EDUCACION ELITISTA

Sólo 20% de jóvenes pobres acceden a enseñanza superior

Quienes tienen los ingresos más altos cuentan con cuatro veces más posibilidades de cursar ese nivel de estudios

El DF, la entidad donde más alumnos pueden llegar a licenciatura

KARINA AVILÉS

Periódico La Jornada

Lunes 3 de enero de 2011, p. 29

Hoy día sólo 20 por ciento de los jóvenes más pobres en el plano nacional acceden a la enseñanza superior, mientras aquellos con los ingresos más altos tienen una probabilidad cuatro veces mayor de cursar una carrera universitaria, desigualdad que evidencia la incapacidad del país para impedir que el origen de clase condicione el destino educativo, social y laboral de dicho sector, advierte el subsecretario de Educación Superior Rodolfo Tuirán.

Afirma que la disparidad económica y social, además de condicionar el ingreso a dicho nivel educativo, también contribuye a reproducir las divisiones sociales mediante el acceso selectivo a las instituciones, según el origen socioeconómico de los alumnos.

Así, el funcionario federal apunta que una nación con poca movilidad social tiene el peligro de generar frustración y resentimiento social, con los costos que todos conocemos.

En entrevista, Rodolfo Tuirán anuncia que, no obstante lo anterior, hoy se puede hablar de un recambio en la composición social de la matrícula universitaria, porque los grupos más desfavorecidos se incorporan cada vez más a la enseñanza superior: su número aumentó de 458 mil en 2004 a más de 700 mil en la actualidad.

Lo anterior, añade, podría beneficiar una inserción más favorable del país a la economía del conocimiento y un aumento de la competitividad y la productividad. Además, reforzar el papel de la educación como palanca de movilidad y cohesión social, apuntalando a las clases medias, y reducir las brechas en el acceso a la enseñanza profesional. La masificación de la educación superior, destaca, es la base de la construcción de una ciudadanía democrática.

El funcionario explica que la inequidad en el ingreso a la educación superior es resultado de un proceso en el que se acumulan múltiples situaciones de exclusión en la biografía de los jóvenes.

De acuerdo con datos de la subsecretaría que Tuirán encabeza, las brechas están marcadas por región, origen rural-urbano, entre las mismas zonas metropolitanas y por entidades federativas. Así pues, las diferencias entre la ciudad de México y un estado como Querétaro son abismales.

En la capital del país 57 por ciento de jóvenes acceden a dicho nivel de estudios. En contraste, la cifra para los jóvenes queretanos es de apenas 16 por ciento, el índice más bajo a escala nacional.

Después del Distrito Federal, las entidades con más altos porcentajes en materia de cobertura de enseñanza superior son Nuevo León (38 por ciento), Sonora (37 por ciento), Nayarit (37 por ciento), Sinaloa (36 por ciento) y Colima (35 por ciento).

Los estados con más baja cobertura después de Querétaro son Chiapas (18 por ciento), Oaxaca (18 por ciento), Guerrero (19 por ciento), Guanajuato (20 por ciento) y estado de México (21 por ciento).

Por regiones, las distancias son igualmente marcadas. Mientras en las zonas sur y península accede 15 por ciento a educación superior y poco más de 20 por ciento, respectivamente, en el noreste lo hace más de 35 por ciento y en la capital y la región este 30 por ciento.

El programa sectorial planteó como meta pasar de 15 a 18 estados, con un nivel equivalente a 25 por ciento o más de jóvenes que acceden a dicho nivel educativo. Ese objetivo ya fue superado, debido a que 24 entidades rebasaron ese índice en 2010.

Sin embargo, México aún está lejos de tener igualdad de oportunidades en acceso a enseñanza superior: 20 por ciento de jóvenes provenientes de los hogares con menores ingresos asiste a la universidad; esto es, 7 por ciento más en comparación con 2004, cuando la cifra era de 13 por ciento.

La desigualdad social y económica limita el ejercicio pleno del derecho a la enseñanza en ese sector, señala Tuirán. De esta manera, abunda, el país desperdicia uno de los activos más importantes con que cuenta (el potencial de sus jóvenes), mostrándose incapaz de impedir que el origen social condicione en buena medida el destino educativo, social y laboral de esa población.

Pero además, advierte, dicha desigualdad condiciona el acceso a “circuitos diferenciados de calidad según el origen socioeconómico o el tramo de ingreso de los estudiantes, con lo cual contribuye a reproducir las divisiones sociales.

Este acceso selectivo se puede entender a partir de la diferenciación social entre instituciones (de mayor a menor calidad), que genera a su vez una diferenciación social entre estudiantes. Así, la universidad o institución a la cual se ingresa es tan importante como acceder o no a la educación superior.

La exclusión se refleja en el rezago educativo o en el abandono temprano de la escuela, lo cual condena a los jóvenes a seguir trayectorias marcadas por la precariedad laboral, la baja productividad y los bajos ingresos, escasos niveles de bienestar y frustración, sostiene.

Por ello considera que para aumentar las probabilidades de acceso y permanencia a dicho nivel educativo por los jóvenes de bajos recursos es necesario multiplicar las oportunidades que brindan los programas de becas tanto de los diferentes órdenes de gobierno como de las instituciones públicas y particulares de enseñanza.

