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Se castigarán crímenes en Oaxaca: Cué

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

Periódico La Jornada

Oaxaca, Oax., 23 de noviembre. El gobernador electo Gabino Cué Monteagudo prometió castigar los crímenes cometidos en la entidad contra luchadores y activistas sociales no sólo desde 2006, sino todos los que se han registrado hasta ahora.

En entrevista, sostuvo que su gobierno no permitirá la impunidad y la erradicará de Oaxaca, pues ningún oaxaqueño estará tranquilo hasta que haya justicia. Destacó que su administración actuará conforme a la ley y no será faccioso. Haremos justicia. No caeremos en venganzas, aclaró.

Cué Monteagudo dijo que respeta la movilización convocada para el primero de diciembre (día de la toma de posesión del nuevo gobierno) por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y organizaciones adheridas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Los inconformes, recordó, exigen que se investiguen y se castiguen los asesinatos supuestamente perpetrados por autoridades estatales durante los cuatro años recientes,” y tienen razón”.

PGJE fue incapaz de otorgar justicia

Sayra Cruz

[08:16] La ineficacia por aclarar los asesinatos políticos ocurridos en el actual sexenio empañaron la comparecencia de la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) María de la Luz Candelaria Chiñas, pues siguen sin ser resueltos como tampoco se han integrado correctamente los expedientes, aseguró ayer diputado local del PRD, Pavel López Gómez.

Al argumentar sus señalamientos, el legislador perredista enlistó los asesinatos ocurridos a lo largo del sexenio. Estos son los pendientes que deja la administración del régimen “autoritario que alimentó la incertidumbre y la incompetencia en el sistema de procuración de justicia, porque fue incapaz de dar respuesta a las interrogantes y sobre todo, garantizar justicia para sus ciudadanos”, comentó

Pavel, informó que en el 2005 fue asesinado a golpes por desconocidos el líder social, Pioquinto Becerra Ballesteros. Hasta el momento este crimen sigue sin aclarar, expresó.

El 5 de abril del 2006 fue desaparecido el dirigente de la Coalición de Trabajadores del Campo y la Ciudad y fundador del Partido Cardenista en Oaxaca, Miguel Herrera Lara, “El Cocodrilo”, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

El 29 de noviembre del 2005 fue emboscado por desconocidos en la Cuenca del Papaloapan el dirigente campesino César Toimil Roberts cuando viajaba junto con dos seguidores a bordo de una lancha en la presa Miguel Alemán, municipio de Acatlán de Pérez Figueroa.

El diputado remarcó los hechos de sangre contra líderes ocurridos durante el movimiento social del 2006, entre los cuales figuran los cerca de 20 muertos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) incluyó en su fallo.

Respecto a este caso, el legislador del Sol Azteca anotó que llama especialmente la atención los crímenes de Estado cometidos en contra de quienes estuvieron vinculados a los “escuadrones de la muerte”, cuerpos policiacos o porriles sirviendo a intereses particulares. En ese sentido, mencionó los crímenes contra los ex jefes policiacos, Alejandro Barrita Ortiz, ex militar con grado de teniente, así como el ex coordinador de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito de esta capital, Aristeo López Martínez,

Al año siguiente, en mayo de 2007, dijo, desaparecieron los integrantes del Ejército Popular Revolucionario, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz. Se sabe que los dos militantes que participaron en el movimiento del 2006 fueron detenidos por policías estatales. Hasta la fecha no se sabe nada de ellos, indicó.

Recordó que el 16 de marzo del 2008 fueron asesinados Roberto Castro Ramírez, dirigente del Frente Democrático para el Desarrollo, y su hijo Iván Castro Sánchez, así como Valentín García Cecilio.

Precisó que el 7 de abril de ese mismo año fueron asesinadas en una emboscada las indígenas triquis Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez, las cuales trabajaban en una radio comunitaria crítica del gobierno. Sus asesinos no fueron castigados, por el contrario, fueron puestos en libertad, sostuvo.

MÁS VÍCTIMAS

Mencionó también que el lunes 6 de abril del 2009 fue asesinada Beatriz López Leyva, conocida activista de la costa oaxaqueña que había sido dirigente del PRD en San Pedro Jicayán.

