CUMPLIR COMPROMISOS, NO NADAR DE MUERTITO

18/02/2011

Comisión de la verdad, exigen a Gabino Cué.

Pedro Matías
OAXACA, Oax., 17 de febrero (apro).- Integrantes del Frente Estatal de Víctimas de la Represión iniciaron este jueves un ayuno de 12 horas para denunciar la ausencia de resultados del gobierno de la alternancia en materia de justicia y derechos humanos en la entidad.

Porfirio Domínguez, presidente del Comité de Familiares de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo), comentó que, a casi tres meses de que Gabino Cué tomó el poder en Oaxaca, no se ha hecho justicia a las víctimas de la represión orquestada por Ulises Ruiz contra el movimiento magisterial y popular en 2006.

En conferencia de prensa, Domínguez acusó al nuevo gobierno de cometer una serie de atropellos contra integrantes de su agrupación.

Entre ellos, dijo, destaca el asesinato de Crescenciano Moisés Pérez Enríquez, miembro de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ).

A esa ejecución, añadió, le siguió la detención arbitraria –el pasado jueves 3– del activista magisterial Sadot Omar González Jiménez, quien fue liberado por falta de elementos.

Y un tercer caso es el de Marcelino Coache Verano, exvocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quien fue brutalmente golpeado por la PF el pasado martes 15 y actualmente es atendido de una hemorragia cerebral en un hospital del IMSS.

El presidente de la Cofadappo recordó que en su campaña por la gubernatura, Gabino Cué ofreció la integración de una “comisión de la verdad”, pero al parecer ha olvidado esa promesa. Y aclaró que el pasado 4 de julio los oaxaqueños votaron “para sacar al PRI de Oaxaca y no por Gabino”.

Domínguez afirmó que si hubiera voluntad política, Cué Monteagudo ya habría reparado el daño y castigado a los responsables de la represión de 2006, y sancionado o separado del cargo a los jueces de consigna y a los agentes del Ministerio Público que fabricaron expedientes.

Los funcionarios deben dimitir, demanda Chepi.

Sayra Cruz

[03:27] El secretario general de la Sección 22 el SNTE, Azael Santiago Chepi, informó ayer que llevarán ante la Asamblea Estatal la disculpa pública que ofreció el gobernador Gabino Cué para ver si los delegados la aceptan o la rechazan al tiempo que le exigió “asuma su responsabilidad”. El dirigente magisterial insistió en la exigencia de separación de sus cargos de la titular de la Secretaría General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, de Marco Tulio López Escamilla, de la secretaría d

e Seguridad Pública (SSP); de Bernardo Vásquez Guzmán, como director del IEEPO y de Benjamín Robles Montoya al frente de la secretaría particular del Gobernador. Ellos ordenaron la represión, sostuvo.

En tanto, en el Congreso federal, el caso de los hechos de violencia ocurrida el martes polarizó a los diputados federales durante la sesión de este jueves, donde un bando encabezado por priístas pidió la condena de los actos del 14 de febrero y criticaron la administración del gobernador aliancista Gabino Cué Monteagudo.

Tenso, pero seguro en su hablar, Santiago Chepi informó que ayer inició la plenaria de la Comisión Política cuyo objetivo es tomar una posición sobre la postura del mandatario estatal en cuanto a los hechos ocurridos el martes cuando fueron agredidos por las fuerzas de seguridad desplegada por la visita del presiente Felipe Calderón.

Insistió que la exigencia es la separación de sus cargos de los funcionarios públicos. “Hay argumentos suficientes para que en ese planteamiento tengamos respuestas, por eso no compartimos que el Gobernador diga que se reserva el derecho de mantener o no a sus funcionarios”, aseguró.

Chepi hacía referencia al comunicado oficial difundido en la víspera en la que el Ejecutivo aseguró “que se reserva también su facultad de mantener a los servidores públicos que integran al gabinete gubernamental, cuando su ejercicio público honre y se desarrolle de conformidad a las leyes que rigen su desempeño”.

La cabeza de los más de 70 mil trabajadores de la educación en Oaxaca se mostró a favor de que se asuman responsabilidades “y en ese sentido se irán haciendo los deslindes por las agresiones y daños que provocó el enfrentamiento del pasado martes”.

