PRIMERO EL ESTADO DE DERECHO
25 nov 2010
Inútil, capturar capos si la ley no se impone, reclama Pascual
Entrega tres helicópteros para el combate al narcotráfico, que son parte de la Iniciativa Mérida
García Luna pide a PGR indagar imputaciones de El Grande y La Barbie a mandos de la PF
ÁNGELES CRUZ Y GUSTAVO CASTILLO
Periódico La Jornada
Jueves 25 de noviembre de 2010, p. 5
Para detener la violencia que se vive en México es necesario que el gobierno tenga la capacidad de aplicar el estado de derecho, pero también que no se limite a la aprehensión de líderes de los cárteles del narcotráfico, sobre todo ahora que la delincuencia organizada ha extendido sus áreas de negocio para presionar a las autoridades con la finalidad de que le dejen seguir trabajando con impunidad, advirtió el embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual.
Por lo mismo, manifestó el diplomático durante una conferencia magistral que ofreció en El Colegio de México, tampoco sería suficiente con detener el tráfico de armas provenientes de su país. Además de arrestar a las cabezas de los grupos delictivos, hace falta incidir en su capacidad de operación con la identificación de sus casas de seguridad, las bodegas donde se encuentran las armas o los vehículos que utilizan.
Amenazas, más allá de nuestras fronteras
En acto previo, Pascual anunció que como parte de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos entregará a México equipo y capacitación con costo superior a 600 millones de dólares para finales de 2011.
En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, señaló que pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue los señalamientos de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, que involucran a mandos de la Policía Federal (PF), como Luis Cárdenas Palomino y Armando Espinosa de Benito, con los cárteles de los Beltrán Leyva y de Sinaloa.
El diplomático y los funcionarios participaron en la ceremonia en que el gobierno de Estados Unidos entregó tres helicópteros Black Hawk a la SSP federal para la lucha contra el narcotráfico, como parte de los compromisos de la Iniciativa Mérida.
Pascual señaló que la amenaza que enfrentan nuestros países va más allá de las fronteras, por lo que nuestra habilidad paratrabajar juntos debe trascenderlas de igual manera. Los gobiernos de México y Estados Unidos harán todo lo que esté a su alcance por avanzar en hacer valer el imperio de la ley, dijo. Mencionó que las unidades Black Hawk UH-60M son un signo tangible de la corresponsabilidad que comparten ambas naciones (...) y es una muestra del compromiso con México para actuar con presteza contra los criminales, y para dar mayor poderío a las fuerzas mexicanas.
Al dictar la conferencia México en la encrucijada, ante académicos y alumnos de El Colegio de México, el embajador planteó la perspectiva que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre la situación en el país. Afirmó que la escalada de violencia no es resultado de la estrategia que aplica el presidente Felipe Calderón para combatir el crimen organizado; más bien se trata de una lucha de “cárteles contra cárteles, pandillas contra pandillas”, que encontró a las autoridades sin capacidad de control en los niveles estatal y municipal.
Mencionó que debido a la falta de capacidad operativa de las policías, Calderón tuvo que recurrir al uso de las fuerzas armadas como medio de transición mientras prepara nuevos y más elementos civiles. En esta tarea, el gobierno de Estados Unidos apoya a México en capacitación y entrenamiento policiaco.
Sin embargo, dijo, todo toma tiempo. No se cambia de un día para otro la policía ni al sistema judicial, aunque es un reto que debe vencerse porque en la actualidad menos de dos por ciento de los delitos resultan en una sentencia. En estas condiciones ocurre que los delincuentes reciben el mensaje de que no hay riesgo y pueden seguir delinquiendo, apuntó.
También llamó la atención acerca de la necesidad de emprender acciones encaminadas a reducir la capacidad financiera de los cárteles pues, de acuerdo con información de agencias estadunidenses, al año se lavan entre 19 mil y 29 mil millones de dólares en México y Estados Unidos. Sin embargo, agregó, existe el problema de que los estados de la República carecen de registros de propiedad digitales. En 19 entidades apenas iniciaron el proceso para modernizar sus sistemas y en 13 no existe nada de esto.
En relación con la Iniciativa Mérida, Pascual recordó, en el acto con la SSP, que ya se cumplen dos años de la firma de acuerdo entre los gobiernos estadunidense y mexicano, y desde entonces se han entregado cerca de 310 millones de dólares en equipo y capacitación, y para 2011 se agregarán 495 millones más.
Indicó que en muchos puertos de entrada a México, como Veracruz y Lázaro Cárdenas, se han instalado equipos de inspección no intrusiva con los fondos de la Iniciativa Mérida, que son utilizados para la inspección de carga, fletes y equipaje en movimiento a lo largo del país, para detectar armas, drogas y explosivos.
El gobierno alienta violencia contra las mujeres: Centro Prodh
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 24 de noviembre (apro).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aseguró hoy que la violencia contra las mujeres en México es “alentada por el Estado” porque ha encomendado a fiscalías “ineficientes” la investigación sobre las agresiones cometidas en su contra, lo cual propicia la impunidad.
En vísperas de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer –que se conmemora este 25 de noviembre, en memoria de tres activistas asesinadas en República Dominicana en el año 1960, por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo–, la asociación no gubernamental resaltó que las dos dependencias creadas desde 2006 para atender el problema –la Fiscalía Especial de Violencia contra las Mujeres (Fevim) y la Especializada en la Investigación de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas (Fevimtra)– no han dado los resultados esperados.
Y acusó al Estado mexicano de ser el responsable del incremento de feminicidios “al no crear instancias pertinentes ni adoptar las medidas eficientes” para erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, recordó que entre enero de 2009 y junio de 2010 ocurrieron mil 728 feminicidios, según lo testificó, en una reciente visita, la Misión Internacional por Acceso a la Justicia de las Mujeres Región Mesoamérica.
