SERVIDUMBRE TRAIDORA DE LA PATRIA

10/02/2011

México, entregado por su propia clase política a la intervención de EU
PEDRO MIGUEL
Nadie resiste el llamado: gobernantes y opositores, funcionarios y empresarios, jefes de policía y cabezas de ONG, periodistas y encuestadores, todos por igual, acuden ante diplomáticos de Estados Unidos para contarles lo que deseen saber sobre los asuntos de México. La embajada y los consulados de Washington son confesionario, diván, ventanilla de gestiones y paño de lágrimas, para la clase política y para los notables. En no pocas ocasiones, políticos y altos funcionarios comunican a los diplomáticos estadunidenses cosas que no se atreverían a sostener en público; les adelantan, además, intenciones legislativas, les consultan esbozos de programas oficiales o les exponen situaciones de las que la sociedad mexicana no tiene conocimiento. Los representantes de Estados Unidos acreditados en México son, en conjunto, el más importante interlocutor en la vida institucional de este país. Posiblemente no sea una revelación, pero resulta, en todo caso, una confirmación de lo que siempre se ha sospechado y dicho, y que ahora se documenta en un paquete de dos mil 995 cables informativos, redactados por diplomáticos estadunidenses de diverso rango. y que fueron enviados al Departamento de Estado desde México o desde terceros países.
Este material informativo fue proporcionado a La Jornada por Sunshine Press Productions, que preside Julian Assange, portavoz y fundador de Wikileaks, y abarca cables fechados desde 1989 hasta 2010. 24 de ellos están clasificados como secretos; 461 se consideran confidenciales; 870 son clasificados y mil 588 han sido desclasificados. Es razonable suponer que se trata de un segmento de algo más amplio; así lo deja ver la disparidad numérica por años de emisión (un solo cable de 1989, 38 de 2005 y mil 206 de 2009, por ejemplo) y las referencias a documentos que no están en el conjunto. El material recibido consiste, en su gran mayoría, de reportes sobre pláticas con personalidades políticas, administrativas, mediáticas, policiales y militares, informes de reuniones, análisis regionales o temáticos de distinto calado y extensión, apuntes sobre pequeñas gestiones o bien simples reseñas insípidas de los medios nacionales. Lo que los documentos revelan, en forma aislada o leídos en conjunto, es lo siguiente:
Clase política de informantes
Existe una casi absoluta disposición de políticos, legisladores y funcionarios mexicanos para informar extensamente a los diplomáticos del gobierno estadunidense, así como una generalizada obsecuencia para con sus interlocutores de esa nacionalidad; resulta un tanto sorprendente que ninguno de los cables consigne, por parte de los informantes mexicanos, una sola crítica hacia Estados Unidos, prácticamente ningún reclamo y ni una sola expresión de hostilidad. En varios casos, los connacionales citados comparten con sus interlocutores extranjeros la preocupación por eventuales reacciones adversas de la opinión pública local hacia el gobierno del país vecino, y se esfuerzan por presentarse como socios confiables. En ocasiones, y con tono de disculpa, advierten de antemano a sus entrevistadores que tendrán que formular, en público, alguna divergencia con respecto a Washington, a fin de no parecer demasiado proestadunidenses ante la sociedad.
En no pocos de los cables se consigna la sorpresa de los autores por la inesperada expresividad y el espíritu de colaboración de sus entrevistados, quienes por lo general responden a cuanta pregunta se les haga, pero no formulan ninguna. La masa de documentos proporcionados a este diario por Sunshine Press Productions no incluye comunicaciones relativas al espionaje propiamente dicho, pero queda claro que la locuacidad de políticos, funcionarios y comunicadores mexicanos casi podría ahorrarles el trabajo a los espías procedentes de la otra orilla del río Bravo.
De la lectura del material se desprende que en México, por lo que toca a la clase política, el tan citado sentimiento antiestadunidense es un mito urbano. Hace medio siglo, las izquierdas, el centro y hasta las derechas convergían en una animadversión variopinta hacia Estados Unidos que se originaba, respectivamente, en el antimperialismo, en el nacionalismo revolucionario y en el rechazo católico y castizo al protestantismo anglosajón. Bajo esas expresiones ideológicas subyacía una constante incuestionable de la realidad: a lo largo de la historia de México como nación independiente, las más graves y abundantes amenazas a su seguridad, integridad y soberanía han provenido del vecino del norte.
