CONSERVAN LAS MAÑAS AUTORITARIAS

12/01/2011

Golpean priístas a indígenas de San Lucas Zoquiapam
por REYNALDO BRACAMONTES
En tanto el palacio municipal de San Lucas Zoquiapam, del Distrito de Teotitlán de Flores Magón, se encuentra resguardado desde hace diez días por la población, en rechazo a la designación de un administrador municipal, un grupo de priistas golpeó a los indígenas Ángel Martínez García, Bonifacio Martínez García y a Serafina García Martínez de 25, 30 y 65 años de edad.
Ello, complica el conflicto aseguró el presidente municipal electo, Martín García Carrera, quien exige a los diputados del PRI, Elpidio Concha Arellano y Martín Vela Gil, sacar las manos de esta población, y los hace responsables de algún atentado contra la gente que resguarda la sede de la comuna.
García Carrera, quien hasta el seis de enero pasado se enteró que la elección por el sistema de usos y costumbres, había sido impugnada por un pequeño grupo de simpatizantes del PRI, luego de que no fue notificado por José Luis Echeverría, del IEE, y Porfirio Sibaja, ex magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral, está seguro que en menos de una semana podría obtener la confirmación de su constancia de mayoría.
EL Tribunal Estatal Electoral resolvió en su sentencia conciliar entre las partes, no anuló la elección, y existe la confianza de que en esta semana se alcance una solución.
Para el edil electo, se trata de un hecho por demás doloso, porque Echeverría y Sibaja, como militantes del PRI, sabían de esta impugnación y la impulsaron discretamente, sin notificar oportunamente.
Los indígenas golpeados en la comunidad de Llano del Álamo, comunidad de San Lucas Zoquiapam, identificaron a sus agresores como miembros de un grupo del PRI, dirigido por Ángel Martínez Ridríguez y Modesto Cerqueda Sánchez.
Martín García Carrera, presidente municipal electo por el sistema de usos y costumbres, cuenta con Constancia de Mayoría expedida el nueve de diciembre y firmada por José Luis Echeverría y Francisco Javier Osorio Rojas, en calidad de Consejero Presidente y Secretario del IEE.
Las autoridades municipales electas de San Lucas Zoquiapam, se enteraron de la impugnación, hasta este seis de enero cuando estaban a punto de firmar el Libro Único de Registro de Autoridades Municipales en el IEE.
Seguro de mi triunfo, el primero de enero tomé posesión, la autoridad saliente me entregó el bastón de mando y con esa investidura tomé la protesta a 12 de los 16 agentes municipales de San Lucas Zoquiapam, del distrito de Teotitlán de Flores Magón.
El dato
Que los diputados del PRI, Elpidio Concha Arellano y Martín Vela Gil, saquen las manos de la población, exigen autoridades municipales electas.

Recuperar el Auditorio, piden arquitectos a Cué
Misael Sánchez
[08:05] Ante la decisión del gobierno estatal de concluir la obra del techado auditorio Guelaguetza –sin fincar responsabilidades a ex funcionarios de la pasada administración ni a la constructora que inició la obra—, el presidente del Colegio de Arquitectos del Estado, Lázaro García Saavedra, dijo ayer que la administración del gobernador Gabino Cué debe recuperar la vocación de espacio abierto de la “Rotonda de las azucenas”.
“El nuevo gobierno debe escuchar la voz del pueblo que se pronunció en contra del proyecto”, manifestó.
Asimismo señaló que como Colegio tienen un planteamiento en el sentido de que la estructura está fuera de contexto y por lo tanto debería retirarse del Cerro del Fortín.
“Somos respetuosos de cualquier decisión que se tome, sin embargo también debe tomarse en cuenta la opinión de la ciudadanía”, insistió.
Manifestó que también hay que saber cuáles son los compromisos o decisiones técnicas que tomó el gobierno estatal para mantener una obra que ellos mismos cuestionaron antes de que concluyera la anterior administración.
Añadió que los espacios públicos no le pertenecen al gobierno estatal, sino a la ciudadanía y también a la sociedad civil organizada, la cual en varias ocasiones ha expresado su inconformidad con el techado del auditorio Guelaguetza.
