POR EL RESPETO A MIGRANTES

Encuentro inédito de embajador de EU con activistas en derechos humanos, durante su visita a Oaxaca

Reconoce Padre Solalinde trato directo, gracias a los oficios del Gobernador Gabino Cué

• Protección a migrantes, tema central de la reunión

De positiva y muestra de buena voluntad por parte del gobierno de Estados Unidos para abordar el tema de la migración, gracias a la intervención directa del Gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, calificó el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra la reunión que diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, sostuvieron con el embajador norteamericano, Carlos Pascual, de visita en la capital oaxaqueña.

El prelado informó que con este encuentro se estableció diálogo directo con el representante de los Estados Unidos en México, con quien acordaron mantener comunicación constante para informar de hechos que lesionen las garantías de los migrantes, tanto en nuestro país, como al otro lado del río Bravo.

Al encuentro realizado en Palacio de gobierno, con la presencia de la comisionada de los Derechos Humanos del Gobierno del estado, Eréndira Cruzvillegas Fuentes -quien participó en representación del Gobernador del estado Gabino Cué-, asistieron asimismo, Nancy García y Fernando Cruz Méndez del Centro de Orientación a Migrantes de Oaxaca A.C., así como Judith Huber y Stefan Zimmer de Brigadas Internacionales (PBI).

En entrevista, el padre Solalinde subrayó que se les dejó expresar sin tapujos, la situación de desprotección que viven no sólo los centroamericanos en su tránsito por el territorio mexicano, sino también los mexicanos que emigran al vecino país del norte.

El coordinador del albergue “Hermanos del camino”, destacó que desde que inició su labor social con los migrantes centroamericanos, no tenía antecedentes que un representante de Estados Unidos se reuniera con organismos civiles que atienden el tema. Explicó que plantearon al embajador la corrupción que existe en dependencias relacionadas con el sector, al tiempo de señalar que “pareciera que la política del gobierno mexicano fuera la negación de todo, no pasa nada”; es mejor –dijo- afrontar la realidad. Asimismo, indicó que la iglesia católica está implementando una estrategia pastoral desde hace varios años para apoyar a migrantes a nivel regional, con representantes de las Conferencias Episcopales del Caribe, Centroamérica, México, Estados Ubidos y Canadá, para lo cual se han reunido en Guatemala, Estados Unidos, México y Roma; para este año lo harán en Costa Rica.

De su lado, el sacerdote Fernando Cruz Méndez planteó que toca a todos, gobiernos de Estados Unidos y México, autoridades estatales y municipales impulsar a través de los órganos legislativos mecanismos a favor de los migrantes y el respeto a la dignidad humana. Demandó que se contemple el fenómeno de la migración de manera integral, desde al menos cuatro componentes, como el origen, tránsito, destino y retorno, para buscar leyes que favorezcan a quienes tienen la necesidad de emigrar. Que cada uno haga la parte que le corresponde, sentenció.

Cómo masca la iguana; ¿O dónde quedó la brújula? (1ª Parte)

Clemente Jesús López.

Desde hace ya varios años, distintas voces ciudadanas, intelectuales, líderes de opinión y algunos dirigentes políticos hemos formulado distintas consideraciones sobre las premisas necesarias que requieren los procesos de transición de un régimen político a otro o el paso de una forma de gobierno caduca a una funcional y en el caso de regímenes políticos autoritarios a democráticos.

En ese conjunto de formulaciones, muchas de ellas producto de estudios que han permitido comparar las transiciones en el mundo a nivel de gobiernos nacionales, hemos podido encontrar líneas conductuales necesarias e indispensables para ser consideradas componentes necesarios de toda transición. La dificultad principal se ha encontrado al analizar éstas en el ámbito de los gobiernos locales, en los cuales los resultados han sido considerados como negativos, derivando en su mayoría en simples alternancias sin mayor trascendencia.

A pesar de ello hemos podido identificar algunas premisas que, de aplicarse, permitirían dar un salto cualitativo en la consolidación democrática de los procesos de transición, estas son las siguientes:

La primera de ellas es que exista voluntad política del grupo gobernante para impulsar desde arriba los cambios que demanda la sociedad, sobre todo si este emana de una elección democrática y representativa y no de una revolución.

