Y EL SATRAPA SE PUDRE.

26/11/2010

La APPO vive.

por OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

Como aquel 25 de noviembre del 2006, miles de simpatizantes de la APPO, salieron ayer a las calles para conmemorar la mayor represión hacia un movimiento social en la historia reciente del país y sobre todo, a fin de exigir el encarcelamiento del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, a unos días de la conclusión de su mandato.

"¡Hombro con hombro, codo con codo, la APPO, la APPO, la APPO somos todos!", "¡Es cierto nos golpearon, pero no nos derrotaron!", "¡Ojo por ojo, diente por diente, gobierno asesino, la cuenta está pendiente!" y "¡Oaxaca vive, la lucha sigue!", corearon repetidamente.

La protesta, sirvió para que la APPO demostrara otra "el músculo" ante la masiva participación de profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), miembros de organizaciones sociales y pobladores sin pertenencia alguna de comunidades, colonias y barrios.

"Somos un pueblo valiente; tenemos para esto y para más", dijo ufano el líder magisterial, Azael Santiago Chepi.

La movilización salió con cierto retraso por los últimos ajustes en la organización por los incontables participantes. A la vanguardia, marcharon miembros del Comité Ejecutivo de la Sección 22 del SNTE y del Consejo Estatal de la APPO, ex "presos políticos y de conciencia" y familiares de los asesinados.

Conforme transcurrió la movilización se fueron sumando cientos de appistas que llegaron tardíamente debido a la suspensión del transporte urbano por el cierre parcial de la circulación de la carretera. Quienes pudieron, llegaron en taxis, otros en mototaxis, y la mayoría, lo hizo caminando.

"Compañeros debemos tener orden y disciplina", requirió el coordinador político de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (CETEO), Liborio Martínez Cruz, a sus compañeros que iban llegando ante el amontonamiento en la avanzada.

En el recorrido por la Carretera Internacional, la avenida Oaxaca, la Calzada Madero y la avenida Independencia, hablaron muchos oradores. Todos demandaron el encarcelamiento del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, "por ser el responsable de la represión" al pueblo de Oaxaca.

Un hombre disfrazado a semejanza del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, custodiado por un policía detrás de una reja, ejemplificó ese reclamo.

"Hasta el último día de su mandato, tenemos que repudiarlo por ser un tirano y asesino", afirmó Marcelino Coache Verano, activista de la APPO, detenido el 4 de diciembre del 2006.

Fue una primera despedida de la APPO al gobernador. La otra, el 1 de diciembre.

Enfrentamiento de más de cinco horas

El 25 de noviembre del 2006, miles de seguidores del movimiento magisterial y popular marcharon desde el municipio conurbado de San Bartolo Coyotepec, sobre la carretera Ciudad Alemán-Puerto Ángel, hacia el centro de la ciudad para acordonar durante 48 horas a la PFP que se encontraba parapetada en los alrededores del zócalo, pero las fuerzas federales rompieron el cerco y se generó un enfrentamiento de más de cinco horas, que terminó con más de 100 aprehensiones.

Exige Sección 22 castigo a represores

por OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
La Sección 22 del SNTE, exigió a la administración estatal entrante castigar al gobernador Ulises Ruiz Ortiz por "ser el responsable" de la represión sucedida en el 2006 y que su propuesta alternativa de educación sea tomada en cuenta en los planes de estudio.

"El pueblo de Oaxaca necesita justicia", afirmó el secretario general de la gremial, Azael Santiago Chepi, en un mitin efectuado en el Centro Histórico, después de la marcha magisterial y popular para recordar la represión del 25 de noviembre del 2006.

En el acto político, dijo que la masiva participación en la protesta "es una muestra de la vigencia del movimiento magisterial y popular para los gobiernos federal y estatal, y para quienes vengan".

Pues, subrayó, mientras existan injusticias e inconformidad, mientras no haya respuestas a las demandas "seguirán las marchas y plantones".

Expuso que los simpatizantes de la APPO deben sentirse orgullosos de la capacidad del movimiento "pero se necesita fortalecer aún más la unidad y organización para resolver el reclamo de justicia".

