Y LA LUCHA CONTINUA

15/12/2010

Celebra Esparza toma de nota y anuncia rescate del patrimonio del SME

La redacción

MÉXICO, D.F., 14 de diciembre (apro).- Martín Esparza celebró hoy la toma de nota entregada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a la nueva dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que él mismo encabeza, y aseguró que está medida les permitirá “rescatar” su fuente de empleo y el patrimonio de la organización.

Al rendir un informe de actividades realizadas del 14 de julio al 14 de diciembre, Esparza dijo a la asamblea que el SME “vive un momento histórico” en la defensa de sus derechos y señala el “nuevo rumbo” del sindicato.

En ese sentido, señaló que el SME acudirá a todas las instancias federales para recuperar su patrimonio, un “trabajo digno y el contrato colectivo”.

Después de leer la notificación de la STPS, dijo que la toma de nota fue posible “gracias a la resistencia” de todos los trabajadores y trabajadoras, así como de jubilados “que no han dudado” en darle su apoyo al movimiento.

“Hoy inicia una nueva etapa de lucha pero ahora en condiciones distintas. La legalidad no es únicamente para administrar los bienes del sindicato, pues eso lo hemos hecho sin toma de nota; es para que se respete la Constitución política, las leyes que de ella emanan, como la Ley Federal del Trabajo, y garantías individuales y colectivas”, afirmó.

Señaló que la toma de nota “representa el acta de nacimiento” del SME; y a los detractores les dijo que jamás verán disolver a esa agrupación.

Resaltó que con ese recurso referido entraron a la legalidad, y sostuvo que están dispuestos al diálogo para concretar acuerdos.

Recordó que el SME ha sabido construir y poner en la mesa soluciones, como la que tiene el Congreso de una nueva empresa pública descentralizada que opere en la zona que lo hacía Luz y Fuerza del Centro.

“Que le pongan el nombre que le quieran poner, pero será con el Sindicato Mexicano de Electricistas”, retó.

Al respecto, instó al Congreso a analizar la propuesta para la creación de una nueva empresa pública descentralizada que operaría en lugar de LFC.

Médicos de Juárez cuelgan batas manchadas de sangre frente a la Fiscalía del Estado

La Redacción



MÉXICO, D.F., 14 de diciembre (apro).- Médicos del sector público y privado de Ciudad Juárez concluyeron su paro laboral de 24 horas con una manifestación frente a la delegación de la Fiscalía General del estado, donde colgaron sus batas manchadas con sangre en repudio a la violencia contra el sector.

En la entrada principal de la Fiscalía, los médicos improvisaron un tendedero, en el cual colocaron pancartas en las que se leía:

“Juárez Agoniza”, “Ni una muerte más”, “Juárez Vive”, “Renuncien si no pueden”.

Miembros del Comité Médico Ciudadano (CMC) informaron que en la protesta participaron 800 de los 1,200 médicos que laboran en esa ciudad fronteriza, considerada la urbe más violenta e insegura del país.

Esta manifestación, dijeron, es “fiel reflejo de lo que vivimos; nos manchamos de sangre, pero no de los pacientes, sino de nuestros propios compañeros al ser presas de la delincuencia”.

Un representante del CMC dijo que es la manera más clara de expresar lo que a diario viven, ante el temor de ser víctimas de un atentado.

Al término de la manifestación, los médicos advirtieron que si no son atendidas sus demandas, continuarán protestando hasta que cesen el hostigamiento y las presiones de la delincuencia organizada.

Cientos de médicos que trabajan en Ciudad Juárez decretaron ayer un paro general de labores. Sólo el Hospital General prestó servicio de emergencias.

Por la tarde, dos jóvenes que sobrevivieron a una ejecución murieron por falta de atención, debido a que al hospital donde fueron remitidos estaba suspendido el servicio de urgencias médicas.

Los médicos exigen poner fin a la ola de extorsiones, secuestros, levantones y asesinatos contra trabajadores del sector salud en la ciudad.