“La rotonda de las Azucenas es un espacio abierto con mucho simbolismo para los oaxaqueños y cubrirlo con una estructura es ponerla fuera de contexto”, dijo.
Consideró incongruente las decisiones que se han tomado sobre el tema, ya que desde un inicio la obra había sido cuestionada y ahora no respetan a la sociedad y ni siquiera la toman en cuenta para continuar con el proyecto.
“Ahora debemos preguntarle a las autoridades estatales qué compromisos hicieron con la pasada administración y por qué no tomaron en cuenta a la sociedad”, dijo.
Desde el mes pasado García Saavedra exigió una investigación exhaustiva y una revisión pormenorizada del proyecto y la obra del techado del auditorio Guelaguetza para fincar responsabilidades legales a la constructora y a todos los servidores públicos de la pasada administración que estuvieron vinculados al proyecto.
Asimismo reprochó a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial que no se haya tomado en cuenta a los profesionales de la arquitectura e ingeniería en la verificación realizada el domingo pasado a los trabajos del techado del auditorio Guelaguetza.
“El proyecto y la obra fue un capricho, sin planeación ni concurso”, dijo al señalar que además de atentar contra la rotonda de las Azucenas y la tradición de los oaxaqueños, también se atenta contra el profesionalismo de la ingeniería y la arquitectura.

LAS VOCALES.
Ausencia Gómez.
A.
Aunque todavía transitamos el periodo de gracia y el coctel de neófitos y transexenales no acaba de asentarse, en el ámbito educativo no se observa por parte alguna, la mínima propuesta sobre un programa que pretenda dar rumbo y oriente una educación a la deriva, tal como la han dejado los prevaricadores del régimen caciquil. Cabe recordar que, cuando candidato, el gobernador asumió como compromiso: Establecer junto con los grandes actores educativos y respetando el espíritu de la Ley Estatal de Educación, el Plan Estatal de Educación.( http://www.gabinocue.org)
En la primera audiencia pública de gobierno, se ve la foto del Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) rodeado de sus más cercanos colaboradores priístas transexenales, activistas de la campaña de Eviel y calumniadores en contra de Gabino Cué candidato. Con tan distinguidas personas, el establecimiento de un plan estatal de educación, es una agria vacilada de humor negro. Ni su simple elaboración y menos aún llevarlo a la práctica, no con esos tránsfugas.
E.
En otro apartado relativo a educación del “Nuevo Pacto Social con Espíritu Juarista” se escribe: “Recuperar las propuestas educativas elaboradas por la sección 22 para lograr un modelo educativo más acorde con la realidad de Oaxaca: mejoramiento profesional, evaluación, programa popular comunitario, de infraestructura, de bienestar para alumnos y maestros; y de fondo la defensa de la educación pública, laica y gratuita”. ¿Será por eso que se le entregó la Coordinación de Educación Básica y Normal al padrinazgo que desde hace años rige el destino de las de Normales?
Que la Sección XXII o una corriente de su interior tenga la oportunidad de acceder a la coordinación mencionada, no es mala en sí misma, peor era el continuismo. Sin embargo, entraña riesgos, en tanto el nuevo titular no desmantele la estructura finamente tejida por la mafia burocrática priísta. Hay ahí dentro un conjunto de operadores buenos para el tráfico de influencias y para hacer negocios como las ópticas particulares encubadas por el programa “Ver bien”. El nuevo ¿Será capaz de limpiar la casa? ¿O le apostará al continuismo?
I.
Da la impresión de un acuerdo no escrito en el sentido de dejar en manos de la organización magisterial las áreas sustantivas del IEEPO; es decir la conducción de los niveles educativos, de inicial a secundaria. Y las áreas adjetivas, reservadas para la administración pública, compuesta por el turbio coctel de transexenales y neófitos. Parece una medida preventiva contra un mal mayor o una sui generis expresión de cogobierno, alguien más pudiera interpretarlo como la simple cooptación de dirigentes y líderes sindicales.
La educación pública en el país y en Oaxaca lleva años de de ensayar una fórmula semejante, baste revisar los tiempos de “Vanguardia” y hoy con el yerno de Elba Esther como subsecretario de Educación Básica en la SEP, fórmula que ha propiciado la formación de mafias burocrático sindicales, pero ¿Mejoría de la calidad educativa? Para nada.
