimos la experiencia de Vasco de Quiroga con los hospitales de la Santa Fe en los pueblos en torno al lago del Pátzcuaro, inspirado el mismo Vasco de Quiroga en la utopía de Tomás Moro. Y luego vimos las reducciones de los jesuitas en el Paraguay, en el sur de Brasil, en el norte de Argentina, en Bolivia. Cómo estas iniciativas desde occidente mismo, en esa vena utópica, permitieron a estos pueblos en cierto modo resistir, mantenerse, no perder el fulcro de una referencia identitaria básica. Dijimos, ahí tenemos algo que aprender y ese concepto que aprendimos ahí fue el de resistir y sobrevivir.
El recientemente fallecido Bolívar Echeverría explicaba la rebelión de los indios en Chiapas que se destapó en 1994 como parte de la no consumación de la conquista a los pueblos indígenas. Según el filósofo, el levantamiento puso en evidencia una situación histórica que es aún nuestro presente, en la que se vive un proceso tanto de conquista interrumpida como de mestizaje interrumpido. Para él, los estados burgueses y las repúblicas liberales de toda América Latina continúan la línea histórica de la corona española. “La tarea de estos nuevos estados –dijo– sigue siendo la misma: destruir las formas de vida indígenas.”
Es en este contexto que la agresión a Cideci (y a las comunidades en lucha en Chiapas) adquiere pleno sentido. No se trata de una provocación aislada de la empresa de clase mundial, sino de otra cosa mucho más grave: un eslabón más en la ofensiva que busca desgastar la resistencia indígena en uno de sus enclaves más notables.
Góngora Pimentel, por el cambio y la nueva esperanza
Miguel Angel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 25 de octubre (Proceso).- A casi un año de concluida su gestión como ministro de la Suprema Corte de Justicia (máximo tribunal del que fue presidente), Genaro David Góngora Pimentel manifestó su adhesión al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. De tiempo atrás lo ha hecho también su antiguo compañero en la administración de justicia, Juventino Castro y Castro, quien hoy es miembro de la Cámara de Diputados, adonde lo llevó el Partido del Trabajo, el más cercano a López Obrador de cuantos lo postularon a la Presidencia en 2006.
Góngora Pimentel dejó de ser ministro el 30 de noviembre del año pasado. Reapareció el 19 de octubre en la presentación de la asociación civil Encuentro, cuyo objetivo general es “ampliar el consenso social sobre el proyecto alternativo de nación y recibir puntos de vista para su fortalecimiento, así como los canales de comunicación con los más diversos grupos y sectores de la sociedad mexicana frente al 2012 y en apoyo al movimiento ciudadano que encabeza Andrés Manuel López Obrador”.
El ministro en retiro no fue un invitado más a la presentación del consejo de esa plataforma de lanzamiento del exjefe de Gobierno capitalino, creada se diría que como reacción a Equidad y Progreso, la asociación civil formada por Marcelo Ebrard para alimentar su propia precandidatura. Se le confió el papel principal después del que correspondió a López Obrador. Éste definió a Encuentro como una “organización para atender a sectores que se agrupan, que se relacionan de otra forma”, distinta de la que ha practicado en los cuatro años recientes el “presidente legítimo de México”, como firma sus comunicados. Al movimiento social nacional, que se concreta en comités municipales y comunitarios, y realiza “labores de información, de orientación, de concientización”, le hacía falta otro mecanismo para encontrarse con los votantes que sufragaron por López Obrador en 2006 y luego se han alejado de él, y para encontrarse también con nuevos votantes, otros sectores “con los que tenemos que comunicarnos, despejar dudas, aclarar cuál es nuestro propósito, en qué consiste el proyecto alternativo de nación que postulamos”, según dijo el propio excandidato.
En otros términos, se trata de evitar que ciudadanos desinformados crean una vez más que López Obrador “es un peligro para México”, como de nuevo ha dicho Felipe Calderón, irresponsablemente, porque ahora no es candidato, sino el presidente de la República. Nadie mejor para representar al lopezobradorismo inteligible y aceptable para la clase media, entre temerosa y esperanzada, que una persona con indisputable autoridad moral y respetada presencia en los medios judiciales y académicos como el exministro Góngora Pimentel.
Nacido en Chihuahua el 8 de septiembre de 1937, se graduó en la Facultad de Derecho de la UNAM en 1963 (y se doctoró allí mismo, perteneciendo ya a la Corte, en 2006). Prácticamente toda su vida profesional la dedicó a la docencia, a la escritura de obras jurídicas y a la impartición de justicia. Tenía 15 años como magistrado (más seis como juez de Distrito) cuando fue elegido ministro, en enero de 1995. Presidió el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal durante cuatro años, de 1999 a 2003. Al concluir ese periodo, y al retirarse de la Corte, lo hizo con su prestigio acrecentado. En su ponencia y en sus votos se inclinó siempre a resolver los asuntos mirando el interés general, con sensibilidad judicial y política. Su amigo recientemente fallecido, José de Jesús Gudiño Pelayo, veía en él la encarnación del liberalismo en la Corte cuando lo consideró situado en el lado opuesto al conservadurismo de Sergio Salvador Aguirre Anguiano y los invitó a no dejar de controvertir, para conservar el rating del Canal Judicial.