"Tenemos que hacer verdadera la demanda de justicia, más que gritar consignas", asentó.

Instó a los appistas a diferencias sus diferencias político-ideológicas para consolidar al movimiento magisterial y popular porque "el enemigo es el Estado mexicano".

"Nadie es más ni nadie es menos; todos hemos aportado nuestro sudor, cansancio, lágrimas y sangre a este glorioso e histórico movimiento", remarcó.

Requirió a la administración entrante castigar al gobernador Ulises Ruiz Ortiz "y a sus cómplices" por la represión sucedida del 2006 a la fecha.

"La política de terrorismo y persecución de este gobierno, está a la vista a los ojos del mundo; pasará a la historia como un gobernador, incompetente, incapaz y falto de voluntad política para dialogar y dar respuestas al pueblo de Oaxaca", asentó.

Igualmente, resaltó que la Sección 22 del SNTE "está en la voluntad de aportar propuestas" al nuevo gobierno estatal porque "no solamente sabe hacer marchas y plantones, sino también sabe hacer propuestas".

Ante esto, demandó a la administración entrante que la propuesta alternativa de educación de la Sección 22 del SNTE, por apostar por la educación y el mejoramiento profesional.

Pues, asentó, "no es posible que se responsabilice al magisterio de los desaciertos en la educación; los responsables de que Oaxaca esté en los últimos lugares no solamente en educación, en salud, en el campo y en otras tantas cosas más, son los gobiernos en turno porque no invierten y porque hacen un ejercicio indebido de los recursos del pueblo".

Santiago Chepi convocó a los seguidores del movimiento magisterial y popular a participar en la movilización del 1 de diciembre próximo para "repudiar hasta el último minuto" al gobernador Ruiz Ortiz y exigir al entrante gobernador Gabino Cué Monteagudo el encarcelamiento de los responsables de la represión.

Este movimiento, "no ha arreado banderas, no está sometido; aún están pendientes las demandas de justicia del pueblo".

En el mitin, también participaron Porfirio Domínguez Muñozcano, coordinador del Comité de Familiares de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (COFADAPPO), y Aurora Ruiz García, coordinadora político organizativa de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (CETEO) de la Sección 22 del SNTE, detenidos por la FPF el 25 de noviembre del 2006, así como Jesús Vásquez Nicolás, miembro de la Coordinadora de Escuelas Normales del Estado de Oaxaca (CENEO) y Yolanda Pérez Cruz, esposa del militante del Consejo Indígena Popular "Ricardo Flores Magón" (CIPO-RFM), Pablo López Alavés, encarcelado en el penal de la Villa de Etla.

Además, Juan Luis Martínez, miembro del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MILT), quien demandó el esclarecimiento del asesinato del secretario del Consejo Político Comunitario de esa organización, Heriberto Pazos Ortiz, sucedido el 23 de octubre pasado.

Último sexenio priísta, el peor de la historia: FARP

por OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

El gobierno de Ulises Ruiz Ortiz ha sido el peor en Oaxaca en los últimos años porque se manifestó de manera descarada la corrupción, la persecución, el hostigamiento y la represión, afirmó el Mayor Salvador, miembro de la dirección nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).

"Deja un negro historial de represión y muerte, esto aun considerando que Diódoro Carrasco fue un represor brutal, como cualquier habitante de la región Loxicha lo puede constatar", señaló.

El mandatario, subrayó, debería ser juzgado "por los delitos cometidos, pero sabemos que eso no ocurrirá porque las élites del poder siempre se mueven en la impunidad, a través de acuerdos políticos, para cubrirse las espaldas".

En entrevista, en algún lugar de Oaxaca, el jefe guerrillero dijo que en el gobierno de Ruiz Ortiz "se le dio prioridad a la cooptación antes que al acuerdo y en caso de no poder cooptar, se optó en muchos casos por la eliminación física de los oponentes políticos o su persecución implacable".

"Deja muchos crímenes sin resolver y en la impunidad", asentó.