La segunda requiere de una decidida, planificada y activa participación de las fuerzas sociales involucradas en el proceso de cambio y del conjunto de la clase y sociedad política organizada en los partidos, en especial del bloque que compondría el nuevo polo gobernante.

La tercera consiste en un creciente activismo de la sociedad civil que actuante, propone, exige y vigila el proceso, demandando más y más avances en la democratización de si misma y del conjunto de las instituciones del Estado.

La cuarta es la capacidad de respuesta y resistencia que pueda articular el conjunto de fuerzas sociales y políticas desplazadas del poder, si estas se oponen y niegan la posibilidad de los cambios, la transición avanzará a cuenta gotas y si por el contrario, estas asumen el papel que pueden jugar en el nuevo proceso, ayudarían a agilizarlo y obligarían al nuevo bloque gobernante a la búsqueda de acuerdos y consensos para el establecimiento de una nueva normalidad institucional.

La quinta sería la constitución formal de un bloque pluripartidista de los partidos y fuerzas sociales que constituyeron la coalición electoral, mediante un pacto para definir el rumbo y orientación del gobierno, sus contenidos y acciones y por tanto su composición política y administrativa, que a su vez como bloque, abordara la negociación para la integración al nuevo polo gobernante de las formaciones políticas adversarias y garantizar la plena estabilidad político-administrativa y la gobernabilidad democrática.

Ahora bien en el caso que nos ocupa y que es la posible transición democrática oaxaqueña, encontramos que: Hay un Congreso conformado por diputados de distintas formaciones políticas que compitieron entre sí a través de Coaliciones Electorales una de ellas la llamada por la "Transformación de Oaxaca" conformada por el PRI y el PVEM y la otra "Unidos por la Paz y el Progreso" integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Convergencia y Partido del Trabajo y otros partidos que compitieron solos como el PANAL y Unidad Popular, ambos con candidatas mujeres a la gubernatura y oh milagros de la transición, las 2 en el nuevo gobierno ocupando posiciones de privilegio.

Ello conllevó a la conformación de un congreso inédito en virtud de contar los partidos opositores al viejo partido Revolucionario Institucional, con una holgada mayoría que de mantenerse, permitiría transformaciones profundas. Sin embargo esta condición no se ha traducido en resultados positivos para la transición, ya que los partidos opositores y sus diputados han sido incapaces de consolidar su condición de nuevo bloque gobernante y han sucumbido a la vieja condición de las cuotas y los arreglos cupulares para repartirse los puestos administrativos y legislativos del congreso, sin contar con un proyecto conjunto para impulsar la transición.

Por su parte el PRI y sus aliados, tampoco han logrado asumir su nueva condición de partido opositor en los marcos de las nuevas condiciones de la lucha política y por el contrario, su actitud de resistencia acrítica, muchas veces contestataria, lo ha llevado a la parálisis y a la división en sus filas y con ello tampoco abona a lograr la transición, creando a su vez un vacío político que sólo estorba.

Desde luego que el respeto entre poderes que ha manifestado el titular del poder ejecutivo y su no intervención en la vida interna de la legislatura, se han mal interpretado creyendo que se vive una auténtica división de poderes, sin tomar en cuenta que las viejas instituciones como el Congreso y los partidos que ahí se ven representados, son también instituciones no democráticas, que requieren de una profunda recomposición y revaloración y desde luego de su modernización. Por tanto en las condiciones actuales, el Congreso, sin voluntad política, poco podrá aportar a la transición democrática oaxaqueña.

Fuga hacia abajo

Víctor Leonel Juan Martínez

La historia inmediata del PRI es de repliegues sucesivos; con la alternancia en la presidencia de la República del año 2000, las elites priístas se refugiaron en los estados en donde tenían mayor presencia. Ahora, que han perdido más gobiernos estatales, a los que se suma Oaxaca, van en fuga hacia abajo. Se guarecerán en los municipios en donde obtuvieron triunfos y provocarán, en la medida de sus posibilidades, la desestabilización en aquellos en donde perdieron.

La muestra de ello es el escenario de conflictividad que pretenden en por lo menos 47 municipios oaxaqueños, en donde observamos anulación de elecciones, rechazo a los administradores, dificultades en la integración de cabildos y al hecho de que estos problemas se expresen en movilizaciones, toma de espacios públicos y edificios municipales.

