HILILLO DE GRAN MADEJA

21/10/2010

Sí se investiga a Ortega Habib por supuesto desvío de fondos en Oaxaca
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
Periódico La Jornada
Jueves 21 de octubre de 2010, p. 16
El Ministerio Público Federal (MPF) investiga a Miguel Ángel Ortega Habib, secretario de Finanzas del gobierno de Oaxaca, como parte de una indagatoria iniciada contra sus familiares por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Se presume que podría haber desvío de fondos de las autoridades de esa entidad a una empresa constructora con sede en Jalisco, de la que los parientes de Ortega Habib eran socios y en la que una empleada doméstica se habría convirtió en accionista al aportar varios millones de pesos.
Sin embargo, las fuentes consultadas señalaron que aún no hay elementos suficientes que acrediten alguna responsabilidad del funcionario oaxaqueño y diputado federal suplente.
La Procuraduría General de la República sólo informó que un juez de distrito en materia penal, con sede en Jalisco, “dictó auto de formal prisión contra Martha Ortega Habib, Daniel García Teruel Ortega y Rosa Elvia Orozco Santiago, por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de depositar –en territorio nacional– recursos procedentes o que representan el producto de una actividad ilícita”.
Las indagatorias las realiza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que consignó a Martha Ortega Habib y Daniel Terruel Ortega, hermana y sobrino del funcionario, así como a Rosa Elvia Orozco Santiago, empleada doméstica de la familia.
La SIEDO acusó a los parientes de haber depositado y manejado mil 123 millones de pesos, de los cuales no pudieron acreditar su procedencia; el Ministerio Público Federal consideró que provienen de una actividad ilícita, por lo que abrió el proceso penal 291/2010/III. Mantuvo el caso en sigilo. A pesar de que desde el 15 de septiembre detuvieron a los familiares de Ortega Habib, en Guadalajara, Jalisco, apenas el pasado 5 de octubre en un comunicado –en el que no precisó ningún vínculo con el funcionario oaxaqueño– se dio a conocer que el juez que lleva el caso les había dictado auto de formal prisión.
La empresa Servi Obra, con sede en Jalisco, presuntamente operó la realización de diversas construcciones en el estado de Oaxaca, y desde 2002 habría tenido ingresos sin soporte fiscal, que, por tanto, provendrían de actividades ilícitas, entre las que se presume desvío de recursos gubernamentales que involucrarían a la Secretaría de Finanzas de esa entidad.
El pasado martes trascendió que la diputada priísta Margarita Liborio ha sido presionada por el gobernador Ulises Ruiz para que pida licencia y deje la curul a Miguel Ángel Ortega Habib, lo que le daría fuero y momentáneamente impediría que fuera consignado si el Ministerio Público encuentra pruebas que acrediten su responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Acusan protección de PRI a tesorero de Oaxaca
VIRGILIO SÁNCHEZ/AGENCIA REFORMA
Los diputados locales de Oposición acusaron que el Secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, siempre ha estado protegido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso estatal.
Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD y Convergencia señalaron que nunca han permitido que este funcionario comparezca ante el pleno.
Este miércoles, REFORMA reveló que el Gobernador Ulises Ruiz pidió a la diputada federal Margarita Liborio que solicite licencia a su cargo a fin de que tome posesión su suplente, Miguel Ángel Ortega Habib, actual Secretario de Finanzas del Gobierno estatal y quien, junto con dos familiares, es investigado por la PGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dagoberto Carreño Gopar, coordinador de la fracción del PAN, afirmó que el tricolor lo ha sobreprotegido de manera sospechosa.
"Hubo una protección exacerbada por parte de la fracción parlamentaria del PRI para que el Secretario de Finanzas jamás se presentara en el Congreso", dijo en entrevista.
Por su lado, Wilfrido Vásquez López, vicecoordinador del PRD afirmó que su partido ha solicitado en varias ocasiones la presencia de Ortega Habib en el Congreso de Oaxaca, para que explique sobre el gasto público, pero nunca lo han conseguido.
"Ahora entendemos por qué el PRI nunca ha permitido que comparezca", expuso.
En tanto, Benjamín Robles Montoya, coordinador de Convergencia recordó que el presunto desvió de recursos por parte de Miguel Angel Ortega ha sido un rumor desde hace mucho tiempo, por eso se le solicitó al Congreso local lo citara a comparecer en varias ocasiones.
Señaló que la fracción priista siempre se los negó.
Mañana, en la sesión de la diputación permanente, el PAN, PRD y Convergencia solicitarán nuevamente que se cite al titular de Finanzas para que comparezca.