A lo que puede verse, la era del Tratado de Libre Comercio ha producido en México una casta dominante que, o bien se quedó sin memoria histórica, o bien perdió el sentido de pertenencia a su propio país. Los entrevistados hablan mal unos de otros; los funcionarios estatales y municipales acuden directamente a los representantes de Washington para pedir ayuda ante la inseguridad y el acoso de la delincuencia, y se brincan olímpicamente a la Federación; los empleados federales se quejan de los estatales y municipales; en el curso de los contactos, cada cual vela por sus propios intereses –nadie invoca la defensa o la promoción del interés nacional– y la vista de conjunto podría describirse con la expresión cada quien para su santo.
El proconsulado, al desnudo
En contraste, los representantes diplomáticos estadunidenses operan, casi invariablemente, con un sentido de Estado y con una cohesión que sólo se rompe en lo estilístico. Una expresión recurrente: en beneficio de nuestros intereses. Más allá de eso, el material informativo pone de manifiesto la insaciable curiosidad de los personeros de Washington, su avidez –casi podría decirse: su morbo– por conocer a detalle los asuntos mexicanos, y su obsesión por armar visiones de conjunto de los temas de nuestro país. Paradójicamente, el rigor empeñado en la recopilación de información no necesariamente se traduce en agudeza de entendimiento: con frecuencia, los diplomáticos dejan de ver el bosque por observar los árboles. Dan por sentado que los fenómenos delictivos se corregirán mediante acciones meramente policiales y militares; se empeñan en hurgar en el desempeño en materia de derechos humanos de miles de policías, militares y funcionarios, aunque olvidan averiguar sus antecedentes penales; en primera intención, suelen observar a sus interlocutores con distancia y escepticismo, pero acaban por creer lo que éstos les platican y, con una inocencia casi conmovedora, informan a Washington que los problemas están en vías de solución gracias al programa fulano, que hay voluntad política para enfrentar los obstáculos y terminan, de esa forma, por convertirse en creyentes casi únicos de un credo dudoso: el discurso oficial.
Otra inconsecuencia notable es el prurito de los diplomáticos del norte por mostrarse neutrales en materia de política partidista mientras que, al mismo tiempo, exhiben una insistencia monolítica en promover, en lo económico, las reformas que preconiza la doctrina neoliberal. De los documentos se infiere que sus redactores realmente creen que el Consenso de Washington es consenso, y no alcanzan a ver que las tomas de posición en favor o en contra del neoliberalismo se traducen en programas partidistas; en consecuencia, ellos, los diplomáticos, se convierten en instrumentos de una flagrante intervención de su gobierno en asuntos políticos de México.
A la embajada de Estados Unidos en México, es decir, a la representación del Departamento de Estado, no parece importarle que el poder público se tiña de azul, de tricolor o de amarillo, siempre y cuando la autoridad resultante se conduzca con apego a las tendencias privatizadoras, desreguladoras y depredadoras vigentes en forma declarada desde 1988. En ese punto, la injerencia es descarnada y abierta, y los funcionarios estadunidenses actúan como procónsules y, en no pocas situaciones, como gestores de los intereses empresariales de su país en un territorio intervenido desde hace lustros, no mediante el despliegue de fuerzas militares, sino por medio de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En los días que corren, la intervención extranjera resulta particularmente inocultable en materia de seguridad y de combate a la delincuencia y al tráfico de drogas. En este terreno, los estadunidenses no se cuidan de guardar las formas y se revelan, una y otra vez, como los verdaderos conductores de la guerra contra la criminalidad organizada. Esa guerra es el más reciente conducto para la injerencia y el creciente control de Estados Unidos sobre México. Muy anterior a ella es el sometimiento voluntario a Washington por parte de políticos representantes populares, funcionarios, mandos policiales y castrenses, así como de algunos comentaristas y directivos de medios. Eso se ha dicho muchas veces y en muchos tonos, y se ha evidenciado, una vez más, en las declaraciones formuladas el lunes por el subsecretario de la Defensa del país vecino, Joseph Westphal, y complementadas el martes por la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, sobre perspectivas de ocupación militar masiva. Los casi tres mil cables diplomáticos que Sunshine Press Productions facilitó a La Jornada permiten corroborar que la intervención política y económica se adelantó, por mucho, a tales escenarios.
