NECESITAMOS CON URGENCIA

WikiLeaks a la mexicana

John M. Ackerman

En solidaridad con Ricardo Ravelo y el equipo de Proceso

MÉXICO, D.F., 6 de diciembre (Proceso).- Los políticos estadunidenses que han criticado la “amenaza” que para sus intereses implica la actividad de WikiLeaks tienen razón en repudiarla. El poder se sostiene no solamente con balas y armas, sino también sobre la base de la asimetría informativa. El que tenga más información sobre las acciones, los pensamientos y los planes de su adversario tendrá una clara ventaja ante el surgimiento de algún conflicto. Hoy, con la filtración de más de 250 mil comunicaciones diplomáticas, la cancha del juego se ha nivelado un par de grados. Los ciudadanos del mundo sabemos un poco más sobre cómo funciona el gobierno de Washington, y esto fortalece tanto a la democracia como a la defensa de los derechos fundamentales.

El doctor Ian Shapiro, de la Universidad de Yale, en su formidable obra El estado de la teoría democrática, define a la democracia como “un medio para manejar relaciones de poder con el fin de minimizar la dominación”. La celebración de elecciones populares sería, entonces, apenas un mecanismo más para fortalecer el ideal democrático. Otra vía, igualmente válida o incluso más importante, sería garantizar a los excluidos toda la información posible sobre las acciones y los pensamientos de los más poderosos. La reciente tarea de Julian Assange ha sido, entonces, eminentemente democrática y libertaria.

De acuerdo con el teórico holandés Mark Bovens, los derechos a la información deberían ser vistos como la cuarta gran ola histórica de derechos fundamentales, equivalente a los derechos civiles, políticos y sociales caracterizados en los textos clásicos de T. H. Marshall. Con el advenimiento de la “sociedad de la información”, el mundo necesita defender sin tregua este nuevo derecho, que es igual de importante que los otros, incluyendo el mismo derecho al voto.

En una entrevista con la revista Forbes, Assange afirma que su objetivo es evidenciar el “ecosistema de la corrupción” y hacer el capitalismo “más libre y ético”. No recurre al derecho para lograr sus fines porque se trata de “organizaciones que no obedecen el Estado de derecho”. Es simplemente imposible exigir cuentas por las vías normales a las agencias de inteligencia y a las grandes empresas trasnacionales. Su poder rebasa por mucho las capacidades de las instituciones de justicia y viven en un espacio de completa impunidad. La única opción es entonces recurrir a otro tipo de tácticas subversivas para equilibrar un poco el tablero de la dominación.

En otra entrevista, con la revista Time, el fundador de WikiLeaks afirma que su meta “no es lograr una sociedad más transparente, sino lograr una sociedad más justa”. Y la vía para conseguir este fin sería dando ejemplos de valentía y de resistencia que van contagiando al mundo entero. “Courage is contagious” (“la valentía es contagiosa”) es la frase que utiliza Assange para resumir el eje central de su estrategia. Afirma que más que el castigo, el miedo es la manera más efectiva para controlar a la sociedad. Por lo tanto, lo más peligroso para el sistema sería precisamente que la gente empiece a perderle miedo a la autoridad.

México necesita urgentemente de su propio proceso de filtración masiva para que la sociedad empiece a conocer las entrañas del sistema de impunidad y corrupción que predomina en el país. Las leyes de transparencia y la profesionalización de la actividad periodística nos han permitido asomarnos a la ventana para atestiguar algunos movimientos oscuros, pero todavía falta entrar por la puerta principal para ver cómo realmente funcionan los poderes estatales y fácticos cuando suponen que nadie los está viendo. Habría que demostrar a los que controlan el destino del país que no es tan fácil esconderse de la lupa ciudadana y traicionar la voluntad popular.

Un problema muy serio es, sin embargo, que desde la entrada en vigor de las leyes de transparencia, los servidores públicos ya no documentan sus decisiones más importantes. En lugar de levantar minutas pormenorizadas de sus reuniones, ahora se limitan a elaborar escuetas actas e informes sobre los acuerdos tomados. En lugar de enviar oficios, prefieren usar el teléfono para comunicarse o gestionar asuntos delicados. Hacen todo lo posible por no dejar algún rastro que posteriormente pueda ser usado en su contra.

El gobierno federal también ha hecho todo lo posible por evitar la divulgación de cualquier información relacionada con su estrategia de seguridad pública o sus relaciones en materia de seguridad con Estados Unidos. Asimismo, actualmente el sector privado se encuentra totalmente protegido de cualquier intento ciudadano por acceder a la información sobre sus operaciones. La negativa de la Secretaría de Hacienda a entregar la información sobre las exenciones fiscales, aun bajo una orden directa del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), y la vergonzosa intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso, es apenas el ejemplo más reciente que confirma la vigencia de esta regla de oro que “blinda” al sector privado de la rendición de cuentas ciudadana.

