CRONICA DE LA TIRANIA.
17 nov 2010
EL CONTRAINFORME.
Tomado de “Oaxaca en pie de lucha”
Por: Pedro Matías/Sin Muros
Tomado de “Oaxaca en pie de lucha”
Por: Pedro Matías/Sin Muros
Oaxaca. 15/noviembre/2010. A 15 días de que finalice el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, las cifras que no aparecerán en su último informe de Gobierno, son unas parecidas a un parte de guerra:
Alrededor de 200 asesinatos de luchadores sociales e indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos, así como por conflictos agrarios, electorales o interétnicos, esto sin contar con las ejecuciones de gente considerada los “archivos” del poder. Más de 600 detenciones, tan solo 502 en el conflicto sociopolítico de 2006, de los cuales se documentaron 380 casos de tortura.
A ello se suman las nueve desapariciones forzadas, los secuestros “selectivos” de gente vinculada al movimiento social, las amenazas, allanamientos y agresiones contra defensores de derechos humanos, sacerdotes y comunicadores. Por esta situación, existen por lo menos 100 expedientes abiertos en materia penal y 63 por daño moral ante los tribunales de justicia y civiles que han interpuesto organizaciones como Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Comité de Liberación 25 de Noviembre, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco y el Comité de Familiares de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo).
Esto sin contar que se interpusieron nueve juicios políticos en contra del gobernador, de los cuales dos siguen abiertos. Además, se interpusieron 40 controversias constitucionales por revocación de mandato constitucional, principalmente de autoridades municipales o discrepancia en la asignación de recursos. Debido a la ausencia del Estado de derecho en Oaxaca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la Organización de Estados Americanos solicitó al estado mexicano brindaran mil 258 medidas cautelares a periodistas, comunidades enteras, defensores de derechos humanos, sacerdotes y luchadores sociales.
Para la responsable del área jurídica del Comité 25 de Noviembre, Alba Cruz Ramos, este hecho refleja “la falta de garantías con relación a la seguridad jurídica de los gobernados por parte del estado”. Lo delicado es que esa cantidad de medidas “quiere decir que no hay un estado democrático mexicano, al contrario, lo pone a niveles de países dictatoriales porque no respetan el Estado de derecho”. Detalló que el comité tiene interpuestas 32 denuncias contra el gobernador ante la Procuraduría General de la República por delitos de tortura, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, excesos de los funcionarios públicos tano por acción como por omisión.
Mientras que la Cofadappo reactivó 63 denuncias interpuestas ante la PGR, en contra del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz por las violaciones a las garantías individuales durante el conflicto político de 2006. “Con la cara en alto decimos que somos inocentes, lo que sigue es exigir el pago de la reparación de los daños” manifestó Porfirio Domínguez al recordar que los 143 presos detenidos el 25 de noviembre de 2006 demostraron su inocencia. Precisó que paralelo a la reactivación de las denuncias ante la PGR, los 63 integrantes de la Cofadappo demandan la reparación económica de los daños sufridos que va de los 400 mil a los 3 millones de pesos por persona.
HABLAR DEL GOBERNADOR ES HABLAR DE HECHOS
Como candidato, Ulises Ruiz utilizo el lema de campaña Empleo y Seguridad y no cumplió, sin embargo, en el ocaso de su gobierno, el gobierno del estado utiliza el slogan: “Hablar del gobernador es hablar de hechos”. Para hechos está el asesinato a garrotazos del profesor Serafín García Contreras perpetrado, el 27 de julio de 2004, por Jacinto Pineda Casimiro alias “El Diablo” como el autor material y al actual diputado federal Elpidio Concha Arellano como el intelectual.
Horas más tarde, fue asesinada la candidata del PRD a la presidencia municipal de San José Estancia Grande, Guadalupe Ávila Salinas. Una vez que ganó y tomo posesión como gobernador, en noviembre de 2005, fue asesinado el dirigente del Consejo Regional Obrero Campesino Urbano de Tuxtepec (CROCUT), César Toimil Roberts y cuatro de sus ayudantes.
En 2007 fue asesinado el líder del PRD en Ejutla, Félix Cruz Barrita, en el marco de las elecciones federales. Posteriormente, en abril de 2009, Beatriz López Leyva, ex dirigente del PRD, asistente del senador Salomón Jara Cruz y colaboradora del senador Gabino Cué Monteagudo, fue asesinada en su domicilio en San Pedro Jicayán.