En las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales, donde había que decir el derecho, o en las investigaciones constitucionales al tenor del artículo 97, Góngora fue un juez irreprochable. Los moderados, especialmente los que llevan su moderación al timoratismo, acaso lo tuvieron como excesivo, vehemente, sensiblero. Pero nunca dudó en ir más allá del frío texto legal (nunca infringiéndolo) para insertar sus resoluciones en el ambiente social y político en que estamos inmersos. Sólo puede atribuírsele un traspié: el haber querido trocar la majestad del juez constitucional por la terrenalidad del consejero electoral, cuando buscó presidir el IFE. Salió de la Corte con su espíritu enaltecido y su honra inmaculada.
Once meses después, con mesura, casi se diría que con tiento si no se conociera la firmeza de sus posiciones, al decir el único discurso el 19 de octubre (además, claro, de las palabras de López Obrador) afirmó que “debemos ofrecer a México una nueva esperanza sobre un futuro incierto”. Es, dijo también, “momento de fortalecer el cambio en nuestro país, lo cual será favorable porque nuestro esfuerzo tiene rumbo”. Confía, añadió, “en la organización política que nos convoca, pues tiene la visión, el talento y el coraje para entender los tiempos que enfrenta el país y actuar en consecuencia”; y no tiene duda de que esa organización “logrará encabezar esta nueva cultura y este nuevo quehacer político”. Instó, en fin, a sus oyentes y a quienes llegue su mensaje, a no perder tiempo, a saber que “es ahora el momento del cambio y de una nueva esperanza”.
Respetuoso, con el impulso de un espíritu universal, sin nombrarlo invocó a Dios: “Existe un poder más alto, cualquiera que sea el nombre que le demos, que nos ordena no solamente proceder con rectitud, sino también con amor; no únicamente aplicar el derecho, sino impartir justicia con misericordia”.
Los periodistas españoles, que suelen comparar el futbol y la política, o emplear en ambos terrenos un lenguaje común, dirían que, al igual que cuando el Real Madrid o el Barcelona contratan a un gran goleador, López Obrador hizo un “fichaje monumental” cuando atrajo a Góngora. Mucho se dijo de la amistad y la cercanía entre ambos cuando el jefe del Gobierno protagonizaba sonados litigios. Ahora esa proximidad adquiere el carácter de una adhesión política, como la que expresaron otros asistentes a la presentación de Encuentro.
Fue notoria la reaparición de Alfonso Durazo, quien en los años recientes se ocupaba de asesorar a un poderoso empresario periodístico y de ir y venir de su Sonora natal. Su perfil político y humano es de estirpe semejante al del exministro, y su participación conspicua en el consejo de la nueva plataforma de López Obrador muestra que el dirigente social más importante del país está consciente de que sus vehemencias, que llegan a la estridencia de tanto en tanto, no deben ser su única presencia política, sino que por interpósitas personas ha de hacer llegar su mensaje a los sectores medios donde puede generar apoyo porque representa más que nadie sus intereses.
Durazo no se ha apartado de López Obrador desde que resolvió sumarse a su causa en el proceso electoral de 2006. El secretario particular de Luis Donaldo Colosio había salido del PRI cuando el presidente Vicente Fox, reconociendo sus propias necesidades y los méritos del sonorense, lo invitó a ser su secretario particular. Mientras más apoyo recíproco se generaba entre el Ejecutivo y su colaborador, más tensa era la relación entre Durazo y la señora Martha Sahagún. Las fricciones se multiplicaron cuando la esposa del presidente pretendió sucederlo en el cargo. Durazo advirtió a Fox sobre el despropósito y, al no ser atendido, se fue de Los Pinos.
Conserva la reputación que lo ha hecho figura indispensable en acuerdos políticos necesarios. La ha llevado de nuevo cerca de López Obrador. ¡Buenos fichajes! l
Miguel Angel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 25 de octubre (Proceso).- A casi un año de concluida su gestión como ministro de la Suprema Corte de Justicia (máximo tribunal del que fue presidente), Genaro David Góngora Pimentel manifestó su adhesión al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. De tiempo atrás lo ha hecho también su antiguo compañero en la administración de justicia, Juventino Castro y Castro, quien hoy es miembro de la Cámara de Diputados, adonde lo llevó el Partido del Trabajo, el más cercano a López Obrador de cuantos lo postularon a la Presidencia en 2006.
Góngora Pimentel dejó de ser ministro el 30 de noviembre del año pasado. Reapareció el 19 de octubre en la presentación de la asociación civil Encuentro, cuyo objetivo general es “ampliar el consenso social sobre el proyecto alternativo de nación y recibir puntos de vista para su fortalecimiento, así como los canales de comunicación con los más diversos grupos y sectores de la sociedad mexicana frente al 2012 y en apoyo al movimiento ciudadano que encabeza Andrés Manuel López Obrador”.
El ministro en retiro no fue un invitado más a la presentación del consejo de esa plataforma de lanzamiento del exjefe de Gobierno capitalino, creada se diría que como reacción a Equidad y Progreso, la asociación civil formada por Marcelo Ebrard para alimentar su propia precandidatura. Se le confió el papel principal después del que correspondió a López Obrador. Éste definió a Encuentro como una “organización para atender a sectores que se agrupan, que se relacionan de otra forma”, distinta de la que ha practicado en los cuatro años recientes el “presidente legítimo de México”, como firma sus comunicados. Al movimiento social nacional, que se concreta en comités municipales y comunitarios, y realiza “labores de información, de orientación, de concientización”, le hacía falta otro mecanismo para encontrarse con los votantes que sufragaron por López Obrador en 2006 y luego se han alejado de él, y para encontrarse también con nuevos votantes, otros sectores “con los que tenemos que comunicarnos, despejar dudas, aclarar cuál es nuestro propósito, en qué consiste el proyecto alternativo de nación que postulamos”, según dijo el propio excandidato.