Godoy Toscano, a merced de los jueces

Lo desaforan en San Lázaro por fast track

Con 318 votos y 21 abstenciones avalan dictamen

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO



Periódico La Jornada

Miércoles 15 de diciembre de 2010, p. 2

Urgidos por zafarse del descrédito que generó en los tres meses recientes la presencia de Julio César Godoy Toscano (PRD) en San Lázaro, los diputados de todos los partidos, en trámite de 70 minutos, desaforaron al legislador por el distrito electoral de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para que continúe el proceso penal en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Con 384 votos en favor de retirarle la protección constitucional, dos en contra –de Balfre Vargas (PRD) y Gerardo Fernández (PT)– y 18 abstenciones de perredistas, los priístas Héctor Pablo Ramírez y Blanca Soria, y el petista Jaime Cárdenas, el pleno camaral decretó que Godoy Toscano –quien no se presentó al juicio de procedencia– deberá enfrentar las acusaciones del Ministerio Público Federal (MPF) ante un juez por su presunta relación con La Familia Michoacana.

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, al informar de la resolución del pleno, explicó que si de la investigación y el proceso judicial se deriva que no cometió delito, podrá reincorporarse a la 61 Legislatura y recuperar su fuero. Por lo pronto, explicó, queda a disposición de las autoridades judiciales federales.

Al PRD también le interesaba dejar claro que votar por el desafuero constituía un deslinde tajante de cualquier relación con actividades delictivas y con la delincuencia organizada.

En tribuna, el coordinador perredista, Alejandro Encinas, hizo un llamado a Godoy para que de manera voluntaria se presente a la autoridad, rinda cuentas, ejerza sus derechos y cumpla con su responsabilidad.

La sesión extraordinaria para que la Cámara se erigiera en jurado de procedencia estuvo marcada por la definición que, desde temprano, adoptaron los priístas en su reunión plenaria.

Ahí, César Augusto Santiago Ramírez, presidente de la sección instructora, y Arturo Zamora, explicaron a sus compañeros por qué aceptaron los argumentos del MPF para retirar a Godoy la inmunidad constitucional de la que gozaba desde el 23 de septiembre, cuando rindió protesta ante el pleno.

Santiago Ramírez señaló que por vez primera en la historia del país y de que se instituyó el fuero para proteger el trabajo legislativo de diputados y senadores, la Cámara votaría por el desafuero de un representante popular acusado por delincuencia organizada y con una orden de aprehensión en su contra.

En su turno, el coordinador de la bancada priísta, Francisco Rojas Gutiérrez, convocó en la misma reunión a los diputados del tricolor a votar de forma individual y en conciencia, sin revanchas y sin prejuzgar sobre la presunta culpabilidad de Godoy.

Del lado de los perredistas, durante su reunión plenaria, los michoacanos anunciaron que se abstendrían de votar el dictamen de la sección instructora.

Además, se supo más tarde que la mesa directiva rechazó una solicitud de licencia enviada por Godoy Toscano, porque presentaba inconsistencias. A lo largo de la sesión ordinaria, los diputados de todos los partidos anunciaron que el desafuero del perredista sería en automático, porque no se presentaría a defenderse y porque los argumentos de la sección instructora sustentaban su probable relación con el crimen organizado.

La sesión extraordinaria comenzó a las 17 horas –60 minutos después de lo programado– y el pleno se declaró instalado como jurado de procedencia una vez que se leyó el acuerdo para llevar a cabo el procedimiento contra Godoy Toscano.

Después se decretó un receso de tres minutos para permitir el ingreso del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Elías Vázquez Villalba; así como del abogado defensor de Godoy, Luis Oswaldo Peralta, quien fue secretario técnico de la sección instructora en la 59 Legislatura que desaforó a Andrés Manuel López Obrador.