La estela de sangre continuó con el asesinato, en octubre de 2009, de Margarito Montes Parra, líder nacional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (Ugocp), cuando un comando acribilló a 15 integrantes de su familia en Sonora. El 20 de mayo de este año fue asesinado en Yosoyuxi Copala, el líder natural triqui, Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa.
El 22 de octubre de 2010 fue asesinado el líder del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), Catarino Torres Pereda, quien participó en el movimiento social de 2006 y por ello fue encarcelado. Un día después, el 23 de octubre, fue asesinado el máximo dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, así como del Partido Unidad Popular, Heriberto Pazos Ortiz.
SILENCIAR ARCHIVOS
En enero de 2006, el presidente municipal de Ciudad Ixtepec, Neguib Tadeo Manrique Madariaga, y gente cercana al ex gobernador José Murat, fue emboscado y ejecutado con cuatro integrantes de su familia, en el estado de Veracruz. Posteriormente, en enero de 2008, un comando ejecutó a Alejandro Barrita Ortiz, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), junto con otras tres personas.
Posteriormente el 23 de enero de 2009 fue ejecutado el ex coordinador de seguridad pública municipal, Aristeo López Martínez. A ambos jefes policiacos se les vinculo insistentemente con las “caravanas de la muerte” que realizaron secuestros, torturas y asesinatos durante y después del conflicto sociopolítico de 2006. Los levantones fueron selectivos y se realizaron en automóviles sin placas y ocupantes sin identificación oficial, o que estuvieron recluidos en los centros penitenciarios.
También en marzo de 2008 fue asesinado el comandante regional de la Policía Ministerial, Ricardo Rodríguez Silva (a) “El gigio” y posteriormente, en agosto de 2008, el comandante Jonas Efigenio Gutiérrez Corro fue desaparecido. Ambos “sabían mucho de la desaparición forzada” de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR), ocurrida en mayo de 2007.
Antes, en abril de 2006 fue desaparecido el ex diputado local del Partido Cardenista y ex alcalde de Cosolapa, Miguel Herrera Lara, y a la fecha se desconoce su paradero. En diciembre de 2009, fue asesinado el líder de comerciantes, Roberto Mendoza, quien fue señalado de participar en la invasión a las bodegas del Diario Noticias. Posteriormente, el 18 de agosto, fue ejecutado el dirigente sindical del Colegio de Bachilleres de México, Tomás Matus Matus.
Y el pasado 29 de octubre fueron ejecutados en pleno centro histórico los “porros” Rubén Marmolejo Maldonado alias “El dragón” y José María González Porras (a) “El chema”, a quienes se les vinculaba con el rector de la UABJO y funcionarios del primer nivel del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
PERIODISTAS Y DEFENSORES ASESINADOS
Durante este sexenio también fueron asesinados el periodista estadounidense Bradley Roland Will, en octubre de 2006, y pese a las presiones del propio gobierno de Estados Unidos no se ha esclarecido. En diciembre de 2006 también fue asesinado el periodista y dirigente de la organización priista Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, Raúl Marcial Pérez.
Posteriormente, las locutoras comunitarias triquis de la “Voz que rompe el silencio” Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez, fueron emboscadas y asesinadas en abril de 2008. Mientras que los activistas defensores de derechos humanos el finlandés Jyri Jaakkola y la mexicana Beatriz Cariño, fueron asesinados en una emboscada en abril de este año.
Esto sin contar amenazas, robos, allanamientos y agresiones a otros defensores de derechos humanos a los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les otorgó medidas cautelares. Para ello, Ulises Ruiz trastocó las leyes, debilitó a las instituciones, limitó la libertad de expresión y desacató los informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Civil de Observación Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH otorgó mil 264 medidas cautelares a periodistas, defensores de derechos humanos e indígenas mixtecos, zapotecos y triquis, algo escandaloso e inédito en un régimen que se dice democrático.
En cuanto a los ataques de libertad de expresión, Ulises Ruiz no sólo solapó a su antecesor José Murat Casab en la agresión al Periódico "Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca", sino que se prestó a orquestar la toma violenta de sus instalaciones en junio de 2005 y mantener retenidos durante un mes a 30 trabajadores del Diario. Minerva Nora Martínez Lázaro del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco afirmó que las medidas cautelares solicitadas en los últimos seis años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de ciudadanos mexicanos, "nunca se aplicaron, en franco desacato a los tratados internacionales firmados por México".
