OMISION LEGAL COMPLICE

23/03/2011

El sistema judicial no cuenta con mecanismos para analizar desapariciones forzadas: SCJN

La CNDH da seguimiento a denuncias, pero no tiene dientes legales para actuar

JESÚS ARANDA
Periódico La Jornada

El sistema judicial mexicano no cuenta con mecanismos legales para entrar al fondo en los casos en que se denuncia la desaparición forzada de personas, reconocieron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la reunión que sostuvieron ayer con integrantes del grupo de trabajo en la materia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el encuentro privado al que asistieron cinco ministros del máximo tribunal, trascendió que éstos respondieron a las inquietudes de la delegación internacional sobre el sistema judicial, el respeto a los derechos humanos, la figura del fuero militar y su aplicación en casos en los que soldados cometen delitos en contra de civiles durante actos del servicio, y sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla.

Arturo Zaldívar y Sergio Aguirre Anguiano, presidentes de la primera y segunda salas de la SCJN, respectivamente, así como Olga Sánchez Cordero y Fernando Franco participaron en la reunión, ya que de manera insólita por tratarse de una misión de alto nivel, el ministro presidente, Juan N. Silva Meza, únicamente le dio la bienvenida a los visitantes y se retiró.

La delegación de la ONU estuvo integrada por Alan García, Ariel Dulitzky, Jazminka Dzumhur, Osmar el Haijé y María Giovanna Bianchi.

A partir de las preguntas del grupo de trabajo, confirmaron fuentes judiciales, fue que los ministros aceptaron que el sistema legal mexicano no prevé un mecanismo concreto para abordar las denuncias sobre desaparición forzada de personas, como si lo prevé la institución jurídica del hábeas corpus en otros países.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos le da seguimiento a ese tipo de denuncias, pero no tiene dientes legales para actuar en contra de los presuntos responsables, apuntaron.

Sobre el caso Rosendo Radilla, los ministros comentaron –durante la plática que duró más de hora y media– que en breve el pleno determinará si la Corte está obligada a atender las recomendaciones que hizo la CIDH respecto de que el fuero militar en nuestro país es inconstitucional, porque se aplica a civiles cuando son víctimas de delitos por parte de soldados.

A los ministros les preguntaron sobre la constitucionalidad del fuero de guerra, y éstos contestaron que este asunto está en manos del Congreso de la Unión, que analiza una propuesta de reforma al respecto.

Iniciativa priísta, es un asalto a obreros: Muñoz Ledo

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ
Periódico La Jornada
La inminente presentación del proyecto de dictamen de reforma laboral elaborado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) generó rechazo entre diputados de oposición, quienes advirtieron que no permitirán el albazo legislativo, porque la propuesta ha concitado enojo entre la población y los trabajadores.

Porfirio Muñoz Ledo calificó de una ofensa y un asalto en despoblado la iniciativa priísta: como en los peores tiempos del neoliberalismo avientan una iniciativa que manifiesta una abierta falta de honor y una violación al reglamento. Habíamos convenido que se discutieran las iniciativas, pero el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) se han aliado, otra vez, de forma perversa para sacar la última de las grandes de reformas neoliberales.

El legislador petista demandó un debate nacional, porque la legislación laboral es un asunto de extrema gravedad.

Pedro Vázquez, coordinador del Partido del Trabajo (PT), expuso que es necesario un proceso amplio de discusión con el objetivo de alcanzar una reforma laboral que atienda los intereses de los trabajadores. Y, al contrario, César Augusto Santiago, del PRI, expuso que es momento de discutir la reforma laboral. Y descartó que la iniciativa represente un guiño a la iniciativa privada.

Muñoz Ledo, con enojo, expuso que el contenido de la propuesta del PRI arrastra lo peor del neoliberalismo. “Es una falta de honor, una falta al reglamento, porque habíamos convenido que se discutieran las iniciativas del PAN, que casi es la misma que la del PRI, y la del PRD y que después se convirtió en la iniciativa de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Yo demando que se revise a fondo el documento del PRI, que se organice un debate nacional, como hicimos en el Senado de la República con el tema del petróleo.

–En otros países una ley de tal naturaleza despierta el encono general –se le comenta.

–Junto con Francisco Hernández Juárez decidimos organizar la movilización de los sindicatos de la UNT, los mineros, la CNTE. Todos van a actuar, porque no vamos a permitir un albazo, lo que vamos a hacer es promover un debate público. La iniciativa del PRI no tiene nada de aceptable, y representa en el fondo un bofetón a los aliancistas del PRD.

Cómo se pretende una alianza si el PRI se ha convertido en un instrumento del PAN a la hora de aprobar sus cosas importantes. Esta es la última gran iniciativa neoliberal que Calderón impulsa con denuedo. ¡La verdadera alianza es la del PRI y del PAN, y esto la única ventaja que implica es que exhibe a los aliancistas y su innegable ambición por conservar sus cotos de poder!