El guión de desafuero fue breve. Instalado en la mesa que le correspondió en el salón de plenos, debajo de la tribuna, Vázquez Villalba sólo utilizó 10 segundos para explicar: Señores diputados y diputadas, el día de hoy, 14 de diciembre de 2010, la representación social de la Federación deja en la secretaría de la Cámara de Diputados la argumentación por escrito, a su disposición. Muchas gracias.

Después, Luis Oswaldo Peralta señaló: El día de hoy, al igual que la representación social, esta defensa se circunscribe única y exclusivamente a presentar la alegación del diputado Julio César Godoy por escrito, que ha sido ya depositada en la secretaría general. Es todo a lo que se limita la intervención de su servidor.

Sin más, ambos se retiraron. En el ánimo de explicar el sentido de la resolución, Santiago Ramírez subió a tribuna y expuso que el retiro del fuero se limitó a un acto administrativo. No analizamos un asunto de naturaleza política; se trata de una valoración de hechos definidos en el Código Penal Federal como delitos.

El único orador que habló en pro del dictamen fue Alejandro Encinas. Queremos expresar nuestro voto en favor del desafuero de Julio César Godoy, partiendo de la convicción de que deben ser los órganos jurisdiccionales correspondientes, apegados estrictamente a derecho, quienes determinen la inocencia o culpabilidad del hasta ahora diputado, sobre las acusaciones que ha fincado la PGR, dijo.

Jaime Cárdenas, del PT, subió a tribuna para hablar en contra, y desde el Bronx priísta le soltaron: ¡Godoy es indefendible! El petista reviró: “No, no es indefendible. Por qué únicamente en un estado como Michoacán se dio un golpe, que se conoció como el michoacanazo. Me pregunto por qué el desafuero, en un clima de gran presión mediática y social. Y por qué, desde la alternancia en el poder, los únicos sujetos a desafuero han sido políticos de izquierda. ¿Y los políticos del PAN, no cometen delitos? ¿Y los políticos del PRI, no cometen delitos?”

Boletas 2006: La Sedena tira la toalla

Rosalía Vergara



MÉXICO, D.F., 14 de diciembre (Proceso).- Después de cuatro años de tenerlas en custodia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que, por falta de soldados y para racionalizar recursos, regresará las boletas de la elección presidencial de 2006, por lo que el material será trasladado a una bodega de la Ciudad de México.

Pendiente aún la queja presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este semanario en abril de 2008, mediante la cual pidió la apertura de las casillas para un recuento voto por voto con base en la garantía del derecho a la información, el Instituto Federal Electoral (IFE) determinó elaborar un punto de acuerdo que será votado en su sesión del lunes 13.

La propuesta del IFE va en el sentido de colocar en un solo sitio el material electoral que actualmente está repartido en 32 bodegas y girar instrucciones para que los vocales ejecutivos de las juntas locales, los representantes de los partidos y los ciudadanos que actuaron como consejeros durante los comicios efectuados durante 2008-2009 estén presentes en el momento del traslado.

Y aunque por ley el material electoral utilizado en 2006 debió destruirse, las boletas de esos comicios tienen una historia particular:

El 28 de julio de 2006, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LAIPG), este semanario solicitó al IFE una copia de las actas y las boletas electorales de los casi 42 millones de votos emitidos durante la jornada del 2 de julio de aquel año. El propósito: realizar un recuento independiente con el apoyo de ciudadanos (Proceso 1552).

El director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, presentó tres escritos ante la Unidad de Enlace del IFE poco después de las 13:00 horas de aquel 28 de julio. En uno de ellos, el principal, pidió tener acceso al sobre con las boletas de la elección para presidente inutilizadas, así como las de los votos válidos y anulados de todas las casillas.

En los otros dos documentos solicitó copias simples de las actas de la jornada electoral, así como actas circunstanciadas de recepción del paquete electoral y de las actas de cómputo de los 300 distritos de la votación para presidente.