Al hacer un recuento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH de 2005 a la fecha, se confirma que el organismo requirió al Estado mexicano aplicar mil 264 medidas cautelares, en los casos de "ataques a la libertad de expresión, la presencia de presuntos grupos paramilitares y hostigamientos a defensores de derechos humanos".
De entre las medidas cautelares solicitadas por la CIDH de 2005 a la fecha, al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, se le solicitó otorgar 116 medidas cautelares a trabajadores y el presidente del Grupo "Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca", "por actos de violencia y hostigamiento, al ser invadidas sus bodegas y, posteriormente, declarar, desde la administración estatal, una huelga ficticia". Otro caso es el de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, donde la CIDH solicitó aplicar ese tipo de medidas a favor 177 habitantes de esa comunidad mixteca, después del asesinato de tres opositores del exalcalde Fredy Eucario Morales. Según la CIDH, en
Antes, el 29 de julio de 2005, el organismo otorgó medidas cautelares a favor de Antonio Jacinto López Martínez quien, el 24 de octubre de 2004, fue nombrado alcalde del municipio de San Martín Itunyoso por el sistema de usos y costumbres. Y es que cuando intentó asumir sus funciones, López Martínez recibió amenazas de muerte y luego fue víctima de un atentado con armas de fuego, que dejó un saldo de cuatro muertos.
En 2007, la CIDH otorgó medidas de protección a favor de Esteban Abel Sánchez Campos, Emilio Santiago Ambrosio, Darío Roberto Campos Martínez, Carlos Bourget Aguilar y Marta Elia Aguilar García, todos ellos trabajadores de la Radio Calenda de Oaxaca, quienes, dice, han sido objeto de amenazas y ataques por parte del presidente del municipio donde opera esa radiodifusora.
El 11 de julio de 2007, la CIDH solicitó medidas cautelares a favor de Francisco Velasco Hernández, luego de que, el 13 de enero de 2007 agentes de la Policía Ministerial del estado de Oaxaca, lo detuvieron en el centro de la ciudad de Oaxaca. Según denuncias, Velasco Hernández fue torturado para que confesara haberse robado un automóvil.
El 26 de julio de 2007, el organismo solicitó esas medidas a favor de Alejandro Noyola, Jesús Manuel Grijalva Mejía, Alba Gabriela Cruz Ramos, Alma Delia Gómez Soto, César Grijalva, Flora Gutiérrez y Jesús Alfredo López García, abogados miembros del Comité de Liberación 25 de Noviembre, instancia dedicada a la atención psicológica y asistencia jurídica de los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), detenidos en noviembre de 2006.
En 2008, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 177 habitantes del municipio de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, ante la presencia de supuestos grupos armados en la zona. Días antes, el 30 de abril de ese año, 40 hombres armados ejecutaron a Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé en el paseo de Santo Domingo Ixcatlán.
El 8 de mayo de 2009, la CIDH solicitó protección en favor del integrante de la APPO, Marcelino Coache Verano, y su familia quienes, de acuerdo con denuncias, han sido objeto de amenazas y de actos de hostigamiento desde 2007. El 4 de marzo de 2009, Coache Verano fue secuestrado y torturado.
En este año, el 4 de agosto, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 800 habitantes de la Comunidad Indígena Mixteca de Lázaro Cárdenas, Putla, Oaxaca, México.
De acuerdo a la información recibida, la situación se habría agudizado en los meses de marzo y mayo de 2010, con la presunta desaparición de Marcelino Pedro Hernández Jiménez y Eleazar Asunción Sánchez Hernández y la supuesta invasión de aproximadamente 1500 personas procedentes de otra comunidad, ocurrida en el mes de julio de 2010.
El 23 de abril de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de José Alejandro Solalinde Guerra, David Álvarez Vargas, Areli Palomo Contreras, Mario Calderón López y Norma Araceli Doblado Abrego, quienes trabajan en el Albergue del Migrante Hermanos en el Camino de Ixtepec.
Esto porque en febrero de 2010, el padre Solalinde Guerra habría sido detenido y encañonado por policías federales al concurrir a la Fiscalía del Estado de Oaxaca en el contexto de investigaciones iniciadas por el presunto asesinato de tres migrantes.