En otros términos, se trata de evitar que ciudadanos desinformados crean una vez más que López Obrador “es un peligro para México”, como de nuevo ha dicho Felipe Calderón, irresponsablemente, porque ahora no es candidato, sino el presidente de la República. Nadie mejor para representar al lopezobradorismo inteligible y aceptable para la clase media, entre temerosa y esperanzada, que una persona con indisputable autoridad moral y respetada presencia en los medios judiciales y académicos como el exministro Góngora Pimentel.
Nacido en Chihuahua el 8 de septiembre de 1937, se graduó en la Facultad de Derecho de la UNAM en 1963 (y se doctoró allí mismo, perteneciendo ya a la Corte, en 2006). Prácticamente toda su vida profesional la dedicó a la docencia, a la escritura de obras jurídicas y a la impartición de justicia. Tenía 15 años como magistrado (más seis como juez de Distrito) cuando fue elegido ministro, en enero de 1995. Presidió el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal durante cuatro años, de 1999 a 2003. Al concluir ese periodo, y al retirarse de la Corte, lo hizo con su prestigio acrecentado. En su ponencia y en sus votos se inclinó siempre a resolver los asuntos mirando el interés general, con sensibilidad judicial y política. Su amigo recientemente fallecido, José de Jesús Gudiño Pelayo, veía en él la encarnación del liberalismo en la Corte cuando lo consideró situado en el lado opuesto al conservadurismo de Sergio Salvador Aguirre Anguiano y los invitó a no dejar de controvertir, para conservar el rating del Canal Judicial.
En las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales, donde había que decir el derecho, o en las investigaciones constitucionales al tenor del artículo 97, Góngora fue un juez irreprochable. Los moderados, especialmente los que llevan su moderación al timoratismo, acaso lo tuvieron como excesivo, vehemente, sensiblero. Pero nunca dudó en ir más allá del frío texto legal (nunca infringiéndolo) para insertar sus resoluciones en el ambiente social y político en que estamos inmersos. Sólo puede atribuírsele un traspié: el haber querido trocar la majestad del juez constitucional por la terrenalidad del consejero electoral, cuando buscó presidir el IFE. Salió de la Corte con su espíritu enaltecido y su honra inmaculada.
Once meses después, con mesura, casi se diría que con tiento si no se conociera la firmeza de sus posiciones, al decir el único discurso el 19 de octubre (además, claro, de las palabras de López Obrador) afirmó que “debemos ofrecer a México una nueva esperanza sobre un futuro incierto”. Es, dijo también, “momento de fortalecer el cambio en nuestro país, lo cual será favorable porque nuestro esfuerzo tiene rumbo”. Confía, añadió, “en la organización política que nos convoca, pues tiene la visión, el talento y el coraje para entender los tiempos que enfrenta el país y actuar en consecuencia”; y no tiene duda de que esa organización “logrará encabezar esta nueva cultura y este nuevo quehacer político”. Instó, en fin, a sus oyentes y a quienes llegue su mensaje, a no perder tiempo, a saber que “es ahora el momento del cambio y de una nueva esperanza”.
Respetuoso, con el impulso de un espíritu universal, sin nombrarlo invocó a Dios: “Existe un poder más alto, cualquiera que sea el nombre que le demos, que nos ordena no solamente proceder con rectitud, sino también con amor; no únicamente aplicar el derecho, sino impartir justicia con misericordia”.
Los periodistas españoles, que suelen comparar el futbol y la política, o emplear en ambos terrenos un lenguaje común, dirían que, al igual que cuando el Real Madrid o el Barcelona contratan a un gran goleador, López Obrador hizo un “fichaje monumental” cuando atrajo a Góngora. Mucho se dijo de la amistad y la cercanía entre ambos cuando el jefe del Gobierno protagonizaba sonados litigios. Ahora esa proximidad adquiere el carácter de una adhesión política, como la que expresaron otros asistentes a la presentación de Encuentro.
Fue notoria la reaparición de Alfonso Durazo, quien en los años recientes se ocupaba de asesorar a un poderoso empresario periodístico y de ir y venir de su Sonora natal. Su perfil político y humano es de estirpe semejante al del exministro, y su participación conspicua en el consejo de la nueva plataforma de López Obrador muestra que el dirigente social más importante del país está consciente de que sus vehemencias, que llegan a la estridencia de tanto en tanto, no deben ser su única presencia política, sino que por interpósitas personas ha de hacer llegar su mensaje a los sectores medios donde puede generar apoyo porque representa más que nadie sus intereses.
