EL ESTADO MEXICANO CRIÓ CUERVOS

17/03/2011

Monopolios y doble moral
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

Voraces y desbocados, los monstruos económico-financieros creados por el poder político neoliberal se han salido de control. Presumidos por aquel como símbolo inequívoco de la modernidad mexicana (Salinas dixit) y del sólido avance de la democracia de, por y para los empresarios (Fox ídem), sus copatrocinadores ya no saben qué hacer con ellos ni cómo meterlos al redil. Sometido por su propia creación, el gobierno mexicano no hace nada para remediar esta situación, mientras la embajada estadunidense en México se dice sorprendida y preocupada por el sostenido avance y la creciente influencia de los barones autóctonos en la toma de decisiones en los ámbitos Judicial, Legislativo y Ejecutivo de México.
Lo detallan los cables de Wikileaks, publicados por La Jornada, y el panorama no es grato. El gobierno mexicano no atina a tomar decisiones para acabar con monopolios, duopolios y oligopolios, ante el peligro que para él representa quedar mal con alguno de los involucrados, cada uno de los cuales le significa un jugoso apoyo financiero para sus ambiciones electorales. A su vez, la preocupación de la legación estadunidense, y los intereses que ella representa, se enfoca en el sector mexicano de las telecomunicaciones (y por obvias razones en los consorcios dominantes: Telmex, Telcel, Televisa y Tv Azteca), tal vez por ser éste el único, a estas alturas, en el que sus grandes capitales no tienen acceso pleno al pastel, y no precisamente por los resabios legales en la materia o por el patriotismo gubernamental, sino por el hecho contundente de que tales monstruos representan un impedimento real para la apertura del mercado y para que las trasnacionales del ramo claven los colmillos en este exquisito negocio (que incluye una tercera cadena de televisión) hasta ahora reservado mayoritariamente a los nacionales, hoy en plena guerra por el control de los bienes otrora de la nación.
Pero ni el paralizado gobierno mexicano ni la preocupada legación estadunidense tienen qué reclamar. Desde la supuesta oposición, los panistas apoyaron con todo la política privatizadora de Salinas y Zedillo (de la banca a los ferrocarriles, sin olvidar la telefonía) y a los monstruos empresariales de ella resultantes. Fox sólo llegó cínicamente a poner la cereza al pastel, mientras los vecinos del norte aplaudían la modernidad económica mexicana y celebraban la transición (con el indeleble sello del Consenso de Washington) de los monopolios del Estado a los monopolios privados. Felipe Calderón estaba entre los aplaudidores, pero tiempo después se le cruzó una candidatura a Los Pinos, y en campaña prometió estimular la competencia mediante el combate a monopolios, duopolios y oligopolios, aunque en los hechos sólo los ha fortalecido.
¿Por qué hasta ahora la preocupación de la embajada estadunidense en torno a monopolios, duopolios y oligopolios?, de acuerdo con las puntuales revelaciones de Wikileaks-La Jornada. ¿Sólo a estas alturas registró que diez magnates concentran 12 por ciento del PIB mexicano, controlan las áreas más productivas de la economía y ejercen creciente influencia en la toma gubernamental de decisiones? Sería una reacción por demás tardía de la diplomacia norteña, toda vez que el desmantelamiento del aparato productivo del Estado mexicano comenzó casi tres décadas atrás, con Miguel de la Madrid, aunque fue en el salinato cuando se pisó a fondo el acelerador, sin hacer menos al zedillato. Así, la productiva fábrica de monstruos concentradores de riqueza e ingresos no se limita a la telefonía y a la televisión (nacida ésta desde el poder en tiempos de Miguel Alemán). El abanico es enorme, e incluye banca, telecomunicaciones, minería, ferrocarriles, líneas aéreas, acero, azúcar, gas, satélites, carreteras, aeropuertos y mucho más, por mucho que la legislación vigente lo impida, sin olvidar la existencia de una institución antimonopolio, la Comisión Federal de Competencia, que tampoco atina ni se anima a poner orden.
No es un hecho novedoso ni aislado lo que ahora preocupa a la embajada estadunidense. Es la historia de los últimos cinco lustros. En política no hay casualidades. Tampoco en los negocios. Por eso llama especialmente la atención uno de sus despachos (correspondiente a 2007 y registrado por Wikileaks-La Jornada), por medio del cual la legación reporta a Washington que en manos de Calderón estaría la autorización de una tercera cadena televisiva, lo que parece una visión simplista de la realidad mexicana. ¿Quién toma las decisiones en el caso, por ejemplo, de las telecomunicaciones mexicanas?
