ACCIONES ANTICONSTITUCIONALES

03/03/2011

Banderazo para arriar la bandera de Pemex

JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ
Con bombo y platillos, la dirección de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía, esta última estrenando titular, anuncian la próxima inauguración de los contratos incentivados, con los que pretenden entregar a la iniciativa privada, anticonstitucionalmente, como afirma el consejero profesional de Pemex Rogelio Gasca, para abrir boca, tres bloques maduros para su exploración y explotación.

La fórmula de pago será, dicen, el 70 por ciento de los gastos del contratista –70 por ciento en que obviamente cabrá bastante más del ciento por ciento de los mismos–, más una cuota por volumen; es decir, por barril extraído. Esto, pagar con una parte del valor de lo que se extrae, ¿no es anticonstitucional?, ¿no es hacer participar al contratista del recurso que es exclusivamente de la nación?, ¿no es esto un contrato de riesgo?, ¿no es esto lo que literalmente prohíbe la Constitución? O no entiendo yo nada o nada entienden ellos, o ambos entendemos claramente todo, pero cada quien defiende lo que le interesa.

Yo defiendo la validez de la Constitución y el concepto de que los hidrocarburos son propiedad única de la nación y que los servicios privados no pueden pagarse con parte del producto obtenido –o su equivalente en una cuota por barril–, y ellos, el enorme negocio que significa la firma de los contratos, para ellos y para los contratistas –asunto mercantil– y su tesis de que Pemex debe abrirse a la participación total de la iniciativa privada –asunto ideológico–. La tesis de la entrega total.

El nuevo secretario de Energía, distinguido ex funcionario de Hacienda a su vez, se estrena con la mentira, varias veces expuesta –pero no por ello convertida en verdad– y la misma aclarada por alguien –yo entre muchos otros– de que los contratos incentivados están autorizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es falso, absolutamente falso. La Suprema Corte aclaró con precisión que, en relación con la controversia constitucional planteada por un grupo de diputados, al conocerse la autorización del consejo de Pemex a las nuevas formas de contratación con incentivos, que era legal la facultad del consejo para fijar las formas de contratación, pero no autorizó, como expresó específicamente uno de los ministros, los contratos, que obviamente debían ser, señaló, constitucionales.

Esto es, el consejo está facultado para definir las formas de contratación, no para autorizar la contratación de nada fuera de la ley como, con subterfugios insostenibles, lo ha hecho. Los contratos planteados son ilegales porque trastocan el espíritu y la letra de la Constitución y quienes los suscriban estarán expuestos a serias consecuencias administrativas y penales. En esto también, los contratos son, no de riesgo, sino de altísimo riesgo.

De esto deben ser conscientes tanto los funcionarios que los suscriban como los cientos de interesados a los que en gira artística les serán presentados los primeros contratos a licitación.

Ya en ocasión anterior, después de aprobada la reforma energética, expresé que se había logrado detener la entrega total de Pemex, pero que no había que bajar la guardia, porque vendrían nuevos embates. Éstos han seguido y, con renovados ánimos y renovado secretario de Energía, ahora aparecen para tratar de asestar un golpe mortal a nuestra industria petrolera.

Con la misma tenacidad de los agresores, quienes queremos a Pemex como una industria nacional apegada a lo que define nuestra ley superior, lo defenderemos sin descanso, con la ventaja de que a nosotros nos asiste la razón legal y los Sentimientos de la Nación.

La familia Reyes, otro caso de impunidad

José Gil Olmos
MÉXICO, DF, 2 de marzo (apro).- En poco más de un año, cinco miembros de la familia Reyes Salazar han sido asesinados y ninguna autoridad ha investigado a fondo los casos para dar con los responsables, entre los que podrían estar miembros del Ejército y del crimen organizado.

La historia trágica de esta familia de Chihuahua inicia la tarde del 21 de agosto del 2009, cuando miembros del Ejército detienen a Miguel Ángel Reyes Salazar, de 26 años, mientras se encontraban lavando un automóvil en el Valle de Juárez. Después de varios días, tres de ellos en huelga de hambre, lo dejaron libre, pero el 4 de septiembre lo detuvieron nuevamente acusándolo de formar parte de una banda de sicarios conocida como Los Escajeda.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) explicaba que en un patrullaje por Nuevo Casas Grandes habían sido detenidos un grupo de individuos a bordo de vehículos blindados, quienes estaban encabezados por Rodolfo Escajeda, El Riquín, acusado de trabajar para el cártel del Golfo.