Duda cónsul de EU de eficacia del Ejército en lucha antinarco
BLANCHE PETRICH

Periódico La Jornada
Observador acucioso de la forma como los cárteles del narcotráfico se mueven en Nuevo León y de cómo se conforman las tendencias de la narcoviolencia en el norte de México, el cónsul de Estados Unidos en Monterrey, Bruce Williamson, empieza a dudar a mediados de 2009 sobre la eficacia del papel de las fuerzas armadas en el combate a esos grupos delictivos. La presencia militar no es una panacea para Nuevo León es la frase con la que titula su despacho confidencial del 29 de julio de 2009 (cable 218302).
Se trata de la relación de conversaciones que sostuvo por separado con el comandante de la Cuarta Zona Militar, general Guillermo Moreno Serrano (relevado del cargo en 2010), y con los dueños del periódico Reforma, los Junco, quienes acosados por las amenazas de los cárteles se habían ido a vivir a Texas.
Alejandro Junco expone que “la ventaja principal del Ejército frente a los cárteles no es que sea más transparente o que tenga más capacidad táctica” sino que cuentan en sus operativos con el factor sorpresa porque al estar acuartelados no pueden ser presionados por los traficantes para que revelen sus planes. Moreno, por su parte, explica al estadunidense que si bien el Ejército tiene capacidad para “desarrollar inteligencia y montar operativos basados en esta información, no tiene los recursos para sustituir a las instituciones policiacas, no importa qué tan corruptas estén”.
Williamson reflexiona que, a partir de estas dos visiones, se pone de manifiesto “el dilema de la ciudadanía: ante una amenaza ¿a quién recurrir en busca de protección? (…) Si las policías no son confiables y el Ejército no tiene recursos suficientes, ¿qué queda?”. En un párrafo aparte el cónsul también cuenta que llamó la atención del militar por las torturas a las que fue sometido un ciudadano estadunidense detenido por soldados. El general se mostró muy apenado.
En octubre las fuerzas armadas vuelven a ser tema de los despachos consulares. A partir del relevo en el Ejecutivo estatal, el 4 de octubre, varios militares retirados y que fueron nombrados comandantes de unidades policiacas en Nuevo León son asesinados. Es así como el narco saluda la llegada de Rodrigo Medina a la gubernatura. (cables 230107 y 233709).
Meses después, finales de febrero de 2010, cuando ya transcurrió la mitad del sexenio de Felipe Calderón, el representante del gobierno estadunidense se rinde ante la evidencia y describe a la estratégica ciudad del norte como “territorio zeta”; una metrópoli que ofrece refugio seguro, ingresos estables (mediante el cobro de extorsiones) y abasto de insumos al cártel integrado por ex militares de elite –desertores– que años antes se había desprendido del cártel del Golfo (cable 251151).
Más adelante alerta a Washington que las corporaciones policiacas de los tres niveles están profundamente infiltradas por el crimen organizado y la previsible guerra entre el cártel del Golfo y Los Zetas, organización que dominaba la ciudad hacía ya tiempo, finalmente ha llegado a esta entidad ( 251281) a la que apenas tres años antes el Departamento de Estado consideraba diferente a otras regiones del norte.
Pocas semanas después de este cable, el gobernador de Nuevo León ordenó la mayor purga de policías en el estado. En marzo fueron cesados 81 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y en mayo 178 agentes de la policía municipal.
Una crónica de NL contada por un cónsul de EU
Un centenar de cables generados por el consulado de Monterrey de 2007 hasta 2010, en manos de La Jornada a través de Wikileaks, revela cómo ante los ojos de Washington la potencia económica del norte de México se convierte en una zona de la narcoguerra, pese a los esfuerzos del gobierno mexicano y las múltiples formas de colaboración bilateral. Esta nota cita 26 de estos despachos.
