EL MEXICO DE LOS PRIVILEGIOS

Diputados exigen aclarar quienes se benefician de los regímenes fiscales

Juan Carlos Cruz Vargas

MEXICO, D.F., 8 de diciembre (apro).- La Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales de la Cámara de Diputados, citará a comparecer al titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortíz-Mena, y al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda (SHCP), José Antonio González Anaya, para que expliquen quiénes son los beneficiarios de los regímenes fiscales especiales.

El presidente de esa comisión, Sebastián Lerdo de Tejada, señaló que el presupuesto de gastos fiscales para 2011 equivale al 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más de 589 mil millones de pesos, de acuerdo con información de la SHCP.

“De ese tamaño es el impacto de los tratamientos fiscales especiales; es mucho dinero el que se deja de recaudar”, dijo.

Añadió: “No podemos mantener en la opacidad este tipo de tratamientos fiscales especiales sin que tengan una discusión pública, abierta, y que los legisladores asumamos la responsabilidad de tomar decisiones”.

Señaló que en el artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se incorporó la obligación para que la SHCP envíe a la Cámara de Diputados los criterios de beneficio social o económico que se dan a los tratamientos fiscales especiales y que permitan ser evaluados.

El también integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público aseguró que “no es un tema de a quien le quitamos un beneficio fiscal o a quien le otorgamos un nuevo beneficio fiscal'”.

Dijo que tiene que analizarse cuales son los beneficios económicos para ciertos sectores o cuál es el impacto social de ciertas medidas.

Incumple México resoluciones de la CIDH sobre 8 asesinadas en Juárez

RUBÉN VILLALPANDO

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 9 de diciembre de 2010, p. 39

Ciudad Juárez, Chih., 8 de diciembre. El Estado mexicano no ha cumplido totalmente las órdenes que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con las ocho muertas halladas en el campo algodonero en noviembre del 2001, y el plazo de un año que fijó la instancia internacional se cumplirá este viernes, informó Imelda Marrufo, vocera de la Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

Dijo que ante la insuficiente respuesta de los tres niveles de gobierno para investigar, resolver y garantizar vida digna a las personas que habitan en esta localidad, organizaciones de la sociedad civil realizarán el 10 de diciembre en la plaza de armas local el foro Exigimos resultados: campo algodonero y estrategia Todos somos Juárez.

Uno de los resolutivos de la CIDH fue sancionar a los responsables de que no se haya investigado este caso. El 17 de junio de 2007 familiares de las víctimas denunciaron a 25 funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia estatal y a dos jueces penales por negligencia en las indagatorias. Se les acusa de abuso de autoridad, fraude procesal, imputaciones falsas, colusión de funcionarios, falsedad ante la autoridad, encubrimiento por favorecimiento y falsificación de documentos, entre otros delitos.

Algunos de los funcionarios mencionados son las ex fiscales de Homicidios de Mujeres Zuly Ponce y Zulema Bolívar, además de Octavio Rivas, el ex jefe policiaco Alejandro Castro, Georgina Chacón y el juez séptimo de lo penal. Por los homicidios han sido detenidas nueve personas, de las cuales siete fueron exculpadas.

Cibernautas bloquean consorcios que intentan ahogar a Wikileaks

Saturan portal de MasterCard; en marcha, Operación Represalia

PayPal confirma presiones de EU para dejar de recibir donativos

Frenan jueces intento de Francia para que OVH retire apoyo al sitio

MARTIN HICKMAN

The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 9 de diciembre de 2010, p. 2

Londres, 8 de diciembre. Corporaciones estadunidenses acusadas de tratar de silenciar a Wikileaks fueron objeto de un ataque sostenido por una alianza global de hackers cibernéticos anónimos.

Mientras Julian Assange, el australiano de 39 años editor en jefe de Wikileaks, languidece en la prisión de Wandsworth, acusado de delitos sexuales, las compañías tecnológicas y financieras que bajo presión del gobierno estadunidense retiraron apoyo a la organización de libertad informativa fueron golpeadas por hackers en línea, que paralizaron sus operaciones por Internet.

El sitio de MasterCard fue colapsado. Otra de las empresas, PayPal, confirmó que la intervención del Departamento de Estado la hizo dejar de aceptar donativos para Wikileaks, lo cual confirma las sospechas de que Estados Unidos presiona a las empresas para que dejen de apoyar el sitio, el cual ha estado filtrando más de 250 mil comprometedores cables diplomáticos estadunidenses.

La conjura aumentó de nuevo cuando Wikileaks reveló que Estados Unidos intervino para tratar de enmendar un anteproyecto de ley que se discute en el Parlamento ruso (Duma), el cual habría perjudicado a Visa y MasterCard. Horas antes, las dos empresas anunciaron que cortaban vínculos con el sitio web de Assange.

