¿QUE SE ESCONDE?

15/02/2011

La salud del presidente, un secreto
Arturo Rodríguez García

MÉXICO, D.F., 14 de febrero (Proceso).- La salud física y mental de los presidentes de la República es un asunto inaccesible y permanecerá en la opacidad si así lo desean ellos.
Con la protección de datos personales como argumento, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai) ha declarado improcedentes tres solicitudes sobre la salud del presidente en funciones, pues considera ésta como un asunto privado.
De acuerdo con la legislación vigente, según se le cita en los expedientes generados por las solicitudes ciudadanas para conocer el estado físico y mental de Vicente Fox cuando era presidente, y posteriormente de Felipe Calderón, los únicos que pueden dar a conocer su condición médica son ellos mismos.
El jueves 3, el legislador del PT Gerardo Fernández Noroña desplegó en la Cámara de Diputados la manta que aludía al supuesto alcoholismo del mandatario, y al día siguiente la periodista Carmen Aristegui dijo en su programa radiofónico que era necesaria una respuesta de Los Pinos acerca del estado de salud del titular del Ejecutivo.
En vez de apagarse, la polémica se avivó cuando Aristegui fue despedida de MVS Radio el lunes 7.
La reacción de la Presidencia fue inusual. El miércoles 9 por la tarde emitió un comunicado en el que se deslindó de cualquier injerencia en el despido de Aristegui, y por la noche el secretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, leyó ante los medios de comunicación otro mensaje: calificó la especulación en torno al presunto alcoholismo de Calderón como “rumores ofensivos que atentan contra la dignidad y la investidura del presidente”.
Versiones como la desplegada por Fernández Noroña no son nuevas. Desde hace al menos dos años varios columnistas las han ventilado, en tanto que núcleos ciudadanos las han reproducido en pancartas y consignas contra Calderón por todo el país.
En esta ocasión, el señalamiento de que el presidente exigió la cabeza de Aristegui obligó a Los Pinos a rechazarlo y a difundir una apología del mandatario que, según Gil Zuarth, se hizo “desde un firme compromiso con la transparencia”.
El funcionario se limitó a exponer la agenda presidencial. Según él, su jefe jamás ha faltado por motivos de salud a eventos públicos, reuniones privadas, giras o entrevistas. Aseguró que el presidente inicia su jornada con ejercicios a las 6:30 horas y concluye sus actividades a las 10 de la noche. “Este ritmo de actividades es la mejor expresión de su estado de salud, de su fortaleza física y de su entereza”, dijo Gil.
Datos blindados.
En el sexenio de Vicente Fox se desató una polémica al difundirse la versión de que el mandatario padecía cuadros depresivos y que tenía una fuerte adicción al Prozac, una droga psiquiátrica. Él y su esposa, Marta Sahagún, lo negaron.
En 2004, el Ifai revisó el expediente 1326/004, derivado de una solicitud de acceso a la información sobre cualquier constancia que reflejara el estado de salud física y mental del entonces presidente de la República. La respuesta del Estado Mayor Presidencial (EMP), responsable de la salud de los mandatarios y sus familias, fue que la petición no procedía porque estaban en juego datos confidenciales.
El EMP sustentó su negativa en el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), el cual establece que las entidades públicas pueden considerar confidencial la información relacionada con el estado de salud físico y mental.
El EMP invocó la Tesis Aislada en Materia Constitucional P. LX/2000, de la Novena Época, en Materia Constitucional, que fija limitaciones o excepciones del derecho de acceso a la información y que “se sustentan fundamentalmente en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados”. Entre esos derechos cita el de la intimidad.
