LO QUE DEBEMOS HACER

24/11/2010

La revolución necesaria

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 23 de noviembre.- “I think you have to be crazy to be a revolutionary in a country like Mexico today”, exclamó en 2001 el recién estrenado secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de la alternancia, Jorge Castañeda Gutman. Poco antes, en noviembre de 2000, el mismo Vicente Fox se atrevió a declarar que por su cuenta corría que para el final de su sexenio en lugar de celebrar la Revolución el 20 de noviembre los mexicanos celebraríamos la culminación del Plan Puebla-Panamá. Felipe Calderón también ha sido explícito en su intención de priorizar este año el legado de la Independencia por encima del de la Revolución, y de enaltecer el papel de la Iglesia y las Fuerzas Armadas por encima de la movilización ciudadana en la construcción histórica del país.

Todavía hoy, Castañeda, junto con Héctor Aguilar Camín y un grupo de intelectuales muy cercanos al poder, mantienen incólume su férrea intolerancia antirrevolucionaria. “México es preso de su historia”, afirman estos dos autores en su texto Un futuro para México, y precisan: “ideas, sentimientos e intereses heredados le impiden moverse con rapidez al lugar que anhelan sus ciudadanos. La historia acumulada en la cabeza y en los sentimientos de la nación –en sus leyes, en sus instituciones, en sus hábitos y fantasías– obstruye su camino al futuro”. La Iniciativa México no ha hecho más que retomar esta misma idea cuando Javier Aguirre y otras figuras públicas llaman a “enterrar el México de los complejos y alumbrar el México de hombres y mujeres seguros de sí mismos”.

José Woldenberg también se suma resuelto a la comunidad de críticos de los “revolucionarios” cuando, en la celebración de los 20 años del Instituto Federal Electoral (IFE), dice que solamente “muy pequeños grupos y expresiones excéntricas” no comparten el “acuerdo profundo” de que “sólo la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas es y puede ser la fuente de legitimidad de los gobiernos”. Hay que reconocer que para el exconsejero presidente del IFE los revolucionarios de hoy no serían una bola de “locos” (Castañeda dixit), sino simplemente unos “excéntricos” o “weirdos”.

La realidad, sin embargo, desmiente los anhelos supuestamente “modernizadores” de intelectuales, políticos y poderes fácticos. Hoy, el espíritu revolucionario se mantiene más vivo que nunca en el país. El periódico Reforma recientemente dio a conocer que 64% de la población siente “mucho orgullo” por la Revolución Mexicana. Es más, hasta encuestadores como Ulises Beltrán, quien trabajó en Los Pinos con Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, han tenido que reconocer que millones de mexicanos manifiestan que una nueva revolución no es solamente posible, sino necesaria.

Una encuesta de BGC, Beltrán y Asociados, publicada el 20 de septiembre en el periódico Excélsior, llega a una conclusión estremecedora: 14% de los encuestados afirman que no creen que “las condiciones de desigualdad y pobreza puedan resolverse actualmente poco a poco y de forma pacífica”, sino que “sólo se darán con un nuevo enfrentamiento armado entre los mexicanos, como ocurrió en la Independencia y la Revolución”. Probablemente ese porcentaje podría alcanzar niveles mucho más altos en la población en general, ya que la encuesta se realizó por teléfono y únicamente recogió las opiniones de los ciudadanos con mayores ingresos y escolaridad.

Hoy somos aproximadamente 110 millones de mexicanos. El 14% por ciento de la población equivaldría a 15.4 millones de personas, y ello representa más de los 15 millones de votos que Felipe Calderón habría recibido en las controvertidas elecciones presidenciales de 2006. Aún si restáramos a los menores de edad por no formar parte del universo de encuestados, todavía tendríamos una masa crítica de por lo menos unos 10 millones de revolucionarios adultos hoy en México. Independientemente de lo que uno pudiera opinar sobre estos datos, resulta muy irresponsable simplemente ignorar la realidad y descalificar a estos compatriotas como “locos” o “excéntricos”.