Por un lado ---subrayó---, "encontramos los asesinatos de algunos personajes que formaron parte de su propio equipo de trabajo y que se presume fueron eliminados porque sabían demasiado, como los casos del que fuera director de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial, Alejandro Barrita Ortiz, ejecutado en el 2008, y del ex coordinador de Seguridad Pública Municipal del municipio de Oaxaca de Juárez, Aristeo López Martínez, asesinado en el 2009. Y por otro lado, es responsable directo o corresponsable de todos los asesinatos perpetrados por agentes policíacos o grupos paramilitares durante el conflicto político social del 2006, así como contra Catarino Torres Pereda (dirigente del Codeci), Heriberto Pazos (líder del MULT) y los desaparecidos del EPR (Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya), por citar sólo los casos más recientes".



DEUDA ESCANDALOSA

Además, destacó que el gobierno saliente "fue exageradamente corrupto y saqueador" pues al inicio de su administración había una deuda de 552 millones 700 mil pesos y hoy al término de su gestión, deja un adeudo de cinco mil 170 millones de pesos".

A esto, "hay que sumar el desvío de recursos detectado en la Secretaría de Finanzas y que asciende al menos a mil millones de pesos, entre muchas otras cosas", añadió.

Resaltó que la administración estatal permitió también el enriquecimiento de "toda una camarilla de saqueadores", como Beatriz Rodríguez Casasnovas, Alberto Neftalí García Arango, Miguel Ángel Ortega Habib, Bulmaro Rito Salinas, Esdras Cruz Rangel y el propio Ruiz Ortiz.

Consideró que los logros de su gobierno divulgados en la televisión y en demás medios de comunicación "es sólo publicidad".

El verdadero desarrollo, "no se evalúa a partir de lo que en publicidad se manifiesta; el desarrollo se mide por la producción agrícola, ganadera e industrial. Por lo que sabemos, en salud, educación, vivienda, etc., Oaxaca ocupa los últimos lugares", insistió.

Los crímenes

El Mayor Salvador, quien pidió no ser fotografiado por razones de seguridad, dijo que el gobernador Ruiz Ortiz debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, "pero tendría que ocurrir un verdadero terremoto político para que esto suceda".

Consideró que el entrante gobernador Gabino Cué Monteagudo, para no defraudar la voluntad de cambio de los electores y por congruencia política,

"deberá enjuiciar y encarcelar a Ulises Ruiz".

"Si no ocurre habría desencanto ya que la inmensa mayoría de la población vive con la esperanza de que al fin se haga justicia. En el orden de prioridades de este nuevo gobierno, la justicia es la que debe estar en primer lugar", afirmó.

Además del propio mandatario, insistió, deberán ser enjuiciados y encarcelados el ex secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas; los ex secretarios de Protección Ciudadana, Lino Celaya y Sergio Segreste, así como la ex procuradora general de Justicia, Rosa Lizbeth Caña Cadeza y los ex jefes policíacos Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas.

"Ellos, en primera instancia, son responsables intelectuales de todos los crímenes cometidos contra el pueblo oaxaqueño, algunos de los cuales son de lesa humanidad. Y en segunda instancia, los responsables materiales que se encuentran reclutados en las diversas policías que operan en el estado y los escuadrones o grupos paramilitares creados ex profeso y cuyo origen es el porrismo, los pistoleros reclutados en algunas comunidades, algunos chavos banda, lumpen proletarios y sicarios de grupos del narcotráfico".

¿Qué son las FARP?

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), es un grupo guerrillero surgido de una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

En un comunicado, fechado el 23 de febrero, dio a conocer su surgimiento y demandó la libertad de los estudiantes detenidos por la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) durante su incursión en la Universidad Nacional Autónoma de México.

"Somos una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en donde, como parte de un proceso natural de desarrollo surgieron diferencias político-ideológicas y metodológicas que no pudieron resolverse internamente. Un importante número de militantes e importantes sectores de masas decidimos abandonar las filas del EPR y conformar otro proyecto revolucionario, como un aparente paso atrás en la unidad pero que en realidad es una etapa de reflexión y reconstrucción de la verdadera unidad entre revolucionarios", señaló en esa ocasión.