Durazo no se ha apartado de López Obrador desde que resolvió sumarse a su causa en el proceso electoral de 2006. El secretario particular de Luis Donaldo Colosio había salido del PRI cuando el presidente Vicente Fox, reconociendo sus propias necesidades y los méritos del sonorense, lo invitó a ser su secretario particular. Mientras más apoyo recíproco se generaba entre el Ejecutivo y su colaborador, más tensa era la relación entre Durazo y la señora Martha Sahagún. Las fricciones se multiplicaron cuando la esposa del presidente pretendió sucederlo en el cargo. Durazo advirtió a Fox sobre el despropósito y, al no ser atendido, se fue de Los Pinos.
Conserva la reputación que lo ha hecho figura indispensable en acuerdos políticos necesarios. La ha llevado de nuevo cerca de López Obrador. ¡Buenos fichajes! l
De cómo se perdió Chihuahua...
Patricia Dávila
Antes del secuestro que sufrió su hermano el jueves 21, la exprocuradora general de Justicia de Chihuahua, Patricia González, ofreció a este semanario su versión sobre lo que falló en el Operativo Conjunto Chihuahua. Aunque no admite que haya sido un fracaso total, dice que “está agotado” y critica el “error” de sacar al Ejército de Ciudad Juárez. Ahora, advierte, si no se sanean todas las corporaciones policiacas –sobre todo la de Ciudad Juárez y las federales–, nada reducirá la violencia homicida de los cárteles.
MÉXICO, D.F., 25 de octubre (Proceso).- En Chihuahua las estructuras del crimen organizado permanecen prácticamente intocadas. En dos años y medio de guerra, aparte de la sobrevivencia del cártel de Juárez, se consolidó ahí el de Sinaloa, y ni siquiera pudo disminuirse la violencia en Ciudad Juárez… Tal es el desalentador balance de Patricia González Rodríguez, procuradora de Justicia del estado durante la administración de José Reyes Baeza, que concluyó el lunes 4 de octubre.
En entrevista, atribuye esa situación al “error” de cambiar drásticamente la estrategia del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) en marzo pasado y a la “infiltración” del narco en las policías de los tres niveles de gobierno.
También responde los señalamientos contra ella, principalmente los del ahora expresidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, quien consideró “fallida” la guerra contra el narcotráfico debido a la “impunidad con que la procuraduría (estatal) permitió que se movieran los delincuentes” y al hecho de que esa institución “liberó” a 9 mil 500 detenidos que le entregó la policía municipal (Proceso 1771).
A González Rodríguez se le involucró en el asesinato del periodista Armando Rodríguez, El Choco, reportero de El Diario ejecutado por un comando el 13 de noviembre de 2008. También se le señaló como la persona que en el municipio de Namiquipa contrató a policías para realizar ejecuciones. Se le atribuyó igualmente haber protegido al cártel de Juárez.
Ella rechaza todas las acusaciones. Se dice maestra universitaria “de toda la vida” y afirma que presentará una demanda por daño moral contra Reyes Ferriz, por sus declaraciones: “No voy a permitir que esta persona dañe mi imagen como académica”.
Relata que recibió la procuraduría con niveles altísimos de corrupción y que incluso los policías usaban botas, sombrero y cadenas de oro. Ahora, asegura, universitarios de varias disciplinas trabajan en la investigación criminal. Enseguida entrega a la reportera una relación de gastos en la cual consta que el gobierno del estado le asignó 270 millones de pesos al OCCH. “Reyes Ferriz, destinó 400 millones, sí, pero es el presupuesto normal para la corporación, no puso un peso adicional”.
Aclara que no fue el expresidente municipal –a quien califica de “misógino”– el que solicitó la intervención federal: “En marzo de 2008 me encontraba en Juárez entrenando a peritos que iniciaban el Sistema Penal Acusatorio. Veíamos que se suscitaba un homicidio tras otro. Llamé al gobernador (José Reyes Baeza) y le dije: ‘Oye, ¡esto está terrible! El año pasado hubo 309 homicidios y ahorita va una cifra cercana. ¡Es inusitado! Necesitamos pedir apoyo a la federación’”.
De inmediato, dice, Reyes Baeza convocó a una reunión con oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El 3 de abril de aquel año se reunieron el Gabinete de Seguridad federal y el estatal para revisar los términos del operativo. “Reyes Ferriz no fue, hubo que mandarlo llamar”, enfatiza la exprocuradora.
“En esa reunión se molestó porque le dije que tenía que sanear la policía. Le comenté que yo incluiría a la Policía Estatal y a la Ministerial, aunque llevábamos casi cuatro años de depuración. Para entonces buscábamos mecanismos para detectar a los policías miméticos, ya que algunos eran extraordinarios para mentir y pasaban los exámenes de confiabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP)”.
Ahí estaba presente el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. “Le dije: ‘Tiene que cooptar el Centro de Respuesta Inmediata (CERI), porque desde ahí los policías dirigen las ejecuciones’. Me preguntó: ‘¿Cómo podemos ver eso?’ Le dije: ‘Vaya y aprópiese del CERI’. Cuando logramos entrar, nos pusieron en un cuarto diferente al de los radio operadores, quienes concentraban y manipulaban los sistemas de comunicación. Por lo tanto, nuestras pantallas registraban la imagen de un asesinato una hora después de que lo reportaban”, cuenta González Rodríguez.
En apoyo de su versión, la exprocuradora entrega la declaración de Hugo Valenzuela Castañeda, El Vale, integrante del cártel de Juárez que fue detenido el 18 de junio de este año. Ahí, él narra: “Mi función en la organización es la de enlace con la policía municipal. Yo les pedía que se movieran del lugar cuando perjudicaban algún punto de venta de droga o alguna ejecución… soltar a los miembros de La Línea, en caso de que fueran detenidos”.