En este 2010 fue más trágico, precisó el legislador perredistas al señalar que el pasado 27 de abril fueron asesinados los activistas de derechos humanos, Beatriz Cariño Trujillo y el finlandés Jiry Jakkola los cuales fueron emboscados en Copala cuando iban en la “Caravana de la paz” a dejar víveres.

El 21 de mayo de este mismo año fue victimado Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro, indígenas triques de la comunidad de Yosoyusi. Ellos eran militantes del MULTI.

El 19 de julio fue asesinado en su domicilio el agente municipal de San Juan Copala, Anastasio Juárez Hernández, líder de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

El Viernes 22 de octubre fue asesinado en la ciudad de Tuxtepec el dirigente del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), Catarino Torres Pereda y el sábado 23 de octubre la ejecución de Heriberto Pazos Ortiz, líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y fundador del Partido Unidad Popular (PUP).

López Gómez censuró también los magros resultados del asesinato de Rubén Marmolejo (a) “el Dragón” y Alejandro Núñez (a) “El Perro”, conocidos porros de la UABJO, crímenes perpetrados el pasado 29 de octubre, finalizó.

Admite funcionario que se benefició a constructoras ligadas a hermano de Ulises Ruiz

Pedro Matías

OAXACA, Oax., 23 noviembre (apro).- El secretario de Obras Públicas, Armando González Bernabé, reconoció que en el sexenio la dependencia benefició a constructoras ligadas a Víctor Hugo Ruiz Ortiz, hermano del gobernador del estado, Ulises Ruiz, y a Eviel Pérez Magaña, candidato perdedor del PRI a la gubernatura.

Durante la comparecencia del funcionario ante la Comisión de Obras Públicas del Congreso local, el diputado del PRD, Alejandro López Jarquín, preguntó si le fueron asignadas obras a seis empresas vinculadas al presidente estatal del PRI, Eviel Pérez Magaña, y al hermano del gobernador.

Las seis empresas que citó son: Nexicho Asociados S.A. de C.V.,; Grupo Basoo Asociados S.A. de C.V.; Grupo Empresarial Oaxes S.A. de C.V.; PEOM Construcciones S. A. de C.V.; Davizao Construcciones S.A. de C.V. y Consorcio Restaurador del Patrimonio Cultural S.A. de C.V.

La respuesta de González Bernabé fue: “Las empresas que mencionó (el perredista) sí han tenido contratos con la Secretaría de Obras Públicas".

Además, el funcionario dijo que no contaba con el nombre de las 10 empresas solicitadas ni el número de obras asignadas, mucho menos los montos ni el estado que guardan las mismas.

Respecto del techado del auditorio Guelaguetza, González dijo que los trabajos concluirán hasta el próximo 30 de diciembre y que ahora costarán más.

Detalló que el techado del auditorio Guelaguetza se realiza con un presupuesto de 66 millones de pesos en la construcción de la primera etapa, más otros 40 millones de la segunda etapa. “En el audio son 10 millones de pesos, pero lo pueden ver en el portal”.

Señaló que no se concluyó en el tiempo previsto porque "en la ejecución de toda obra se suceden imponderables relacionados con factores climáticos e inclusive sociales, que se reflejan en el avance de la obra, pero lo relativo a su periodo contractual su vigencia es al 30 de diciembre".

En la comparecencia como parte de la glosa del VI Informe de Gobierno, González Bernabé dijo: “Nuestros rezagos son ancestrales, pero en las presentes circunstancias hemos puesto nuestro mejor empeño para entregar resultados positivos a la sociedad, que ha sabido reconocer los aciertos y señalar sin cortapisas las insuficiencias”.

Respecto de los daños carreteros, dijo que de casi 24 mil kilómetros de la red carretera resultaron dañados siete mil 130 kilómetros en 267 municipios. Añadió que se requieren para su atención dos mil 234 millones de pesos sólo en lo que corresponde a la red carretera alimentadoras y caminos rurales, y más de 840 millones para atender la red troncal o federal.