También, reivindicó la acción de hostigamiento limitado realizada con explosivos en contra una "casa de seguridad" del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), en la ciudad de Puebla.

Los temas

• Corrupción, persecución, el hostigamiento y represión, puntales del sexenio

• Cooptación antes que acuerdos

• Juzgar y castigar a responsables del 2006

• Escandalosa deuda pública y desvíos

• Logros del gobierno, mediáticos, sin sustento real

• Solo un 'terremoto político' permitiría juzgas a gobernantes

• Grupos paramilitares alimentados por el porrismo, sicarios, chavos banda y pistoleros

"Es ridículo que Ulises Ruiz hable que algunos grupos lo quisieron derribar, cuando sólo gracias a las fuerzas represivas de la Federación se pudo sostener":

Oaxaca, pendientes en derechos humanos

El Universal

Viernes 26 de Noviembre de 2010 09:27

Redacción. 26/11/10. El conflicto social de 2006 en Oaxaca, de inéditas proporciones, dejó un saldo alto de violaciones a derechos humanos, entre ellas el asesinato de al menos 26 personas.



Hasta hoy éstas no han sido investigadas ni ha habido sanción para los perpetradores. La impunidad ha sido el rasgo distintivo de la gestión del saliente gobernador Ulises Ruiz.

El 13 de octubre de 2009, tras debatir sobre lo sucedido en Oaxaca entre mayo de 2006 y enero de 2007, la Suprema Corte de Justicia concluyó que se incurrió en violaciones graves de garantías que afectaron los siguientes derechos: a la justicia, a la vida, a la integridad personal, de propiedad y posesión, a la paz, a la libertad, a la libertad de tránsito, a la libertad de trabajo, a la educación, al derecho de acceso a la información pública y a la libertad de pensamiento y de expresión. El tribunal decidió, sin embargo, excluir como responsables en los hechos a los jefes policiales y al gobernador del estado. Su resolución alentó la impunidad.

Emblemáticas por sus saldos negativos fueron las jornadas de los días 25 y 26 de noviembre de 2006. Sin ninguna tutela judicial, fueron detenidas 141 personas. Muchas fueron trasladadas a un penal de Nayarit. Desde entonces los esfuerzos del movimiento social, articulado principalmente en la APPO, se concentraron en la defensa y excarcelación de los detenidos.

Lo vivido en Oaxaca, visibilizó el autoritarismo gubernamental en una región caracterizada por la exclusión de la población indígena y por la falta de compromiso estatal para garantizar derechos como la salud, la alimentación, o la educación. En 2006 se evidenció el descontento social y la falta de respuesta institucional a las demandas planteadas. Se hizo patente el empleo de las instituciones públicas por parte de los grupos dominantes.

Las exigencias de los diversos colectivos que confluyeron en el movimiento social, encontraron como única respuesta la cerrazón y la criminalización. El sistema de justicia fue empleado facciosamente para acusar de delitos inexistentes a quienes participaron en las diversas movilizaciones, e incluso a quienes no tomaban parte en éstas; fueron señalados como responsables de secuestro, lesiones, robo con violencia, daños a edificios y a otros bienes.

La disidencia y la protesta fueron criminalizadas. No se dio el más mínimo avance hacia la construcción de una sociedad plural, tan indispensable en un estado donde todas las voces, sobre todo las de los pobres y excluidos, deben ser escuchadas.

Las elecciones de julio de este año, en las que el Partido Revolucionario Institucional fue derrotado, tradujeron la inconformidad de una parte de la población. Sin embargo, algunos sectores reacios a los cambios y a la pérdida de sus privilegios han optado por conservar sus posiciones. Sin duda, algunos lucharán para lograrlo mediante estrategias políticas, otros lo seguirán haciendo, como hasta hoy, recurriendo a estrategias ilícitas, como el empleo de grupos parapoliciales.

