ELBA ESTHER, SINVERGÜENZA

17/01/2011

En BCS, el Panal reparte a escolares propaganda política.
Pone en sus manos cuadernillos, loncheras y mochilas; el 6 de febrero habrá elecciones en ese estado
Queremos saber más de ti y de tu familia, les dicen; se incluye un cupón para ser llenado
KARINA AVILÉS
Periódico La Jornada
El Partido Nueva Alianza (Panal), de Elba Esther Gordillo, aprovecha el espacio público en el interior de las escuelas para repartir, con la complicidad de directivos, maestros y la estructura sindical del magisterio, miles de cuadernillos, loncheras y mochilas con propaganda electoral de ese organismo político, los cuales son entregados a niños desde tres años de edad, en prescolar, hasta adolescentes de 15, en secundaria. Así, los escolares son utilizados como vehículo para llevar el mensaje político de los candidatos y obtener los datos confidenciales de sus padres.
Lo anterior es constitutivo de varios delitos de carácter electoral y penal, cuyas sanciones van desde el retiro del registro al organismo político, hasta la pena de uno a nueve años de prisión a los responsables, advierte el especialista en derecho electoral e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), John Ackerman.
Al conocer el contenido de dicha propaganda –en poder de La Jornada–, pedagogos y politólogos coinciden en un llamado a terminar con la impunidad en este tipo de acciones, mismas que consideran un abuso y un atentado educativo por parte de la estructura de Gordillo.
El reparto se realiza con la probable complicidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dicen. “Sería ingenuo pensar que (la dependencia) no lo sabe… Y si no fuera así, es muy grave, porque es la autoridad y debe estar enterada; pero si lo sabe es aún más grave, porque hay complicidad. Por otra parte, todos sabemos quién está al frente de la Subsecretaría de Educación Básica (Fernando González Sánchez, yerno de la maestra) y quién es la dueña del Panal”, expresa la investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Etelvina Sandoval.
El Panal imprimió diferentes tipos de cuadernillos –incluso hay uno que lleva por título Los derechos de los niños– para repartir a cerca de 30 mil infantes y adolescentes en mil 100 escuelas de enseñanza básica en Baja California Sur, donde el próximo 6 de febrero los ciudadanos elegirán gobernador, diputados y presidentes municipales, afirma Esteban Ojeda Ramírez, secretario del comité democrático de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en aquella entidad.
La propaganda, destinada a los niños más pequeños, es un cuaderno para colorear que consta de 29 páginas. El libro introduce a Nueva Alianza como un nuevo partido político y nuestro trabajo consiste en apoyar las aspiraciones y deseos de los jóvenes. Así, se invita a los niños a que conozcan un poquito más de cómo vemos las cosas y qué es lo que proponemos. Pero desde las primeras páginas, el Panal les hace una sola petición: Queremos saber más de ti y de tu familia. Si tienes alguna duda o comentario, llena el cupón que se encuentra al final del libro y háznoslo llegar.
En efecto, al final de las ilustraciones viene un cupón donde se les solicita nombres, apellidos, calle, número exterior e interior, colonia, estado, delegación, lada, teléfono 1 y 2 y hasta e-mail, de ellos o de alguno de tus papás. El instructivo les dice que después de llenar el cupón lo entreguen en las oficinas de Nueva Alianza en tu estado.
Esto indica que se trata de un cuaderno cuyo formato puede ser utilizable en cualquier entidad. De hecho, en su portada hay una pegatina con los nombres de los candidatos del Panal. Sin embargo, las denominaciones cambian de acuerdo con el distrito electoral en donde se ubica la escuela; de tal modo, algunos promocionan al aspirante a la alcaldía de La Paz, Jorge Miguel Cota Katzenstein –ex secretario de la sección 3 del SNTE–; al candidato a diputado por el quinto distrito, Guillermo Aguilar Villavicencio –actual secretario general de la sección 3 del SNTE–, o a la candidata a gobernadora, la profesora Blanca Meza Torres, entre otros.
Esteban Ojeda Ramírez sostiene que dicha propaganda es y ha sido repartida a los menores de edad por dos vías: en los propios salones de clase, por medio de maestros y directivos de escuelas afines al charrismo sindical, y en el interior de los planteles, mediante un contingente de comisionados del sindicato y de un grupo de jóvenes a quienes les pagan de 100 a 300 pesos diarios por realizar esa tarea.