El boletín de la Sedena decía que Escajeda estaba vinculado “con los hechos suscitados el 23 de enero del 2006, cuando a las orillas del río Bravo se registró un enfrentamiento entre policías de Estados Unidos y hombres armados, vestidos con ropa militar que arribaron en un vehículo Hummer y descargaron paquetes de mariguana de una camioneta que se había atascado a mitad del río, a la cual prendieron fuego después; esto después de una persecución que se había iniciado en territorio norteamericano por alguaciles del condado de Hudspeth, Texas”.

Sin embargo, nada decía de Miguel Ángel, salvo que lo identificaban como El Sapo y que en su declaración ubicó a Escajeda “como una persona dedicada al tráfico y trasiego de drogas”. Sólo eso. A partir de entonces el primer miembro de la familia Reyes quedó detenido sin prueba alguna.

Josefina, su madre, se dedicó a pedir su liberación. Iba con todas las autoridades, incluidas las castrenses, preguntando por Miguel Ángel sin que le dieran informes de su situación. Ante el silencio oficial, empezó a realizar diversas protestas e incluso una huelga de hambre. De nada le sirvió esto.

El 3 de enero del 2010, Josefina Reyes Salazar, que para entonces ya había creado una organización de derechos humanos en Valle de Juárez, fue asesinada a mansalva en un expendio de comida ubicado en la carretera Juárez-Porvenir.

Antes de ser ejecutada a tiros, Josefina ya había sido amenazada de muerte en varias ocasiones por desconocidos. Presentó denuncia de hechos ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Subprocuraduría de Justicia del Estado, Zona Norte, pero en ninguna de las dos instancias investigaron el caso.

En las exequias, los hermanos de Josefina denunciaron que toda la familia tuvo que abandonar sus casas y trabajo por las amenazas de presuntos integrantes del crimen organizado. Tampoco les hicieron caso.

En agosto del 2010, un nuevo miembro de la familia fue ultimado. Rubén Reyes Salazar, de 49 años, fue ejecutado. Su cuerpo fue encontrado en el poblado de Guadalupe, "con huellas de violencia, múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en toda la superficie corporal", señaló la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJE).

Cada vez que encontraban ultimado a un miembro de la familia, las autoridades difundían historias sin corroborar acusándolos de ser miembros de algún grupo del crimen organizado.

En realidad, la familia Salazar tiene un largo historial en la lucha social de Chihuahua, a través de los Comités de Defensa Popular que desde hace décadas pugnan por la autogestión y la defensa de las colonias en el norte del país. Desde entonces se enfrentaron a los abusos de las autoridades y fueron hostigados por éstas, quienes los señalaron de estar vinculados a la lucha armada.

El 7 de febrero de este año, tres integrantes más de la familia Reyes Salazar fueron secuestrados por un grupo de hombres armados en Valle de Guadalupe: Malú y Elías Reyes Salazar, hermanos de la activista Josefina, así como Luisa Ornelas Soto, esposa de Elías, fueron levantados y desaparecidos.

Casi al mismo tiempo, otro grupo de hombres armados incendió con bombas molotov la casa de doña Sara, la cabeza de la familia, por lo cual tuvieron que huir de Valle de Juárez.

A partir del nuevo atentado, los hermanos Olga Lidia, Marisela y Ángel Reyes Salazar comenzaron a protestar exigiendo medidas de protección y la aparición con vida de sus familiares. Marisela se declaró en huelga de hambre, la cual tuvo que suspender a los 19 días porque su estado de salud era delicado.

Una vez más no tuvieron respuesta. El 26 de febrero de este año fueron encontrados muertos Malú y Elías Reyes Salazar, así como Luisa Ornelas Soto. Supuestamente tenían un mensaje de un grupo de narcotraficantes, pero no se confirmó.

Lo único cierto es que Jorge González Nicolás, fiscal de la Zona Norte, informó que los cuerpos fueron localizados en el Valle de Juárez, sobre la carretera Juárez-Porvenir, y tenían evidencias de haber sido exhumados. Es decir, los habían ejecutado y enterrado en una fosa clandestina.

El caso de la familia Reyes Salazar ya traspasó las fronteras, y organizaciones como Naciones Unidas y Amnistía Internacional pidieron al gobierno mexicano que le brindara medidas de seguridad. Pero todo fue en vano.