Prosigue el detenido: “Entre los policías que apoyan las labores de La Línea están el sargento Escobar y El Pigüi, del agrupamiento pedestre, ambos del Distrito Delicias; un teniente también apellidado Escobar, de Babícora; el policía Rafael y el teniente Aguirre, de Cuauhtémoc; el teniente Salazar, de Benito Juárez; y del Distrito Chihuahua, el policía Benavides, El Traca, a quien hace dos meses cambiaron a la policía especial”. La Línea le pagaba a El Vale 3 mil pesos por semana y los policías municipales de enlace recibían mil 500.
Por eso considera a la policía de Ciudad Juárez “altamente peligrosa”. Por ejemplo, se enteró de que la Sedena revisó el banco de armas y encontró que carecía de un registro individualizado, por lo que cualquier policía usaba una un día y al siguiente otra. “Con esas armas se cometían muchos delitos”, afirma.
En cuanto a los 9 mil 500 detenidos que según Reyes Ferriz fueron liberados por la procuraduría, González Rodríguez aclara que durante el OCCH –coordinado hasta abril pasado por el general Felipe de Jesús Espitia– hubo 384 detenidos por homicidio, secuestro y robo de vehículo. De ellos, 40% recibió sentencia condenatoria. Los restantes esperan un juicio oral privados de su libertad. Añade que 178 detenidos confesaron su intervención y la de otros en mil 600 homicidios cometidos por la delincuencia organizada.
De acuerdo con los registros del Sistema Gestor de la Reforma Penal –continúa la polémica exprocuradora–, a través de la justicia penal alternativa se solucionaron 18 mil 36 casos del fuero común por lesiones, homicidio imprudencial o abuso de confianza, mientras que 56 mil se concluyeron con “un alto grado de satisfacción” de las víctimas que decidieron la terminación del procedimiento penal.
No obstante, este punto sigue dando de qué hablar en Ciudad Juárez. El domingo 17, El Diario publicó que, a decir del fiscal de zona Jorge González Nicolás, existían nueve casos cuyo plazo legal para la aportación de pruebas estaba por concluir, lo que podría provocar que el presunto responsable sea liberado. Mencionó 35 casos de personas detenidas por las policías federal y municipal y que después fueron liberadas por el Ministerio Público (dependiente de la procuraduría estatal) a pesar de que había elementos de prueba en su contra, que ahora se investigan para solicitar una orden de aprehensión.
Infiltración total
En opinión de la exprocuradora, la violencia asesina “no ha podido ser combatida”. Ofrece números: en 2008 hubo mil 849 muertes, en 2009 se reportaron 2 mil 736 y hasta el 30 de septiembre de este año iban 2 mil 414.
–¿Por qué no pudieron contener esa violencia?
–En una estrategia los cambios no deben ser radicales, de lo contrario se pierden información y liderazgo. Eso sucedió en abril de este año, cuando sacaron al Ejército de Juárez y lo sustituyeron por la Policía Federal. Lo hicieron bajo el argumento de que los soldados violaron los derechos humanos. Estoy de acuerdo, pero no tenían que dejarlos sólo como cerco de seguridad en la periferia, la central camionera, el aeropuerto, puentes internacionales y el Valle, cuando ya dominaban la región y la forma de operar de los cárteles.
“En su lugar llega la PF con un contingente muy fuerte de 5 mil agentes. Eso es bueno, pero cuando hay un gran desconocimiento de una realidad como la de Ciudad Juárez, puede pasar un año para conocer la problemática. 2008 fue un aprendizaje para el Ejército; 2009 fue un año de buenos resultados porque dominaron la operación y estructura de los cárteles; en 2010 podría dar golpes precisos contra líderes de ambos cárteles.”
Explica: “Desde su llegada, la PF asumió el mando del OCCH. Sin embargo, la investigación la realizaban 15 o 20 horas después de haber hecho la detención. Hasta que ponían al detenido a nuestra disposición. A nosotros nos acortaban el tiempo porque teníamos 48 horas para poner a los detenidos a disposición del juez de garantías”.
–¿Cómo están constituidos los grupos delictivos?
–Existe un gran disimulo y respaldo social a La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Tenemos mapas criminológicos de cada una de las colonias y calles de Juárez en donde existe una gran impunidad en la comisión de delitos, sobre todo de homicidio.
–¿Entonces nunca hubo una limpia de la policía?
–Estuve presente en una reunión en la que Genaro García Luna (titular de la SSP federal) le dijo al exalcalde (Reyes Ferriz) que tenía que ser muy drástico en la depuración y que tenía que empezar con quitar a los mandos medios, pero nunca los quitó, y siguen respaldando y operando a los grupos criminales.
En cambio, en las corporaciones estatales, “iniciamos en 2004; ahora contamos con más de 500 policías profesionistas que nada tienen que ver con el pasado. Pero los cárteles no sólo asesinan a los malos policías, también asesinan a los buenos, y este es el caso de la subprocuradora de Control Interno, Sandra Ivonne Salas García, asesinada el 1 de julio pasado, y del director de Servicios Periciales, Pedro Aragonez, a quien el grupo armado Los Linces, del cártel de Juárez, ejecutó el 11 de agosto de 2009.