El especialista John Ackerman explica que los maestros que se han prestado para entregar esta propaganda electoral son, ante todo, funcionarios públicos –y no actúan como integrantes del SNTE–, por lo que tienen prohibido utilizar un cargo y un espacio público para hacer proselitismo en favor de un partido o candidato en horas laborables.
El artículo 407 del Código Penal establece que se se impondrán de 200 a 400 días de multa, y prisión de uno a nueve años, al servidor público que, entre otras acciones, destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado o proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores de manera ilegal.
Afiliación corporativa
Por otro lado, añade, el artículo 41 constitucional señala que quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa, de tal forma que las organizaciones gremiales, como el SNTE, no pueden afiliarse o hacer trabajo para los partidos.
Esta es una evidencia más, apunta Ackerman, de la relación orgánica, íntima, entre el SNTE y el Panal. Sin embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE) se ha hecho de la vista gorda al respecto, pero de comprobarse esta vinculación lo que procede es el retiro del registro de ese partido.
También existe una violación a los artículos 134 y tercero de la Constitución. Con respecto al primero, porque los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos y, por otra parte, el artículo tercero habla de una educación democrática e imparcial, principios que se violan en tanto el docente aprovecha la relación con el alumno para difundir una determinada ideología y hacer propaganda.
Asimismo, para la coordinadora de Investigación del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Martha Singer, este caso revela una estrategia de adoctrinamiento que se ha utilizado en regímenes autoritarios para obligar a un compromiso de manera irracional, ya que no pasa por una actividad crítica de quien lo lee, porque el Panal aprovecha la ingenuidad de los destinatarios de esa información.
Es el equivalente a la repartición de tortas para llevar a la gente a un mitin, con la diferencia de que aquí se meten con una población que no se puede defender, que no tiene la capacidad de decidir qué hacer con lo que se le está distribuyendo.
Rosa María Torres, docente de la UPN, considera que lo cuestionable es el procedimiento que utiliza el SNTE-Panal para repartir estos materiales. El buen sentido que pudiera existir para que los niños conozcan –como ocurre en otros países– sobre la función de los partidos políticos, se pierde porque la estructura escolar actúa en paralelo a una organización sindical. Y no es lo mismo que cualquier persona entregue a los estudiantes este tipo de cuadernos a que lo haga un maestro; este último tiene un peso moral.
Desde la óptica pedagógica, apunta por su parte Etelvina Sandoval, los niños confían en la escuela, creen que lo que les dicen y entregan sus maestros como materiales es positivo y forma parte de sus obligaciones. Aprovecharse de los menores de edad para difundir propaganda es una traición a la confianza de los estudiantes, es un abuso hacia los niños y hacia la escuela.
“¡Ya basta. Esto es indignante. Se deben tomar, ya, medidas muy fuertes contra quienes han participado en estas acciones… No es posible que el SNTE se aproveche de los niños y de la educación para adoctrinarlos hacia un partido. Es un atentado educativo!”, concluyó.

Calderón, un irresponsable al declarar la guerra al narco: AMLO
Rosalía Vergara

SAN SIMÓN DE GUERRERO, Estado de México, 16 de enero, (apro).- El pueblo mexicano ya no aguanta la inseguridad en el país, consecuencia de la guerra contra el narcotráfico declarada por el gobierno federal panista, coincidieron en señalar Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional [Morena] y el diputado federal perredista Alejandro Encinas, propuesta del movimiento social para candidato a la gubernatura del Estado de México.
Durante el octavo día de gira por territorio mexiquense, López Obrador calificó como irresponsable que la administración panista haya declarado la guerra al crimen organizado “sin saber a lo que se iba a enfrentar. Le dio un palazo, un garrotazo al avispero, a lo tonto”.
El exjefe de gobierno capitalino, de gira por la zona mexiquense conocida como Tierra Caliente, colindante con Guerrero, declaró que la guerra de Calderón contra el narco “ha causado muchas desgracias en el país, pero lo peor de todo es que si hecho a andar esa estrategia y a los seis meses se había visto que no iba a funcionar, hubiera rectificado. Han pasado tres, y no quiere cambiar”, acusó en entrevista.
El excandidato presidencial sostuvo. sin embargo, que la culpa no es de Felipe Calderón sino de la mafia que lo impuso en el gobierno. “Ellos son los principales culpables de la tragedia nacional”, expresó.
El tabasqueño mencionó que si le decía “espurio” a Calderón porque sólo lo estaba describiendo, aunque se enojara con él, pero ya no tiene caso porque “cualquiera lo ningunea, hasta Televisa”.
