¿OTRO DAÑO COLATERAL ?

29/10/2010

Matan militares a un arquitecto egresado del Tec.

La redacción
MONTERREY, N.L., 28 de octubre (apro).- Elementos del Ejército mataron a balazos a un arquitecto durante una persecución contra presuntos sicarios, esta tarde en el municipio de García.
La víctima fue identificada como Fernando Osorio Álvarez, de 36 años de edad, egresado del Tecnológico de Monterrey, quien trabajaba en una propiedad particular al momento de ser ultimado, afirmó esta noche el contador público Osvaldo Osorio, padre de la víctima, en entrevista para la televisión.
“El ejército lamentablemente anda haciendo atrocidades. Hoy destrozó completamente a mi familia. Luego sale con que mi hijo es sicario. Mi hijo es un ejemplo a seguir. Estaba en su fuente de trabajo, en un terreno cercado, donde se van a hacer certificaciones”, añadió Osorio, quien afirmó que los soldados desvirtúan la información y “el buen nombre de mi hijo”.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió a las 13:30 horas en el camino a Icamole, municipio ubicado a 40 kilómetros de Monterrey.
Extraoficialmente se informó que el tiroteo se inició cuando los militares encontraron en ese punto un falso retén de la delincuencia organizada, en el que también había policías municipales.
Al parecer, al llegar los elementos del Ejército, los sujetos que instalaron el retén huyeron en sus vehículos. Los militares siguieron una camioneta pick-up verde que avanzaba detrás de una cerca de alambre, por un camino de terracería paralelo a la carretera y dispararon al conductor.
En la camioneta quedó muerto Osorio Alvarez. Fueron detenidos dos trabajadores que lo acompañaban, identificados como Hilario Carrizales e Isaías Romero.
Osvaldo Osorio dijo que los militares no le han revelado dónde se encuentra el cadáver de su hijo.
“Está cercado todo el terreno. Yo no sé porqué estas personas se atreven a disparar hacia adentro de un terreno. Lo que quisiera es que investigaran la vida de mi hijo; es un ejemplo este muchacho. Inclusive, se estaban negando a dar información de dónde tenían a mi hijo”, añadió.
Dijo que su hijo era soltero y vivía en la casa paterna.
Por su parte, el alcalde de García, Jaime Rodríguez confirmó la muerte de Osorio Alaverz y dijo que cinco policías municipales de García que acudieron al sitio del incidente fueron detenidos.
También fueron arrestadas otras 11 personas.
Rodríguez descartó que los policías municipales hayan participado en la balacera y dijo desconocer si alguno de ellos había sido detenido.
Señaló que los uniformados resguardaban un predio del rancho El Pamital, para evitar que fuera invadido y cuando escucharon los disparos se aproximaron a la escena.
Hasta esta noche no había sido proporcionada información oficial sobre el incidente.
Paralizan ley por “intereses ajenos”
Campaña contra comida “chatarra”se retrasa. Con 54 votos a favor y 11 en contra, se dio entrada al documento que será discutido hasta la sesión del próximo miércoles 3 de noviembre
Senadores de la República y un diputado local denunciaron ayer que la senadora María del Socorro García Quiroz (PRI) es la operadora de “intereses empresariales poderosos” para detener la ley antiobesidad.
La iniciativa fue presentada en el Senado en abril de este año, pero desde entonces la legisladora ha utilizado tácticas dilatorias para frenarla. Ayer lo intentó de nuevo, pero se acordó dar primera lectura a la propuesta.
Consultados por EL UNIVERSAL, distintos senadores la señalaron por tener un “conflicto de intereses” por su relación con la familia Ruiz, que controla una embotelladora en Querétaro.
Es señalada por haber sido asesora jurídica de la empresa refresquera.
Además, Jorge García Quiroz, hermano de la senadora, es el secretario de Gobierno del gobernador priísta de Querétaro, José Calzada Rovirosa, y ella llegó al Congreso como suplente del actual mandatario local.