Ahora bien, la existencia de tantos mexicanos que consideran que la vía armada sería la única forma de resolver la desigualdad y la pobreza que aquejan al país no debe ser vista como un reflejo de una cultura política “atrasada”, sino como la consecuencia directa del claro fracaso de los gobiernos de la alternancia para resolver los problemas más urgentes de la población. Una gran cantidad de mexicanos están hartos del constante abuso de autoridad, del estancamiento económico y de la franca ineficacia gubernamental. Estos mexicanos se hallan convencidos de que la clase política actual está más preocupada por asegurar el siguiente cargo y cuidar sus propios intereses que por lograr el desarrollo nacional.

Muchos entonces han llegado a la conclusión de que continuar por esta peligrosa senda eventualmente se nos podría arrojar al abismo de un golpe de Estado, una intervención extranjera o una guerra civil. En lugar de seguir de frente hacia este callejón sin salida, los nuevos revolucionarios piensan que habría que abonar a la construcción de claras alternativas sociales y políticas para cambiar de rumbo el país.

Afortunadamente, la vía armada está totalmente cancelada en los hechos. Por mucho que 10 o 15 millones de personas estuvieran convencidas de la necesidad de tomar las armas, esta estrategia estaría destinada al fracaso ante el poderío militar del gobierno y los narcotraficantes, así como el intervencionismo estadunidense cada día más pronunciado. Sin embargo, un gran levantamiento cívico, una resistencia civil pacífica generalizada y desde las bases, de ninguna manera estaría fuera de lugar. De hecho, ese puede ser el único camino que nos queda disponible para empezar a reconstruir nuestra dolida y saqueada nación. Otra revolución, esta vez pacífica y civil, es efectivamente necesaria.

Evaluar a los profesores
MANUEL PÉREZ ROCHA
Los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra promovieron un ranking de cardiólogos basado en el número de pacientes que salían adelante de sus padecimientos. Pronto vieron que, efecto de esa lista, los médicos buscaban hacerse cargo preferentemente de los casos no complicados, de modo que sus éxitos fueran más numerosos. Por supuesto, los enfermos más graves empezaron a ser desatendidos.

Lo mismo ocurre con los profesores de Estados Unidos que son premiados por los resultados de sus estudiantes en exámenes nacionales estandarizados: evitan responsabilizarse de alumnos, grupos o sectores de estudiantes con mayores necesidades o debilidades. Este es uno de los efectos perversos de llevar la competencia a espacios de servicio que deben guiarse por un principio de colaboración y garantizar mayor y mejor atención a los más necesitados.

En las últimas semanas, en México ha habido varios pronunciamientos respecto del trabajo de nuestros profesores. La OCDE generó, mediante un dadivoso contrato que le otorgó la SEP, una propuesta de acciones, la mayoría dirigidas al trabajo de los docentes, que esta secretaría asumió como acuerdo con esa organización. Al mismo tiempo, el organismo Mexicanos Primero difundió una evaluación de la enseñanza mexicana, cuyas deficiencias atribuye de manera central a los docentes y a su sindicato; posteriormente la presidenta vitalicia del SNTE rechazó tales juicios y anunció que se establecerá un nuevo sistema de evaluación del magisterio.

No sorprende la similitud de los planteamientos respecto de los maestros mexicanos que hacen la OCDE, la SEP y la derecha mexicana con las posturas de la derecha estadunidense, la cual ha venido impulsando, durante décadas recientes, sistemas de evaluación de los profesores que han sido desastrosos para la educación de ese país. Esta no es una opinión personal, es el resultado de acuciosas investigaciones, con datos duros, analizados por los más prestigiados educadores estadunidenses.