El 7 de octubre, la CIDH concedió 135 medidas cautelares para los indígenas triquis desplazados de San Juan Copala.
Y finalmente, el pasado 10 de noviembre, la CIDH concedió otras seis medidas cautelares para Juan Manuel Martínez Moreno y su Familia.
Alrededor de 200 asesinatos de luchadores sociales e indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos, así como por conflictos agrarios, electorales o interétnicos, esto sin contar con las ejecuciones de gente considerada los “archivos” del poder. Más de 600 detenciones, tan solo 502 en el conflicto sociopolítico de 2006, de los cuales se documentaron 380 casos de tortura.
A ello se suman las nueve desapariciones forzadas, los secuestros “selectivos” de gente vinculada al movimiento social, las amenazas, allanamientos y agresiones contra defensores de derechos humanos, sacerdotes y comunicadores. Por esta situación, existen por lo menos 100 expedientes abiertos en materia penal y 63 por daño moral ante los tribunales de justicia y civiles que han interpuesto organizaciones como Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Comité de Liberación 25 de Noviembre, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco y el Comité de Familiares de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo).
Esto sin contar que se interpusieron nueve juicios políticos en contra del gobernador, de los cuales dos siguen abiertos. Además, se interpusieron 40 controversias constitucionales por revocación de mandato constitucional, principalmente de autoridades municipales o discrepancia en la asignación de recursos. Debido a la ausencia del Estado de derecho en Oaxaca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la Organización de Estados Americanos solicitó al estado mexicano brindaran mil 258 medidas cautelares a periodistas, comunidades enteras, defensores de derechos humanos, sacerdotes y luchadores sociales.
Para la responsable del área jurídica del Comité 25 de Noviembre, Alba Cruz Ramos, este hecho refleja “la falta de garantías con relación a la seguridad jurídica de los gobernados por parte del estado”. Lo delicado es que esa cantidad de medidas “quiere decir que no hay un estado democrático mexicano, al contrario, lo pone a niveles de países dictatoriales porque no respetan el Estado de derecho”. Detalló que el comité tiene interpuestas 32 denuncias contra el gobernador ante la Procuraduría General de la República por delitos de tortura, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, excesos de los funcionarios públicos tano por acción como por omisión.
Mientras que la Cofadappo reactivó 63 denuncias interpuestas ante la PGR, en contra del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz por las violaciones a las garantías individuales durante el conflicto político de 2006. “Con la cara en alto decimos que somos inocentes, lo que sigue es exigir el pago de la reparación de los daños” manifestó Porfirio Domínguez al recordar que los 143 presos detenidos el 25 de noviembre de 2006 demostraron su inocencia. Precisó que paralelo a la reactivación de las denuncias ante la PGR, los 63 integrantes de la Cofadappo demandan la reparación económica de los daños sufridos que va de los 400 mil a los 3 millones de pesos por persona.
HABLAR DEL GOBERNADOR ES HABLAR DE HECHOS
Como candidato, Ulises Ruiz utilizo el lema de campaña Empleo y Seguridad y no cumplió, sin embargo, en el ocaso de su gobierno, el gobierno del estado utiliza el slogan: “Hablar del gobernador es hablar de hechos”. Para hechos está el asesinato a garrotazos del profesor Serafín García Contreras perpetrado, el 27 de julio de 2004, por Jacinto Pineda Casimiro alias “El Diablo” como el autor material y al actual diputado federal Elpidio Concha Arellano como el intelectual.
Horas más tarde, fue asesinada la candidata del PRD a la presidencia municipal de San José Estancia Grande, Guadalupe Ávila Salinas. Una vez que ganó y tomo posesión como gobernador, en noviembre de 2005, fue asesinado el dirigente del Consejo Regional Obrero Campesino Urbano de Tuxtepec (CROCUT), César Toimil Roberts y cuatro de sus ayudantes.
En 2007 fue asesinado el líder del PRD en Ejutla, Félix Cruz Barrita, en el marco de las elecciones federales. Posteriormente, en abril de 2009, Beatriz López Leyva, ex dirigente del PRD, asistente del senador Salomón Jara Cruz y colaboradora del senador Gabino Cué Monteagudo, fue asesinada en su domicilio en San Pedro Jicayán.
La estela de sangre continuó con el asesinato, en octubre de 2009, de Margarito Montes Parra, líder nacional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (Ugocp), cuando un comando acribilló a 15 integrantes de su familia en Sonora. El 20 de mayo de este año fue asesinado en Yosoyuxi Copala, el líder natural triqui, Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa.
