PRIVATIZACION CON CAMUFLAJE

03/03/2011

Se avanza en extranjerizar la energía y desmantelar Pemex, advierte Canacintra

Tonto, desprenderse de un negocio que te da 40% de ingresos, considera integrante del Consejo Mundial de Energía

VÍCTOR CARDOSO
Periódico La Jornada
Aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) haya comenzado la licitación de los primeros tres bloques petroleros con el sistema de contratos integrales de exploración y producción, éstos son irregulares, violan la Constitución y representan un paso más en el proceso de desmantelamiento de la mayor empresa del país, opinaron especialistas del sector energético.

El vicepresidente del Comité de Energéticos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Gilberto Ortiz, opinó que con ese paso se mantiene la estrategia de avanzar en la extranjerización del sector energético mexicano y el desmantelamiento de Pemex.

Están concitando el apoyo y simpatía de diversos sectores de la sociedad para abrir más la industria petrolera, pero el problema es lo que viene: mayor dependencia del exterior, aunque la apertura a la inversión privada se aplique en dosis homeopáticas. Ahora el argumento es el aumento de la producción mediante la exploración y explotación, después será la refinación y la petroquímica, advirtió.

Se deterioró estructura

Recordó que en 1991 se liberó la petroquímica secundaria y posteriormente la estructura de Pemex se deterioró a tal grado que actualmente en el país se produce menos de 25 por ciento del volumen que se tenía en aquellos años.

A su vez, Rafael De Celis Contreras, académico universitario, sostuvo que el nuevo esquema es irregular, porque no se ha modificado aún, y la Carta Magna sigue vigente en cuanto al régimen de propiedad de los recursos petroleros. Los también llamados contratos incentivados no van a marchar porque tienen problemas de orden legal, dijo.

Pablo Mulás del Pozo, miembro del Instituto de Investigaciones Eléctricas y director ejecutivo del Consejo Mundial de Energía, Capítulo México, dijo que, al parecer, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio su bendición a los contratos incentivados es poco probable que se pueda dar marcha atrás. Pero lo relevante, dijo, es que si alguien que tiene varios negocios y uno le da 40 por de sus ingresos, sería muy tonto desprenderse a él.

Mientras se respeten los términos de la Constitución, añadió, no le veo mayor problema a esos contratos, (porque) es ridículo que se siga manejando un esquema en que las inversiones que se hagan en Pemex dependan de la decisión de una dirección general de la Secretaría de Hacienda. No tiene sentido.

A su vez, Alfonso Hickman Sandoval, integrante del Grupo Ingenieros Pemex Constitución de 1917, dijo que los contratos incentivados arrastran irregularidades desde su concepción, pues fueron hechos sin el suficiente análisis ni discusión; su esquema no fue dictaminado debidamente.

Sobre todo recordó que los contratos incentivados primero fueron propuestos para exploración en aguas profundas del Golfo de México, luego, para el proyecto Aceite Terciario del Golfo, también conocido como Chicontepec, y por último para campos maduros, cuando ahora es a la inversa.

La ley no permite concesión de bloques

Roberto González

Hay una nueva etapa en Petróleos Mexicanos (Pemex) a partir del lanzamiento de los llamados contratos integrales para exploración y producción, anunciados el martes. La ley no permite la concesión de bloques o áreas del territorio nacional para explotar hidrocarburos y eso es lo que hacen los nuevos contratos, explicó Sergio Benito Osorio, del Observatorio Ciudadano de la Energía.

Con los contratos dados a conocer el martes, se busca sustituir a Pemex en la función de llevar a cabo la explotación de los hidrocarburos para transferirla a particulares, agregó Osorio.

El martes pasado Pemex arrancó el proceso para la asignación de un nuevo tipo de contrato para actividades de exploración y producción –reservadas al Estado por la Constitución–, en las cuales podrán participar empresas privadas, nacionales y extranjeras. Los primeros que saldrán a licitación bajo esta modalidad son los llamados campos maduros, donde la producción de hidrocarburo va en declive.

En uno de sus párrafos, el artículo 27 de la Constitución señala: Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria... los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.

Hasta ayer este texto seguía vigente.