El proyecto, elaborado por la comisionada María Marván Laborde y aprobado por el pleno del Ifai, confirmó la confidencialidad de la información, ya que no obraba en los registros públicos por tratarse de datos personales, es decir, que pertenecen a la intimidad del servidor público, en ese caso del presidente de la República.
Sin embargo, la resolución dejó una puerta abierta al citar el artículo 12 de la LFTAIPG, donde se establece que debe ser pública toda información sobre montos y personas a las que se asignen recursos públicos, así como el uso o destino que se haga de éstos.
“De esta forma, si la remuneración que recibe un servidor público –como el salario o la prestación por el desempeño de su cargo– deriva de recursos públicos federales, también le corresponde a dichos sujetos obligados hacer pública la información que por concepto de nóminas pagan a sus funcionarios. Asimismo, debe ser pública la información de los servidores públicos que de manera directa incide en el debido desempeño de sus encargos, no así de la información que se circunscribe a la esfera privada de los mismos”, expuso Marván.
Otra solicitud ciudadana de información buscó tener acceso a las copias de facturas, desglose de productos y precios de los medicamentos comprados para atender al presidente Vicente Fox y su familia en el periodo 2001-2004.
Presidencia sólo permitió un acceso parcial a la información. Dio a conocer el monto erogado en la dependencia, especialmente por el EMP, pero se reservó los nombres y tipos de medicamentos adquiridos, por considerar que de ellos podía deducirse el estado de salud de Fox y su familia, lo cual constituía una violación a su intimidad.
De acuerdo con el punto 32 de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, emitidos por el propio Ifai, se considera confidencial la información que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable. Ese fue el argumento para negar los datos solicitados.
La contraposición de los principios de publicidad y de protección de datos personales fue analizada en aquella ocasión por el comisionado del Ifai Juan Pablo Guerrero Amparán, quien terminó confirmando la respuesta de la Presidencia.
El 30 de agosto de 2008, el presidente Felipe Calderón sufrió dos lesiones que lo obligaron a utilizar un cabestrillo y vendajes durante varias semanas. Según el comunicado oficial, Calderón cayó de su bicicleta en los jardines de la residencia oficial; se fracturó el hombro y se golpeó la rodilla del lado izquierdo. Ante otra solicitud de información al respecto, el EMP, como responsable del centro hospitalario de Los Pinos, volvió a responder que esos datos eran confidenciales.
Según el expediente 0425/09 del Ifai, el solicitante presentó un alegato en el que sostuvo que el artículo 18 de la LFTAIPG, invocado en todos los casos por la Presidencia para negar el acceso a la información sobre la salud del titular del Ejecutivo, no es absoluto.
Para el peticionario, los artículos 37, 40 y 41 de la mencionada ley contemplan la posibilidad de que se ofrezca una versión pública, además de que los expedientes médicos podían abrirse con la autorización del sujeto de protección de datos personales, en este caso con el permiso de Calderón.
Además, señaló que en la respuesta y los alegatos del EMP no se establecía que hubieran pedido la autorización de Calderón, por lo que no consideraba que la dependencia hubiese cumplido la ley de manera exhaustiva.
El proyecto de la comisionada ponente, Jacqueline Peschard Mariscal, consideró sustentado el alegato del EMP en el sentido de que la solicitud de consentimiento para la difusión de datos personales era facultativa y no obligatoria.
Finalmente el Ifai confirmó el carácter confidencial de la información y dejó claro que sólo el servidor público puede dar a conocer la información que la ley considera inherente a su intimidad, incluido su estado de salud físico y mental.
La política del hambre
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