El 22 de octubre de 2010 fue asesinado el líder del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), Catarino Torres Pereda, quien participó en el movimiento social de 2006 y por ello fue encarcelado. Un día después, el 23 de octubre, fue asesinado el máximo dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, así como del Partido Unidad Popular, Heriberto Pazos Ortiz.
SILENCIAR ARCHIVOS
En enero de 2006, el presidente municipal de Ciudad Ixtepec, Neguib Tadeo Manrique Madariaga, y gente cercana al ex gobernador José Murat, fue emboscado y ejecutado con cuatro integrantes de su familia, en el estado de Veracruz. Posteriormente, en enero de 2008, un comando ejecutó a Alejandro Barrita Ortiz, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), junto con otras tres personas.
Posteriormente el 23 de enero de 2009 fue ejecutado el ex coordinador de seguridad pública municipal, Aristeo López Martínez. A ambos jefes policiacos se les vinculo insistentemente con las “caravanas de la muerte” que realizaron secuestros, torturas y asesinatos durante y después del conflicto sociopolítico de 2006. Los levantones fueron selectivos y se realizaron en automóviles sin placas y ocupantes sin identificación oficial, o que estuvieron recluidos en los centros penitenciarios.
También en marzo de 2008 fue asesinado el comandante regional de la Policía Ministerial, Ricardo Rodríguez Silva (a) “El gigio” y posteriormente, en agosto de 2008, el comandante Jonas Efigenio Gutiérrez Corro fue desaparecido. Ambos “sabían mucho de la desaparición forzada” de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR), ocurrida en mayo de 2007.
Antes, en abril de 2006 fue desaparecido el ex diputado local del Partido Cardenista y ex alcalde de Cosolapa, Miguel Herrera Lara, y a la fecha se desconoce su paradero. En diciembre de 2009, fue asesinado el líder de comerciantes, Roberto Mendoza, quien fue señalado de participar en la invasión a las bodegas del Diario Noticias. Posteriormente, el 18 de agosto, fue ejecutado el dirigente sindical del Colegio de Bachilleres de México, Tomás Matus Matus.
Y el pasado 29 de octubre fueron ejecutados en pleno centro histórico los “porros” Rubén Marmolejo Maldonado alias “El dragón” y José María González Porras (a) “El chema”, a quienes se les vinculaba con el rector de la UABJO y funcionarios del primer nivel del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
PERIODISTAS Y DEFENSORES ASESINADOS
Durante este sexenio también fueron asesinados el periodista estadounidense Bradley Roland Will, en octubre de 2006, y pese a las presiones del propio gobierno de Estados Unidos no se ha esclarecido. En diciembre de 2006 también fue asesinado el periodista y dirigente de la organización priista Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, Raúl Marcial Pérez.
Posteriormente, las locutoras comunitarias triquis de la “Voz que rompe el silencio” Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez, fueron emboscadas y asesinadas en abril de 2008. Mientras que los activistas defensores de derechos humanos el finlandés Jyri Jaakkola y la mexicana Beatriz Cariño, fueron asesinados en una emboscada en abril de este año.
Esto sin contar amenazas, robos, allanamientos y agresiones a otros defensores de derechos humanos a los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les otorgó medidas cautelares. Para ello, Ulises Ruiz trastocó las leyes, debilitó a las instituciones, limitó la libertad de expresión y desacató los informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Civil de Observación Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH otorgó mil 264 medidas cautelares a periodistas, defensores de derechos humanos e indígenas mixtecos, zapotecos y triquis, algo escandaloso e inédito en un régimen que se dice democrático.
En cuanto a los ataques de libertad de expresión, Ulises Ruiz no sólo solapó a su antecesor José Murat Casab en la agresión al Periódico "Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca", sino que se prestó a orquestar la toma violenta de sus instalaciones en junio de 2005 y mantener retenidos durante un mes a 30 trabajadores del Diario. Minerva Nora Martínez Lázaro del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco afirmó que las medidas cautelares solicitadas en los últimos seis años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de ciudadanos mexicanos, "nunca se aplicaron, en franco desacato a los tratados internacionales firmados por México".