El IFE admitió las peticiones y abrió los expedientes UE/06/00812, UE/06/00813 y UE/06/0014. Y aunque debió responder el viernes 18 de agosto siguiente, no lo hizo sino hasta el lunes 21, porque el día 15 se celebró el Día del Trabajador del IFE y fue inhábil. Luego anunció que se ampliaría el plazo para responder la solicitud el 11 de septiembre de ese año (Proceso 1556).

Para esa fecha, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había desahogado las impugnaciones de la elección presidencial; también había entregado la constancia de mayoría a Felipe Calderón como presidente de la República.

Además, el 5 de septiembre de 2006 el IFE rechazó la solicitud de Rodríguez Castañeda con el argumento de que las boletas no son documentos públicos, por lo que quedarían bajo resguardo de las autoridades electorales, incluso le envió un escrito en el que le advertía que al término del proceso la documentación electoral sería destruida.

Proceso decidió ampararse el 20 de septiembre siguiente para evitar la destrucción del material electoral. Poco antes, el 11 de septiembre, interpuso un recurso de revisión ante el Comité de Información del IFE para garantizar la protección de los derechos políticos del ciudadano.

El propio Felipe Calderón aceptó que las boletas electorales fueran resguardadas el mayor tiempo posible para, dijo, “contribuir al mejor entendimiento de los mexicanos”.

El 21 de septiembre, la juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, María Guadalupe Rivera González, desechó la demanda de amparo del semanario y declaró constitucional la norma del Cofipe que prevé la destrucción de la documentación electoral. La juez definió la situación en menos de 24 horas. Su argumento fue que se trataba de un asunto electoral. Proceso interpuso un recurso de revisión.

El IFE argumentó “razones de Estado”. Y negó por segunda vez la solicitud inédita hecha por un medio de comunicación.

El 19 de enero de 2007, el TEPJF aceptó analizar el recurso mediante el cual el solicitante pretendía acceder a las boletas electorales para un recuento ciudadano de los votos. En marzo de ese año, Proceso interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amparo para evitar la destrucción del material. Meses después, el 3 de septiembre, la SCJN impidió que el material fuera destruido.

En marzo de 2008, la SCJN canceló la posibilidad de tener acceso a las boletas, con lo que dio luz verde para la destrucción del material electoral. No obstante, el 24 de abril siguiente, el semanario presentó una denuncia contra el Estado mexicano ante la CIDH “por violación al derecho a la información”, con lo que logró que no se destruyeran las boletas (Proceso 1643).

La denuncia fue presentada en la oficina del Secretariado Ejecutivo de la Comisión, en Washington, e incluye una solicitud de medidas cautelares para evitar la destrucción de los paquetes electorales, avalada por la SCJN.

Las medidas se mantendrían en tanto la CIDH resuelve si, en efecto, las autoridades administrativas y judiciales del país violaron el derecho a la información de este semanario con la negativa a permitirle el acceso a la papelería electoral de los controvertidos comicios presidenciales de 2006.

El 2 de julio de 2008, dos años después de la elección presidencial, Proceso ganó el primer round al gobierno de Calderón, cuando el organismo interamericano pidió al Estado mexicano evitar que las boletas fueran destruidas.

En agosto de ese año, el gobierno de Calderón solicitó a la CIDH dejar sin efecto esa solicitud. Para entonces la papelería estaba resguardada en bodegas; primero eran 300, luego se redujeron a 32.

Para el 23 de octubre, el director de este semanario demandó a la CIDH que deje vigentes las medidas cautelares de la papelería electoral para hacer valer ante el Estado mexicano el derecho a la información (Proceso 1669).

Y así el material quedó bajo resguardo.

Hoy, a más de cuatro años de los comicios presidenciales de 2006, el Ejército requiere a sus soldados para seguir con la guerra contra el narcotráfico, y pide que el IFE coloque las boletas electorales en una sola bodega, porque no sabe qué hacer con ellas.