SIN JUSTICIA E IMPUNIDAD CRIMINAL, NO LLEGARÁ.

28/03/2011

"La paz no llegará a Oaxaca", advierte la sección 22 del SNTE

Pedro Matías

OAXACA, Oax., 25 de marzo (apro).- De nueva cuenta, los maestros de la Sección 22 del SNTE salieron a la calle para exigir la presentación con vida del profesor Carlos René Román Salazar.

Durante el mitin que se llevó a cabo frente al Palacio de Gobierno, el dirigente magisterial, Azael Santiago Chepe, increpó al gobierno de Gabino Cué.

Dijo que a más de 100 días de haber asumido el poder siguen en espera de que la justicia llegue a los maestros.

“Mientras no se castigue a los responsables de la represión de 2006, mientras prosiga la persecución y las cárceles estén llenas de presos políticos, y se mantenga una política excluyente, la paz no llegará a Oaxaca”, advirtió.

Ya en entrevista, declaró que ayer se reunió con el gobernador Gabino Cué, entre otras autoridades estatales, y que les informaron que se han realizado todas las acciones posibles para encontrar al profesor Carlos René, pero que no ha tenido suerte.

Respecto de las pintas, llamadas telefónicas, la política mediática y los ataques en contra del movimiento magisterial, dijo que “no van a caer en ninguna provocación” para no hacerle el juego a quienes pretenden reeditar el escenario de 2006.

Santiago Chepe insistió en que dentro y fuera del gobierno hay actores que pretenden desestabilizar al gobierno estatal y mencionó el nombre de Jorge Franco Vargas.

“Al hacer un análisis del gabinete (advertimos que) es una suma de muchos referentes políticos e ideológicos y que el viejo régimen no se ha acabado, porque al interior varios funcionarios vienen del PRI, incluso el gobernador Gabino Cué”, puntualizó.

El movimiento magisterial ha dicho “no al reciclaje de funcionarios políticos y sí a una revisión de fondo en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, particularmente en las áreas de finanzas”, dijo.

Tampoco “descartamos que al interior del gabinete se hagan cosas sin el conocimiento del Ejecutivo a fin de generar desestabilización en el estado”, advirtió.

Maestro desaparecido debe ser presentado vivo: Pável

Sayra Cruz

[07:20] Desde 1996 a la fecha en Oaxaca se han registrado más de 29 presuntas desapariciones de manera forzada, y el último fue el caso del maestro de la Sección 22 del SNTE, Carlos René Román Salazar, informó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, del Congreso loca, Pável López Gómez.

Demandó al Estado Mexicano, la presentación con vida del profesor y exigió efectividad, voluntad y prontitud de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaria de Seguridad Pública, para esclarecer este y todos los casos.

“Con la llegada de un gobierno que se enarbola como democrático y de paz social, no se puede poner en entredicho esta visión, por grupos caciquiles y el paramilitarismo que incurren en las desapariciones como una práctica recurrente”

Desde 1996 a la fecha se han documentado 22 presuntas desapariciones forzadas y otras siete más de las que no presentaron denuncia,

En medio de la exigencia del magisterio de presentar con vida a Román Salazar, López Gómez, afirmó que desde Poder Legislativo local, “los diputados del PRD, reivindicamos esta exigencia porque se trata de un derecho”, externó.

López Gómez, recordó que la Sección 22 del SNTE, ya presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y un amparo para reclamar la presentación de su compañero, en caso de haber sido detenido por alguna corporación policial.

Al final, recalcó que con el secuestro de Román Salazar, más allá de una agresión en contra del magisterio democrático oaxaqueño y en contra del movimiento social, significa una abierta provocación de los grupos que buscan frenar los avances del movimiento social y de la democratización de Oaxaca.

“Es por ello fundamental que se castigue a los responsables de estos crímenes y con ello frenar la oleada de agresiones en contra del movimiento popular oaxaqueño”, asentó.

