¿QUIÉN LO FESTEJA?

19/11/2010

El centenario
LUIS JAVIER GARRIDO
El centenario del inicio de la Revolución de 1910 no lo puede moralmente festejar en México un gobierno de extrema derecha, que está culminando el desmantelamiento del legado histórico del movimiento popular iniciado hace 100 años.
1. La paradoja de los llamados festejos del centenario de 2010 es que quienes hoy gobiernan son los representantes de aquellos grupos que a lo largo del último siglo se opusieron a los logros del movimiento armado de 1910, y que lo único que pueden festejar es precisamente lo contrario: el hecho de que en los últimos 25 años han logrado desmantelar muchas de las principales conquistas del movimiento armado e instaurar un poder de facto que sirve en lo esencial a intereses del exterior.
2. El Partido Acción Nacional, en el poder, fue creado en 1939, precisamente para luchar contra los postulados de la Revolución: el reparto de la tierra, la expropiación del petróleo, el reconocimiento de los derechos sociales, el nacionalismo económico y la intervención del Estado en la economía, medidas que los gobiernos tecnocráticos del PRI empezaron a revertir desde los años 80, lo que propició que los panistas se identificaran y aliaran con éstos, en el objetivo común de culminar este proceso.
3. No debe sorprender, por lo mismo, el hecho de que las fiestas del centenario de 2010 le hayan permitido al gobierno de facto, en una explosión de cinismo, reducir el festejo oficial del 20 de noviembre a un desfile militar de carácter folklórico-militar y a actos de carácter musical, que no logran ocultar que el verdadero festejo de la contrarrevolución hecha gobierno sea que en este 2010 se esté profundizando el desmantelamiento, en nombre de la ideología neoliberal, de los principales logros de la Revolución plasmados en la Constitución de 1917.
4. La extrema derecha que llegó al poder por asalto en México en 2006, no solamente redujo el festejo conmemorativo del 20 de noviembre a su mínima expresión, sino que ha utilizado el centenario como pretexto para lanzar una rencorosa campaña de desinformación tratando de tergiversar la historia para denostar en los medios tanto a la Revolución como a sus hombres, calificándola a través de académicos y periodistas que le sirven como un proceso lamentable que condujo al país al atraso, un experimento fallido y un mito, aseverando, entre otras cosas, que sus actores centrales, salvo Madero, al que reivindican los panistas, fueron corruptos y asesinos, y que más vale olvidarse de todos esos años.
5. La labor propagandística del gobierno ha llegado en sus excesos a identificar a la Revolución con el régimen de partido de Estado establecido en 1929, con objetivos inmediatistas de política electoral. Al describir al proceso revolucionario como una simple secuela de violencia y corrupción y hacer la amalgama Revolución Mexicana=PRI, lo que ha buscado es descalificar a los priístas, que han sido sus aliados, y a los perredistas, a los que ahora se alía, como emisarios del pasado.
6. Los festejos han puesto en evidencia también a las fuerzas armadas, que involucradas por el gobierno en una tarea policiaca que la Constitución les prohíbe asumir, han aceptado subordinarse a agencias estadunidenses en una supuesta lucha contra el narcotráfico, comprometiendo la soberanía nacional y la independencia del país, que fueron principios centrales de la Revolución.
7. La Revolución que el pueblo de nuestro país guarda entrañablemente en su memoria histórica, y que ha constituido un referente fundamental para todos los pueblos de América Latina, está más allá de la lucha de facciones que aparece inevitablemente en todo proceso revolucionario, y de las virtudes y defectos de los principales actores políticos, pues fue un momento histórico único, en el que el pueblo se erigió como actor fundamental de su propio destino.
8. Los hombres de la Revolución no son todos condenables como quieren los panistas, y en el contexto de la violencia revolucionaria que se dio en esos años, muchas figuras seguirán siendo referente fundamental para las luchas futuras del pueblo, cada uno desde su propia dimensión, y al lado de Francisco I. Madero, seguirán estando muy en alto los nombres de Ricardo Flores Magón, de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, de Lázaro Cárdenas y de muchos otros.
9. Las comparaciones históricas son siempre aleccionadoras y el régimen de Porfirio Díaz, que condujo al estallido de la Revolución Mexicana, no puede compararse en sus excesos despóticos y antinacionales al régimen despótico y antinacional de la actual mafia en el poder, que no se ha dado aún cuenta de que no podrá seguir impunemente pisoteando los derechos del pueblo y de la nación.
10. Los mexicanos siguen sintiendo y entendiendo, a pesar de los panistas, el valor del proceso revolucionario de 1910, que va a continuar siendo por muchas razones referente fundamental para México, sobre todo porque el pueblo asumió entonces con valor único su destino histórico.
Opacidad universitaria
Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F., 18 de noviembre.- La UNAM ha merecido, sin duda, muchas medallas en distintos rubros, pero tiene una gran debilidad institucional: es opaca, no se somete a una rendición de cuentas y tolera la impunidad sin que pase nada. Existen elementos que permiten sustentar lo que afirmo. Veamos.