“La agresión no se debe repetir y en ese sentido se deben dar las destituciones”, señaló el dirigente magisterial. Santiago Chepi subrayó que la agresión “fue directa, de persecución”, por eso será la plenaria la que defina las actividades y llevarlas a la Asamblea Estatal del sábado próximo. Indicó que la reunión de delegados será la que defina si acepta o rechaza la postura del gobernador Gabino Cué.

La plenaria será este 17, 18 a fin de que el 19 asistan a su Asamblea Estatal. Entre las principales posturas serán las acciones para exigir las renuncias de los funcionarios y porque se den respuestas a las peticiones entregadas el 16 de diciembre al gobernador. La reunión la realizan en la Sección 22, localizada en Armenta y López mientras que el sábado estarán en la Casa del Maestro.

DIPUTADOS, CONFRONTADOS.

En la Cámara federal, el diputado del PRI, Heliodoro Díaz Escárraga, subió el tema a la tribuna y señaló que es necesario pedir una investigación profunda para deslindar responsabilidades en torno a los presuntos responsables de las agresiones y lesiones de muchas personas que se manifestaban pacíficamente.

“No hay que asombrarse de esas manifestaciones y las expresiones que los oaxaqueños sabemos se dan cotidianamente por la idiosincrasia, la característica y las posiciones ideológicas y políticas que viven en un estado tan plural como es Oaxaca”.

“Sin embargo, la manera de tratarlos, de advertirlos y de encauzarlos, puede marcar la diferencia entre generar una conflictiva que afecte la gobernabilidad del estado o encauzar con tolerancia y diálogo los problemas que vivimos”, apuntó.

Subieron a la tribuna a debatir los hechos el coordinador de Convergencia, Pedro Jiménez León, el petista Gerardo Fernández Noroña, y diputados del PRD, Verde y de Nueva Alianza. Los legisladores de Nueva Alianza y del PVEM apoyaron los priistas, mientras que el PAN, PRD, PT y Convergencia defendieron la labor del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo.

El bando de legisladores que apoyaron al gobernador oaxaqueño fue encabezado por Javier Corral Jurado, quien entró en un debate con Díaz Escárraga. El panista en la tribuna y posteriormente en su curul señaló que la APPO está y estuvo infiltrada, y para esta ocasión con el propósito de desestabilizar a la administración local, por lo que se unió a la petición de que se realice una indagatoria.

Ayunan ex appistas para que Gabino Cué aplique justicia

Sayra Cruz

[03:24] Para insistir en el castigo a los responsables de la agresión contra la Sección 22 el SNTE, así como de la APPO en el 2006, unas 20 personas del Frente Estatal de Víctimas de la Represión se instalaron ayer en un ayuno de 12 horas, frente al Palacio de Gobierno.

Al gobernador Gabino Cué exigieron aplique las leyes y logre que sean juzgados el ex mandatario Ulises Ruiz, el ex secretario general de Gobierno, Jorge Franco, y la auditora Superior el Estado, Lizbeth Caña Cadeza.

Los inconformes colocaron una mesa de denuncia para pedir cumplimiento al nuevo gobierno.

Los integrantes de la huelga pertenecen a organizaciones sociales y a la Sección 22 del SNTE que fueron agredidos en varios momentos (entre esos, el 2, 20 y 25 de noviembre, así como el 17 de julio de 2007), señaló el representante, Porfirio Domínguez Muñozcano.

Aseguró que hay personas lastimadas y con secuelas a quienes no se les ha indemnizado por esos hechos y que ahora el gobernador pretende evadir.

Denunció que la actitud de los ministerios públicos fue en contra de los derechos de los afectados, pues integraron inadecuadamente los expedientes por lo cual no hay respuesta.

Lamentan en Copala que no se apliquen medidas cautelares

por OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

El Municipio Autónomo de San Juan Copala lamentó que el Estado mexicano no haya aplicado las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 7 de octubre del 2010, a pesar de los eventuales riesgos de agresión hacia la población.

En un comunicado, suscrito con los peticionarios, el Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco", el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, la autoridad autónoma reprobó que el Estado mexicano haya sido omiso en su cumplimiento, sobre todo frente a las recientes muertes suscitadas contra comunidades igualmente con medidas cautelares emitidas por la CIDH.

Explicó que los beneficiarios y las organizaciones peticionarias conjuntamente con el Estado mexicano, tuvieron el pasado día 11 una cuarta reunión para implementar las medidas cautelares, donde se discutió principalmente la propuesta del retorno de desplazados a San Juan Copala

Además de exigir garantizar los derechos de seguridad, justicia, derecho a la residencia y vivienda, a la alimentación, a la educación, a la salud, al libre tránsito, a la reparación del daño y al reinicio de las actividades de instituciones y programas de beneficio social en el marco del derecho internacional humanitario.