No hay justificación económica, financiera o técnica para dar sustento a los nuevos contratos anunciados por Pemex para que participe la iniciativa privada en la exploración y producción de hidrocarburos, comentó María Eugenia Correa, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, hay que buscar la motivación en el lado político, dijo.

Sergio Benito Osorio, de la agrupación independiente Observatorio Ciudadano de la Energía, cuestionó la legalidad de los contratos anunciados el martes por el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel.

Pemex dice que los contratos están dentro de la ley y no es así, porque la Ley de Petróleos Mexicanos no permite la concesión a particulares de bloques o áreas. Lo que hace este nuevo modelo de contratación es sustituir a Pemex de la función que tiene de llevar a cabo la explotación de los hidrocarburos en México, opinó Osorio.

María Eugenia Correa, del IIEc, puso en duda la justificación económica y financiera de los contratos anunciados el martes por el director general de Pemex. No tiene ninguna justificación económica y financiera contratar empresas privadas nacionales o extranjeras si el gobierno puede hacer esa inversión. Las que harán los particulares a través de estos contratos son inversiones mucho más caras si se toma en cuenta que debemos compartir con ellos los recursos naturales e incumplir los preceptos constitucionales.

Francisco Garicochea, coordinador del Grupo de Ingenieros Pemex-Constitución de 1917, consideró que el modelo de contratación con particulares anunciado el martes es anticonstitucional y la consecuencia de esa situación jurídica será la impugnación legal. Los contratistas correrán el riesgo de que se pierdan las concesiones dada la inconstitucionalidad de esos contratos, comentó.

Pagó la CFE a generadores de energía privados $70 mil 600 millones en 2008

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO
Periódico La Jornada
El pago que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho a productores de energía eléctrica por la compra de electricidad pasó de 6 mil 428 millones de pesos en 2002 a 70 mil 600 millones de pesos en 2008, que representó en ese año 30.2 por ciento del gasto corriente de la paraestatal, explicó ayer el titular de la unidad de evaluación y control de la Cámara de Diputados, Roberto Michel.

Durante una reunión con la comisión especial que investiga la corrupción en CFE, Michel detalló que mientras la empresa ha mantenido un crecimiento marginal en su capacidad de generación, los productores privados incrementaron su participación de 13 mil gigavatios/hora (Gv/h) a 106 mil, lo cual representa ya la mitad de la producción nacional.

En contraste, de acuerdo con la evaluación que la UEC realizó a la cuenta pública de 2009, mientras que al comienzo del sexenio de Vicente Fox la CFE generaba 192 mil 500 Gv/h al año, en 2009 se redujo a 157 mil.

Michel explicó que en un mercado donde la demanda de electricidad se ha mantenido estancada, debido a la crisis económica, la única forma de que las trasnacionales vendan su energía ha sido el desplazamiento de CFE.

El titular de la UEC detalló que de las trasnacionales a las cuales CFE les compra energía, la ibérica Iberdrola representa casi 50 por ciento. Ante los comentarios de los legisladores sobre una reforma para limitar la operación de trasnacionales en México, Michel dijo: Es de extrema urgencia aplicar toda la fuerza del Congreso para frenar el otorgamiento de permisos.

Estamos subsidiando a la corona española, resaltó la diputada Laura Itzel Castillo (PT).

Además, el titular de la UEC presentó las cifras que se desprenden de la cuenta pública y refirió que la tasa media de crecimiento anual de CFE y Luz y Fuerza hasta 2009, cuando ésta fue extinguida, fue de menos 2.2 por ciento anual desde el comienzo del gobierno de Fox.

Mientras, la tasa de crecimiento de los productores privados fue de 26.4 por ciento anual, al pasar de una participación de 4.3 por ciento en el mercado nacional en 2000 a 40.3 en 2009.

Desde 2000, los permisionarios venden electricidad a CFE, la cual es colocada en el segmento de la industria, que es el más rentable. Y el servicio doméstico, donde se encuentran los mayores problemas y más altos costos de suministro, se dejó a CFE y Luz y Fuerza.

La UEC concluyó que los permisionarios tampoco corren riesgos, debido a que venden la energía comprometida a la CFE y, aunque se presenten paros o haya una menor demanda, la paraestatal tiene que colocar los excedentes al costo que sea necesario. La electricidad no se puede almacenar y la CFE debe buscar que se consuma al momento en que se genera.