O.
Otro enunciado del documento “Nuevo Pacto Social con Espíritu Juarista” es: Analizar y proponer mejoras a la currícula escolar con planes y programas de estudios debidamente actualizados y pertinentes. Y sí, el derecho a la educación supone reconocer la diversidad cultural tanto en la definición de políticas como en los modelos educativos. Los sistemas educativos deben adecuarse a los diversos contextos y a los requerimientos específicos de los grupos atendidos. El modelo homogéneo de educación vigente en el país, conlleva discriminación y devastación cultural hacia los pueblos originarios.
Los pueblos originarios han conquistado el derecho a ser educados en sus propias lenguas y culturas, logrando avances en la legislación estatal y nacional; sin embargo, la brecha entre lo normado y su cumplimiento parece insalvable. Construir un modelo de educación en, desde y para la diversidad es una tarea colectiva por abordar; pero ni improvisados ni transexenales tienen la estatura intelectual para su abordaje, demostrado está.
U.
En el Programa Preliminar de Gobierno, Eje VI y el apartado que corresponde a educación, se señala como objetivo: Garantizar la educación básica a todos los niños y niñas en edad escolar. Enunciar este derecho supone asegurar la gratuidad de la educación (incluyendo la eliminación de todo tipo de “cooperaciones voluntarias” y la dotación de materiales de estudio, uniformes, etc.) A la fecha en Oaxaca no se cumple con ello. Implica más que matricular a niñ@s en la escuela; significa que permanezcan y concluyan sus ciclos escolares y asegurar para ellos, aprendizajes significativos, relevantes y pertinentes.
No es cuestión sólo de recursos, sino de la voluntad política para hacer de la educación una prioridad estatal; así como priorizar los aspectos torales, el para qué, qué y cómo se enseña, el para qué, qué y cómo se aprende, que hoy subyacen sepultados en las catacumbas burocráticas. La competitiva “palanca” para el desarrollo o para la “sociedad de la información” y demás jerga, se la dejamos a los enajenados por la ideología del capitalismo neoliberal, de esos hay bastantes en el IEEPO.

¿Y LOS RECURSOS NATURALES?
No es el propósito de estas letras abundar sobre las expectativas y esperanzas que la transición gubernamental apareja para la gran mayoría de los oaxaqueños, y de quienes, sin serlo, de tiempo atrás aquí vivimos y aportamos nuestro esfuerzo en pro de la democratización en todos los ámbitos y la creación de más y mejores espacios e instrumentos de vinculación entre la sociedad civil y el nuevo gobierno, producto de una innegable decisión mayoritaria por dejar atrás el oscuro sexenio anterior, y sus secuelas de represión, corrupción e ineficiencia.

La preocupación que aquí se expresa se refiere a la falta de posicionamientos claros en torno a uno de los temas centrales del estado: sus recursos naturales, que lo hacen la entidad de mayor biodiversidad nacional. No obstante esa realidad, suficientemente documentada por diversas vías estales, nacionales internacionales, no alcanzamos a ver en las primeras acciones y declaraciones del nuevo régimen nada que permita vislumbrar que el cuidado, buen uso y mantenimiento del rico patrimonio físico y biológico de Oaxaca se alce como una prioridad en la política pública.
De manera creciente se daba en diversos sectores civiles que una de las primeras acciones del régimen que inicia sería el anuncio relativo a la creación de una secretaría estatal sobre el medio ambiente, para así dejar de ser uno de los dos únicos estados nacionales sin contar con una instancia estratégica de ese nivel, sino, sobre todo, por que resulta una inmensa paradoja que en el estado de mayor riqueza biológica del país no exista una institución estatal encargada de regular, normar y promover a ese patrimonio como una herramienta fundamental para el desarrollo, equidad y abatimiento de los enormes rezagos sociales presentes en la mayoría de los municipios y territorios agrarios de Oaxaca
Dos son las herramientas que podrán impulsar decisivamente los cambios socio-ambientales urgentes para retomar el camino de un desarrollo más justo y sustentable: el primero es, sin duda, la participación y atención hacia la población misma, la cual de tiempo atrás y de manera inequívoca como muestran los negativos indicadores de bienestar social optan, como indican claramente las cifras censales, mantiene e incrementa el doloroso éxodo de sus comunidades en búsqueda de las oportunidades, empleos y recursos que aquí le son imposibles obtener.