También, subrayó que se informó a los funcionarios de la Secretaria de Seguridad Pública de la presencia de paramilitares armados en las inmediaciones del campamento de desplazados del zócalo, bajo las órdenes de Antonio Cruz, Toño Pájaro, uno de los operadores y responsables directos de la masacre del 27 de abril del 2010 donde murió Alberta Cariño y el finlandés Jyri Jakkola.

Sin embargo, observó que el Estado mexicano aún no tiene una propuesta firme para el retorno de los desplazados por el conflicto en San Juan Copala.

Ante esto, exigió instrumentar de inmediato las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de los desplazados del Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Deben castigarse abusos de Ulises Ruiz: ONU

por OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

El abogado chileno Roberto Garretón Merino, miembro del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sostuvo que las violaciones a derechos humanos ocurridas en la administración estatal, encabezada por Ulises Ruiz Ortiz, requieren ser investigadas por una comisión de la verdad para que sean castigados los responsables.

Y manifestó su aprobación a la intención del gobernador Gabino Cué Monteagudo para indagar los crímenes, detenciones ilegales y casos de tortura cometidos durante el pasado gobierno.

En entrevista, el ex relator de derechos humanos en Zaire, quien acudió a Oaxaca en visita de apoyo a organizaciones de la sociedad civil, sostuvo que la comisión de la verdad daría excelentes resultados, como sucedió en Argentina y en Chile, para investigar a un régimen caracterizado por los atentados a la vida, a la libertad de reunión, a la libertad de la asociación, a la libertad de expresión, a la integridad física y al debido proceso legal.

Para investigar un asesinato se requiere de un juez, "pero para investigar un sistema represivo donde no solo participa el asesino y su jefe sino todo el aparato estatal, incluso la prensa que no informa, que dice que no ocurrió, dice que no fue asesinado sino que se suicidó, se necesita una comisión de la verdad que sea integral y global para saber exactamente lo que ocurrió", asentó.

Además, subrayó que la indagatoria de la comisión de la verdad es compatible y complementaria con el trabajo del fiscal o del Ministerio Público, "y una joya para el juzgado" porque podrá tener a su alcance toda la información requerida.

Precisó que la comisión de la verdad necesita partir de una ley o de un decreto del gobernador con un mandato claro y acotado para investigar las atrocidades o crímenes gravísimos, como homicidio, detención-desaparición forzada y tortura, y no cualquier delito.

Esta instancia, anotó, además de las recomendaciones a la fiscalía y al juez para el castigo a los responsables, "deberá de garantizar la reparación a las víctimas, no necesariamente con dinero, para que recuperen la dignidad moral, el trabajo perdido, la salud física y psíquica, así como los bienes quitados porque normalmente son tratados como terroristas".

Pero, aclaró que la reparación del daño necesariamente pasa por la justicia a las víctimas y no por accidentes de tránsito ni pelea de vecinos ni por una supuesta reconciliación.

"Ulises Ruiz, (Augusto) Pinochet, (Rafael) Videla y (Alberto) Fujimori, son iguales; dieron la vuelta a la página para que no se les hiciera nada a pesar de los muertos", insistió.

Garretón Merino dijo que la comisión de la verdad deberá ser integrada por personas de reconocida respetabilidad, credibilidad y honestidad, así como un claro compromiso con la libertad, la democracia y los derechos humanos.

"Los asesinatos y las detenciones políticas se tienen que reducir a la cuota cero. La justicia es posible aún en Oaxaca".

ROBERTO GARRETÓN MERINO, ABOGADO CHILENO DE LA ONU.

INVESTIGAR SI HUBO ABUSO POLICIACO.

Milenio

Viernes, 18 de Febrero de 2011 07:43

La comisionada de Derechos Humanos del gobierno Oaxaca, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, dijo que solicitará a las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos investiguen al posible uso desproporcionado de la fuerza pública contra profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

La funcionaria advirtió que hay sospechas de un presunto uso excesivo de la policía luego de la protesta que protagonizaron maestros oaxaqueños la mañana del pasado martes en la plaza central de la capital oaxaqueña, previo al arribo del presidente Felipe Calderón al Palacio de Gobierno.