Tal y como lo señala Assange, en México necesitamos más ejemplos de valentía pública de parte de políticos, servidores públicos y ciudadanos para generar un proceso de contagio que permita a la población perder el miedo ante el ejercicio arbitrario y autoritario del poder. ¿Manuel Espino divulgará los secretos sobre el funcionamiento interno del PAN y sus relaciones con la Iglesia y los poderes fácticos? ¿Gabino Cué y los antiguos colaboradores de Ulises Ruiz exhibirán todas las corruptelas y malos manejos del gobierno de Oaxaca? ¿Mario Marín y Fidel Herrera tendrán que rendir cuentas sobre sus abusos de poder? ¿Cuándo sabremos la verdad sobre las redes de corrupción que corroen las instituciones de seguridad pública en el país?

Los periodistas han estado haciendo su trabajo, y de forma particularmente admirable en la prensa escrita. Pero ha llegado la hora para que los futuros informantes internos se inspiren con el ejemplo de WikiLeaks y les ayuden a exhibir las entrañas del monstruo de la complicidad y la impunidad, que es el principal responsable de que México todavía se encuentre tan rezagado en materia económica, política y social.

Los copiones educativos

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

Curiosa coincidencia. Copiones que somos en México. En enero de 2010 se presentó en el festival de Sundance la película Waiting for Superman. Meses después, a finales de octubre de este mismo año, se exhibieron en el festival Internacional de Cine de Morelia avances de la película ¡De panzazo!: el drama de la educación en México. Ambos documentales tienen dos elementos centrales en común: critican la educación pública en sus países y están financiados y avalados por importantes personajes del mundo empresarial.

Waiting for Superman está dirigida por Davis Guggenheim, autor de Una verdad incómoda. Ganó el Audience Award en el último Festival de Sundance. En ella participa Bill Gates. Aunque el filme está realizado por un liberal, la prensa conservadora lo elogió efusivamente. No es casualidad. La película ataca beligerantemente a los sindicatos magisteriales en Estados Unidos, critica a los maestros y hace un llamamiento a la privatización de la educación pública. De paso olvida mencionar pequeños detalles, como que el financiamiento estatal a la educación ha disminuido drásticamente. Algunos de los más serios investigadores en asuntos educativos de ese país han señalado que la cinta es deshonesta, carece de transparencia, está llena de verdades a medias y de desinformaciones.

¡De panzazo!: el drama de la educación en México es un documental de Juan Carlos Rulfo. En su realización participó Carlos Loret de Mola y el manejo de cámaras estuvo a cargo de alumnos de secundaria. Es un ejercicio fílmico al estilo de Michael Moore. Rulfo asegura que se inspiró en los resultados del estudio Contra la pared, de Mexicanos Primero. El documental fue financiado por Alejandro Ramírez, primer director de Mexicanos Primero e hijo del dueño de Organización Ramírez-Cinépolis. En la cinta es evidente la intención de criticar a Alonso Lujambio y a Elba Esther Gordillo, haciéndola responsable del caos educativo, en la misma tónica del discurso de las ONG del mundo empresarial y de los informes de la OCDE.

Como en Estados Unidos con Waiting for Superman, la cinta de Juan Carlos Rulfo forma parte de la ofensiva de la derecha empresarial contra la educación pública en México. A la cabeza de ella se encuentra la fundación Mexicanos Primero, los dos informes que ha elaborado, y la intensa campaña mediática que los han acompañado.

Según su presidente, Claudio X. González, el estudio Brechas: estado de la educación en México 2010, presentado el pasado 16 de noviembre, pone énfasis en la marcada desigualdad de oportunidades educativas en México. Concluye, de manera gravosa, que la escuela mexicana no es el instrumento de movilidad social que debería ser. Entre más necesitada la familia, más pobre es la calidad de la educación que reciben sus hijos. En parte así se explica la profunda y lacerante inequidad que se vive en México y la casi nula movilidad social que es otra herida nacional. Es decir, la escuela no combate o compensa de manera eficaz la desigualdad y la injusticia. Más bien parece perpetuar la condición social de cada cual.

El planteamiento no es novedoso. Es una copia de la visión educativa que se encuentra detrás de la cuestionada legislación estadunidense Que ningún niño se quede atrás (No child left behind), cuyo objetivo es mejorar la educación de todos los niños y medir la calidad de la educación a través de exámenes estandarizados de opción múltiple, responsabilizando a las escuelas por los resultados escolares. Pero, además de no ser original, está profundamente equivocado. Las escuelas por sí mismas no pueden superar las brechas de las desigualdades socioeconómicas. Pueden, sí, amortiguar algunos de sus efectos más perversos y promover circunstancialmente movilidad social.