Pedro Vázquez, coordinador del PT en San Lázaro, adujo que sería un grave error que presenten un dictamen planchado entre el PRI y el PAN en los términos de la iniciativa priísta, porque es un retroceso en las conquistas de los trabajadores.

Con la misma propuesta de 2008, AN insiste en privatizar Pemex

En dos iniciativas impulsa permitir a empresas privadas nacionales o extranjeras que construyan y operen refinerías, ductos; que distribuyan y almacenen gasolina, gas y productos petrolíferos

ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó ayer en el Senado dos iniciativas, que modifican el artículo 28 constitucional y la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, para privatizar la petroquímica básica y permitir que empresas privadas, nacionales y extranjeras construyan y operen refinerías y ductos y se hagan cargo de producir, almacenar y distribuir gasolina, gas y otros productos petrolíferos.

Es la misma propuesta que el presidente Felipe Calderón presentó en 2008, dentro de la reforma energética, y que fue desechada por el Congreso. El panista Juan Bueno Torio sostuvo que no nace muerta esta iniciativa, porque, dijo, la realidad es distinta a la de hace tres años y Pemex no tiene recursos para invertir en nuevas refinería o ductos.

La reforma propuesta por la bancada panista al artículo 28 constitucional propone eliminar de ese ordenamiento la exclusividad del Estado en el petróleo, los demás hidrocarburos, y la petroquímica básica. En su lugar plantea dejar sólo como funciones que el Estado ejercerá de manera monopólica la exploración y extracción de petróleo crudo.

A la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, los senadores de Acción Nacional proponen cambios a fin de que la refinación del petróleo, el procesamiento del gas natural, así como el transporte, almacenamiento y distribución de los productos que se obtengan, podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privados.

Los inversionistas podrán construir equipos industriales, ductos y sistemas de almacenamiento y operarlos.

En la exposición de motivos que el senador Bueno Torio leyó ante el pleno, se repiten los argumentos que utilizó el Calderón en la reforma energética de 2008, en el sentido de que la insuficiencia de recursos de Pemex impide fortalecer la rectoría del Estado mexicano sobre sus hidrocarburos.

Bueno Torio habló a nombre de la bancada del PAN y sostuvo que se requieren inversiones sostenidas cercanas a los 26 mil millones de dólares anuales durante los próximos 10 años, para que la industria petrolera nacional pueda superar las condiciones de rezago en que se encuentra.

Insistió en que actualmente, no obstante la exclusividad del Estado en la industria petrolera, se permite la participación de los sectores social y privado en el transporte ferroviario, carretero y marítimo, donde particulares trabajan como distribuidores de la paraestatal, sin que esto se considere una amenaza para la rectoría del Estado ni pérdida de soberanía energética.

Bueno Torio insistió en que no plantean que Pemex se deshaga de sus activos o de centros de distribución. Por lo tanto, aseguró, no podrán ser desincorporadas del patrimonio nacional las refinerías y ductos con los que ahora cuenta la paraestatal.

Las concesiones serán para nuevas refinerías, nuevos ductos y centros de almacenamiento de gasolina, gas y otros productos petrolíferos.

En entrevista, Bueno Torio insistió en que no se trata de privatizar, aunque reconoció que inversionistas privados participarán “al cien por ciento en la construcción de refinerías, ductos, de un trayecto de ducto de una refinería a una zona de abasto, como podría ser de la refinería de Madero hacia Tuxpan, o de la terminal de Mérida a Cancún.

Insistió en que los tiempos han cambiado, que la situación para Pemex es peor. No podemos iniciar siquiera la construcción de una refinería por mil razones. Cada vez más el país pierde soberanía en la decisión de abastecer los petrolíferos para el desarrollo.

Sobre la reforma al artículo 28 constitucional, los panistas proponen que se instrumente en forma progresiva a mediano y largo plazos, para evitar que pueda convertirse en bandera de un falso nacionalismo, que impida los urgentes cambios que requiere la industria petrolera.

Plantean por ello que se impulse en primer término la apertura de aquellos segmentos de la industria en los que la complejidad política y normativa sea menor, y que por tanto se empiece en la refinación de petróleo.

Las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) advirtieron que el PAN no tiene la representatividad en el Senado para aprobar una reforma de ese tipo. Esa reforma se discutió ya ampliamente en 2008; rechazamos esas propuestas que nos mandó Calderón, insistir en ello es un ejercicio estéril, comentó el perredista Graco Ramírez.

Por su parte, el petista Ricardo Monreal, recordó que en 2008 Andrés Manuel López Obrador encabezó un amplio movimiento contra la privatización del petróleo y se volverá a hacer si los panistas insisten.

