SEGUIMOS ¿IGUAL?

Confluyen protestas en palacio de gobierno
por LUIS PARRA MEIXUEIRO
Inconformes se manifestaron por diferentes motivos en sus corredores y en el zócalo. El primer turno fue para habitantes de las agencias de La Trinidad, Zaachila, quienes con las manos atadas cercaron la entrada al recinto sin llegar a bloquearla, exigiendo participación de las agencias en los recursos y procesos municipales.
Más tarde, un contingente de Antorcha Campesina llegó al lugar para exigir respuesta a sus demandas, entre las que se encuentra la conclusión de 185 obras públicas.
Finalmente, fue el turno de los habitantes de San Mateo Yucutindooó, quienes exigían que la cabecera municipal vuelva a instalarse en la población, luego de que fue llevada a Zapotitlán del Río, por lo que el contingente hizo una parada en palacio, para después seguir su rumbo hacia el Congreso del Estado.
Por la tarde, un grupo de maestros de la Sección 59 del SNTE también arribaron en marcha al zócalo capitalino, luego de bloquear los accesos de Ciudad Administrativa.
Zaachila inicia protestas
A las diez de la mañana inició la protesta de los habitantes de las agencias de Santa María Roaló, San Miguel Tlanichico, Guadalupe Zaachila, quienes con cuerdas ataron sus manos en demanda de la integración de sus poblaciones al cabildo.
Maximino Aquino Ruiz, representante de los manifestantes, indicó que la protesta inició luego de que en 15 días de pláticas con la Secretaría General de Gobierno no se logró llegar a ningún acuerdo, por lo que demandaron la asignación directa de los recursos de los ramos 28 y 33, ante los constantes desvíos que han existido en estas agencias, a los que calificaron como "millonarios".
Entre sus peticiones al gobierno, estaba la instalación de una mesa de trabajo donde se presente el presidente municipal Jonás Llandes Vásquez, de quien aseguraron los ha tratado como gente de segunda, luego de su protesta fueron invitados por personal del gobierno del estado a integrar una comisión para buscar la atención a sus demandas.
Yucutindoó también se manifiesta
Por su parte, habitantes de San Mateo Yucutindoó, en la Sierra Sur, marcharon por las principales calles del Centro Histórico para exigir que el Congreso del Estado regrese la cabecera municipal a esta localidad que fue cambiada a Zapotitlan del Río.
Calificaron al acto como inconstitucional y acusaron que ha generado una serie de problemas e inconformidades que han incrementado el grado de confrontación entre pobladores de ambas localidades, según aseguró Efraín Solano Linares, miembro de la comisión política de San Mateo.
Según informaron, los legisladores están desistiendo de validar esta decisión, pero para ello se requiere de un dictamen final para concluir el añejo problema, y reiteraron que históricamente, San Mateo ha sido la sede de la cabecera municipal.
Alrededor del medio día los inconformes se dirigieron hacia el Palacio legislativo para continuar con su jornada de protesta, y advirtieron que de no ser atendidos, bloquearán los principales cruceros de la ciudad.
Exige Antorcha obras y aclarar amenazas
Finalmente, Integrantes de la organización Antorcha campesina llegaron a las instalaciones del palacio para exigir atención a las 135 obras que se encuentran pendientes.
En conferencia, su dirigente estatal, Gabriel Hernández García, aseguró que desde el año pasado luego de que se retirará el plantón que mantenían fuera de palacio, Benjamin Robles Montoya, entonces jefe de la oficina de la gubernatura, ofreció la solución a estas obras pendientes del gobierno en diferentes comunidades.
No obstante, luego de 8 reuniones sostenidas con la agrupación, no ha habido un avance sustancial que permita el inicio de estas obras.
Entre las demandas se encuentra el esclarecimiento de lideres sociales asesinados así como la investigación en relación a las amenazas que este líder social ha recibido, "no se trata de ser mártir o exagerar", dijo, pero aseguró que existe una lista negra con los nombres de los lideres sociales que han sido asesinados y en esa lista le informaron que aparece el suyo.