Ante las nuevas circunstancias, no debemos perder de vista que uno de los saldos del conflicto social ha sido la debilitación de los vínculos sociales, el desgaste de actores relevantes, y el consecuente incremento de la vulnerabilidad de defensoras y defensores de derechos humanos. Bajo esta categoría, se incluye a todas las personas que mediante acciones diversas (el litigio, la protesta, la organización comunitaria o la investigación, entre otras) demandan del Estado el cumplimiento de sus responsabilidades.

La alternancia en el ejercicio del poder, puede abrir resquicios a situaciones favorables para la vigencia de los derechos humanos. Esto no sucede de manera automática. Logros democráticos pueden revertirse si no hay atención a los procesos participativos que son los que construyen y refuerzan la democracia. El debilitamiento de los vínculos entre actores fundamentales para la democratización del estado de Oaxaca y el desgaste que existe tras estos años de autoritarismo, deben ser revertidos, principalmente por el cúmulo de organizaciones que a través de los años han mantenido en alto sus exigencias legítimas.

El cambio de partido en el Ejecutivo estatal no tendrá ningún significado real hasta que se traduzca en acciones que reviertan o profundicen el autoritarismo previo. Habrá que esperar. El triunfo conseguido en las urnas da al próximo gobernador algunas ventajas. Esperamos que éstas no sean desaprovechadas y que Gabino Cué muestre en acciones concretas un compromiso a favor de los derechos humanos.

Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC

Este sábado expulsarán del PRI a José Murat; es maniobra de Paredes, dice

Ulises Ruiz pidió a consejeros estatales y diputados priístas que la decisión sea unánime

Al ex gobernador se le acusa de apoyar a Gabino Cué, candidato de la oposición

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO
Periódico La Jornada
Viernes 26 de noviembre de 2010, p. 13
El consejo político del comité estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca expulsará de sus filas este sábado ex gobernador José Murat Casab. Los priístas lo responsabilizan de la derrota electoral del pasado mes de julio y de favorecer a Gabino Cué Monteagudo.

Diputados priístas revelaron que el gobernador Ulises Ruiz, quien dejará el poder la próxima semana, les pidió concentrarse en la capital del estado, al igual que a todos los consejeros estatales, para asegurar que la expulsión se dé de manera unánime y no haya lugar a dudas de la determinación que se asume.

Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el recurso de defensa de Murat, quien impugnó la integración de la comisión nacional de justicia partidaria del PRI porque al momento de recibir la solicitud de expulsión se encontraba mal conformada, ni acreditó la militancia priísta de Nabor López García, quien fue la persona que inició el proceso en su contra.

Una vez que el tribunal descalificó los argumentos de Murat, el gobernador saliente, Ulises Ruiz Ortiz, ordenó a los diputados federales que por ningún motivo se ausenten de la reunión del consejo político. “El góber (Ulises Ruiz) nos pidió que no faltemos, porque quiere que sea la última gran decisión política en su sexenio, y dar un escarmiento a Murat”, dijo uno de los diputados, quien solicitó el anonimato.

Hace dos meses y medio la comisión de honor y justicia del PRI inició el proceso de expulsión contra Murat por su presunto respaldo a la campaña de la coalición opositora para la gubernatura de Oaxaca, que encabezó Gabino Cué. El ex gobernador la emprendió contra la dirigencia nacional priísta, encabezada por Beatriz Paredes Rangel, al acusarla de buscar chivos expiatorios de las derrotas en Oaxaca, Puebla y Sinaloa.

La solicitud la inició Nabor López García, quien se dijo consejero suplente del consejo político nacional del PRI. Tal hecho fue rechazado por Murat, porque atentaba contra sus derechos político-electorales.

Entonces advirtió que la maniobra tenía el aval de la presidenta priísta, Beatriz Paredes. Seguimos siendo un partido a la vieja usanza, que toma decisiones en la cúpula, entre cuatro o cinco que asumen actitudes de venganza cuando hay opiniones distintas a las de Beatriz Paredes, y entonces se inicia la persecución de los militantes, manifestó.