Este declive de Nuevo León, de enclave económico a “territorio zeta”, puede explicar el nombramiento, en agosto de 2007, del cónsul general Williamson, diplomático de carrera con formación militar, egresado del Colegio Nacional de Guerra con una maestría en Estudios Estratégicos y ex consejero para Latinoamérica en la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado. Esa misión diplomática cubre también San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Durango.
Nuevo León, que concentra 8 por ciento del PIB, 10 por ciento de la capacidad manufacturera del país y alberga unas mil 200 empresas estadunidenses, fue motivo de preocupación para el consulado desde los primeros signos de que la violencia que tradicionalmente asolaba los estados vecinos empezaba a invadir a esta entidad.
El personal del consulado, que incluye comisionados de la DEA, de control de armas, de seguridad, de la unidad antiterrorista y del área judicial, reforzó en 2010 su equipo con una nueva dotación de cascos blindados y chalecos antibalas. Como cualquier personal diplomático en una zona de guerra.
Los cables revelan que agentes del consulado actúan sin restricciones en áreas que no son de competencia de una representación diplomática: se presentan en las escenas de determinados crímenes para recoger evidencias, colaboran en arrestos, sus agentes recaban información de inteligencia que las autoridades neoleonesas suelen no tener mediante una red de informantes. Las autoridades locales les llaman para pedir información y orientación. Son, en suma, juez y parte del proceso.
Ejemplo: el 18 de mayo de 2007 circuló el rumor que el gobernador Natividad González Parás había sido asesinado. Las policías municipal y estatal se comunicaron con el consulado para confirmar si era verdad o no. Cable 108918 clasificado como noforn (vedado para extranjeros): Interesante; por un lado es positivo constatar la estrecha colaboración existente, pero por otro lado habla de la incapacidad de las autoridades, escribe Williamson.
Esta es la crónica de la conversión de Nuevo León en un “territorio zeta” a través de los comunicados del consulado en Monterrey.
De ciudad segura a la pérdida de control
A principios de 2007, ante la noticia del asesinato de tres policías en el municipio de San Pedro Garza, donde reside casi todo el personal del consulado, el representante de EU, que entonces era Luis Moreno, declaró al periódico El Norte que las ejecuciones eran producto de ajustes de cuentas del crimen organizado, pero alegaba que la ciudad seguía siendo de las más seguras. Sin embargo, reporta en otro despacho (106172) que el secretario de Gobierno, Rogelio Cerda, y su secretario de Seguridad Pública Antonio Garza son corruptos.
En el cable 95709 el consulado informa que continúan acercándose al gobierno estatal para reforzar la colaboración bilateral. Después de la renuncia de 300 elementos de la policía del municipio de García, a raíz del asesinato en cadena de varios agentes, el funcionario se reunió con el jefe de la policía estatal y el comandante regional de la policía militar para ofrecer apoyo.
En las primeras semanas del sexenio de Calderón, el gobierno envió al norte a más de 3 mil soldados, marinos y policías judiciales. El cónsul está alentado. Una semana después, otro cable (97717) reporta que pocas horas después de una visita de Calderón a Monterrey sicarios mataron a dos hombres en la zona donde estuvo el Presidente.
Tres meses más tarde el tono es otro. En el cable 108918, calificado noforn –vedado para extranjeros– Luis Moreno dice: Las autoridades judiciales y los medios locales están paralizados de miedo.
En mayo el consulado reporta un nuevo récord en asesinatos y secuestros (entre estos el de un camarógrafo de Tv Azteca y cuatro de los sindicalistas de Pemex en Cadereyta) sin que se produzcan arrestos relacionados. En su siguiente comunicación, calificada como secreta, Moreno registra, además de una larga serie de asesinatos, el hecho de que en narconotas halladas junto a los cadáveres se amenaza al secretario de Gobierno, Rogelio Cerda, y al procurador general del estado, Luis Carlos Treviño.
“Nuestros contactos señalan que Cerda está involucrado en actividades corruptas en relación con los hermanos del gobernador González Parás y miembros del cártel de Sinaloa”. Treviño y el director de investigaciones criminales de Nuevo León Héctor Santos no investigan.
Narcobloqueos: un desafío al Estado.