Detalló que los altos costos de las tarifas se derivan de lo oneroso de la interconexión de los productores independientes, pero también del gas, que es el único combustible utilizado por éstos en las termoeléctricas.

Informó que a diciembre de 2009 estaban en operación termoeléctricas de empresas en su mayoría trasnacionales, con capacidad de 11 mil 500 megavatios, equivalentes a 22.8 por ciento de la capacidad eléctrica del país.

Entre las empresas que venden electricidad a CFE, algunas de ellas con contratos a 25 años, están Iberdrola, que contaba con una capacidad de 4 mil 200 megavatios; EDF International, con mil 800 megavatios; Union Fenosa, mil 500, y Mitsubishi, con mil megavatios, entre otras.

A propuesta del presidente de la comisión, César Augusto Santiago (PRI), ésta acordó reiterar la petición al titular de la Comisión Reguladora de Energía, Francisco Xavier Salazar Diez, para que responda al punto de acuerdo que desde 2009 se le envió para revisar las tarifas eléctricas.

Paralelamente, la Comisión de Energía aprobó enviar un punto de acuerdo a la Secretaría de Hacienda para que explique cómo impactaría en los ingresos la reducción de las tarifas.

Laura Itzel Castillo explicó que los subsidios que Hacienda dice que se aplican en los recibos en realidad se trasladan a las compañías que venden energía a CFE.

Operadores no cobrarían interconexión a Telcel a cambio de trato recíproco

MIRIAM POSADA GARCÍA
Periódico La Jornada
El enfrentamiento por las tarifas de interconexión de Teléfonos de México (Telmex) y Telcel propició que Grupo Salinas, Televisa, Nextel, Axtel, Marcatel, Megacable y una veintena de sus filiales integraran un frente común en contra de las empresas de Carlos Slim, y propusieron no cobrar interconexión a Telcel a cambio de un trato recíproco.

Su propuesta, consideraron, ayudaría a reducir los costos de los servicios de telecomunicaciones, lograr pagos justos, obtener ahorros mínimos de 73 mil 500 millones de pesos para los usuarios, y mejorar la calidad.

En respuesta, el vocero de Grupo Carso, Arturo Elías Ayub, declaró que Telcel y Telmex no están dispuestas a dejar de cobrar por la interconexión porque sería equivalente a regalar su red y los miles de millones de dólares que ha invertido en ella. Iusacell invertirá 300 millones de dólares en su red; Telcel invertirá mil 200 millones este año, ejemplificó.

Puntualizó que el único grupo de telecomunicaciones que no se adhirió a ese grupo fue Telefónica, porque después de Telcel y Telmex es la que más invierte en el desarrollo de su red y tampoco está dispuesta a regalarla. La propuesta de no cobrarle a Telcel a cambio de que ésta tampoco lo haga es algo que no existe en ningún lugar del mundo.

Señaló que es comprensible que empresas pequeñas quieran usar las redes de Grupo Carso de forma gratuita, pero Telmex y Telcel no pueden dejar de cobrar porque tienen obligaciones que cumplir en su título de concesión.

Elías Ayub indicó que condicionar el cambio de título de concesión de Telmex a que se arreglen los conflictos de interconexión es algo que no va a ocurrir si no hay disposición de todos los participantes en la industria. La única solución a las inconformidades por las tarifas de interconexión es que todos inviertan en sus redes y que ganen clientes compitiendo, no con comunicados de prensa.

Nace bloque contra Telmex-Telcel

Ayer operadores de telecomunicaciones inconformes por las tarifas de interconexión de Telmex y Telcel formalizaron la creación de un bloque para exigir que las empresas de Grupo Carso reduzcan o eliminen sus tarifas de interconexión. Participan: Axtel-Avantel, Nextel, Televisa con sus filiales Bestel, Cablemás, Cablevisión, Sky, Cablevisión de Apatzingán; Grupo Salinas con sus empresas Iusacell y Unefon; Marcatel, Megacable, Nextel y filiales de algunas de estas como Cosmored, Grupo Matsa, Telecab, Telecable, Telecable del Grullo, Telecable de Tierra Caliente, Televisión de Teocaltiche, Televisión Internacional; Total Play, TC cable Central Mexicano, TV Uruapan y Videocable.