El siguiente ejercicio, que resume cómo estaba armada la telaraña de intereses en el sector en ese mismo año de 2007, nos da una idea de quién, en realidad, las toma: Cemex es el monopolio cementero en México, y su cabeza visible es Lorenzo Zambrano, quien también participa en Televisa, la cual es presidida por Emilio Azcárraga Jean, empresario presente en el consejo de administración de Teléfonos de México, de Carlos Slim, magnate que a su vez forma parte del consejo de administración de Televisa, consorcio en el que tenía asiento María Asunción Aramburuzabala (esposa del ex embajador Tony Garza), del Grupo Modelo, del duopolio cervecero en el país, en el que sobresale Valentín Díez Morodo, a su vez participante en el consejo de administración de Kimberly Clark, que preside Claudio X. González Laporte, en su momento presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, éste con asiento permanente en Teléfonos de México y Televisa, emporio en el que aparece Germán Larrea, cabeza del Grupo México, consorcio en el que también participan Claudio X. González Laporte y Valentín Díez Morodo, todos ellos beneficiarios de la reprivatización de Banamex, al igual que Roberto Hernández (también integrante del consejo de administración de Televisa), quien vendió a Citigroup por medio de la Bolsa Mexicana de Valores, en las que todas las empresas citadas participan.
El gobierno de Estados Unidos conoce a la perfección cómo se manejan las cosas en México, quién toma las decisiones y quiénes son los capos, pero ahora se dice preocupado por el juego del monopolio y la falta de competencia, especialmente en el sector de las telecomunicaciones. ¿Casualidad?

Mayoría y razón
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO
Inexorablemente nos adentramos en la sucesión presidencial. No superada por la alternancia, la tradición convierte el recambio electoral del Ejecutivo en el acto supremo de la política nacional. Todo se subordina al nacimiento del nuevo rey sexenal, aunque ya todo el mundo sabe que no todo lo que reluce es oro y que los tiempos son muy otros. Cierto que el halo de misterio se ha disipado junto con las reglas del viejo presidencialismo y hoy la lucha descarnada se libra dentro de los partidos, en el no siempre discreto intercambio de favores entre las dirigencias políticas y los grupos de poder y en el dialogo mediatizado, “a la americana”, de los aspirantes con la ciudadanía, en cuyo nombre se defienden los más variados intereses.
Además del desánimo acumulado hacia la clase gobernante, el imaginario colectivo vislumbra la República como una hechura extraña que no acaba de equilibrar los poderes, en la que aún sobresale la enorme cabeza presidencial sobre las raquíticas extremidades legislativa y judicial. La transición democrática le dio fuerza al voto, introdujo reformas y mayores contrapesos al presidencialismo, pero no creó un régimen nuevo. Al contrario, se cebó sobre el legado del anterior y se quedó a medias, empantanado entre la alternancia como suprema (y máxima) aspiración y la continuidad obligatoria de las formas de poder dominantes. Con las campañas a todo vapor y la aplicación de la mercadotecnia nos hicimos modernos de un día para otro, aunque se valoraron menos los aciertos en la construcción institucional (el IFE, por ejemplo) que los derroches de libertad y dinero con que el panismo ganó las elecciones. La derrota del PRI abrió el camino a la ficción política consistente en creer que los cambios de fondo ya estaban consumados y, lo que es más importante, que la democracia podía sustraerse de la realidad marcada por la polarización y la desigualdad.
La idea de que el principio de mayoría lo es todo para la democracia olvida que ganar en los números no siempre implica tener la razón. Hemos visto cómo las campañas, la mercadotecnia y la ayuda de las instituciones favorece la conformación de ciertas preferencias electorales, pero aún no vemos a los partidos y a sus prohombres defender un proyecto racional para México, esto es, un conjunto de ideas y propuestas capaces de resistir al mercadeo de los votos. Y eso es, justamente, lo que hace falta. En el México de hoy, tan resistente al debate ideológico o la simple manifestación de las ideas programáticas, existen, pese a la molestia de los posmodernos, asuntos cuya seriedad no puede ser abordada con los criterios ratoneros de la disputa electoral según la entienden los asesores que pululan como moscas en la miel.