Para concluir, rechazó el que las puertas del palacio de gobierno se cierren a la negociación con organizaciones, pues calificó como incongruencia entre el discurso y la realidad.
Jornada de protestas
10:00 Habitantes de las agencias de Trinidad Zaachila se amarran las manos frente a palacio
11: 00 Integrantes de Antorcha Campesina llegan a palacio exigiendo audiencia con el gobernador Gabino Cué
11:15 habitantes de Yucuntindoo llegan luego de marchar en las calles del Centro, piden reinstalar cabecera municipal en la localidad.
DEMANDA PAN JUICIO A DIPUTADO.
Milenio Diario
Miércoles, 09 de Febrero de 2011 08:47
El coordinador de la bancada panista Juan Mendoza Reyes, atajo que no habrá borrón y cuenta nueva y todos aquellos funcionarios que en el sexenio pasado cometieron actos indebidos y realizar un uso inadecuado del gasto público serán sancionados.
La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), anunció que solicitaría el inicio de un juicio de procedencia contra el actual Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local y ex Secretario de Salud en el régimen del ex gobernador Ulises Ruiz, Martín Vásquez Villanueva por los presuntos delitos de peculado y enriquecimiento inexplicable.
El coordinador de la bancada panista Juan Mendoza Reyes, atajo que no habrá borrón y cuenta nueva y todos aquellos funcionarios que en el sexenio pasado cometieron actos indebidos y realizar un uso inadecuado del gasto público serán sancionados y castigados con todo el peso de la ley. En ese sentido la diputada panista y presidenta de la Comisión de Salud Pública Marlene Aldeco Reyes, anunció que solicitara a la Contraloría estatal, y la secretaria de salud, además de la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre las investigaciones que se siguen en contra de los ex titulares de esa área que han sido señalados de enriquecimiento inexplicable, además de presuntos desvíos de fondos públicos.
Ambos diputados criticaron que los ex secretarios de salud estatal Martin Vásquez Villanueva y Sofía León haya sido merecedores de un bono de fin de sexenio de 400 mil pesos cada uno. Antes Mendoza Reyes, atajo que el PAN no canjeara con el PRI impunidad a cambio de avanzar en este periodo de sesiones en la gran reforma integral a la constitución que planteo el gobernador Gabino Cué, para hacer de la transición democrática una realidad. En la iniciativa del ejecutivo el mandatario estatal emergido de la construcción de la alianza PAN-PRD-Convergencia y PT propone reformas a 35 artículos de la constitución para incluir en la ley el veto y las figuras del plebiscitó y referéndum.
En respuesta el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local Martín Vásquez, rechazo las acusaciones y dijo que no hay pruebas documentales que los señalen de haber ejercido un mal manejo del presupuesto, en el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría de Salud. Reconoció que todas las observaciones que en su tiempo de detectaron fueron solventadas y rechazó que haya delitos que perseguir por una mala actuación de su parte. Calificó como una posición individual de partido, los señalamientos emitidos por el PAN en su contra, quienes antes de acusar debe de presentar pruebas sobre sus señalamientos.
LAS VOCALES.
Ausencia Gómez.
A.
En el marco de lo que el magisterio de la Sección XXII del SNTE ha llamado “Jornada por la educación libertaria de los pueblos de Oaxaca”, se vienen realizando en escuelas una serie de talleres en el contexto de la construcción de una educación alternativa. Y llama la atención el titulado “Padres a la Escuela” mismo que pudiera embrionariamente, sentar bases alternativas a los consejos escolares impulsados por la ACE de la Elba Esther Gordillo, instrumentos para controlar y manipular políticamente la participación social.
Conviene entonces recordar las palabras de Paulo Freire en torno a la participación: “La primera observación que debemos hacer es que la participación, en cuanto ejercicio de la voz, de tener voz, de asumir, de decidir en ciertos niveles de poder, en cuanto al derecho de ciudadanía, se halla en relación directa, necesaria, con la práctica educativo-progresista; los educadores y educadoras que la realizan son coherentes con su discurso”. El rechazo a los consejos escolares de parte del magisterio es válido; pero no lo es negar la participación de los padres y la comunidad en la educación, forma parte indisoluble de una educación emancipadora.