Como señala la plataforma A broader, bolder approach to education, la evidencia demuestra que la superación de las brechas basadas en el estatus socioeconómico está presente incluso antes de que los niños inician su educación formal. A pesar de los impresionantes logros académicos de algunas escuelas que atienden a los estudiantes en desventaja, no hay pruebas de que las estrategias de mejora de la escuela por sí mismas pueden superar, coherente y de manera sostenible estas brechas. Sin embargo, existe sólida evidencia de que las políticas encaminadas directamente a superar las desventajas sociales y económicas relacionadas con la educación pueden mejorar el rendimiento escolar y logros de los estudiantes. Por supuesto, nada de esto dicen los informes de Mexicanos Primero.

El informe busca presentar a los maestros mexicanos como trabajadores irresponsables y privilegiados. Una de las herramientas para lograrlo es presentarlos como profesionistas corruptos que disfrutan de varias plazas simultáneamente. El documento señala que 75.9 por ciento por ciento de los docentes (802 mil 490) tiene sólo una plaza de jornada completa, mientras 17.8 por ciento (187 mil 754) tienen dos, y el resto (6.3 por ciento), tres o más.

Ciertamente hay casos de corrupción entre el magisterio promovidos por el liderazgo sindical afín a Elba Esther Gordillo y a las autoridades de la SEP. A los dirigentes oficialistas se les asignan las mejores plazas de manera discrecional. Pero no es el caso de la inmensa mayoría de maestros. Un profesor con la plaza base más baja percibe apenas 3 mil 200 pesos quincenales líquidos (después de descuentos). Con eso debe vivir. Y por eso, muchos buscan una doble plaza. Para poder tenerla los maestros deben pasar por un proceso de compatibilidad en el que la autoridad analiza las horas clase y el tiempo de traslado a las distintas escuelas donde enseña. Si no cumple con los requisitos, la doble plaza se le niega.

La ofensiva de la derecha empresarial mexicana abreva teóricamente del asalto a la educación pública en Estados Unidos, país en que los niveles educativos, fuera de las universidades de excelencia, es bastante pobre. Sin embargo, el modelo que se quiere copiar en nuestro país ha dado resultados pobres y limitados, cuando no francamente contraproducentes. Copiones que son nuestros empresarios.

Calderón y Televisa, Proceso y sus lectores

Miguel Angel Granados Chapa

MEXICO, D.F., 6 de diciembre (Proceso).- Proceso es una publicación curtida en su enfrentamiento a los ataques desde el poder. Nació precisamente debido a una agresión desde la Presidencia de la República, que acabó con el diario Excélsior e impulsó a algunos de sus miembros a perseverar en el oficio periodístico a través de este semanario, que hace 34 años, a la par con el asentimiento de sus decenas de miles de lectores, suscita la animadversión de quienes ven aparecer en sus páginas sus malandanzas.

Pero esta vez Proceso ha suscitado la ira simultánea de dos poderes, que el miércoles 1 lanzaron una campaña, insidiosa y difamatoria, que busca desprestigiar a esta revista, disminuir por la desconfianza que de ello resulte el aprecio de sus lectores o, en el peor de los casos, llevar a juicio a la dirección del semanario y por lo menos a uno de sus reporteros, Ricardo Ravelo.

A partir de una presunta declaración ministerial montada ex profeso, el principal noticiario de Televisa, conducido por Joaquín López Dóriga, dedicó su espacio inicial, y casi seis minutos largos, a dar voz al testigo estelar de la PGR, Sergio Villarreal Barragán, apodado El Grande por su talla física. Dijo que había entregado 50 mil dólares a Ravelo para que dejara de ocuparse de él, ya que publicaba reiteradamente informaciones sobre sus actividades delincuenciales. El dinero habría surtido el buscado efecto silenciador, pues el reportero dejó de referirse al delincuente hasta que el 21 de noviembre pasado tornó a mencionarlo en un extenso reportaje anunciado en la portada de la revista, que incluía una foto del delincuente esposado y flanqueado por dos infantes de marina. Sibilinamente se dejó flotar la impresión de que también la revista había sido gratificada de esa manera, y se llegó a la insinuación insidiosa al presentar, entre las “vistas” que acompañaban a la declaración de El Grande, la portada de un número de Proceso ya clásico en la historia reciente del periodismo. En ella aparecen el capo mafioso Ismael Zambada, El Mayo, y el fundador y presidente de Proceso, Julio Scherer García, como vivo testimonio del encuentro periodístico que mantuvieron en un lugar ignorado.