Los precios de los alimentos en el mundo han alcanzado niveles récord. El hambre crece. También las protestas. Las revueltas en el mundo árabe tienen como una de sus causas el enojo ante el incremento en el costo de los comestibles. Con precios altos e inestables de los cereales por los menos hasta 2015, el descontento se extenderá a otras regiones del planeta.
Más de mil 60 millones de personas pasan hambre en el mundo. Sesenta por ciento son mujeres. Cada día mueren por falta de alimentación suficiente, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, 24 mil personas. En América Latina la falta de comida afecta a 52.4 millones de personas.
Los fallecimientos no se originan en la escasez de comida, sino en la pobreza y la desigualdad. De acuerdo con el Fondo para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cada año se producen alimentos suficientes para dar de comer a 12 mil millones de personas, es decir, el doble de los pobladores que habitan el planeta. Sin embargo, millones de seres humanos no pueden comprarlos o adquirirlos porque no tienen los recursos para hacerlo.
Además de la muerte, la desnutrición crónica también provoca crecimiento deficiente, discapacidades visuales, agotamiento, y propensión a sufrir enfermedades. Las personas con desnutrición grave son incapaces de funcionar siquiera a un nivel básico.
Irónicamente, mil millones de personas en el mundo padecen sobrepeso. En 2015 ese número crecerá 50 por ciento. Cerca de 300 millones son clínicamente obesas. Cada año mueren 2.6 millones de personas por sobrepeso o por obesidad. El mal ha alcanzado proporciones epidémicas a escala mundial. Lejos de disminuir, crece.
Algo debe de estar muy mal en el sistema alimentario mundial cuando la tercera parte de la población sufre graves trastornos nutricionales, sea por escasez de comida o por una deficiente alimentación.
Esa distorsión proviene, en mucho, de la forma en que se producen, distribuyen y consumen los alimentos. La agricultura industrializada y la monopolización de los mercados, el uso intensivo de maquinaria y agua, la utilización de semillas híbridas patentadas en detrimento de las nativas, la aplicación de agroquímicos y la práctica del monocultivo han creado un monstruo. Este monstruo tiene en la producción industrializada de maíz, soya y carne de res tres de sus principales puntales. Si durante muchos años se confrontaron las civilizaciones del trigo, del arroz y del maíz, hoy es abrumadora la expansión de las siembras de maíz y soya, muchas basadas en el uso de semillas genéticamente modificadas.
El precio del maíz en Estados Unidos se ha duplicado en los últimos seis meses. Aumentará aún más el próximo año como resultado de la especulación financiera, la caída de los inventarios y su utilización en la fabricación de biocombustibles. Nuestro vecino del norte es el principal productor y exportador del cereal en el mundo, y nuestro principal abastecedor. Lo que sucede dentro de su frontera agrícola impacta los mercados mundiales y nos afecta a nosotros.
La reservas del grano en Washington se encuentran en su nivel más bajo en 15 años. El requerimiento creciente del cereal para producir etanol es la causa principal de esta disminución. Para elaborar cinco litros del biocombustible se necesitan 230 kilos de maíz, cantidad que alimentaría a un niño durante un año. La industria de los agrocarburantes planea incrementar su demanda este año en 8.4 por ciento.
El precio del maíz impacta el costo de muchos otros alimentos. El cereal es simultáneamente materia prima para elaborar multitud de productos comerciales y comida. Es el endulzante favorito de las empresas refresqueras y la base para producir muchas botanas. Lo mismo alimenta personas, puercos, gallinas y vacas, a pesar de que el ganado vacuno se engordó originalmente con pastos. Es uno de los pilares de industria de la comida rápida. Y ahora hasta mueve automóviles.
El maíz ha devenido en la principal fuente de energía vegetal. Aunque no lo reconozca como tal, Estados Unidos se ha transformado, a su manera, en un pueblo de maíz... genéticamente modificado. Su producción está apoyada por abundantes subsidios estatales. Las subvenciones a su cultivo representan casi la cuarta parte de los pagos federales a los granjeros: unos 19 mil millones de dólares.
La gramínea es el cultivo más importante de México. En 2010 se cosecharon casi 24 millones de toneladas en una superficie de 8.5 millones de hectáreas. Es el cultivo con mayor número de productores: 3.2 millones, en su mayoría ejidales (solo existen 4 millones de productores agrícolas en el país). Alrededor de 90 por ciento de la cosecha es de maíz blanco y se destina al consumo humano.
El aumento en el precio del maíz afectará gravemente la dieta popular. El cereal es elemento central en la identidad de múltiples grupos subalternos, sustento permanente de la población campesina y alimento barato de millones de trabajadores asalariados urbanos.
Aunque declare lo contrario, el gobierno mexicano no está preparado para enfrentar la actual escalada de precios. La situación se ha agravado considerablemente por las heladas que dañaron el ciclo otoño-invierno (la más importante) en Sinaloa, el principal estado productor de la gramínea. En el país no hay inventarios suficientes. Para garantizar el abasto hay que recurrir a importaciones, en un momento de precios elevados, reducción de los inventarios y fronteras cerradas.
Como ha sucedido en otras partes del mundo, la carestía de la vida en México incubará mayor descontento. El cinismo de las autoridades que se niegan a reconocer la gravedad del asunto y su responsabilidad avivará aún más ese malestar.
La Sedena: control de daños
Erubiel Tirado