En un comunicado, el Centro Prodh detalló que la titular de Fevimtra, Sara Irene Herrerías Guerra, tiene un sueldo mensual de 193 mil 755 pesos, y que su desempeño es deficiente porque no ha podido poner un alto a la violencia contra las mujeres.
Ejemplo de ello, agregó, es que entre febrero de 2008 y octubre de 2010 la Fevimtra recibió 386 denuncias, de las cuales en sólo dos casos de violencia contra mujeres ejerció su facultad de atracción.
De acuerdo con la organización, la Fevimtra canalizó139 averiguaciones previas a otras instancias, y sólo consignó 45, de las cuales ejecutó sólo 17 órdenes de aprehensión contra probables responsables
Y recordó que a más de cuatro años de que varias mujeres fueron agredidas sexualmente por fuerzas de seguridad en Atenco –los días 3 y 4 de mayo de 2006–, “ni los perpetradores de tales actos ni las autoridades que ordenaron la inclusión violenta han sido sancionados”.
La impunidad en el caso, agregó el Centro Prodh, refleja “la falta de compromiso gubernamental con los derechos humanos”, así como la discriminación de las autoridades por motivos de género.
Ante ello, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de resaltar que la Fevimtra se negó a atraer las investigaciones.
En su negativa, explicó, la Fevimtra “consideró que en Atenco se perpetró tortura sexual en contra de las mujeres, sin embargo no consignó a los responsables, pese a la existencia de todas las pruebas”, dejando las investigaciones a merced de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, “sujeta a los designios del titular del Poder Ejecutivo local, Enrique Peña Nieto”.
La organización reiteró su exigencia de justicia para las mujeres torturadas sexualmente en Atenco, y exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a admitir la queja presentada desde abril de 2008.
La guerra contra el narcotráfico ha invisibilizado los feminicidios
Arranca la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género
Entre los militares que mandan y los capos de la droga se perdido los derechos de ellas: Sandra Serrano, de Flacso
ARIANNE DÍAZ, GABRIEL LEÓN Y ALMA MUÑOZ
Periódico La Jornada
Jueves 25 de noviembre de 2010, p. 42
En México la lucha contra el crimen organizado ha invisibilizado el fenómeno de los asesinatos a mujeres, por lo cual urge retomar la propuesta de tipificación de este delito presentada al Congreso federal en diciembre de 2008, exigió la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México al presentar en la zona de las islas de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Mapa del Feminicidio en el territorio nacional.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusó al Estado mexicano de alentar la violencia de género. Puso de ejemplo la impunidad en el caso de la tortura sexual contra las detenidas en San Salvador Atenco durante el operativo policial del 3 y 4 de mayo de 2006.
Pese a que han pasado cuatro años, ni los perpetradores de tales actos ni las autoridades que ordenaron la incursión violenta han sido sancionados, denunció.
Asimismo, y siempre en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy, la campaña internacional 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género ubicó en 2010 a la militarización como una de las estructuras que perpetúan la agresividad.
La campaña de los 16 días concluirá el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde hace 20 años se despliega esta actividad, la cual coordina el Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres (CWGL, por sus siglas en inglés).
En su caracterización del fenómeno, la militarización es una ideología que genera una cultura de miedo y apoya el uso de la violencia, la agresividad o las intervenciones militares para solucionar disputas y reforzar intereses económicos y políticos.
En tal sentido, la violación sexual es usada como táctica y el militarismo no se limita a las zonas de guerra o a la esfera pública; las familias de hombres y mujeres militarizados pueden vivir la violencia en sus propios hogares, pues la violencia doméstica armada está escondida de la vista pública.
Sandra Serrano, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), catalogó a la militarización que se vive en el país –a propósito de la guerra contra el crimen organizado– como una violación de los derechos humanos directamente imputable al Estado.
La estrategia contra el narcotráfico afecta una serie de derechos, como la libertad, la propiedad y la integridad personal... las muertes que se generen a raíz de sus políticas quedan bajo su responsabilidad, advirtió durante una conferencia de prensa.
Por su parte, Susana Franklin, quien dirige un refugio para víctimas de maltrato, consideró que el nivel de tensión que propicia esa militarización en las ciudades provoca mayor violencia y que entre los militares que mandan y los narcotraficantes, los derechos de las mujeres se pierden.
Recordó que la instauración de este día obedece a la represión que sufrieron, en 1960, las hermanas Mirabal bajo la dictadura militar de Leónidas Trujillo, en República Dominicana. A 50 años de ese episodio, la activista apuntó con tristeza que la mujer sigue siendo violentada por personal castrense, y que este día, más que conmemorativo, es de duelo.
A su vez, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México apremió a la integración de un banco de datos nacional de feminicidio, que incluya variables completas sobre el crimen con la finalidad de diseñar acciones y políticas que erradiquen este grave problema en territorio nacional. Lo anterior, aseguraron, porque resulta urgente e inaplazable otorgar visibilidad y solución a este terrible problema social derivado de una cultura obsoleta que aún se vive en numerosas entidades del país.
El Centro Pro subrayó que en fechas recientes integrantes de la Misión internacional por acceso a la justicia de las mujeres en la región de Mesoamérica dieron a conocer que hubo mil 728 feminicidios en 18 estados, de enero de 2009 a junio de 2010.
Frente a tales hechos, indicó, hay inoperancia de las instancias encargadas de poner un alto a la violencia de género y tampoco han creado las dependencias pertinentes ni adoptado las medidas eficientes para su erradicación.
A su vez, el Centro Tlachinollan planteó que la violación a los derechos humanos de las mujeres se mantiene de manera flagrante en Guerrero.