La senadora negó a este diario tener relaciones con la familia Ruiz. Dijo llevar sólo una amistad que no le genera “ningún conflicto de intereses”.
Señaló que ha votado en contra de la ley “porque está débil y se debe fortalecer”.
En abril de este año varios legisladores, incluida la senadora, cancelaron la posibilidad de que la ley se aprobara en el periodo ordinario de sesiones. Aunque ya se habían realizado foros sobre el tema y la discusión llevaba dos años, García Quiroz argumentó que faltaba todavía escuchar a especialistas.
Ayer panistas y perredistas acusaron a la Mesa Directiva de intentar frenar la ley por “intereses sospechosos” y ajenos al Poder Legislativo. La senadora Teresa Ortuño, del PAN, reveló que hubo “intentos” de boicotear el proyecto desde su fase inicial.
Con 54 votos a favor y 11 en contra, se dio entrada al documento que será discutido hasta la sesión del próximo miércoles 3 de noviembre.
Niega Sandoval Íñiguez vivir en la opulencia
Julio Alejandro Ríos
GUADALAJARA, Jal., 28 de octubre (apro).- El cardenal Juan Sandoval Iñiguez negó que viva entre lujos y la opulencia.
Así lo afirma es su columna “La Palabra del Pastor”, que se publicará el próximo 31 de octubre en el periódico El Seminario, órgano informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara que encabeza el purpurado.
“Deseo hacer algunas aclaraciones respecto a la casa que habito en Tlaquepaque, porque hay quienes exageran afirmando que se trata de una residencia opulenta, que cuenta con piscina casi olímpica, fauna exótica, cocina internacional, abundante servidumbre y muchas cosas más”, dice el polémico jerarca religioso.
Afirma que la casa en San Pedrito, Tlaquepaque, no es de él, sino de la arquidiócesis de Guadalajara y adquirida en 1915 por el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, pues el gobierno de Venustiano Carranza les arrebató la sede para convertirla en el palacio municipal de Guadalajara.
La finca de Tlaquepaque quedó abandonada durante décadas, hasta que la habitó Juan Jesús Posadas Ocampo y cuando Sandoval fue nombrado arzobispo, aceptó vivir ahí por no haber otra residencia episcopal. “Como la casa es amplia se presta para tener animales doméstico, y en efecto tengo ahí perros de compañía, algunas aves y un pequeño mono araña. Esa es toda mi fauna exótica”, señala.
Explica que la residencia consta sólo de dos cuartos para huéspedes, biblioteca y salón para juntas, cocina y un departamento donde vive. La piscina mide ocho por cinco metros y data de tiempos de Posadas Ocampo. “porqué el nadaba todos los días por prescripción médica; yo casi no la uso”.
E ironiza: “Respecto a la cocina internacional, seguramente se refieren a que las tres religiosas de la congregación Santa Margarita que elaboran los alimentos, una es de Zacatecas, otra de Michoacán y otra de Jalisco”.
Sandoval Iñíguez afirma que no es una cocina refinada, pues desayuna lo que acostumbra la gente del pueblo, mientras que la comida y la cena las hace fuera. Respecto de la servidumbre, dice que solo están las tres religiosas, un conserje y un chofer.
Afirma que nunca ha manejado dinero propio ni ajeno, ni durante 27 años al frente del seminario diocesano, ni en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde había un administrador. En Guadalajara, el obispo auxiliar José Trinidad González es quien lleva las cuentas apoyado por un consejo de sacerdotes y laicos.
“No soy propietario de ninguna mansión, ni de bienes inmuebles, ni cuentas bancarias, ni rentas, ni nada. Eso lo sabe la PGR, que hizo una investigación exhaustiva por todas las ciudades en donde he estado. Vivo únicamente del salario que me corresponde. No manejo chequera ni tarjeta de crédito. Llevó mi dinero en la bolsa y voy gastándolo según mis necesidades”, explica.