El saldo de 2007 es de 29 policías asesinados sin que las autoridades del estado reaccionen mínimamente, expresa el comunicado 145517, primero de 2008, ya firmado por Williamson. La tendencia de la narcoviolencia indica que las ejecuciones ocurren entre pandillas de narcomenudistas, no entre los grandes cárteles, que han optado por el bajo perfil. En el cable 149452 aborda las quejas de la ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos. La misión de EU subraya que en estas denuncias no se señala al Ejército.
En 2008 los secuestros están al alza pero las autoridades minimizan el problema, reporta el consulado en el cable 154138. Indica que el gobierno estatal no tiene una unidad antisecuestros adecuada ni hay buena coordinación con las instancias federales. El procurador estatal Luis Carlos Treviño reconoció en una reunión privada con el cónsul general que las autoridades del estado están a punto de desmantelar una banda de secuestradores, pero que en la calle es posible que queden activas muchas más.
El 6 de enero la estación de Televisa en Monterrey fue atacada con fusiles y una granada. Personal de procuración de justicia del consulado (cable confidencial 186763) participa en la investigación. Agentes de seguridad, la DEA, la oficina de control de armas y otros se presentaron en la escena del crimen, recuperaron casquillos para ser analizados por sus laboratorios. Fue recuperada la espoleta de la granada que resultó ser una M67 fabricada por el ejército de Estados Unidos. Se analiza el tema de la penetración del narco en los medios. Refiere a una conversación con la dirigencia del diario El Norte que les explicó que gastan considerables recursos en investigar a su propio personal.
En 2009 se da una vuelta más a la tuerca: narcobloqueos. Con estas acciones –19 de enero y 9 y 10 de febrero– se pone en evidencia el dominio de los cárteles en la ciudad. En el cable 191828 se establece que para los estadunidenses es evidente que las manifestaciones son organizadas por el narco y que (192669) la policía estatal es muy reticente a la hora de disolverlos. En algunos casos han esperado hasta dos horas para entrar en acción. Refieren el caso de un policía que se atrevió a arrestar a uno de los organizadores, un conocido zeta, que fue asesinado dos días después.
Son “un desafío al Estado porque demuestran que el narco puede paralizar la ciudad a su conveniencia”.
Meses después, en mayo, Williamson agrega (cable 207793) otra observación: si bien el nivel de violencia en Nuevo León no alcanza los niveles virulentos de los estados vecinos, aquí el narco todavía se mueve como si se sintiera impune; no se contienen a la hora de atacar a un comandante de policía ni para emitir amenazas creíbles contra el consulado, lo que prueba que los cárteles tienen capacidad para golpear donde viven y trabajan los empleados del gobierno de Estados Unidos.
Dicho y hecho. El 17 de octubre un nuevo cable (174082) del cónsul da cuenta del ataque con granadas contra el consulado. Se le da seguimiento al tema de las granadas en un cable noforn y secreto, el 194998, en el que se asegura que “el poder de fuego de los cárteles ha escalado”. Agencias especializadas estadunidenses se involucran en los peritajes de la granadas lanzadas contra Televisa y otras 21 confiscadas en un arsenal capturado. Se trata de granadas M26 A2 de fragmentación. Al menos la que se recuperó en la televisora se comprobó que perteneció a un lote de armas vendido al ejército salvadoreño en 1990.
A mediados de 2009 el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, solicitó una reunión con el cónsul en Monterrey. Presentó a su equipo de seguridad, integrado por siete generales y dos coroneles (cable 214222), pidió apoyo a los estadunidenses en equipo y capacitación. El consulado aprovechó para pedir acceso al Centro de Control y Comando (C-3) y a información de inteligencia del estado. El resultado de la reunión es calificada como pasitos de bebé.
Las fuerzas armadas bajo ataque
A fines de 2009 el consulado de Estados Unidos en Monterrey observa que en la medida en que militares en activo o retirados se incorporan como jefes de unidades policiacas, los cárteles dirigen sus ataques contra las fuerzas armadas (233709, confidencial), a raíz de la ejecución del flamante jefe de policía del municipio de García, general brigadier Juan Arturo Esparza, con sus cuatro guardaespaldas en una emboscada en la que participaron 30 pistoleros en 10 vehículos el 4 de noviembre de ese año. Esparza había trabajado incluso como jefe de seguridad del ex presidente Vicente Fox.