Antes, compareció el secretario de Seguridad Pública (SSP) del estado, Javier Rueda Velásquez, quien fue cuestionado sobre los asesinatos de líderes sociales, el secuestro del diputado local Manuel Benítez Manzanares y el caso Copala, así como el manejo de los recursos públicos, la falta de capacitación y los sueldos precarios de los elementos policiacos.

En su exposición, Rueda Velásquez indicó que el modelo policial implementado en Oaxaca desde 2008 es un “trabajo fundamental de especialistas”, que ha dado resultados, pero necesita fortalecerse.

Resaltó que bajo el mando único, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) atendió 514 casos relevantes, desarticulado 215 bandas y logrado la detención de 944 personas.

Además, destacó la creación de la Unidad Especializada de Atención al Delito de Secuestro, que permitió resolver 81 casos de privaciones de la libertad y la detención de 196 presuntos responsables, mientras que en el delito de extorsión en 35 casos se detuvo a 52 presuntos responsables, y en materia de investigación la AEI realizó 70 operativos.

Informó que se ejecutaron mandamientos judiciales y ministeriales para la localización y presentación de 2 mil 280 personas; se ejecutaron 4 mil 635 órdenes de aprehensión; se detuvo en flagrancia a 2 mil 125 personas; se recuperaron mil 907 vehículos robados, y se detuvo y presentaron a mil 327 adolescentes.

Por otra parte, dijo, se atendieron y resolvieron 6 mil 537 oficios de investigación girados por el Ministerio Público y se dio cumplimiento a 43 mil 932 citatorios y 6 mil 940 comparecencias.

Durante la comparecencia, los legisladores del PAN, PRD, PT y Convergencia, coincidieron en señalar que la Secretaría de Seguridad Pública ha sido rebasada por los actos de violencia en la entidad.

Finalmente, compareció la titular de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), María de la Luz Candelaria Chiñas, quien fue cuestionada sobre los nulos resultados en las investigaciones de los casos de asesinatos, agresiones a periodistas, trata de personas, pederastia y corrupción.

Dan a conocer presunto fraude al erario en CAO

Tiempo/Redacción

[08:16] A siete días de que concluya la actual administración estatal, ayer se hizo público un presunto fraude por más de 60 millones de pesos en el que habrían participado servidores públicos de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), que otorgaron a modo millonarias licitaciones a favor de empresas en las que se presume tienen participación patrimonial.

Como principal responsable del presunto desfalco al erario público señalan a Octavio Ricardo Sánchez García, impuesto como director de Obras durante la gestión de Ambrosio Vásquez Arango.

De acuerdo con documentos en poder de este diario, Sánchez García –ante la imposibilidad de despedirlo por su calidad de ‘recomendado’— fue reubicado en la dependencia por su anterior director, Alejandro González Bernabé, a pesar de haber sido acusado de falsificar firmas y documentos oficiales del Fonden que fueron presentados ante la Fiduciaria Banobras y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Sin embargo, en el 2009, a la llegada de Ambrosio Vásquez Arango a CAO, de nueva cuenta fue reinstalado como director de Obras e hizo mancuerna con la directora de Administración y Finanzas, Lorena Pérez Hernández, con quien exigió a cada residencia 1 millón de pesos “para la campaña de Gobernador”.

Entre las empresas beneficiadas con millonarios contratos destacan Constructora Cozcatlán SA de CV, Constructora Capeshi-Won SA de CV, Gonzalo López Cabrera, Comercializadora de Bienes y Servicios Costum SA de CV, Asfaltos y Construcciones Fischester SA de CV, Rolaso Constructora SA de CV, Serviconstrucciones y Edificaciones Ecasef SA de CV, Comercializadora Tepezquiztlez SA de CV, Ingeniería Estructural y Proyectos Karky SA de CV.

A todas estas empresas únicamente les pagaban el 7 por ciento del IVA y las obras se ejecutaban con equipo y maquinaria de CAO, a través de las residencias, señala el documento, mientras que a otras empresas “se les pedía la clásica cuota del 10 por ciento”.

Según la denuncia, Octavio Ricardo Sánchez García, organizó un equipo de trabajo creado exprofeso para asignar contratos a modo a sus empresas.