La Policía Judicial del Estado estaba infiltrada, al grado de que El Diego, uno de los líderes de La Línea, fue agente judicial. La PF, dependiente de la SSP, no se salva. La entrevistada dice que también está infiltrada, y nuevamente se apoya en el testimonio de El Vale, quien fue ahorcado en su celda al mes de ser recluido:
“El 11, también conocido como El Zucaritas, es el enlace de La Línea con la Policía Federal. Estuvo preso en el Cereso municipal de Ciudad Juárez, salió libre hace tres meses y El Diego le dio trabajo en La Línea. El Diego comentó por la frecuencia que estaba arreglada la Policía Federal. En la Ciudad de México El JL le dio a un alto funcionario de esta corporación 320 mil dólares para que dejara trabajar en Ciudad Juárez a La Línea. La cuota que se paga aquí en la ciudad (Juárez) es de 140 mil dólares semanales para que no detengan a nadie, y si los detienen, que los dejen ir.”
Entra en detalles sobre el método de pago a los federales: “El 35 (José Armando Acosta Guerrero, detenido el pasado 16 de julio) recoge el dinero al 16, al 51 y al 12 los días martes de cada semana. El 35 es quien deposita el dinero en un banco”, desconoce en cuál.
González Rodríguez asegura que policías federales intentaron forzar a El 35 para que la involucraran a ella con La Línea, pero rechaza que el gobierno federal esté protegiendo al cártel de Sinaloa: “No creo que esté protegiendo a ningún cártel. Más bien, hay policías que trabajan para las organizaciones. Hablar de manera general es un error, por eso en México los cárteles de la droga se han fortalecido”.
–¿Cuánto resistirá el cártel de Juárez, después de menguar su poder frente al de Sinaloa?
–No mucho tiempo. A lo mejor dos años.
–Si no existió un control real de la violencia, ¿qué le espera al operativo?
–El operativo ya se agotó. Cuando lo iniciamos se trataba de una contención, pero faltó incorporar apoyos de tipo social y de participación ciudadana. Ahora el desafío es para la PF. Si realmente hay un saneamiento de las corporaciones, pienso que en dos años hay posibilidades, no de eliminar a los cárteles, pero sí de bajar la violencia.
–¿Felipe Calderón no se da cuenta de ello?
–A veces los políticos están muy arriba y los engañan.
–¿Tiene miedo?
–No. Procedí igual con la gente de ambos cárteles. Nunca he recibido dinero. Vivo de mi salario como académica. No tengo carro, poseo una casa y un terreno que adquirí cuando trabajaba en la Judicatura. ¿Por qué no me investigan? Mi familia la conforman personas respetables, profesionistas.
La entrevista se realiza el lunes 18, en las oficinas de Proceso en la Ciudad de México. Al mediodía del jueves 21 la exprocuradora recibió la noticia de que Mario, su hermano, había sido secuestrado. Al cierre de la edición, aún no había sido liberado.
Patricia Dávila
Antes del secuestro que sufrió su hermano el jueves 21, la exprocuradora general de Justicia de Chihuahua, Patricia González, ofreció a este semanario su versión sobre lo que falló en el Operativo Conjunto Chihuahua. Aunque no admite que haya sido un fracaso total, dice que “está agotado” y critica el “error” de sacar al Ejército de Ciudad Juárez. Ahora, advierte, si no se sanean todas las corporaciones policiacas –sobre todo la de Ciudad Juárez y las federales–, nada reducirá la violencia homicida de los cárteles.
MÉXICO, D.F., 25 de octubre (Proceso).- En Chihuahua las estructuras del crimen organizado permanecen prácticamente intocadas. En dos años y medio de guerra, aparte de la sobrevivencia del cártel de Juárez, se consolidó ahí el de Sinaloa, y ni siquiera pudo disminuirse la violencia en Ciudad Juárez… Tal es el desalentador balance de Patricia González Rodríguez, procuradora de Justicia del estado durante la administración de José Reyes Baeza, que concluyó el lunes 4 de octubre.
En entrevista, atribuye esa situación al “error” de cambiar drásticamente la estrategia del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) en marzo pasado y a la “infiltración” del narco en las policías de los tres niveles de gobierno.
También responde los señalamientos contra ella, principalmente los del ahora expresidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, quien consideró “fallida” la guerra contra el narcotráfico debido a la “impunidad con que la procuraduría (estatal) permitió que se movieran los delincuentes” y al hecho de que esa institución “liberó” a 9 mil 500 detenidos que le entregó la policía municipal (Proceso 1771).
A González Rodríguez se le involucró en el asesinato del periodista Armando Rodríguez, El Choco, reportero de El Diario ejecutado por un comando el 13 de noviembre de 2008. También se le señaló como la persona que en el municipio de Namiquipa contrató a policías para realizar ejecuciones. Se le atribuyó igualmente haber protegido al cártel de Juárez.
Ella rechaza todas las acusaciones. Se dice maestra universitaria “de toda la vida” y afirma que presentará una demanda por daño moral contra Reyes Ferriz, por sus declaraciones: “No voy a permitir que esta persona dañe mi imagen como académica”.