Para el tabasqueño, la mejor forma de luchar contra el narcotráfico es logrando un cambio en el país, porque “no se puede combatir el mal con el mal”, dijo.
Consideró necesario atender las causas que generan problemas sociales y limpiar al gobierno de corrupción.
Sobre este tema, Encinas indicó que, como diputado federal, tiene una propuesta de combate al crimen, cimentada en la creación de empleos.
Respecto a la zona llamada tierra caliente mexiquense, señaló que es un lugar donde puede aumentar el desarrollo productivo de la región, “pero lamentablemente se abandonaron todos los recursos para el desarrollo”.
Esto se sumó al desmantelamiento de la infraestructura básica para generar empleo. “Yo he insistido, hay que actuar con firmeza en el combate a la delincuencia organizada, pero no hay que atacar solamente los efectos, hay que analizar las causas”, explicó.
Para Encinas, las causas son la migración, el desempleo, el cultivo de enervantes y su trasiego, el cual crece por el desempleo.
Asimismo, rechazó que hayan recibido alguna amenaza de parte del crimen organizado, aunque la violencia vaya en aumento.
Sin embargo, de camino a Tejipulco, una camioneta militar, con alrededor de seis soldados armados, detuvo la camioneta de Encinas, al considerarla sospechosa.
En el octavo día de la gira, López Obrador y Encinas visitaron los municipios de Luvianos, Amatepec, Tlatlaya, Tejupilco y San Simón de
Guerrero y firmaron los diez compromisos de gobierno para cada ayunamiento, que, aseguraron, cumplirán si el diputado federal gana la gubernatura el 3 de julio próximo.

PRD: 4 gobernadores maniobran en favor de Añorve en Guerrero
Señala Ortega a los mandatarios de los estados de México, Yucatán, Nayarit y Tamaulipas
Usan recursos del erario, asegura; pide a militantes tomar fotos para integrarlas a una denuncia
Censuran al senador del PRI que afirmó que el ataque a Guillermo Sánchez fue un engaño
MISAEL HABANA DE LOS SANTOS Y SERGIO OCAMPO ARISTA, CON INFORMACIÓN DE, ARIANE DÍAZ Y NOTIMEX
Corresponsales
Periódico La Jornada
Acapulco, Gro., 16 de enero. El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, denunció en un comunicado que los gobernadores de Yucatán, Ivonne Ortega; Nayarit, Ney González; Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, y el estado de México, Enrique Peña Nieto, intervienen personalmente en las campañas en Guerrero y movilizaron brigadas para respaldar con recursos públicos al candidato priísta a la gubernatura, Manuel Añorve.
Operan en Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Tierra Caliente y la zona norte del estado, a bordo de vehículos oficiales con placas de sus respectivas entidades, dijo Ortega y convocó a los perredistas a fotografiarlos y enviar evidencias de las anomalías a las sedes del PRD, pero sin arriesgarse ni caer en provocaciones o confrontaciones.
El dirigente informó que se está integrando una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral de Guerrero (IEEG). Por otra parte, condenó las declaraciones del senador priísta Fernando Castro Trenti, quien insinuó que la golpiza que recibió Guillermo Sánchez Nava, representante de la coalición Guerrero Nos Une ante el Instituto Estatal Electoral de Guerrero (IEEG), fue un engaño. Es un canalla. Sus declaraciones muestran su absoluta insensibilidad y pérdida de humanidad, dijo.
Castro Trenti rechazó en Acapulco las declaraciones de Ortega. Luego de hacer votos por la pronta recuperación de Guillermo Sánchez, aseguró que el PRI lamenta tan deplorable hecho y exige que se investigue, pero insistió en que el PRD ha dado un manejo perverso a lo ocurrido al culpar sin elementos ni pruebas a los priístas, con propósitos electorales.
Mientras, un centenar de ciudadanos, la mayoría militantes perredistas y del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, efectuaron en el zócalo de este puerto un ayuno de 12 horas para exigir castigo a los responsables del intento de homicidio de Sánchez Nava. Los inconformes demandaron al IEG cancelar el registro de Añorve Baños.
En conferencia de prensa por separado, Raúl y Javier Sánchez Carrera, hijos del perredista atacado por un grupo priístas a quienes quiso fotografiar cuando quitaban propaganda del candidato a la gubernatura de la coalición Guerrero Nos Une, Ángel Aguirre Rivero, exhibieron el diagnóstico hecho a su padre en el hospital Ángeles: traumatismo craneoencefálico.