Cinco miembros de la familia Reyes Salazar ya fueron asesinados y su caso es otro ejemplo de cómo la impunidad y la corrupción de las autoridades han dado pie a más violencia, al desamparo de la sociedad y, sobre todo, al crecimiento del crimen organizado, fenómeno que ha rebasado a todas las autoridades haciendo del terror su principal arma de control ilimitado.

Malos augurios

SOLEDAD LOAEZA

El retraso en la sustitución de los tres consejeros del IFE que concluyeron su gestión a finales del año pasado es un pésimo augurio para la elección presidencial que tendrá lugar en 2012. Los responsables de este rezago son los partidos que, dice la prensa, no logran reconciliar sus puntos de vista al respecto: el PRI pretende hacer valer su mayoría para imponer a dos consejeros, y el PAN y el PRD defienden los derechos de las minorías como un principio fundamental en el México del siglo XXI, para insistir en que a cada uno de los grandes partidos le toca designar a un consejero. Si esta es la razón del desacuerdo, estamos frente a una de las grandes perversiones de la dinámica partidista: en tanto que órgano del Estado mexicano, el IFE representa los intereses colectivos; en cambio, los partidos defienden los intereses parciales de un grupo político. Su exigencia de llevar la representación partidista al corazón del Estado contraría la lógica estatal, pues se apoya en el presupuesto de que, una vez nombrados, los consejeros estarán obligados a respetar los compromisos que implica el patrocinio original. A los partidos les parece normal que los consejeros los defiendan a ellos, y que subordinen la norma a sus necesidades.

El hecho de que los partidos hayan relegado el nombramiento de los consejeros en su agenda, y sin más explicación, es revelador del desprecio que les merecen los plazos fijos, las reglas, incluso formuladas y votadas por ellos mismos; de su desdén por el importante gasto de recursos públicos que los diputados asignan para mantener a una enorme institución a la que ahora ignoran; y del desenfado con el que hacen a un lado a la opinión para concentrarse en sus muy mezquinos intereses. Pierden de vista que el IFE es un órgano del Estado, y que debilitar a la que fue la institución estrella de la transición mexicana equivale a minar la autoridad de ese mismo Estado al que están obligados a defender.

Parecería que los partidos se han propuesto destruir al IFE. Parecería que no le perdonan a la institución que los vigile, les cobre multas, los exhiba y limite sus tropelías. Los partidos parecen decididos a jugar sin árbitro, así para que impere el equilibrio de fuerzas: la voluntad del que tenga más dinero, del que mueva más gente en la calle, del que pague más encuestas, del que reciba más apoyos de Sedeso, del que tenga mejores arreglos con las televisoras. Si efectivamente ese es el objetivo de los partidos, perdidosos somos los ciudadanos y, desde luego, el Estado mexicano. Nada sería más destructivo de nuestra vida política apenas civilizada que una pelea sin reglas, sobre todo si tomamos en cuenta que se desarrollaría en el contexto de la violencia asociada con el crimen organizado.

La campaña presidencial se ha iniciado ya, y todo sugiere que será dura y ruda. Podemos anticipar con certeza que la competencia entre los precandidatos será desestabilizadora de los partidos: Andrés Manuel López Obrador ha lanzado un reto al PRD que pondrá a prueba a la organización, que se inclina por una estrategia de alianzas que ha sido rechazada por López Obrador, quien se ha propuesto formar un amplio movimiento popular cuya intención es avasallar a los partidos; el presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero, se ha ufanado de que en su partido hay por lo menos 10 precandidatos. Más allá de que realmente sean tantos, en lugar de alegrarse, el líder panista tendría que caer en la cuenta de que al decir que hay muchos, igual está diciendo que no hay ninguno, como si estuviera esperando señales de lo alto para ser más específico. Sin embargo, esta competencia tiene un elevado potencial de conflicto, como lo indican los pronunciamientos individuales del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, y de la líder de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota. Incluso en el PRI, donde presumen de unidad, hay quien mira de reojo a Enrique Peña Nieto y piensa: “Del plato a la boca…”

El cuadro fracturado de las elites políticas es tan mal augurio para la elección de 2012 como la debilidad del IFE. Pero estas son sólo dos dimensiones de un proceso que se anuncia complejo, en el que intervendrán muchas otras variables, por ejemplo, la preocupación de Washington por la estabilidad mexicana. Nunca como ahora son importantes las reglas y, sin embargo, pocas veces como ahora los actores políticos han mostrado tan poca voluntad de respetarlas.