Dio a conocer que se lanzaron bombas de gas y que se dispararon balas de goma, además de que se reportaron detonaciones de arma de fuego. “Pedimos que se integre un expediente para empezar a deslindar responsabilidades y evidenciar si hubo o no un uso desproporcionado de la fuerza.” Detalló que el gobernador Gabino Cué envió a la Cámara de Diputados local una propuesta de ley para regular el uso de la fuerza pública contra manifestaciones.

En tanto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Heriberto Antonio García, dijo que se integró un cuaderno de antecedentes sobre los hechos. Asimismo, el subsecretario de Gobierno, Óscar Cruz, señaló que se presume la presencia de gente infiltrada en los disturbios, “anárquicos y células insurrectas”, y pidió al magisterio se deslinde de los presuntos radicales.

A su vez, la petición de Flavio Sosa, diputado del PT, quien exige a Gabino Cué como punto mínimo la renuncia de la secretaria general de Gobierno, Irma Piñeiro, para restablecer el diálogo con los mentores, provocó discusión y división entre los diputados integrantes de la alianza opositora.

Sin toletes

El coordinador parlamentario del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, advirtió que en Oaxaca, bajo el mandato del aliancista Gabino Cué, no gobernarán “los toletes ni la represión”. Aseguró, asimismo, que el reactivado conflicto social surgió a consecuencia de provocadores que llevaron a quienes participaban en una movilización de protesta al enfrentamiento con la Policía Federal, “y eso es algo que ya se investiga a fondo, por eso no puedo decir más”.



Lo que sí dejó en claro el coordinador perredista en conferencia de prensa es que en Oaxaca “no gobierna un represor como Ulises Ruiz”. A pregunta expresa sobre si Gabino enfrentó la furia popular por estar confundido y no saber si aplicar el programa de gobierno de PAN o PRD, el senador fue contundente:

“Sería bueno no confundir las empanadas con las conchas prietas. Son diferentes. Pretender escalar el incidente violento con la PF en el marco de la visita del presidente Calderón con la sección 22 con ese argumento es confundir a dos panes mexicanos que no tienen nada que ver”.

Sobre lo ocurrido en Oaxaca también opinó el petista Ricardo Monreal, quien sostuvo que el conflicto respondió a una “provocación” del presidente Felipe Calderón, a quien se le ocurrió ir a esa entidad a inaugurar una escuela privada un día después del anuncio de su decreto que incorpora el pago de las colegiaturas a la deducibilidad de impuestos. Asimismo, las bancadas del PAN y Convergencia en la Cámara de Diputados señalaron la infiltración de provocadores en el movimiento magisterial de Oaxaca, para generar inestabilidad al gobierno aliancista de Gabino Cué.

El grupo parlamentario del PRI sostuvo que dichas afirmaciones representan una “cortina de humo” para ocultar la incapacidad del mandatario estatal para conducir la entidad.

Priistas y aliancistas protagonizaron ayer un prolongado debate sobre las movilizaciones magisteriales del pasado martes y la intervención de la Policía Federal en el estado de Oaxaca, y exigieron una investigación a fondo para deslindar las responsabilidades y castigar a los culpables de la violencia. Por su parte, la dirigencia del PRI estatal se deslindó de los hechos del pasado martes.

Ayuno de 12 horas

Ayer, un millón y medio de alumnos regresó a clase luego del paro de 24 horas que determinó el magisterio para realizar su marcha. En tanto, en el zócalo de Oaxaca al menos 10 integrantes del Frente Estatal de Víctimas de la Represión, ligados con la APPO, montaron un ayuno de 12 horas para exigir castigo a los responsables de las agresiones que sufrieron en 2006 y exigen se investigue los hechos del pasado martes.

Por la noche, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo cuestionaron la presunta política represiva del gobierno de Gabino Cué y de Felipe Calderón.

En un comunicado, critican “el servilismo de appistas involucrados en el gobierno de Cué” y exigen “un cambio radical del gabinete estatal por verdaderos representantes populares de la sociedad”.

Voto de confianza



• Las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo ofrecieron al gobernador Gabino Cué su voto de confianza, tras ganar las elecciones del 4 de julio de 2010 y ofrecieron un plazo de 100 días al mandatario para mostrar cambios estructurales.

• El pasado 17 de enero, el mismo grupo emitió otro comunicado en el que criticaron la conformación del gabinete del mandatario estatal, definiéndolo como de “cuotas y de cuates”.