Relata que recibió la procuraduría con niveles altísimos de corrupción y que incluso los policías usaban botas, sombrero y cadenas de oro. Ahora, asegura, universitarios de varias disciplinas trabajan en la investigación criminal. Enseguida entrega a la reportera una relación de gastos en la cual consta que el gobierno del estado le asignó 270 millones de pesos al OCCH. “Reyes Ferriz, destinó 400 millones, sí, pero es el presupuesto normal para la corporación, no puso un peso adicional”.
Aclara que no fue el expresidente municipal –a quien califica de “misógino”– el que solicitó la intervención federal: “En marzo de 2008 me encontraba en Juárez entrenando a peritos que iniciaban el Sistema Penal Acusatorio. Veíamos que se suscitaba un homicidio tras otro. Llamé al gobernador (José Reyes Baeza) y le dije: ‘Oye, ¡esto está terrible! El año pasado hubo 309 homicidios y ahorita va una cifra cercana. ¡Es inusitado! Necesitamos pedir apoyo a la federación’”.
De inmediato, dice, Reyes Baeza convocó a una reunión con oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El 3 de abril de aquel año se reunieron el Gabinete de Seguridad federal y el estatal para revisar los términos del operativo. “Reyes Ferriz no fue, hubo que mandarlo llamar”, enfatiza la exprocuradora.
“En esa reunión se molestó porque le dije que tenía que sanear la policía. Le comenté que yo incluiría a la Policía Estatal y a la Ministerial, aunque llevábamos casi cuatro años de depuración. Para entonces buscábamos mecanismos para detectar a los policías miméticos, ya que algunos eran extraordinarios para mentir y pasaban los exámenes de confiabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP)”.
Ahí estaba presente el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. “Le dije: ‘Tiene que cooptar el Centro de Respuesta Inmediata (CERI), porque desde ahí los policías dirigen las ejecuciones’. Me preguntó: ‘¿Cómo podemos ver eso?’ Le dije: ‘Vaya y aprópiese del CERI’. Cuando logramos entrar, nos pusieron en un cuarto diferente al de los radio operadores, quienes concentraban y manipulaban los sistemas de comunicación. Por lo tanto, nuestras pantallas registraban la imagen de un asesinato una hora después de que lo reportaban”, cuenta González Rodríguez.
En apoyo de su versión, la exprocuradora entrega la declaración de Hugo Valenzuela Castañeda, El Vale, integrante del cártel de Juárez que fue detenido el 18 de junio de este año. Ahí, él narra: “Mi función en la organización es la de enlace con la policía municipal. Yo les pedía que se movieran del lugar cuando perjudicaban algún punto de venta de droga o alguna ejecución… soltar a los miembros de La Línea, en caso de que fueran detenidos”.
Prosigue el detenido: “Entre los policías que apoyan las labores de La Línea están el sargento Escobar y El Pigüi, del agrupamiento pedestre, ambos del Distrito Delicias; un teniente también apellidado Escobar, de Babícora; el policía Rafael y el teniente Aguirre, de Cuauhtémoc; el teniente Salazar, de Benito Juárez; y del Distrito Chihuahua, el policía Benavides, El Traca, a quien hace dos meses cambiaron a la policía especial”. La Línea le pagaba a El Vale 3 mil pesos por semana y los policías municipales de enlace recibían mil 500.
Por eso considera a la policía de Ciudad Juárez “altamente peligrosa”. Por ejemplo, se enteró de que la Sedena revisó el banco de armas y encontró que carecía de un registro individualizado, por lo que cualquier policía usaba una un día y al siguiente otra. “Con esas armas se cometían muchos delitos”, afirma.
En cuanto a los 9 mil 500 detenidos que según Reyes Ferriz fueron liberados por la procuraduría, González Rodríguez aclara que durante el OCCH –coordinado hasta abril pasado por el general Felipe de Jesús Espitia– hubo 384 detenidos por homicidio, secuestro y robo de vehículo. De ellos, 40% recibió sentencia condenatoria. Los restantes esperan un juicio oral privados de su libertad. Añade que 178 detenidos confesaron su intervención y la de otros en mil 600 homicidios cometidos por la delincuencia organizada.
De acuerdo con los registros del Sistema Gestor de la Reforma Penal –continúa la polémica exprocuradora–, a través de la justicia penal alternativa se solucionaron 18 mil 36 casos del fuero común por lesiones, homicidio imprudencial o abuso de confianza, mientras que 56 mil se concluyeron con “un alto grado de satisfacción” de las víctimas que decidieron la terminación del procedimiento penal.
No obstante, este punto sigue dando de qué hablar en Ciudad Juárez. El domingo 17, El Diario publicó que, a decir del fiscal de zona Jorge González Nicolás, existían nueve casos cuyo plazo legal para la aportación de pruebas estaba por concluir, lo que podría provocar que el presunto responsable sea liberado. Mencionó 35 casos de personas detenidas por las policías federal y municipal y que después fueron liberadas por el Ministerio Público (dependiente de la procuraduría estatal) a pesar de que había elementos de prueba en su contra, que ahora se investigan para solicitar una orden de aprehensión.
Infiltración total
En opinión de la exprocuradora, la violencia asesina “no ha podido ser combatida”. Ofrece números: en 2008 hubo mil 849 muertes, en 2009 se reportaron 2 mil 736 y hasta el 30 de septiembre de este año iban 2 mil 414.
–¿Por qué no pudieron contener esa violencia?