La problemática es expuesta con todo rigor en un documento publicado recientemente por el Instituto de Políticas Económicas (EPI, por sus siglas en inglés) con sede en Washington (www.epi.org). El documento está firmado por las principales autoridades en la materia de Estados Unidos, especialistas de peso completo, todos ellos autores de múltiples libros sobre estos temas. Si se revisa la lista de firmantes queda claro que no se trata de meros ideólogos u oportunistas políticos de oposición. Estos especialistas, junto con el EPI, han promovido un movimiento que pugna por un enfoque amplio y sólido de la educación, al cual se han sumado ya más de un centenar de académicos y educadores estadunidenses (www.bolderapproach.org).

Todos los interesados en este tema deberían estudiar con seriedad esas experiencias antes de aventurarse con la imposición de sistemas de evaluación de profesores que parecen de sentido común y se proponen como base de políticas que se impulsan como moralmente imperiosas, por ejemplo pago por resultados, identificados éstos con los puntos logrados por los estudiantes en pruebas nacionales estandarizadas (Enlace u otras).

Concluyen esos especialistas estadunidenses que es un desatino el que en algunos estados de EU se estén promoviendo leyes que establecen evaluaciones de los maestros con base en los resultados de los estudiantes en exámenes de matemáticas y lectura –aun con el modelo del valor agregado (cuya explicación y análisis ameritan más espacio que el disponible)– y que con base en estas evaluaciones se tomen decisiones tales como premiar a los profesores o despedirlos. Los firmantes de ese documento expresan que no hay evidencia de que los profesores se motiven para lograr mejores aprendizajes de sus estudiantes por recibir una compensación económica, tampoco la hay de que los docentes despedidos son los más deficientes ni que vayan a ser remplazados por otros más efectivos. Aun con modelos de valor agregado construidos con bases estadísticas impensables para nuestro país, los resultados de dichas evaluaciones de los profesores estadunidenses no son, a juicio de los autores del estudio hecho público por el EPI, válidos ni confiables.

Pero las propuestas derivadas de ese estudio sí son pertinentes para nuestro país: los maestros deben ser evaluados por sus pares y supervisores competentes, con protocolos de observación sistemáticos, con criterios bien desarrollados y basados en la investigación para examinar la enseñanza, incluyendo entrevistas, observación en clase, revisión de los planes de clase y muestras de los trabajos de los estudiantes.

Por otro lado, evaluar a los estudiantes con base en los resultados de exámenes nacionales (tema que amerita varias páginas) tiene múltiples efectos perversos acerca de los cuales advierten los autores del estudio. Uno es que promueven que los maestros enseñen para el examen, lo cual empobrece la enseñanza, advertencia que han hecho varios especialistas en nuestro país. Otra conclusión fundamental y de aplicación en nuestro medio – conocida por los educadores mexicanos desde hace muchas décadas– es que las mejores escuelas son aquellas que trabajan guiadas por el principio de la colaboración y no de la competencia, aquellas en las que todos los profesores cooperan para lograr que cada estudiante alcance el pleno desarrollo de sus potencialidades.

México en Sucumbíos

JOSÉ STEINSLEGER

Empezaré con un saludo al primer centenario de la Revolución Mexicana (la de los hermanos Flores Magón, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas), jalonada por siglos de rebeliones indígenas, y tributaria de las gestas patrióticas de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende, Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero, Benito Juárez.

La historia de México suele ser interpretada con mirada ambivalente: la de dioses para los que pasado, presente y futuro hacen el eterno devenir, y la de aquella deidad bifronte de Roma, que miraba al pasado y al porvenir, vigilando entradas y salidas, idas, regresos y fronteras. ¿Hay otras miradas?

Juzgar las luchas populares por lo que sus actores no alcanzaron a realizar, conduce a la impostura de modelar la personalidad de nuestros hijos en secas matrices del tiempo. Tomemos el caso de uno de ellos (hijo de un digno canciller de este país), que en 1989 decía que el camino de México no apunta hacia el norte, sino hacia el sur.