Triqui sigue muy grave
Sayra Cruz
[02:03] Jordan Ramírez González, indígena triqui de la comunidad de San Juan Copala, sigue en estado de gravedad ya que por la bala que recibió en la cabeza se encuentra inconsciente en un hospital de la ciudad de México, informó Reyna Martínez Flores, vocera del campamento que mantienen los inconformes con la inseguridad que se vive en esa comunidad perteneciente a Santiago Juxtlahuaca,
Desde la manifestación que realizaron frente a Ciudad Administrativa, junto con integrante de la organización “14 de Junio” r integrantes de la APPO, pidieron la intervención de las autoridades correspondientes como la Secretaría General de Gobierno (Segego), ña Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entre otras.
La militante del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI) señaló que sus contrarios del MULT, que encabeza Heriberto Pazos Ortiz, son los responsables de las agresiones recientes.
“La UBISORT ya no está en la zona, quienes proceden a la agresión son los del MULT, y quieren sacar a todos los que simpatizamos con la autoridad autónoma que se instauró por varios años en esa comunidad”, expresó.
Advierte Sección 22 nueva acción contra la 59 si no se atienden demandas
por OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
La Sección 22 del SNTE advirtió que "accionará contundentemente" si los gobiernos federal y estatal no devuelven unas 170 escuelas ocupadas por la Sección 59 del SNTE y priístas.
"Se ha instrumentado todo un plan de acción", afirmó el secretario de Organización, Gabriel López Chiñas.
El dirigente sostuvo que la Sección 22 del SNTE realizó la "acción política" en el edificio de la Sección 59 --donde desalojó a sus ocupantes y sustrajo equipo de cómputo--- como medida de presión para lograr la devolución de los centros escolares "en manos de los espurios" y la cancelación de todo trámite de otorgamiento de clave de los módulos irregulares.
"Es un uso y costumbre del movimiento magisterial en contra de sus detractores y charros, como se hizo en su tiempo con Vanguardia Revolucionaria", señaló.
Destacó que la Sección 22 del SNTE "ha identificado otros espacios operados por los espurios" y si no obtiene respuestas en lo inmediato, desarrollará nuevas "acciones políticas contundentes".
Además, subrayó que también seguirá la lucha política porque se han tenido pláticas con los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales y Rafael Ochoa Guzmán, no solo para la devolución de las escuelas sino para la cancelación de la Sección 59 del SNTE.
"Ellos mismos consideran que no hay razón para otra sección, como ellos le llaman a los espurios", señaló.
Mientras tanto, la responsable de Organización en la región de la Cañada de la Sección 59 del SNTE, Alma Rosa Fernández Aquino resaltó que esa organización sindical no entregará ninguna escuela ubicada en diferentes municipios de las regiones de Valles Centrales, Istmo de Tehuantepec y Costa, por el respaldo de padres de familia y de autoridades municipales.
"No nos moveremos; nos mantendremos firmes porque los padres de familia ya decidieron qué tipo de educación y qué tipo de maestros quieren", añadió.
Precisó que la Sección 59 del SNTE presentó una denuncia penal por el desalojo y sustracción de equipo de cómputo en la agencia del Ministerio Público de la Cruz Roja.
Ante esto, demandó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) integrar la averiguación previa y consignarla a un juez para que sean detenidos los responsables.
Aparte de ello, dijo que su gremial reportó lo sucedido al CEN del SNTE "para que se tomen las medidas respectivas" en contra de la Sección 22.