La sucesión del año 2012 se presenta en un país cuyos problemas lejos de resolverse se multiplican y agravan. Basta echar una ojeada a las grandes cifras de la desigualdad para comprender que no hay democracia viable si no cambian las condiciones de vida de millones de mexicanos condenados a la miseria. Como en los tiempos clásicos de los griegos, se puede a aspirar a una democracia para los privilegiados, pero la realidad hará explotar tales ilusiones. Invisibilizar a los que menos tienen (como reza el eufemismo oficial) es la perspectiva suicida que en nombre de la modernidad adoptan los que mandan y gobiernan una nación cuyo principal capital en su gente. El gran país emergente que es México no acabará de dar el salto cualitativo si no pone en el centro de sus preocupaciones el qué hacer con los jóvenes y cómo darles una ocupación productiva, aun si para ello debe reducir las ingentes ganancias de sus capas más privilegiadas. Asegurar la educación de calidad es un tema de tal importancia que ya no puede resolverse como si fuera un asunto patrimonial entre el sindicato, sus líderes y el aparato burocrático del que dependen las decisiones pedagógicas. Construir la politica energética que se requiere para estar a la altura de la situación global implica abandonar la mentalidad de quienes creen que la única obligación de los gobernantes es hacer negocios rápidos y recibir palmadas en la espalda de los dueños del planeta.
En fin, los partidos no quieren ocuparse de estos aburridos temas. Prefieren el chascarrillo y la guerra sucia, el aturdimiento de los espots repetidos hasta la neurosis, la imagen a la palabra, pero el método encierra una trampa obvia, pues más allá del mercado, no hay duda de que la disputa real, la verdadera es, justamente, la que gira en torno a esas cuestiones fundamentales y no, como se nos quiere hacer creer, en la simpatía de los candidatos o en los recursos de la publicidad.
Todo este alegato me trae de nuevo a la cuestión de las alianzas que hoy divide a la izquierda. El debate, en tono menor, se ha referido a los temas tácticos, a si es o no cuestión de principios acordar con el adversario, a si es la única manera de ganar o de parar al PRI, a la pugna por las candidaturas… En fin, no entraré en esos detalles que no tocan el fondo pero enturbian el análisis; ¿deberían los partidos ofrecernos en las elecciones de 2012 una propuesta lo más clara posible de solución a los graves problemas que cualquier ciudadano ilustrado puede enumerar? ¿Hay excepciones a esta obligación que es política y moral? ¿Está la izquierda en condiciones de relegar su plataforma para ganar una elección estatal aunque se fracture su ya de por si frágil fuerza electoral y se difumine su singularidad? Creo que si la izquierda no llega a un acuerdo político sobre el tema de las alianzas será imposible un frente unido de cara al 2012. No es un asunto de personalidades sino de evitar el naufragio anticipado. De contar o no con un programa racional que sirva para resolver los problemas nacionales.
Quizá la fractura es inevitable, pero lo menos que podría esperarse es que la izquierda confronte su destino sin cobijarse en una simulación política, dando la batalla por sus posiciones estratégicas y mirando hacia el futuro
Presunto culpable
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO
Todo documental tiene sesgos. Éstos responden al guionista, al director, al editor, a los patrocinadores y a otros muchos factores que se me escapan. Un amigo muy apreciado criticó recientemente la edición de que fue objeto Presunto culpable porque se seleccionaron las partes (de la larga grabación de un juicio) que convenían a sus intereses. Todo documental, como toda película, e incluso la mayor parte de las entrevistas, y hasta las noticias, es editado, y en general, con sesgos.
Sicko, de Michael Moore (2007), por ejemplo, miente olímpicamente al elogiar el sistema de salud pública de Canadá. Simplemente exagera el alcance de su cobertura y, sobre todo, la eficiencia de su funcionamiento. No lo critica y lo presenta como si fuera un modelo a seguir universalmente, especialmente en Estados Unidos. Tiene razón en demostrar que el sistema de salud estadunidense deja mucho que desear, que no cubre a muchos millones de habitantes de ese país, pero pasa por alto que la salud pública en Canadá no es tan eficiente como quisieran sus ciudadanos. Es un sistema muy burocratizado, como ocurre en México con los hospitales y clínicas del sector público de la salud, incluidos el ISSSTE y el IMSS.