Veinte años después, tras ser él mismo canciller, publicó un librito en el que se desdice con lenguaje ajustado a la incuria empresarial: “… el destino de México se ha jugado desde el siglo XIX, y se juega hoy más que nunca en América del Norte”.

¿Estado fallido o esquizofrenia de los timoneles que conducen la nave? De veras… ¿hacia dónde va México? ¿Al futuro que le niega el presente, vaciándolo de sus potencialidades emancipadoras? ¿A la repetición del pasado que, punzándole el ombligo, lo maquillan adaptándolo a los requisitos de Hollywood?

México fue, nada menos, la Nueva España con cuyas riquezas Europa financió a los filósofos que nos pensaron. Y a 518 años del inicio de la Conquista resulta patético oír a los que se piensan como aquellos los pensaron. En cambio, las epopeyas de la Independencia y la Revolución representaron el esfuerzo colosal para pensarnos a nosotros mismos.

De 1920 a 1990, México fue la capital política de América Latina. De Sandino a la revolución sandinista, de la revolución cubana a la recuperación de la democracia en América del Sur, México fue ejemplo de soberanía y dignidad nacional. Principios que hoy le niegan el oscurantismo educativo y cultural, y las fuerzas retrógradas que le han impuesto la pax porfiriana que, justamente, llevó a la revolución de 1910. Y conforme pasan los días, la vara con la que azuzan al tigre se acorta más y más.

Los jóvenes mexicanos masacrados en marzo de 2008 por el ejército de Colombia en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, no se miraban el ombligo. Su solidaridad con los pueblos bolivarianos tenía en claro que los traidores del Libertador eran los mismos que fusilaron a Guerrero en Oaxaca, y un año después asesinaron a José Antonio de Sucre en el sur de la Gran Colombia (1830).

Iturbidistas y santanderistas que hoy siguen allí, diciéndonos todo está bien, y patrocinando y lucrando con el crimen organizado del que aseguran protegernos.

El Partido Mediático tergiversó el sentido de la sangre derramada en Sucumbíos, desligándolo de hechos acaecidos antes y después de la tragedia: fallidos golpes en Venezuela y Ecuador, y exitosos en Haití y Honduras; fraude electoral en México; ofensivas desestabilizadoras en Argentina y Bolivia; triunfos de la derecha en Perú, Panamá, Chile, Colombia y Costa Rica y de la extrema derecha en Estados Unidos.

El ataque de Sucumbíos fue una de las tantas modalidades que el imperio yanqui dispuso para responder al copioso caudal de acontecimientos auspiciosos que tuvieron lugar en el primer decenio del siglo:

1. derrocamiento de nueve gobiernos sujetos al llamado Consenso de Washington;

2. triunfos democráticos populares en varios países de nuestra América, y en algunos que deben lidiar en contextos muy adversos;

3. acelerada integración económica y política de América del Sur;

4. celebración de medio siglo de la revolución cubana, y sorprendente recuperación de la salud de Fidel Castro, el estadista mundial más importante de la segunda mitad del siglo pasado, y lo que corre del presente.

5. derrota del panamericanismo yanqui en la OEA, cuando sin condiciones y por consenso, los países miembros revocaron la medida que excluyó a Cuba del organismo en 1962.

Avances sin parangón histórico, y de gran relevancia estratégica que supieron conmemorar, del único modo posible, el bicentenario de nuestra historia republicana.

América Latina no se entiende sin México, y viceversa. Tomemos el crimen de Sucumbíos como prueba nodal de quienes inventan fronteras artificiales para violarlas cuando les conviene, y la candidez de ciertas izquierdas pastorales que relativizan el rol del imperialismo yanqui en nuestros países.

Sucumbíos fue el lugar donde aquellos jóvenes patriotas, con la primavera estallando en sus corazones, llevaron la bandera de México donde era necesario enarbolarla.

(Intervención en el foro de Casa Lamm, De Sucumbíos a Honduras y a Quito, realizado en la ciudad de México el 22 de noviembre de 2010)