MÉXICO, D.F., 14 de febrero.- Dañada su imagen pública y afectado en lo político, el Ejército emprende una inusual y costosa campaña para revertir los costos negativos por el desgaste sufrido durante la presente administración, pero sobre todo para posicionarse como salvaguarda neutral del gobierno en turno. Las efemérides militares de febrero son el marco propicio para que la institución limpie su imagen empañada por la marca de la impunidad ante acusaciones por violaciones de los derechos humanos y por el aislamiento político propiciado por el mutismo de su comandante supremo que ha dejado al garete su retórica de “cuidar a la tropa” con la que empezó su sexenio.

Simbiosis perversa
Mal entendido el concepto de relación “cívico-militar”, en sus discursos por el propio titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván, la dependencia impulsa una magna exposición y actividades (que incluyen paseos ciclísticos y carrera deportiva) en instalaciones militares en un intento de acercarse a la sociedad. En la tradición política nacional, los precedentes apuntan a la simbiosis forjada por décadas de autoritarismo priista y un uso político por parte de los gobernantes civiles que no dudaron en recurrir al Ejército para reprimir movimientos sociales y recompensar su lealtad al sistema por medio de las reglas no escritas. Uno de esos acuerdos era la defensa pública e institucional de las Fuerzas Armadas por parte del presidente o su secretario de Gobernación ante cualquier asomo de crítica, por mínima que fuese. Como recordatorio de este esquema está la siembra a lo largo y ancho del país de las monumentales astas banderas como reacción al supuesto agravio de haber señalado en los libros de texto oficiales el papel del Ejército en la represión estudiantil de 1968.
La alternancia política, si bien demostró institucionalización y sometimiento de las Fuerzas Armadas, al respetar el resultado electoral que puso fin a la hegemonía priista, no significó un cambio estructural en términos de reformular el pacto histórico-político forjado desde 1928. Vicente Fox señaló que gobernaría con el Ejército, pero durante su gestión no se modernizaron las relaciones civiles-militares.
Por el contrario, se inició a un peligroso proceso de afianzamiento en las relaciones político-militares; es decir, un ensanchamiento de los intereses y actividades del estamento militar, no con la sociedad civil sino con la clase política en un nuevo escenario: su interacción prolongada en responsabilidades civiles (como la seguridad pública) y la adaptación política de dirigir por sí mismo su convivencia con la democracia partidista del país.

“Las bicicletas son para el verano”... y para el Campo Militar No. 1
En democracias establecidas es común observar de manera regular no sólo exposiciones y actividades promovidas por las Fuerzas Armadas nacionales con el propósito de mantener una relación abierta con la sociedad. Es un resultado natural de evolución en la modernización de la institución armada que permite retroalimentarse socialmente. Si estas actividades no están precedidas de la maduración de políticas de defensa que reconozca la supremacía civil en la materia, como es la supervisión y la rendición de cuentas, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos estamos ante un simple ardid publicitario, que resulta caro para un país como México, pero sobre todo ineficiente.
De poco sirve una convivencia social en espacios militares, de suyo reservados e inexpugnables, cuando se arrastra un déficit histórico e institucional basado en la consabida situación sui generis del Ejército Mexicano: no sólo no es golpista, sino que su comportamiento tradicional no es represor, a diferencias de sus contrapartes en el hemisferio. Esta circunstancia ha servido de excusa para preservar un statu quo de relación militar con el poder político que poco le ha ayudado en su evolución institucional y cuya contribución a la consolidación democrática es nula si no es acompañada de cambios estructurales.