Según informa la DEA al cónsul, se atribuye este homicidio al líder zeta, Eduardo Almanza, hermano de Octavio Almanza, quien a su vez fue responsable del asesinato del secretario de Seguridad Pública de Cancún, Enrique Tello Quiñones.
Otros indicios de que ahora los militares son el blanco de los cárteles citados por el cónsul en ese despacho: el atentado contra un general retirado jefe de policía en Monclova, Coahuila, en agosto, con el saldo de tres guardaespaldas muertos; asesinato de un coronel jefe de policía en Piedras Negras, en abril; tortura y asesinato de 11 soldados cerca de Monterrey por órdenes del cártel del Golfo. (Apenas el viernes 4 de febrero de este año otro general en retiro en funciones policiacas, Manuel Farfán, jefe de Seguridad Pública de Nuevo Laredo, fue asesinado en una emboscada similar).
La bienvenida a Medina
Al consulado estadunidense le preocupa que el gabinete de Rodrigo Medina (cable 228632) sea una simple repetición de la administración anterior. De 16 miembros de su gabinete, 11 estuvieron en el de Natividad González. La única sorpresa fue el nombramiento del secretario de Seguridad Pública, Carlos Jáuregui Hintze, un outsider en términos de administración pública que en mayo fue sustituido por el ex procurador Luis Carlos Treviño, de quien el cónsul había expresado desconfianza anteriormente.
Los cárteles recibieron en octubre a Medina con una ofensiva que provocó auténticas batallas en la vía pública en Monterrey y localidades aledañas que (cable 230107) pusieron al descubierto las tensiones existentes entre las distintas fuerzas de seguridad. Las organizaciones criminales están poniendo a prueba al Ejecutivo estatal, interpreta la representación diplomática.
Cita el enfrentamiento del 13 de octubre entre soldados y la policía municipal en Santa Marta. La explicación de las autoridades, intentando minimizar el hecho como un pleito entre primos, no satisface al cónsul.
El nuevo procurador Alejandro Garza y Garza finalmente admitió ante el cónsul que debido a la corrupción policiaca, con el relevo de funcionarios muchos pactos establecidos por los mandos salientes con los cárteles quedan en el aire.
Williamson se reunió con cuatro alcaldes salientes (cable 232351) que hablaron de sus miedos y las presiones vividas durante sus respectivas gestiones. Destaca un episodio que refirió el ex alcalde de Santiago, Rafael Paz. Cuando ordenó un cateo en una casa de seguridad de un secuestrador, en represalia, los zetas llegaron hasta su oficina y lo amenazaron con decapitarlo y mandarle la cabeza a su esposa, confinada a una silla de ruedas.
Los hermanos Gori
En el cable 239746 (confidencial) Williamson hace un recuento de lo que la prensa llamó el día más sangriento hasta entonces, 4 de diciembre, que incluyó un enfrentamiento de Los Zetas con marinos en el suburbio Juárez, en un fallido intento por capturar a Ricardo Almanza, el Gori 1. Al final del día hubo 17 muertos, entre ellos varios civiles inocentes. Para culminar la jornada hubo una fuga de reos en el penal de Escobar, con apoyo externo de zetas. Fueron liberados 23 de los 24 presos. Fue la cuarta irrupción de este grupo en penales del área conurbada de Monterrey en ocho meses.
En el cable se ofrece una descripción de la célula de los hermanos Almanza, los Gori (de gorila, por su fisonomía). Después del enfrentamiento con los marinos, la prensa neoleonesa dijo que Gori I estaba entre los cadáveres. La DEA lo pone en duda. Este era el principal sospechoso del asesinato del jefe de la policía de García, el general Esparza, y era público que se movía en Monterrey en un gran convoy. Gori 2 (responsable de los embarques de droga de Belice y Guatemala) está preso en México. Gori 3 también es zeta. Según la DEA, Gori 4, responsable de la ejecución del general Tello en Cancún) está muerto, según sus registros dactiloscópicos.