Los hijos de Sánchez Nava respondieron así al senador priísta Castro Trenti, quien demandó el sábado la exhibición del dictamen médico y sostuvo que el padre de ambos en realidad estaba secuestrado o autosecuestrado luego de reñir la noche del 12 de enero, ebrio, con Aguirre Rivero.
Afirmaron que la condición de su padre es muy delicada y responsabilizaron a Manuel Añorve y al PRI de cualquier daño a su familia. Relataron que en el hospital se recibieron llamadas de alguien que se hizo pasar por la madre del herido, la cual falleció hace dos años.
La abogada Bernardina Zapoteco dijo que se pedirá llamar a declarar a Castro Trenti y sostuvo que es falso que Sánchez Nava esté secuestrado y que haya discutido con Aguirre Rivero antes de ser víctima de una tentativa de homicidio.
Temen más violencia
La Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos vislumbró un escenario de alto riesgo porque los partidos han creado un ambiente de confrontación en el cual han surgido grupos que buscan atentar contra el proceso electoral, como prueba el ataque a Sánchez Nava.
Esta belicosidad, una violencia sin precedentes y la inacción del gobierno han alertado a una población desencantada tanto por la forma en que se ha gobernado la entidad como por la falta de respeto a los derechos humanos y la indefinición de los candidatos en temas como seguridad, militarización, procuración de justicia, libertad de expresión, derecho a la información y autodeterminación de los pueblos indígenas, señaló la agrupación.
Añadió que ninguno de los candidatos se ha opuesto al despojo de recursos naturales de los pueblos ni a los proyectos de minería a cielo abierto que amenazan el equilibrio ambiental; en cambio, apoyan el proyecto hidroeléctrico La Parota sin importarles los derechos de los campesinos.
A su vez, la asociación civil Si Votas Ganas, auspiciada por la Confederación Patronal de la República Mexicana ofreció descuentos de 10 por ciento a quienes sufraguen, y obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco llamaron a razonar el voto.

El de Marisela, “crimen de Estado”
Patricia Dávila
El asesinato de Marisela Escobedo en la plaza central de la capital de Chihuahua, ante las cámaras de vigilancia y en medio de instalaciones con vigilancia permanente, destapó mucho más que la negligencia del trío de jueces que liberó al asesino de su hija. Los hijos, el hermano y activistas sociales –quienes ante el riesgo ya solicitan asilo en Estados Unidos– señalan al gobierno estatal como sospechoso de participar, o por lo menos de solapar el crimen.
EL PASO, TEXAS, 15 de enero (Proceso).- “El de mi madre es un crimen de Estado. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, está involucrado. Hubo arreglos con el criminal y le dejó libre el camino para que cometiera el asesinato. El homicida tenía la garantía de que no iba a ser detenido”, acusa Juan Manuel Frayre Escobedo, hijo mayor de la activista Marisela Escobedo Ortiz, asesinada el 16 de diciembre pasado frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.
La entrevista se realiza el martes 11 en el Centro de Detención y Remoción de El Paso, cárcel para inmigrantes indocumentados en la cual fue recluido Juan Manuel desde el sábado 18 de diciembre, cuando se presentó a solicitar asilo.
En la misma barraca estaba su hermano menor, Eduardo Alejandro, quien recobró su libertad un día después de la plática con Proceso, y en otra permanece su tío Héctor Ricardo. Este hermano de Marisela es el que, en el video del asesinato registrado por una cámara de seguridad pública, aparece arrojándole una silla al asesino. También considera que se trató de un asesinato de Estado y que “el gobernador César Duarte trata de lavarse las manos con el juicio político a los jueces”.
El asesinato de Marisela Escobedo provoca señalamientos contra el gobierno de Chihuahua, pero sobre todo obliga a muchos activistas de causas sociales a replantear su labor y a reforzar su seguridad, así como la de su familia. Una de las más conocidas en el estado es Cipriana Jurado, quien está convencida de que Marisela se convirtió en un personaje “incómodo” para el Estado y que ese fue el motivo para matarla. Jurado, que ha sido perseguida por el Ejército, tiene siete meses fuera del país y teme volver.
Por ahora hace un recuento de bajas. En sólo un año con cinco meses fueron asesinados ocho activistas sociales y defensores de derechos humanos, dos en las últimas tres semanas: Marisela Escobedo y Susana Chávez, ésta conocida por haber ideado el lema de la campaña contra los asesinatos de mujeres en la entidad: “Ni una más”.