Refiere que dichos apoyos económicos se incrementaron de 162 mil en el ciclo 2006-2007 a más de 302 mil en el 2009-2010, lo cual equivale a un crecimiento de 87.1 por ciento.

El caso de Marisela Escobedo, una puñalada a la justicia

Marcela Turati

Chihuahua, Chih.- El manoteo político por controlar los efectos de la muerte de Escobedo y la búsqueda de culpables podrían dinamitar el modelo de justicia que sustituye el proceso tradicional, que desahogaba todo por escrito y a discreción, por uno oral y público, que se basa en la presunción de inocencia, que sustituye las confesiones por evidencias científicas, y privilegia la solución alternativa a los conflictos para desahogar los tribunales y las cárceles.

“El caso de Marisela puso a prueba al sistema penal y lo reprobó exactamente donde todos los abogados de experiencia decíamos que iba a reprobar: si el imputado se niega a confesar ante el juez y el Ministerio Público (MP) no presenta pruebas científicas muy sólidas para establecer su responsabilidad”, dice a Proceso el abogado Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

A Escobedo el nuevo sistema no le fue favorable: aunque ella hizo todas las investigaciones para llevar a juicio a Sergio Barraza, el asesino confeso de Rubí, los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid Jurado lo absolvieron porque consideraron que el MP y los peritos de la procuraduría no probaron la culpabilidad del acusado, así que lo liberaron, y cuando Escobedo se inconformó, un tribunal de magistrados anuló el fallo anterior y condenó al homicida a 50 años de cárcel cuando él ya había huido; y aunque la señora volvió a localizarlo, la policía no fue capaz de reaprehenderlo.

El duopolio tendrá competidores

Jenaro Villamil

En el seno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se prepara un ambicioso proyecto para licitar al menos dos cadenas nacionales de televisión abierta, que den una cobertura al 94.83% y al 80.54% de la población nacional para 2011.

El propósito es que ambas compitan con el duopolio Televisa-TV Azteca, que hoy acaparan los canales, audiencias y el mercado publicitario televisivo. La primera controla 70%, el resto está en manos de la segunda.

En anteproyecto, cuya copia obtuvo Proceso, menciona que se buscará que las futuras cadenas se inserten en la banda UHF –la que abarca los canales 14 al 69– y operen con tecnología digital, a diferencia de los dos consorcios dominantes, cuyas transmisiones se realizan en televisión analógica.

El diseño de la licitación, advierte el documento, debe atender el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia contra la Ley Televisa: “el criterio económico no debe ser preponderante para determinar el otorgamiento de una concesión; asimismo, señaló que el espectro radioeléctrico es un bien por el cual debe pagarse una contraprestación económica”.

Polémica al iniciarse el proceso por la gubernatura mexiquense

Consejeros del IEEM exigen a partidos dejar de lado acusaciones y calumnias sin sustento

ISRAEL DÁVILA

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 3 de enero de 2011, p. 5

Toluca, Méx., 2 de enero. El proceso electoral para renovar al titular del Ejecutivo mexiquense se inició formalmente este domingo, con un ríspido debate entre partidos y consejeros electorales.

Tras escuchar la declaratoria formal del comienzo del proceso por el presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Jesús Castillo Sandoval, los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) pusieron en duda la imparcialidad del instituto, y consideraron que la contienda se dará con claros signos de inequidad, por la reciente reforma electoral aprobada en el Congreso local, impulsada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

A los consejeros electorales disgustaron los cuestionamientos sobre la autonomía e independencia del IEEM, y exigieron a los partidos actuar con responsabilidad, así como dejar de lado acusaciones y calumnias sin sustento, porque así no se gana la confianza del electorado.

La crítica que hicieron cuatro de los siete consejeros del IEEM (Juan Carlos Villarreal Martínez, Policarpo Montes de Oca Vázquez, José Martínez Vilchis y Jesús Jardón Nava, quienes llegaron al instituto con el apoyo del PRI) a los dichos de PAN y PRD motivaron que el dirigente estatal del sol azteca, Luis Sánchez, advirtiera al final de la sesión que su partido valorará la pertinencia de retirarse del proceso, al no haber las condiciones mínimas para una contienda, clara, abierta, transparente y equitativa.

Desde antes de la sesión, PAN y PRD manifestaron mediante sus dirigentes estatales –Octavio Germán Olivares y Luis Sánchez– que el proceso sería difícil, pues el IEEM no garantiza las condiciones de imparcialidad, autonomía, certeza y legalidad que requiere la elección.

Alianza opositora

Ambos afirmaron que la única vía para terminar con el cacicazgo que el PRI impuso en la entidad, más de 80 años de gobiernos del tricolor, sería mediante una amplia alianza de los partidos de oposición.

Estamos trabajando en esta alianza; en 15 días se instalará una mesa política en la que confluyan dirigencias nacionales y estatales de ambos partidos, para elaborar un plan común de gobierno y hallar a la persona que pueda abanderar esta alianza, a la que invitaremos al PT y Convergencia, dijo Germán Olivares.