En suma, el cónsul concluye que hay una gran descoordinación entre los responsables de la seguridad pública y los militares. Monterrey parece estar condenada a dar un paso adelante y dos atrás.
Demasiadas manzanas podridas
Retrocediendo a 2009, Williamson sostiene varias conversaciones con el anterior secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, quien en marzo de ese año se había acercado al consulado “pidiendo ayuda a Estados Unidos para evitar que Nuevo León caiga totalmente bajo control de los cárteles” (cable 195277 noforn). El consulado ubica el declive en la probidad de la policía neoleonesa a raíz del asesinato del comandante de la policía estatal, Marcelo Garza Garza. Según informantes de la misión estadunidense, su sucesor tiene compromisos con la dupla Zetas/Golfo, lo que en parte explica el porqué de las 200 ejecuciones ocurridas en tres años, 40 de ellas de policías, ninguna ha sido aclarada. Un informante asegura que Fasci está aislado en su oficina, rodeado de subalternos en los que no puede confiar.
Poco después Fasci anuncia su retiro. Declara a la prensa que padece leucemia. Es notable el contraste entre la primera y la última conversación (cables 106172 y 210012). En su despedida, el neoleonés le dice a Williamson: Hay demasiadas manzanas podridas y muy poco dinero para apoyar a las buenas. Le cuenta un episodio sorprendente: recién estrenado en el cargo en 2009, él y su equipo recibieron de manera sorpresiva información muy detallada sobre casas de seguridad de las organizaciones criminales. Después de valorar si esta información sería una trampa o no, decidió ordenar operativos que resultaron en decomisos muy importantes de droga, armas y efectivo. Tiempo después se dio cuenta que la información había sido filtrada por los mismos cárteles, como regalo para que el nuevo funcionario pudiera rendir buenas cuentas en sus primeros meses. Fue un truco para que pensara que contaba con un equipo de policías confiables, lo que no era realidad.
(Nota del cable: dos parientes de Fasci fueron secuestrados durante este periodo y en ningún caso se interpuso una denuncia pública).
En su primera reunión con el anterior representante de EU, Luis Moreno (abril de 2007, cable 106172, calificación noforn), Fasci le adelantó que pensaba crear una policía paralela con 60 por ciento de los elementos. El 40 por ciento no es confiable, le dijo. Comenta el cónsul: Es interesante, aunque en el fondo no sorprende, que admita que hay sospechas de corrupción en 40 por ciento de las fuerzas de seguridad y que pese a ello sigan trabajando para el gobierno.
En el cable 210563, calificado secreto, se comenta el arresto de 74 oficiales de la policía de Nuevo León con participación de la DEA, como un esfuerzo sostenido a nivel federal, con el antecedente más próximo de la detención de 30 funcionarios del gobierno de Michoacán, entre ellos 10 alcaldes (se refiere al conocido y fallido michoacanazo).
Hacia el otoño de 2008, Williamson insiste en considerar a los militares como la única fuerza capaz de enfrentar a narcotraficantes (cable 221792). Un año después su fe en la vía militar se encuentra ya muy debilitada, como consta en el cable de mediados de 2009 citado al inicio de esta nota.

Cibernautas boicotean los sitios web de Presidencia y MVS
Alejandro Saldívar

MÉXICO, D.F., 9 de febrero.- Cientos de cibernautas boicotearon esta noche los sitios web de la Presidencia de la República y de la cadena de noticias MVS en reclamo por el despido de la comunicadora Carmen Aristegui.
La protesta bajo el nombre de Operación Tequila y convocada a través de la cuenta de Twitter @Contralacensura comenzó a las 20:00 horas en el sitio de MVS y alrededor de las 22 horas en el de Presidencia.
En cuestión de una hora, la página electrónica del sitio de noticias www.noticiasmvs.com estaba inservible. En la pantalla sólo apareció la leyenda: “Error http 404”. Los directivos de MVS no han manifestado ninguna postura en torno al despido de Aristegui. Pasadas las 22 horas la página de MVS mantenía cierta inestabilidad.
En el caso de la página de Los Pinos, el ataque cibernético logró tirar por momentos el sitio web y hasta pasadas las 23 horas observaba también cierta inestabilidad.