Entre estos destaca Juan Carlos González Osorio, jefe de Unidad, quien coordinaba todos los contratos para sus empresas y presentaba paquetes de concursos para designar las obras. También Yadira Liliana Ortiz Revilla, antigua colaboradora de la empresa Grupo Constructor Mixist SA de CV, actual jefa de departamento y quien se encargaba de hacer estimaciones y cobros junto con Óscar Romeo Sánchez García, hermano de Octavio Ricardo. También participan en el negocio fraudulento ente particulares Ramiro López Sánchez, Armando López Cabrera y el michoacano Roberto Jairo Jasso Campos, este último ahijado del titular de la Secretaría de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib.

En Ixtlán, en el 2009, según el reporte, una constructora obtuvo el contrato 9-T-CAO-H-315-W-0-9 por 868 mil 524.61 pesos, mientras que a Cozcatlán SA de CV le asignaron 2 contratos por 733 mil 365 y 880 mil pesos en Ixtepec y Tlaxiaco. Pero el negocio no para allí. En Pinotepa Nacional obtuvieron una obra por 800 mil pesos y en Puerto Escondido y Huajuapan de León otras dos por 4 mil millones de pesos. Según el contrato 9-T-CAO-H-347-W-0-9 en el valle central ejecutaron obras por 1 millón 875 mil 393 pesos y en el Cerro del Vidrio por 2 millones 520 mil pesos. Cozcatlán SA de CV también fue beneficiada con obras por 103 mil 99 pesos en Tuxtepec, 1 millón 389 mil 895 pesos en Ixtlán, 2 millones 98 mil pesos en Tuxtepec, 1 millón 67 mil pesos en Valles Centrales y 1 millón 848 mil 997 pesos en Tlaxiaco.

Y por si fuera poco, en julio de 2008 recontrataron obras por 156 mil 327 pesos y 298 mil 214 pesos en el Istmo de Tehuantepec. El monto total de las obras adjudicadas a empresas particulares y construidas con módulos de maquinaria fue de 18 millones 639 mil 155.12 pesos. A la constructora Capeshi-Won SA de CV le fueron adjudicadas obras por 34 millones 210 mil 918.07 pesos.

La danza de los millones inicia en Pinotepa Nacional donde la constructora recibió 1 millón 10 mil 750 pesos. A estos recursos se suman 507 mil 345 pesos en Miahuatlán y 2 contratos más por 875 mil 337.68 pesos y 1 millón 499 mil 725.39 pesos en el Valle Central.

En Ixtlán, el contrato 9-T-CAO-H-354-W-0-9 fue más elevado, ya que se hizo por 5 millones 793 mil 654.70 pesos y por 6 millones 706 mil 65.83 pesos en Puerto Escondido. Un contrato para el acceso Álvaro Obregón, en el Istmo, fue valuado en 541 mil 221 pesos y en Tlaxiaco se les adjudicó el contrato 9-T-CAO-H-350-W-0-9 por 2 millones 157 mil 859.95 pesos.

También los contratos 9-T-CAO-H-344-W-0-9, 9-T-CAO-H-352-W-0-9, 9-T-CAO-H-3356-W-0-9, 9-T-CAO-H-3357-W-0-9, 9-T-CAO-H-358-W-0-9, 9-T-CAO-H-331-W-0-9, 9-T-CAO-H-317-W-0-9, entre otros dan cuenta de contratos asignados por 4.6 millones de pesos al Valle Central y por 1 millón de pesos a Miahuatlán, Pinotepa Nacional, Huajuapan y Teotitlán, así como por 2.2 millones de pesos a Tlaxiaco, 2 millones 102 mil 154.91 pesos al Valle Central y 354 mil 974.47 pesos a Tuxtepec. Aquí también las obras fueron realizada con recursos del Fonden y el monto total superó los 34.2 millones de pesos.

Aulas improvisadas

por OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

En la colonia Loma de la Cuesta, poblada en su mayoría por migrantes indígenas llegados a los Valles Centrales procedente de la Sierra Sur, la diferencia no es mucha a las condiciones en que vivían en sus comunidades, porque carecen de viviendas, agua potable, drenaje y electricidad, pero sobre todo, de una escuela digna para sus hijos.