‘Sedada’, la atención a enfermos mentales

por LUIS PARRA MEIXUEIRO

Oaxaca, Oax.- En el abandono se encuentran los indigentes y enfermos mentales que deambulan por la capital del estado, pues no existe una política social adecuada para darles atención, denunció el director del Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Eduardo Roque Santiago, al considerar que ante la nueva etapa del estado se debe aplicar una nueva política de atención a este grupo vulnerable.

Esto, advirtió, sólo se logrará con la intervención de los diputados para que se legisle un nuevo marco jurídico para la atención de este grupo, además de crear centros que puedan atenderlos cuando su tratamiento psiquiátrico concluya, con el fin de tener una política completa, que busque su reinserción en la vida social.

En entrevista, Roque Santiago confirmó que existen enfermos mentales que son originarios de otros estados, y especificó que en el nosocomio existen casos registrados de personas que han sido trasladadas de Puebla o Chiapas, para después ser abandonados en Oaxaca por sus familiares.

No obstante, señaló que la mayor incidencia en estos casos obedece a las personas que provienen de comunidades en el interior del propio estado que trasladan a sus familiares con deficiencias mentales y les abandonan a su suerte y señaló el caso de enfermos mentales que han sido traídas de comunidades en distritos como Juchitán, Tlaxiaco o Ocotlán, quienes son abandonados a su suerte.

Políticas incorrectas

Explicó que el hospital psiquiátrico Cruz del Sur cuenta con la capacidad para recibir a más enfermos mentales, sin embargo, el problema para tratarlos radica en que no existe una política ni una legislación que proteja a este grupo vulnerable, pese a que existe la capacidad de tratarlos, los servicios de salud poco pueden hacer al respecto si no hay cambios en la materia.

La Cruz de Sur se encuentra al 70 o 75 por ciento de su capacidad, no obstante, la problemática para ofrecer tratamiento a los enfermos mentales en condición de indigencia es complejo, pues el nosocomio no cuenta con facultad legal, para detener enfermos mentales que deambulen por las calles”, precisó.

Especificó que del total de indigentes que viven en las calles, no todos tienen algún tipo de padecimiento mental, y a pesar de que no existen datos o un estudio serio que revele la situación en el estado de Oaxaca, en otras entidades como Michoacán, Monterrey o el Distrito Federal se ha concluido que sólo una tercera parte de los indigentes padece de alguna enfermedad psiquiátrica.

En el último estudio elaborado por el municipio de Oaxaca de Juárez en la pasada administración, un censo señalaba a 52 indigentes de los cuales solo la décima parte padecía de enfermedades mentales.

El resto, indicó, se trata de personas que padecen alguna problemática de tipo social, es decir, que su mendicidad se debe a factores como la drogadicción o la miseria extrema.

¿Cómo ayudar a indigentes y enfermos mentales?

Para revertir el problema, refirió Roque Santiago, es necesario aplicar políticas integrales en coordinación con diferentes dependencias, cuyo primer paso, sería legislar para proteger a los enfermos mentales, con el fin de que se les respeten derechos humanos básicos, como una vida digna, no pasar hambre, atención médica y apoyo para lograr su reintegración social a través de un empleo digno.

De estos, el sector salud sólo puede encargarse de dos: atención médica, y alimentarlos para que no pasen hambre, no obstante otras dependencias, como el Sistema DIF Estatal, debe apoyar para lograr los otros dos pasos.

De nada sirve ingresarlos a un hospital donde sus padecimientos mentales sean tratados médicamente y se les alimente y enseñe de nuevo a adquirir hábitos de limpieza si, cuando son dados de alta, no pueden seguir recibiendo atención social, por lo que de nada valdría la atención, si retornan a la mendicidad.

Por ello, estimó que es necesario impulsar políticas de reinserción social: la primera sería crear una legislación que permita al estado asumir la figura jurídica para que sea responsable sobre estos enfermos y no se requiera la autorización de un paciente para tratarlos.