E.
Seguimos con Freire:”… constituye una alborotadora contradicción, una clamorosa incoherencia, una práctica educativa que se pretende progresista pero que se realiza dentro de los modelos, de tal manera rígidos y verticales, en los que no hay lugar para la más mínima posición de duda, de curiosidad, de crítica, de sugerencia, de presencia viva…”. El modelo educativo actual corresponde a esta descripción, rígido, vertical, en el que unos deciden y los demás obedecen. En estas circunstancias, los consejos escolares solo sirven para maquillar con “legitimidad” las decisiones de quien tiene el poder, existen para decir amén.
La participación de las madres y padres de familia en la escuela se ajusta con las palabras del pedagogo brasileño: “… invitados a ver la escuela o para fiestas de fin de curso o para recibir quejas sobre sus hijos o para encargarse en grupos de la reparación del edificio o hasta para «participar» de los pagos de compras de material escolar, etc. En los ejemplos que doy tenemos, de un lado, la prohibición o la inhibición total de participación; de otro, la falsa participación”. Participar conlleva, participar en la toma de decisiones, facultad ausente en los consejos de participación social.
I.
La educación es asunto público y debe, por tanto, involucrar a todos sus actores y concitar su participación responsable. No basta con proclamar la participación; es preciso definir y habilitar tiempos y espacios, criterios y mecanismos concretos para que se dé dicha participación como un dispositivo regular de los procesos educativos desde el nivel local hasta el nivel estatal, desde la escuela hasta las instancias decisorias de la administración educativa, donde radican graves problemas.
Los Consejos de participación social en sus cuatro niveles, federal, estatal, municipal y escolar, se han mostrado inoperantes desde su nacimiento en 1994. En parte, debido a su composición, ya que tanto la autoridad como el magisterio están sobre representados en detrimento de la ciudadanía; una segunda, por sus acotadas e irrelevantes funciones ordenadas por la Ley; y una tercera, por la falta de voluntad política de la autoridad, nacida del pánico a la democratización y el rechazo del magisterio, que los ha observado como manipulados caballos de Troya en su contra.
O.
De parte de la autoridad educativa, en el gobierno para todos, no se observa nada que indique la intensión de abordar el asunto de la participación social en la educación. Encerrada en su laberinto, no acaba de desenredar la madeja que perversamente le fue heredada así. Y menos lo conseguirá con sus desatinos, donde los puestos decisorios en la administración, son ocupados por neófitos y ajenos a la educación básica o por emisarios del pasado sexenio.
Es el magisterio quien puede abrir las puertas democráticas para la participación de la comunidad en la construcción de una educación alternativa, con una calidad definida por rasgos provenientes de nuestras necesidades y aspiraciones y no impuestos por las agencias internacionales del neoliberalismo y su servidumbre nacional.
U.
La participación, que preferimos llamar comunitaria por contenido y manera de realizarse, bien podría ser inscrita y contribuir en la construcción de una educación diferente a la reproductora de un sistema social injusto, esa que domestica a niñ@s y jóvenes para que se amolden acríticamente a la sociedad, condicionados a ser sumisos consumistas del modelo de mercado, despojados de las herramientas intelectuales que les permitan ser agentes de emancipación, de los demás y propia.
La participación comunitaria, no se avoca a sustituir al Estado sus obligaciones establecidas en el artículo 3º de la Constitución. Nada debe ser hecho por ella para ayudar al Estado a deshacerse de esas obligaciones; por el contrario, la organización comunitaria debe velar y exigir que el Estado cumpla con su deber. Se trata de la inclusión democrática de los hasta ahora excluidos y sin voz, no de sembrar la privatización y menos a través de cuotas escolares, cualquiera que sea el pretexto.