Y añade: “A los malintencionados o abiertamente enemigos que calumnian y mienten, finalmente Dios los juzgará, pues hay un octavo mandamiento que dice: no levantarás falsos testimonios ni mentiras”.
Miguel Márquez Ríos, preso político del Sindicato Mexicano de Electricistas
Gerardo Peláez Ramos
Rebelión
El gobierno de facto de Felipe Calderón Hinojosa, además de mantener en prisión a miembros del movimiento indígena y campesino, a presuntos guerrilleros, a estudiantes y a militantes de organizaciones políticas y sociales de izquierda, recluye en las mazmorras del régimen a dirigentes sindicales, entre los cuales destacan Luis Linares Montúfar, presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, y el compañero Miguel Márquez Ríos, Prosecretario de Divisiones del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como es señalado por diversos organismos defensores de los derechos humanos y como es sabido por las personas informadas, por el número de presos políticos en el mundo de habla española México solamente es superado por Colombia, España y Perú, aunque en el caso de la violencia política y general ocupa, en ese grupo de países, el nada gracioso segundo lugar, siendo aventajado únicamente por la Colombia de los genocidas y criminales de guerra Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón.
Seguramente con la intención de atemorizar a la dirección electricista, de desmoralizar a la base y de dificultar la resistencia ya añeja del SME, el jueves 21 de octubre, en la caseta de San Martin Texmelucan rumbo al Distrito Federal, fue detenido Miguel Márquez Ríos cuando regresaba a la capital de la República luego de participar en diversos actos sindicales en el estado de Puebla, entre los cuales cabe resaltar la entrega de una solicitud al Congreso local para crear un organismo público descentralizado para el servicio eléctrico en el centro del país.
Sin respetar en lo más mínimo las disposiciones constitucionales y con exceso de violencia, elementos del Ejército, la Policía Federal y otros cuerpos policíacos propinaron una golpiza a los trabajadores de la “extinta” empresa Luz y Fuerza del Centro y arrestaron a Miguel Márquez Ríos, quien también fue objeto de golpes y vejaciones. Horas más tarde, el líder sindical fue internado en el Centro de Readaptación Social de la capital poblana, y puesto a disposición del Juzgado Noveno de Distrito con sede en ese estado, bajo la imputación de delitos inventados y producto de la necedad política y la enemistad de las autoridades con la lógica y el sentido común.
Para ilustrar a la ciudadanía, poner en alto el nombre de la justicia y dar fe de cómo se respetan las leyes en México, la Procuraduría General de la República tuvo a bien señalar en su comunicado 1212: “A petición fundada y motivada del Agente del Ministerio Público Federal, el Juzgado Noveno de Distrito, dentro de la causa penal 24/2010-2, giró una orden de aprehensión contra Miguel Márquez Ríos, Pro Secretario de Divisiones del Comité Central del SME, División Necaxa, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad; contra el consumo y la riqueza nacionales e intencional de daño en propiedad ajena, previstos y sancionados, en el artículo 366, Fracción I, inciso b) en relación con su Fracción II, incisos c) y d) del Código Penal Federal; el segundo en el numeral 254 ter del código respectivo en consulta, con la agravante que estatuye su último párrafo; y el tercero en el arábigo 399 en relación con el 370, párrafo primero del ordenamiento legal en consulta; toda vez que el 16 de marzo de 2010, simpatizantes del SME, encabezados por el inculpado tomaron las instalaciones de las subestaciones ubicadas en “La Mesa”, “El Salto” y “El Carmen”, quienes no permitieron la salida de personal de Comisión Federal de Electricidad y de la Policía Federal que se encontraba resguardando las mismas, ocasionando daños a las instalaciones.