El cable, fechado el primero de febrero de 2010, reveló que el gobierno de Barack Obama había cabildeado con altos funcionarios rusos en nombre de esas compañías, en contra del plan de un consorcio de bancos de propiedad estatal de cobrar honorarios por procesamiento, estimados en 4 mil millones de dólares anuales.

En tanto, Wikileaks, que a su vez ha sido desestabilizado por ciberataques, resurgió como el ave Fénix a medida que cientos de sitios espejo surgieron en toda la red para permitir que los cibernautas conozcan sus filtraciones más recientes.

Actuando como vengador de Assange, un grupo mundial de hackers, que se presentaron como anónimos, paralizó el sitio de MasterCard, saturándolo de solicitudes de información. En un mensaje colocado en un tablero de boletines de Internet, amenazaron con lanzarse sobre el sitio de redes sociales Twitter, en protesta por la censura a los foros de discusión del grupo, acusación que la firma estadunidense rechazó.

Un activista anónimo escribió en el foro 4chan: Mientras más incendiemos MasterCard, mejor. Otro apremió: Sigan atacando, hagamos una guerra, no una batalla, como siempre ocurre.

Los hackers atacaron también el sitio web del abogado sueco que representa a las dos trabajadoras voluntarias suecas de Wikileaks que están en el centro de las acusaciones sexuales contra Assange.

El abogado Claes Borgstrom, quien denunció el hackeo a la policía, dijo que los cargos presentados por las mujeres no tienen una motivación política contra Assange. “No tiene nada que ver con Wikileaks ni con la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos)”, aseguró.

También se lanzaron ataques contra el brazo financiero del sistema postal suizo, Postfinance, que esta semana canceló la nueva cuenta bancaria de Assange, la cual contiene un fondo de defensa de 26 mil libras esterlinas (unos 41 mil dólares).

El hackeo corporativo, cuyo nombre en clave es Operación Represalia, se dio en respuesta a que varias empresas se han retirado de Wikileaks durante la semana. La primera fue Amazon, que quitó el sitio de sus servidores.

Amazon negó haber recibido alguna presión de Washington para retirar los documentos filtrados. La firma estadunidense de datos EveryDNS también retiró a Wikileaks de sus entradas el jueves pasado, con el argumento de que los ataques cibernéticos contra éste amenazaban su capacidad de albergar miles de sitios.

El fin de semana, PayPal anunció que detenía la captación de donativos; más tarde reveló que el Departamento de Estado le había avisado que las actividades de Wikileaks eran ilegales.

Antes de ser puesto bajo custodia, Assange señaló que las acciones de empresas en su contra equivalen a una privatización de la censura gubernamental en Estados Unidos.

Estos ataques no detendrán nuestra misión, pero deben hacer sonar la alarma sobre el imperio de la ley en Estados Unidos, agregó.

En lo que va del año, la organización no lucrativa ha dado a conocer 400 mil documentos secretos estadunidenses sobre la guerra de Irak y 76 mil acerca de Afganistán. En la actualidad trabaja con más de 250 mil cables diplomáticos.

La secretaria de Estado, Hillary Clinton –quien trabaja con el propósito de reparar las maltrechas relaciones de Washington con sus aliados–, afirmó que las filtraciones son un ataque no sólo a Estados Unidos, sino a la comunidad internacional.

Hace unos días, en sus primeros comentarios públicos desde que los documentos comenzaron a darse a conocer, la funcionaria afirmó que Wikileaks actuó contra la ley al subir el material a la red. Agregó que el gobierno de Obama persigue enérgicamente a los responsables de la revelación.

Uno de los aliados de Estados Unidos culpó a Washington en vez de a Wikileaks.

El ministro australiano del exterior, Kevin Rudd, señaló este miércoles que Assange no es responsable de la revelación no autorizada de 250 mil documentos de la red de comunicaciones diplomáticas de Estados Unidos: los culpables son los estadunidenses.

Los partidarios de Assange han prometido que el flujo de revelaciones continuará, a pesar de que él esté en prisión.

En tanto, fracasó el esfuerzo del gobierno francés por obligar a la firma de servicios web OVH a que retire su apoyo a Wikileaks. Los jueces señalaron que no quieren apresurarse a emitir un juicio sobre un caso que consideran altamente técnico.

Shiar Youssef, portavoz del grupo de presión británico Corporate Watch, consideró sumamente molesto el retiro de apoyo corporativo a Wikileaks.

MasterCard dice que no quiere asociarse con actividades ilegales cuando nadie ha demostrado que esa actividad sea ilegal, expresó.

“Ninguna compañía puede decir que es ilegal; ha sido el escándalo de la derecha estadunidense lo que ha llevado a las empresas a cortar vínculos con Wikileaks.”