La otra carrera... contra la historia
A diferencia del pasado, el contexto que enfrenta de Ejército es difícil, tanto por las descalificaciones interesadas del gobierno de Estados Unidos y la indiferencia –pasmo, en el mejor de los casos– del presidente de la República, su secretario de Gobernación y su canciller ante la desconfianza externa, como por el desgaste de su exposición en una estrategia de seguridad (y de legitimación política) cuyo saldo negativo es evidente y amenaza con convertirse en un lastre. De persistir esta situación, la institución no se librará con las reformas legales pendientes en el Congreso (Seguridad Nacional, Fuero Militar) ni con la estrategia publicitaria en curso.
Hoy más que nunca en la historia nacional, la imagen que tiene la sociedad de sus Fuerzas Armadas está deteriorada y el comportamiento tambaleante de las tropas amenaza con situar a la institución en el nivel de los cuerpos policiacos y los diputados a mediano plazo. A mediados de 2006, la empresa Parametría realizó un sondeo sobre el asunto. Según los resultados, la confianza ciudadana en el Ejército fue de 74%, pero descendió 20 puntos al año siguiente.
Gracias a los discursos oficiales y al bombardeo de publicidad institucional, el apoyo se elevó a 70% en 2009, año electoral. Pero volvió a descender a 65% para 2010. Los índices resultan reveladores. Si bien hay un respaldo en la justificación de ver a las tropas en las calles, su exposición pública hace evidente su comportamiento en conductas reprobables: entre 61 y 65% de los consultados relacionan a los militares con violaciones, tortura y desaparición forzada de personas: más de la mitad (entre 54 y 56%) asume que la comisión de estos delitos “es más frecuente que antes”.
Esto lleva en forma natural a la discusión del fuero militar versus justicia civil. En términos generales, hay una ligera mayoría que favorece la jurisdicción ordinaria cuando se ha cometido un delito por parte de militares en contra de un ciudadano (44%), en tanto que 40% favorecen la justicia castrense. Sin embargo, al ahondar en el cuestionamiento específico en delitos graves como los mencionados, 71% apunta a la jurisdicción civil, contra 15% que está en desacuerdo con el planteamiento.
Es claro que la relación civil-militar en México no se apuntala sólo con la inyección de recursos publicitarios y estrategias efectistas de consenso social en el corto plazo.
Al desempeño del Ejército en sí, incluyendo a la Armada, debe añadirse la consigna de la clase política, que entiende que la protección institucional implica una cobertura legal, o los silencios cómplices que sólo generan impunidad y daño a la propia Sedena. Los ejemplos sobran. Por un lado, el incumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra las tropas por los excesos cometidos contra la población civil. Y aun cuando la Sedena tiene varias sentencias condenatorias, la cancillería, la Secretaría de Gobernación y la propia dependencia se niegan a asumir su responsabilidad.
En los casos de Valentina Rosendo Cantú, quien en 2002 fue víctima de “detención ilegal, violación y tortura”, e Inés Fernández Ortega, quien sufrió “agresión sexual” por parte de soldados, las autoridades optaron por ocultarse bajo formalismos; y pese a que la resolución de la Corte data del 1 de octubre de 2010, aún no se sanciona a los culpables.
Esto sin contar que hasta ese año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había emitido 27 medidas cautelares contra militares, mientras la Corte había decretado tres medidas provisionales (obligatorias y vinculantes). Además, debe considerarse la red de complicidades del gobierno y la clase política, cuyos integrantes asumen como postura clientelar la complacencia del Ejército en la elaboración de leyes autoritarias que eviten rendición de cuentas de sus tropas ante abusos y delitos.

“Opción de futuro”
En los procesos de transición y consolidación democráticas, la evolución correcta de la relación civil-militar se mide con criterios de respeto a los derechos humanos, esquemas claros de rendición de cuentas ante los poderes estatales constitucionalmente establecidos y el sometimiento al liderazgo del poder civil. En estos aspectos se ha hecho poco.
No se protege a las Fuerzas Armadas preservando conductas del viejo régimen, con simples visitas de los legisladores a las oficinas de los titulares de la Sedena y de la Secretaría de la Marina; es necesario que ambos comparezcan ante el Congreso de la Unión. A ellos les corresponde explicar, por ejemplo, acerca del entrenamiento de efectivos militares en Colombia, como informó The Washington Post en su edición del 22 de enero, con financiamiento de Estados Unidos, así como del fenómeno de la deserción y de la falta de revisión de los criterios de profesionalización militar.
Antes incluso de una campaña costosa e inútil para limpiar la imagen del Ejército, se impone una verdadera restructuración del pacto civil-militar nacional. El liderazgo debe ser civil, encaminado a modernizar realmente las instituciones castrenses. Pero lo importante no es el aspecto físico, sino la formulación de una agenda de seguridad que garantice transparencia y obediencia a la ley, sin simulaciones ni trucos legislativos. La sociedad sabrá apreciar este gesto.