”Asimismo, el Juzgado Quinto de Distrito, dentro la causa penal 01/2010, giró otra orden de aprehensión contra Márquez Ríos, como probable responsable del delito contra el consumo y riquezas nacional, previsto y sancionado en el artículo 254 TER del Código Penal Federal, con motivo de los hechos ocurridos el 05 de noviembre de 2009, cuando un grupo de entre mil y mil 500 personas simpatizantes del SME, lideradas por el Prosecretario de Divisiones del SME, bloqueaban las puertas de las instalaciones de la extinta LyFC de “La Mesa”, la entrada de la Hidroeléctrica Necaxa y la subestación “El Salto”.
”Los mandamientos judiciales contra esta persona fueron cumplimentados por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, con apoyo de elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la Policía Ministerial del estado, a la altura de la caseta de San Martín Texmelucan, Puebla, cuando viajaba en un autobús acompañado por aproximadamente 40 simpatizantes del SME. ”En consecuencia, Márquez Ríos fue internado en el Centro de Readaptación Social de la entidad a disposición de las autoridades judiciales correspondientes”.
Son otros los “delitos” que ha cometido, comete y de seguro seguirá cometiendo Miguel Márquez Ríos: militar activamente en el movimiento de resistencia pacífica del Sindicato Mexicano de Electricistas, pelear sin desmayo porque los trabajadores que no se han liquidado recuperen sus puestos de trabajo, exponer públicamente los actos de corrupción contra el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro, esclarecer las corruptelas de conocidos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, intervenir de lleno en las acciones legítimas, legales y democráticas del SME, participar en la pasada huelga de hambre en el Zócalo, defender el Contrato Colectivo de Trabajo del gremio y no descansar en mantener en pie la organización representativa de los trabajadores electricistas: el SME. Por esos “delitos” le han dictado auto de formal prisión y le han negado la libertad bajo caución. Es un preso político, sin la menor duda.
Como lo informó el secretario general del sindicato, compañero Martín Esparza, para el año 2009 se habían otorgado más de 700 permisos a trasnacionales como Iberdrola, Unión Fenosa y Gas Natural, a la francesa EDF, a Mitsubishi, entre otras, generando el 35.2% de la energía eléctrica del país. El crecimiento de la energía proveniente del sector privado es enorme, a la vez que se va reduciendo la generación de energía por parte del Estado. En Petróleos Mexicanos también avanza la privatización. Los objetivos perseguidos por los neoliberales vendepatrias son muy conocidos: privatizar la industria eléctrica y destruir los sindicatos democráticos e independientes, como ha venido ocurriendo con el SME, el sindicato minero-metalúrgico, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México. Es un proyecto que el Partido Acción Nacional ha venido concretando desde la gestión gubernativa del inepto y corrupto Vicente Fox Quesada. El calderonato, simplemente, continúa el golpeteo antiobrero, pro empresarial y pro imperialista, con métodos propios de Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Francisco Franco y Augusto Pinochet.
El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa revive la práctica de los gobiernos represivos de meter entre rejas a dirigentes sindicales combativos, como sucedió en 1916 con Ernesto H. Velasco, secretario general del SME; con Valentín Campa, desde el gobierno de Plutarco Elías Calles hasta el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, no pisando la prisión en ese lapso sólo en la administración del general Lázaro Cárdenas, y con Demetrio Vallejo Martínez, que estuvo preso entre 1959 y 1970. Ésos son los ejemplos que sigue el gobierno neoliberal y entreguista de Felipe Calderón.
Para el movimiento obrero es indispensable luchar porque se libere de manera inmediata e incondicional al compañero Miguel Márquez Ríos, y porque se dé solución positiva a los miembros del SME que permanecen sin ser liquidados y que se mantienen firmes en la lucha por sus derechos laborales y sindicales. De lo contrario, no se podrá detener la ofensiva antiobrera del agente norteamericano que ocupa, ilegítima y espuriamente, el cargo de “Presidente de la República” y que responde al nombre de Felipe Calderón.