Ayer el pleno del Senado votó en contra de una iniciativa para reformar la Ley de Petróleos Mexicanos, a fin de desaparecer la figura de consejeros profesionales, como propuso Monreal. En tribuna el petista deploró esa decisión ya que los cuatro consejeros le cuestan al país más de 52 millones de pesos al año, se dan una vida de reyezuelos, hacen negocios, usan influencias ilegalmente y no aportan nada a la paraestatal. Además, en los dos años que llevan de operar, han respaldado el proceso de privatización de Pemex.

Deudos de Pasta de Conchos aseguran seguir en la indefensión laboral

Arturo Rodríguez García

MÉXICO, D.F., 22 de marzo (apro).- La organización La Familia de Pasta de Conchos, integrada por deudos y sobrevivientes de siniestros carboneros, solicitó una audiencia a los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de diputados, a fin de compartir con ellos “su experiencia” y ofrecerles diversos puntos de vista ante la eventual reforma laboral propuesta por el PRI.

La solicitud especifica que la audiencia debe ser previa a la aprobación de la iniciativa presentada por el presidente de la Comisión, el diputado priista Tereso Medina Ramírez, quien, por cierto, es originario de Coahuila, donde se ubica la región carbonífera mexicana.

A través de una carta “amistosa”, los integrantes del organismo creado tras la muerte de 65 carboneros en la mina Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, recordaron a los legisladores que de entonces a la fecha, 43 trabajadores más han muerto en la región, para dar un total de 108 fallecidos, que han dejado huérfanos a 270 niños y enlutado a unos mil 200 familiares directos.

“El común denominador es la violación a nuestros derechos laborales y sindicales, sin que hasta el momento, después de cinco años de incansable trabajo, encontremos voluntad en el Estado mexicano para salvaguardar la vida, la integridad y la salud de nosotros y nuestras familias”, expusieron en la carta.

Tras recordar a los legisladores que existen dos quejas en curso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los deudos, sobrevivientes y mineros responsabilizaron a los diputados de las mortales condiciones de trabajo en la minería de carbón.

“Como víctimas de violaciones a los derechos humanos laborales y sindicales, que determinan nuestras condiciones de vida y de muerte, que se traducen en un absoluto estado de indefensión también para nuestras familias, cumplimos con el deber ciudadano de ofrecerles nuestra experiencia de sufrimiento e impunidad, de la cual también ustedes son responsables, y ante lo cual, no pueden negarnos, cuando menos, el derecho de ser escuchados”, expusieron.

La carta está dirigida al presidente de la Comisión, Tereso Medina Ramírez, así como a los secretarios de ésta, Ismael Reyes Ledesma, Ana Georgina Zapata, Nancy González, Arturo Ramírez y Francisco Hernández Juárez, quienes podrían aprobar el dictamen en comisiones mañana miércoles.

La DEA y el departamento de Seguridad Interna sabían de “Rápido y Furioso”

La Redacción
MÉXICO, D.F., 22 de marzo (apro).- El Departamento de Seguridad Interna, la agencia antidrogas (DEA) y la oficina de los Marshals tuvieron conocimiento del operativo “Rápido y furioso”, mediante el cual autoridades estadunidenses toleraron y promovieron la introducción de miles de armas a México, reveló hoy la cadena CBS News.

En la segunda entrega del reportaje que tensó las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, debido al descubrimiento del operativo “Rápido y furioso”, la televisora dio a conocer que agentes de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) sostuvieron conferencias telefónicas con oficiales del Departamento de Seguridad Interna (DHS), la Oficina de los Marshals y la DEA.

De acuerdo con la información difundida por CBS, un asistente del fiscal general del Departamento de Justicia de Estados Unidos fungió como asesor del operativo.

El 11 de marzo, Eric Holder, titular del Departamento de Justicia, negó que personal a su cargo hubiera participado o tuviera conocimiento del operativo, incluso, reprobó la estrategia de permitir el paso de armas a México para desmantelar a los cárteles del narcotráfico y al crimen organizado.

Hoy, la CBS dio a conocer declaraciones del agente René Jáquez, de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, quien cuestionó las tácticas del gobierno estadunidense.

Operativos como este ponen en riesgo a los oficiales, dijo Jáquez, quien consideró que el operativo “Rápido y furioso” representa “uno de los días más oscuros en la historia de la ATF”.

Según diversas versiones difundidas por la CBS, oficiales de la ATF cerraron tratos con vendedores de armas con licencia para que colaboraran como informadores y ofrecieran arsenales a los contrabandistas.

El agente de la ATF, René Jáquez, se pregunta si la violencia en México puedo ser atribuida, en parte, a una de las agencias encargadas de combatirla desde Estados Unidos, ya que estas acciones pusieron en riesgo la vida de inocentes.