Primero. En el informe de labores correspondiente a 2009, el rector de la UNAM sostuvo que “la universidad cumple con el objetivo de garantizar el acceso a la información de la institución, a través de los 17 rubros obligados por la ley, que se incluyen en la Página de Transparencia Universitaria”. Esta afirmación es falsa, en virtud de las razones siguientes:
a). Confunde conceptos. El acceso a la información no se satisface solamente con poner parte de la misma a disposición de las personas en la web; requiere, además, de un sistema que permita enviar solicitudes y recibir respuestas. En otras palabras, el acceso debe cumplir con la información de oficio y con la información a petición de parte. La UNAM no cubre ninguno de ambos requisitos. La información de oficio es genérica, no desglosada y llena de datos ininteligibles, en tanto que la información a petición de parte es mínima e interpretada al margen de la ley.
b). Al solicitar, por ejemplo, las cédulas profesionales del personal que por ley debe contar con una, la respuesta de la UNAM fue que “no es posible entregar esa información por ser personal y confidencial” (respuesta del 18 de octubre de 2010). Esto, pese a que dicha información es pública en la Administración Pública Federal y en varias entidades federativas, en virtud de que es fundamental para proteger a la sociedad en la medida en que sólo los profesionales deben realizar determinadas funciones regladas por ley.
c). Al solicitar la información sobre los currículum vítae profesionales del personal de la UNAM, la respuesta fue idéntica a la anterior: se trata de información personal y confidencial. Sobra decir que el conocimiento del currículum vítae es una herramienta de control social para la rendición de cuentas en tanto permite saber si hay coincidencia entre el perfil del puesto y la persona que lo ocupa. Así, es posible que un personal de ayudantía del rector que no debe satisfacer ningún requisito tenga un salario mayor al de un profesor de tiempo completo titular C, quien al menos debe contar con un grado de doctor, así como con obra publicada, y haber aprobado exámenes de oposición.
Segundo. La UNAM cuenta con una de las altas burocracias más privilegiadas, que nada tiene que envidiar al personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al de algunos organismos descentralizados. En efecto, el artículo 59 del Estatuto del Personal Académico dispone que un funcionario de la UNAM que ocupe un alto cargo y permanezca al menos seis meses en el mismo mantendrá su sueldo aun en el supuesto de que regrese a su plaza académica. La interpretación generosa para la alta burocracia ha generado una partida para que tanto funcionarios como exfuncionarios no pierdan sus altos ingresos. Al solicitar a la UNAM la lista del personal que mantiene ese sobresueldo, la respuesta fue: “Se trata de una información confidencial y reservada” (respuesta del 19 de octubre del 2010).
Esta respuesta es inconstitucional, pues todas las percepciones de las personas con cargo al erario deben ser públicas. En ampliación telefónica de dicha réplica, la Dirección de Operación de la Unidad de Enlace de la UNAM (27 de octubre de 2010) informó que ese sobresueldo se proporciona “para mantener el nivel de vida a la que están acostumbrados los altos funcionarios, cuya pérdida súbita del empleo puede generarles una afectación familiar y anímica”.
¿Por qué sólo se trata así a los altos exfuncionarios de la UNAM y no al resto del personal? ¿No creen que cualquier otra persona que pierde el empleo de manera “súbita” pueda tener afectaciones “familiares y anímicas”? ¿Por qué la Cámara de Diputados debe mantener en su Presupuesto de Egresos ese statu quo, que nada tiene que ver con la educación superior y sí con la existencia de privilegios ilegítimos que desvían recursos en perjuicio de todos?
Tercero. Al solicitar indicadores, evaluación del desempeño y programas de trabajo de los profesores de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, la respuesta fue que para platicar sobre el tema el solicitante debía ponerse en contacto con el maestro Benito Hernández Jiménez. Por si fuera poco, el director de la Facultad, Ruperto Patiño, tiene como secretario particular ¡a su propio hijo!, quien despacha en una oficina contigua a la de su padre.
Por el contrario, a iniciativa personal de Diego Valadés como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se puede verificar en la página www.juridicas.unam.mx la producción individual de cada uno de los investigadores del IIJ UNAM, así como el histórico correspondiente, lo que permite evaluar esta información de cara a la sociedad.
Al solicitarse a la UNAM por qué no existe un sistema electrónico de información del histórico de solicitudes, respuestas, recursos interpuestos y un buscador amigable que permita conocer de mejor manera la información pública de la universidad, la respuesta fue: “porque no está prevista en la legislación universitaria”.
De nada sirve tampoco inconformarse con las respuestas indebidas a las solicitudes de información, habida cuenta que la UNAM mantiene un sistema de revisión en el que los integrantes son juez y parte. Algo podrían hacer los diputados Luis Videgaray, Jesús Alberto Cano, Felipe Enríquez, Manuel Hinojosa, Mario Moreno, Rodrigo Zapata, Julio Castellanos, Alfredo Javier Rodríguez, Sergio Ernesto Gutiérrez, Vidal Llerenas, Rosario Brindis, Pedro Jiménez, Pedro Vázquez y Jorge Kahwagi, directivos de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para acotar este estado de cosas.