Un ataque de negación del servicio (Denial of service, en inglés) consiste en congestionar, con un exceso de paquetes, las peticiones a un servidor. Es decir, se puede saturar o sobrecargar el servicio, provocando la caída parcial o total del portal.

“El llamado DDoS (siglas en ingles de Distributed Denial of Service, denegación de servicio distribuida) es una ampliación del ataque DoS, se efectúa con la instalación de varios agentes remotos en muchas computadoras que pueden estar localizadas en diferentes puntos”, dice preth00nker en una nota colocada en el foro de la comunidad de programadores “underground.org.mx”.

Y continúa, “el invasor consigue coordinar esos agentes para amplificar el volumen de saturación de información, pudiendo darse casos de un ataque de cientos o millares de computadoras dirigido a una máquina o red objetivo”.
Los cibernautas han convocado a atacar el sitio la cadena MVS, www.mvs.com.mx el 11 de febrero a las 17:00 horas. El cartel reza: “El Alcoholismo no es el problema, la censura si”, en una expresión de hartazgo ante las acciones del gobierno de Felipe Calderón.
Es la primera vez que sucede un boicot cibernético contra una cadena de medios en México. Los cibernautas usaron la misma estrategia que seguidores de Julian Assange implementaron para atacar portales que hostigaron al líder de wikiLeakes, como los de Visa y Mastercard.

Hay motivos suficientes para retirar registro al Panal, afirman maestros
Exigieron a la PGR instalar mesas receptoras para ratificar las 3 mil 760 denuncias
El consorcio electoral de Gordillo fue puesto al descubierto en Baja California Sur: Espinal
KARINA AVILÉS

Periódico La Jornada
Jueves 10 de febrero de 2011, p. 43
El comité democrático del sindicato magisterial informó que la demanda contra el Partido Nueva Alianza (Panal) por distribuir propaganda en el interior de escuelas públicas fue firmada por 3 mil 760 integrantes del gremio de distintas entidades y por esa razón exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) instalar mesas receptoras para ratificar este recurso, ya que los inconformes fueron citados por separado de un momento a otro y les fue imposible llegar a la ciudad de México para confirmar su demanda.
Sergio Espinal, secretario general de dicho comité, destacó que los actos denunciados y la contundencia de las pruebas son “motivos suficientes para retirar el registro al Panal, para castigar a los mapaches electorales y para sancionar la omisión de las autoridades educativas”.
Indicó que la estrategia “anti mapache” implementada por el magisterio disidente ya reportó un primer triunfo en Baja California Sur, ya que el consorcio electoral de Elba Esther Gordillo fue puesto al descubierto y los electores fueron informados sobre los aviadores que llegaron a aquella entidad para comprar votos, así como de la renta de casas y hoteles que forman parte del despilfarro de recursos que realiza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Panal.
La sociedad fue enterada de la utilización de niños y jóvenes dentro y fuera de las escuelas del estado para realizar proselitismo político y llegar a sus familias, lo cual es aberrante, añadió. Recordó que el Panal alcanzó 1.6 por ciento de la votación en Baja California Sur, lo cual es una evidencia de que la mafia elbista es vulnerable y derrotable.
Eugenio Rodríguez, de la sección 18 de Michoacán, destacó que lo ocurrido en Baja California Sur fortalece la disposición para contribuir a frenar el uso del aparato constructor de fraudes de Gordillo.
El secretario del comité democrático de la sección 3 de Baja California Sur, Esteban Ojeda Ramírez, recordó que después que el candidato del Panal a la alcaldía de La Paz, Jorge Miguel Cota Katzenstein, estaba en el primer lugar de las preferencias electorales, según las encuestas, cayó al cuarto sitio.
Ojeda Ramírez indicó que en aquel estado hay alrededor de 100 comisionados charros y además llegaron otros tantos de Sonora, Sinaloa y del valle de México para hacer operaciones en favor del Panal. Incluso contó que en el vuelo que abordó hacia la ciudad de México, algunos de éstos también viajaron y escuchó comentarios de que habían acudido a Baja California Sur por el manejo de datos del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).
En aquella entidad, el delegado del ISSSTE, Efraín Monreal Gastélum, también es integrante del Colegiado Nacional de Organización del SNTE.