La otra herramienta consiste en la escasa prioridad ya tradicional que los gobiernos estatales han dado para el cuidado y adecuado aprovechamiento de los recursos con que la geografía y la naturaleza prodigan a Oaxaca; en contrapartida vemos con angustia que en buena medida ese patrimonio vital para el desarrollo no solo pasa desapercibido para las esferas gobernantes, sino que nada o muy poco se hace para revertir los severos procesos que en buena parte de la entidad lo vienen degradando: la erosión y contaminación de los suelos se da la mano con la pérdida de la soberanía alimentaria, la deforestación, la emisión de gases invernadero y el anárquico crecimiento de la frontera agropecuaria, promovida bajo impactantes e inoperantes sistemas de manejo en lo económico y ambiental, junto al inconcebible sub aprovechamiento del potencial pesquero lacustre y marino existente y persistente. A esto se suma la polución y desecamiento de las fuentes de agua, la enorme carencia de opciones sanitarias en los poblados, las concesiones mineras verticales de altísimo riesgo ambiental y a la salud pública, y el ingente saqueo de recursos de flora y fauna, cuyo apropiado y normado uso contribuirían de manera sustantiva a darle sentido a los aún vastos conocimientos sobre el medio de los pueblos indígenas y a ser una instancia para la diversificación y creación de ingreso y empleos para, y eso ya sería un enorme avance, los 234 municipios que desde 1990 se vienen despoblando progresivamente, la mayoría de ellos sede de comunidades indígenas y campesinas totalmente empobrecidas a pesar de contar con recursos naturales, saberes y experiencias incipientes pero potenciales para detonar procesos ciudadanos participativos sustentados en el buen manejo de los recursos para devolver a Oaxaca la autonomía alimentaria, hacer de sus bosques y selvas verdaderos polos de desarrollo sustentable y de su riqueza cultural el pilar de su identidad y vehículo central del abatimiento creciente de la marginalidad, la pobreza, la inequidad y la vulnerabilidad ambiental que amenaza a infinidad de asentamientos serranos y costeros, como ya se evidencia año con año.
A pesar del olvido gubernamental estatal en materia ambiental, y buscando soluciones y alternativas a su ancestral rezago, muchas comunidades y ejidos vienen de tiempo atrás instrumentando iniciativas basadas en la protección y sensato uso de su patrimonio natural: las empresas forestales comunitarias, la producción de insumos y alimentos orgánicos, los proyectos de ecoturismo y turismo alternativo, las prácticas agroecológicas y la agroforestería y el ordenamiento territorial y municipal son ejemplos de las múltiples vías que la conjunción población-naturaleza ofrecen y posibilitan, y que gozan de escaso o nulo apoyo de los gobiernos estatales, dejando la carga a la federación, organismos multilaterales, fundaciones y el solidario acompañamiento y asesoría de la sociedad civil
Por tanto, y ante hechos que evidencian no sólo su posibilidad sino su evidente viabilidad, preocupa no ver, insistimos, señales e indicios que el medio ambiente, uno de los pilares fundamentales sobre el cual debiera girar cualquier gobierno en materia de política pública, seguirá siendo relegado en la toma de decisiones y asignación de recursos públicos.
Como ya se mencionó anteriormente, todos estos estragos no sólo repercuten en lo ambiental, sino también afectan el tejido social y la relación de los pueblos indígenas con sus recursos, que ante iniciativas que no estén consensuadas con los directamente involucrados, se trastocan no sólo los principios en torno al cuidado del ambiente, sino también los de la democracia. El Gobernador Constitucional ha mencionado de manera reiterada como premisa de su gobierno, la participación ciudadana.
Nada sería más reconfortante que estas reflexiones puedan ser acalladas por próximas decisiones orientadas a hacer de la justicia ambiental el acompañante ideal de los postulados de justicia social y democrática que en el discurso oficial de hoy generan esperanza y optimismo.
Consejo Directivo del GM