–En una estrategia los cambios no deben ser radicales, de lo contrario se pierden información y liderazgo. Eso sucedió en abril de este año, cuando sacaron al Ejército de Juárez y lo sustituyeron por la Policía Federal. Lo hicieron bajo el argumento de que los soldados violaron los derechos humanos. Estoy de acuerdo, pero no tenían que dejarlos sólo como cerco de seguridad en la periferia, la central camionera, el aeropuerto, puentes internacionales y el Valle, cuando ya dominaban la región y la forma de operar de los cárteles.
“En su lugar llega la PF con un contingente muy fuerte de 5 mil agentes. Eso es bueno, pero cuando hay un gran desconocimiento de una realidad como la de Ciudad Juárez, puede pasar un año para conocer la problemática. 2008 fue un aprendizaje para el Ejército; 2009 fue un año de buenos resultados porque dominaron la operación y estructura de los cárteles; en 2010 podría dar golpes precisos contra líderes de ambos cárteles.”
Explica: “Desde su llegada, la PF asumió el mando del OCCH. Sin embargo, la investigación la realizaban 15 o 20 horas después de haber hecho la detención. Hasta que ponían al detenido a nuestra disposición. A nosotros nos acortaban el tiempo porque teníamos 48 horas para poner a los detenidos a disposición del juez de garantías”.
–¿Cómo están constituidos los grupos delictivos?
–Existe un gran disimulo y respaldo social a La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Tenemos mapas criminológicos de cada una de las colonias y calles de Juárez en donde existe una gran impunidad en la comisión de delitos, sobre todo de homicidio.
–¿Entonces nunca hubo una limpia de la policía?
–Estuve presente en una reunión en la que Genaro García Luna (titular de la SSP federal) le dijo al exalcalde (Reyes Ferriz) que tenía que ser muy drástico en la depuración y que tenía que empezar con quitar a los mandos medios, pero nunca los quitó, y siguen respaldando y operando a los grupos criminales.
En cambio, en las corporaciones estatales, “iniciamos en 2004; ahora contamos con más de 500 policías profesionistas que nada tienen que ver con el pasado. Pero los cárteles no sólo asesinan a los malos policías, también asesinan a los buenos, y este es el caso de la subprocuradora de Control Interno, Sandra Ivonne Salas García, asesinada el 1 de julio pasado, y del director de Servicios Periciales, Pedro Aragonez, a quien el grupo armado Los Linces, del cártel de Juárez, ejecutó el 11 de agosto de 2009.
La Policía Judicial del Estado estaba infiltrada, al grado de que El Diego, uno de los líderes de La Línea, fue agente judicial. La PF, dependiente de la SSP, no se salva. La entrevistada dice que también está infiltrada, y nuevamente se apoya en el testimonio de El Vale, quien fue ahorcado en su celda al mes de ser recluido:
“El 11, también conocido como El Zucaritas, es el enlace de La Línea con la Policía Federal. Estuvo preso en el Cereso municipal de Ciudad Juárez, salió libre hace tres meses y El Diego le dio trabajo en La Línea. El Diego comentó por la frecuencia que estaba arreglada la Policía Federal. En la Ciudad de México El JL le dio a un alto funcionario de esta corporación 320 mil dólares para que dejara trabajar en Ciudad Juárez a La Línea. La cuota que se paga aquí en la ciudad (Juárez) es de 140 mil dólares semanales para que no detengan a nadie, y si los detienen, que los dejen ir.”
Entra en detalles sobre el método de pago a los federales: “El 35 (José Armando Acosta Guerrero, detenido el pasado 16 de julio) recoge el dinero al 16, al 51 y al 12 los días martes de cada semana. El 35 es quien deposita el dinero en un banco”, desconoce en cuál.
González Rodríguez asegura que policías federales intentaron forzar a El 35 para que la involucraran a ella con La Línea, pero rechaza que el gobierno federal esté protegiendo al cártel de Sinaloa: “No creo que esté protegiendo a ningún cártel. Más bien, hay policías que trabajan para las organizaciones. Hablar de manera general es un error, por eso en México los cárteles de la droga se han fortalecido”.
–¿Cuánto resistirá el cártel de Juárez, después de menguar su poder frente al de Sinaloa?
–No mucho tiempo. A lo mejor dos años.
–Si no existió un control real de la violencia, ¿qué le espera al operativo?
–El operativo ya se agotó. Cuando lo iniciamos se trataba de una contención, pero faltó incorporar apoyos de tipo social y de participación ciudadana. Ahora el desafío es para la PF. Si realmente hay un saneamiento de las corporaciones, pienso que en dos años hay posibilidades, no de eliminar a los cárteles, pero sí de bajar la violencia.
–¿Felipe Calderón no se da cuenta de ello?
–A veces los políticos están muy arriba y los engañan.
–¿Tiene miedo?
–No. Procedí igual con la gente de ambos cárteles. Nunca he recibido dinero. Vivo de mi salario como académica. No tengo carro, poseo una casa y un terreno que adquirí cuando trabajaba en la Judicatura. ¿Por qué no me investigan? Mi familia la conforman personas respetables, profesionistas.
La entrevista se realiza el lunes 18, en las oficinas de Proceso en la Ciudad de México. Al mediodía del jueves 21 la exprocuradora recibió la noticia de que Mario, su hermano, había sido secuestrado. Al cierre de la edición, aún no había sido liberado.