Las disputas por el poder municipal han llegado hasta la violencia; ésta fue recurrente bajo los gobiernos estatales priístas, pero persiste como legado viviente del autoritarismo, incluso, contaminando a facciones de otros partidos que han hecho suya esa práctica priísta. Cabe recordar que en múltiples ocasiones, los conflictos municipales fueron provocados por las mismas autoridades, que en su afán de colocar grupos afines desdeñaban los acuerdos alcanzados en los municipios y abusaron de un recurso de excepción como es el de los administradores municipales, al extremo de que un gobernador, aún sin conflicto en algunos municipios y sólo para cubrir cuota de amigos, destituyó a presidentes municipales para establecer consejos municipales.

En esos años los conflictos municipales no se resolvían, por el contrario, se administraban, se manipulaban y alargaban con el propósito de socavar a los grupos opositores, y desde el propio aparato estatal se violentaba la legalidad con el propósito de obtener ventajas políticas y electorales. Ahora, esos grupos desplazados se encuentran huérfanos de liderazgo y confrontados entre sí, aunque comparten el terror de vivir fuera del presupuesto y eso los inspira para continuar con sus prácticas desestabilizadoras.

Las batallas por los estados y particularmente por los municipios, ocurridos durante la última década, seguramente tendrán continuidad en los próximos años. Estas disputas han sido y son estimuladas por la debilidad institucional en tanto, al tiempo que crece el monto de recursos públicos destinados a estos ámbitos, persisten vicios de opacidad y corrupción en su manejo.

Si bien, el incremento del presupuesto es considerado como uno de los logros del proceso de descentralización, a tal grado que el Presupuesto de Egresos de la Federación identifica que 57 de cada 100 pesos del gasto programable es ejercido por los estados y municipios, es importante recalcar que el problema no se trata de más recursos económicos, sino de la falta de controles y de transparencia en su ejercicio.

De acuerdo con el documento “El municipio: ¿la institución de la opacidad?” (CIDE, 2010), el problema no es encontrar mejores cuadros para integrar los ayuntamientos o buscar presidentes municipales más honestos, sino que en términos generales, los municipios son instituciones diseñadas para la opacidad y el fracaso del buen gobierno.

El planteamiento se sustenta en datos sobre la pérdida de autonomía fiscal municipal a lo largo de los últimos 20 años, como la disminución de ingresos recabados por los propios municipios, que pasaron de 42 por ciento en 1991 a 25 por ciento en 2007; al hecho de que las transferencias federales significan tres cuartas partes de los ingresos municipales y que las autoridades municipales no tienen incentivos institucionales para la rendición de cuentas (documento disponible en: http://www.cide.edu/cuadernos_debate).

Las deficiencias institucionales del proceso de descentralización han convertido a los municipios en filones para el uso discrecional de los recursos por parte de grupos de poder; y es que no se trata únicamente de omisiones a la normatividad sino de ausencia de ésta, principalmente respecto a la administración del ramo 28, por lo que puede indicarse que más recursos y menos controles hacen de los municipios el espacio adecuado para la confrontación partidista y entre facciones.

Los cacicazgos regionales y las burocracias de los partidos han encontrado en los municipios una institución formidable para anidar y desarrollar prácticas corruptas, que se reflejan en la proliferación de reportes de obras inexistentes, inconclusas o de pésima calidad, avaladas por empresas constructoras y despachos surgidos al amparo de facciones políticas y negociaciones turbias para el reparto del presupuesto.

Por ello, podría apuntarse que si bien, el cambio político en México se nutrió del movimiento municipalista de los años ochenta, en donde los partidos opositores al PRI alcanzaron sus primeras posiciones; tres décadas después, la debilidad institucional de los municipios los convierte en nudos para el cambio, en donde se atrincheran los vicios e intereses de los operadores del viejo régimen.

Por ello, uno de los retos del gobierno de alternancia es deshacerse de esa pesada herencia de manipulación de los conflictos municipales y del abuso en el manejo del dinero público en ese ámbito. La ruta de la transición no se limita al plano electoral, pasa necesariamente por construir condiciones institucionales para que los municipios se conviertan en buenos gobiernos y dejen de ser refugios de caciques, políticos convertidos en constructores de obra pública, comerciantes y burócratas de la vieja guardia.