Y es que unos 40 niños reciben su instrucción primaria en condiciones lastimosas, en dos barracas de lámina y madera, levantadas en la cima del cerro de la colonia Loma de la Cuesta, ubicada en los alrededores del tiradero de basura a cielo abierto, a no más de 25 minutos de la ciudad capital.

"Nadie nos ha volteado a ver", dice el director de la escuela, Leonardo Caballero Ramírez.

Este centro escolar, reconocido oficialmente con el nombre de "Adolfo López Mateos", clave 20DPR3566I, fue fundado en el 2007, pero tanto el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) como el Ayuntamiento de la Villa de Zaachila no han destinado hasta ahora, ni un sólo peso para su funcionamiento.

El profesor explica que las dos improvisadas aulas donde se imparten las clases fueron erigidas con la asistencia de la organización religiosa no gubernamental estadunidense, Manos de Ayuda.

"Los gringos fueron los que nos dieron las láminas para hacer las aulas porque ni el IEEPO ni el Ayuntamiento han hecho algo por los niños", señala.

Puras promesas

Hace dos años ---subraya---, la escuela y los padres de familia se organizaron y fueron a buscar al presidente municipal, el priísta Noé Pérez Martínez, para solicitar la construcción de dos aulas, pero no tuvieron respuesta alguna.

"Le llevamos oficios varias veces, nos ofreció que se iban a construir las aulas, pero no pasó nada y ya no nos volvió a dar la cara. Aún seguimos esperando", asienta.

Las condiciones de las aulas, amén de la carencia de agua potable y de baños porque sólo cuentan con letrinas, hacen sufrible la estancia de los alumnos en la escuela, porque se enfrentan a la par al frío y al calor.

"En las mañanas, como estamos hasta arriba, hace mucho frío, pero pasando el mediodía, las aulas se convierten en un horno. Y como consecuencia, los alumnos no están en condiciones óptimas para estudiar", señala.

Y si a eso se le suma que la mayoría de los pizarrones y mesabancos están casi desechos, resulta casi imposible que se cumpla con el proceso enseñanza-aprendizaje.

"Los muebles y pizarrones que son tirados a la basura en otras escuelas, pues aquí los traemos porque no tenemos nada. Eso es lo que estamos ocupando. No hay un buen aprendizaje", indica.

Pobreza extrema

La situación de pobreza de la mayoría de los habitantes también influye en la escuela, porque no están en condiciones de realizar cooperaciones económicas para la compra de material didáctico.

"En una ocasión se pidió material didáctico (a los padres de familia), pero no tienen dinero. La vida de la colonia es muy triste. Los hombres trabajan en el campo o se van a la ciudad a trabajar donde pueden; las mujeres son amas de casa o venden tortillas. Así, apenas sobreviven", indica.

La organización religiosa no gubernamental estadunidense, Manos de Ayuda, ha atendido también esta necesidad y ha proporcionado material didáctico y ropa a los alumnos.

"Como no hay dinero en los papás, nos han dotado de cuadernos y de unas playeras que las ocupamos como uniformes de educación física", apunta.

El director y los padres de familia han puesto sus esperanzas en el cambio de gobierno, tanto en el Ayuntamiento como en la administración estatal, para revertir la patética realidad de la escuela y de sus hijos.

"Esperamos que el nuevo gobernador (Gabino Cué Monteagudo) y el presidente municipal (Adán López Santiago) nos miren y se construyan las aulas. No es justo que por ser pobres estén en estas condiciones. Mientras tanto, no hay de otra y hay que seguir trabajando bajo este mismo techo", subraya.

Muchas necesidades

"Pedimos al nuevo gobierno que nos apoyen con la escuela; tenemos muchas necesidades, las aulas, los baños, el agua, la luz. Tenemos que comprar agua de las pipas. Los niños necesitan muchas cosas. En la colonia tampoco tenemos eso, ni drenaje. Nadie nos ha hecho caso, a pesar de las necesidades. Muchos de los que vivimos en la colonia llegamos de Santa María Ozolotepec, allá por Miahuatlán (de Porfirio Díaz)": Soledad Jiménez Jiménez, presidenta del comité de padres de familia.