Al hacer un recuento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH de 2005 a la fecha, se confirma que el organismo requirió al Estado mexicano aplicar mil 264 medidas cautelares, en los casos de "ataques a la libertad de expresión, la presencia de presuntos grupos paramilitares y hostigamientos a defensores de derechos humanos".
De entre las medidas cautelares solicitadas por la CIDH de 2005 a la fecha, al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, se le solicitó otorgar 116 medidas cautelares a trabajadores y el presidente del Grupo "Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca", "por actos de violencia y hostigamiento, al ser invadidas sus bodegas y, posteriormente, declarar, desde la administración estatal, una huelga ficticia". Otro caso es el de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, donde la CIDH solicitó aplicar ese tipo de medidas a favor 177 habitantes de esa comunidad mixteca, después del asesinato de tres opositores del exalcalde Fredy Eucario Morales. Según la CIDH, en
Antes, el 29 de julio de 2005, el organismo otorgó medidas cautelares a favor de Antonio Jacinto López Martínez quien, el 24 de octubre de 2004, fue nombrado alcalde del municipio de San Martín Itunyoso por el sistema de usos y costumbres. Y es que cuando intentó asumir sus funciones, López Martínez recibió amenazas de muerte y luego fue víctima de un atentado con armas de fuego, que dejó un saldo de cuatro muertos.
En 2007, la CIDH otorgó medidas de protección a favor de Esteban Abel Sánchez Campos, Emilio Santiago Ambrosio, Darío Roberto Campos Martínez, Carlos Bourget Aguilar y Marta Elia Aguilar García, todos ellos trabajadores de la Radio Calenda de Oaxaca, quienes, dice, han sido objeto de amenazas y ataques por parte del presidente del municipio donde opera esa radiodifusora.
El 11 de julio de 2007, la CIDH solicitó medidas cautelares a favor de Francisco Velasco Hernández, luego de que, el 13 de enero de 2007 agentes de la Policía Ministerial del estado de Oaxaca, lo detuvieron en el centro de la ciudad de Oaxaca. Según denuncias, Velasco Hernández fue torturado para que confesara haberse robado un automóvil.
El 26 de julio de 2007, el organismo solicitó esas medidas a favor de Alejandro Noyola, Jesús Manuel Grijalva Mejía, Alba Gabriela Cruz Ramos, Alma Delia Gómez Soto, César Grijalva, Flora Gutiérrez y Jesús Alfredo López García, abogados miembros del Comité de Liberación 25 de Noviembre, instancia dedicada a la atención psicológica y asistencia jurídica de los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), detenidos en noviembre de 2006.
En 2008, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 177 habitantes del municipio de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, ante la presencia de supuestos grupos armados en la zona. Días antes, el 30 de abril de ese año, 40 hombres armados ejecutaron a Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé en el paseo de Santo Domingo Ixcatlán.
El 8 de mayo de 2009, la CIDH solicitó protección en favor del integrante de la APPO, Marcelino Coache Verano, y su familia quienes, de acuerdo con denuncias, han sido objeto de amenazas y de actos de hostigamiento desde 2007. El 4 de marzo de 2009, Coache Verano fue secuestrado y torturado.
En este año, el 4 de agosto, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 800 habitantes de la Comunidad Indígena Mixteca de Lázaro Cárdenas, Putla, Oaxaca, México.
De acuerdo a la información recibida, la situación se habría agudizado en los meses de marzo y mayo de 2010, con la presunta desaparición de Marcelino Pedro Hernández Jiménez y Eleazar Asunción Sánchez Hernández y la supuesta invasión de aproximadamente 1500 personas procedentes de otra comunidad, ocurrida en el mes de julio de 2010.
El 23 de abril de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de José Alejandro Solalinde Guerra, David Álvarez Vargas, Areli Palomo Contreras, Mario Calderón López y Norma Araceli Doblado Abrego, quienes trabajan en el Albergue del Migrante Hermanos en el Camino de Ixtepec.
Esto porque en febrero de 2010, el padre Solalinde Guerra habría sido detenido y encañonado por policías federales al concurrir a la Fiscalía del Estado de Oaxaca en el contexto de investigaciones iniciadas por el presunto asesinato de tres migrantes.
El 7 de octubre, la CIDH concedió 135 medidas cautelares para los indígenas triquis desplazados de San Juan Copala.
Y finalmente, el pasado 10 de noviembre, la CIDH concedió otras seis medidas cautelares para Juan Manuel Martínez Moreno y su Familia.