El sistema de salud canadiense, que es universal, tiene deficiencias graves. Un médico amigo, canadiense, que trabaja en un hospital de Toronto, tuvo un derrame cerebral (stroke) y le dijeron que lo podían atender semanas después, cuando todo mundo sabe que es una urgencia que debe atenderse lo más pronto posible si se quiere evitar daño neurológico quizá irreversible. Tuvo que ir a Estados Unidos y pagar un hospital privado. A otro amigo, mexicano residente en Canadá, lo mandaron a su casa porque sus sangrados nasales no eran peligrosos. Vino a México y el médico se sorprendió de que no hubiera muerto: tenía la presión arterial por las nubes. Así pues, Moore, tan elogiado por su valentía y sus denuncias, sin cuestionamientos entre la gente progresista, es también sesgado.
El documentalista Juan Manuel Sepúlveda, citado en extenso por Julio Hernández López en Astillero, parece no darse cuenta de las barbaridades que dice. Afirma, por ejemplo, que detrás del documental Presunto culpable se esconde una obra que recurre a los mismos vicios del sistema al que denuncia, y más adelante señala que el documental comete el mismo agravio que denuncia. Presupone la culpabilidad e incluso condena a todos los que no son su cliente-personaje. Es decir, el abogado-con-cámara no sólo abusa de la presunción de culpabilidad, inmediatamente la convierte en condena irrevocable, sin otorgarle al resto de los personajes el derecho de un juicio imparcial y un abogado defensor.
Cuando uno ve en los judiciales su conveniente, obvia y cínica amnesia (no me acuerdo), a la fiscal (agente del Ministerio Público) no demostrar nada para sostener su acusación, sino simplemente decir que está haciendo su chamba y al juez aprobando y sonriendo cuando es testigo de tales aberraciones, no se puede decir que los documentalistas y sus patrocinadores presupusieron la culpabilidad de quienes no son su cliente-personaje. ¿En dónde se ha visto que el abogado defensor de un presunto delincuente le facilite las cosas a la parte acusadora y que le otorgue al resto de los personajes (el testigo, los policías judiciales, la agente del Ministerio Público y el juez) el derecho de un juicio imparcial y un abogado defensor, como dice el señor Sepúlveda? Además de que esto no le corresponde a un abogado defensor; si así lo hiciera, la barra de abogados tendría todo el derecho de suspenderle la licencia para ejercer su profesión. Los abogados defensores tienen la obligación profesional (ética aparte) de defender incluso a los culpables. Si no fuera así, no habría abogados. Los fiscales, por otro lado, tienen la obligación de armar un juicio con pruebas y no basarlo en lo dicho por un testigo que igual puede estar diciendo mentiras. Y, finalmente, los jueces tienen la obligación de exigir pruebas, analizarlas, ponderarlas y revisar incluso si el expediente está bien armado o no para aceptar la procedencia de un juicio.
Lo que han hecho los documentalistas es exhibir un juicio de los miles y miles que se realizan todos los días en México y que, precisamente por como son llevados, han llenado las cárceles (que son otra de las vergüenzas del país) de inocentes o, si se prefiere, de presuntos culpables que, por añadidura, son pobres. Los delincuentes ricos o de cuello blanco no están, salvo contadas excepciones, en las prisiones ni mucho menos mezclados con los que forman la mayoría en los mal llamados centros de readaptación social, que no son otra cosa que pocilgas con rejas donde no sólo se venden drogas ilícitas sino que se hacen negocios por fuera con la complicidad de los custodios. Nuestro sistema penitenciario, y no se nos debería olvidar, es una escuela de iniciación y perfeccionamiento de delincuentes, no centros de readaptación social.
Lo que molesta a los críticos de Presunto culpable es que sus patrocinadores sean burgueses y que la exhibición del documental haya sido negocio, y buen negocio gracias a una juez que quiso prohibir su exhibición. Si el documental hubiera sido patrocinado por la cooperación de los habitantes de la sierra de Oaxaca, digamos, y exhibido en una casa particular de una colonia proletaria de la ciudad de México, entonces estaría muy bien. Si el único testigo, que por cierto no atinó a demostrar que el presunto culpable hubiera disparado a su primo, no fuera un muchacho humilde y de escasos recursos intelectuales, todo estaría bien pues la ideología del pobrismo gana sobre la objetividad. ¿Y las pruebas y los otros testigos? ¿Se le practicó la prueba de Harrison al presunto culpable?
Finalmente, el público tiene derecho a juzgar, incluso a los juzgadores. Que se nos niegue es otra cosa. Si pudiéramos ejercer ese derecho, muchos funcionarios y gobernantes estarían en la cárcel.