El apresuramiento con que Televisa montó la maniobra la condujo a un desliz: al aire se dijo que la declaración se produjo el 4 de noviembre. Preocupaba a los perpetradores del engendro fijar una fecha distante del momento que causó la irritación presidencial canalizada a través de esa agresión. Pero los autores del engendro hicieron hablar a Villarreal de su aparición en la portada, que ocurriría ¡17 días después! del día en que se fechó su infundio. Tardíamente advertidos de su error, los urdidores de la oprobiosa trama pretendieron corregirla al día siguiente, alegando que no se dijo “4” sino “24” de noviembre. Pero la primera fecha consta en infinidad de registros, con fuerza que desnuda la patraña.

La Presidencia se había encolerizado porque en una parte sustraída al resumen oficial El Grande narró, en su declaración ministerial (la inicial y auténtica, no la que se agregó en pegote mal hecho), el saludo que intercambió con el presidente en 2006, cuando apadrinó a una hija del senador Guillermo Anaya en Torreón. El delincuente no dijo más, ni por supuesto Proceso añadió algo. Sólo hizo notar en la portada, para precisar la importancia de El Grande, que “hasta con Calderón convivió”.

No la oficina de prensa de Los Pinos, sino el vocero de seguridad del gobierno federal (Alejandro Poiré, aunque su nombre no figure en ella) remitió una carta a la revista, en que “rechaza categóricamente que haya existido algún contacto entre el presidente de México y el presunto delincuente”, por lo que la información referida es “totalmente falsa”.

Esa contundencia no responde, no puede responder a los hechos. A pesar del retraimiento a que lo condena el Estado Mayor, el presidente de la República ha saludado a lo largo de su gestión a miles de personas. Como es obvio, no se lleva registro de cada uno de esos breves intercambios, con los nombres de los interlocutores. De haberlo, bastaría buscar en el índice el nombre de Villarreal y al no hallarlo estar en situación de negar el encuentro. Pero en otras circunstancias, las que realmente prevalecen en el entorno presidencial, es inverosímil la negativa del vocero, no puede sostenerse más que en su irritada posición.

En el mismo número de Proceso donde aparece El Grande, Jenaro Villamil se asoma a La entraña del embate de Televisa contra Cofepris, y la revista publicó un adelanto de su libro El sexenio de Televisa, donde Villamil examina los vínculos entre ese consorcio y el gobierno federal (así como su hechura de Peña Nieto). Esa reiteración hubiera bastado para que el consorcio de los Emilio Azcárraga lanzara contra este semanario una andanada como la que dirigió poco antes contra la Comisión Federal de Prevención de Riesgo Sanitario y contra el IMSS, en defensa de los intereses de una de sus filiales, que quiere el terreno llano para recibir un contrato de telecomunicaciones como el que ya se le adjudicó en el ISSSTE.

Unidas las irritaciones de los dos poderes, el Ejecutivo y el de Televisa, se produjo la andanada que a la hora de escribir estas líneas su autor ignora si continuó la noche del jueves y al día siguiente. Es de temer que así haya sido, y aun se agravaran las acusaciones. En el mejor de los casos, el gobierno federal pretendería neutralizar el efecto de que aparezca en la declaración ministerial una referencia a Calderón y al vínculo que hubo entre su compadre Anaya y Villarreal, lazo familiar ya deshecho pero indudable y comprobable. Al revertirla contra el reportero que manejó esa declaración ministerial de un testigo protegido, se priva de toda credibilidad a lo dicho por El Grande. O se cree todo lo dicho por los testigos que se agencia la PGR o no se les cree nada.

Pero el propósito parece ir más lejos. Se trata de un ataque a la esencia misma del periodismo practicado por este semanario, la búsqueda de informaciones que se hacen verosímiles a fuerza de investigación y que suscitan la confianza de los lectores. Ya en julio del año pasado se intentó la maniobra que ahora se ahonda, la de perversamente proponer que hay un nexo entre Proceso y el narcotráfico. Al presentar en ese entonces un arsenal de La Familia Michoacana, la Policía Federal exhibió, junto con armas, parque y otros pertrechos, ejemplares de Proceso, leídos por los delincuentes a los que se desposeyó de esas herramientas de su trabajo.

Si los poderes fácticos, Televisa y el gobierno, lograran imponer la infamia de que Proceso es una narco-revista y su personal cómplice o extorsionador de bandoleros, la suerte de este semanario quedaría sellada. Por fortuna, ese efecto depende en último término de los lectores, que no se dejarán engañar y defienden con su confianza una publicación nacida para servirlos…