Esto apoyaría, pues al momento en que disminuyan su peligrosidad y sus alucinaciones, puedan ser dados de alta y ser reinsertados en un programa tipo albergue que les brinde la atención necesaria para que encuentren alimentación, un alojamiento digno, vestido y una ocupación en donde puedan sentirse de nuevo útiles a la sociedad.

Este esfuerzo implicaría una labor conjunta del Hospital Psiquiátrico, el DIF estatal y la labor de organizaciones no gubernamentales que brinden apoyo en el tratamiento, para que se implique en la solución del problema.

Dos tipos de indigentes

El director del Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Eduardo Roque Santiago, especificó que es necesario que el estado asuma la figura jurídica para proteger a dos grupos de indigentes que existen, los llamados indigentes clásicos: aquellos que no tienen un soporte familiar, y los enfermos con indigencia institucional: quienes crean una cierta dependencia a las instituciones médicas pues es ahí donde reciben su sustento diario.

Respecto a estos, detalló que en el Hospital Cruz del Sur existen al menos 25 indigentes institucionales, que dependen de este sanatorio para llevar a cabo sus funciones vitales, esto implica que se encuentran ya en condiciones de salud, pero, simplemente, no tienen donde ir, ante la falta de un centro social que les brinde la atención adecuada.

“Algunos lamentan la aparición de indigentes en el Centro Histórico de la capital por el mal aspecto que dan, pero no es un problema de apariencia, es un problema social.”

Eduardo Roque Santiago, director del hospital psiquiátrico Cruz del Sur

“El indigente es el espejo del siglo que amanece y que refleja con total nitidez la indigencia ética generalizada de la sociedad. Es aquel que pasa a nuestro lado todos los días buscando un sitio, un alimento, otro a quien hablar, a quien pedir...”

María Carretero Rangel, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que realizó una investigación sobre los indigentes en la Ciudad de México.

Antecedente

El pasado 8 de marzo, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum) denunció el traslado discriminatorio e inhumano que realiza una “patrulla ciudadana” con los enfermos mentales en Acapulco, Guerrero, a otras entidades, incluidas Oaxaca. Por lo que la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO) informó que investiga el caso en coordinación con el obusdman guerrerense, Juan Alarcón Hernández, para conocer los pormenores de este abuso a sus garantías.



JUSTICIA Y VERDAD.

En el marco del Día Internacional para el Derecho a la Verdad, representantes de organizaciones civiles realizaron ayer una manifestación para exigir justicia al gobierno de Gabino Cué. El Frente Estatal de Víctimas de la Represión exigió al gobernador Gabino Cué que genere los mecanismos de atención para que se haga justicia a las víctimas del conflicto social de 2006, y para que se castigue a los responsables de la represión, informó el representante, Porfirio Domínguez Muñozcano. Afirmó que durante esos hechos 26 activistas fueron asesinados, más de 400 personas fueron detenidas injustamente, hubo secuestrados, desaparecidos, golpeados y torturados, y señaló que el responsable de todo fue el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Explicó que es necesario que se reabra el dictamen que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del conflicto, para que se acaten las recomendaciones y las víctimas puedan tener justicia.

Este 24 de marzo es la primera vez que se conmemore el Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas, decretado por la Asamblea General de la ONU a iniciativa del Consejo de Derechos Humanos (CDH) el año pasado, como un homenaje a la labor de Monseñor Oscar Romero (El Salvador) y a la de todos los defensores de los derechos humanos del mundo. Justicia y Verdad son un binomio indispensable en la lucha contra la impunidad, y en Oaxaca, atender ambas es necesario y urgente. Reiteramos: las víctimas de las violaciones graves de los derechos humanos y sus familiares, así como la sociedad entera tenemos derecho a conocer la verdad, las circunstancias en que se cometieron esas violaciones, los motivos por los que se perpetraron y la identidad de sus autores. Este proceso ayudará a recuperar la dignidad y aliviar en cierta manera el dolor por las pérdidas sufridas.