Carta abierta a políticos y criminales

Javier Sicilia

MÉXICO, DF., 3 de abril (Proceso).- El brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, de Julio César Romero Jaime, de Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel Anejo Escalera, se suma a los de tantos otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y ancho del país a causa no sólo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón contra el crimen organizado, sino del pudrimiento del corazón que se ha apoderado de la mal llamada clase política y de la clase criminal, que ha roto sus códigos de honor.

No quiero, en esta carta, hablarles de las virtudes de mi hijo, que eran inmensas, ni de las de los otros muchachos que vi florecer a su lado, estudiando, jugando, amando, creciendo, para servir, como tantos otros muchachos, a este país que ustedes han desgarrado. Hablar de ello no serviría más que para conmover lo que ya de por sí conmueve el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. No quiero tampoco hablar del dolor de mi familia y de la familia de cada uno de los muchachos destruidos. Para ese dolor no hay palabras –sólo la poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes no saben de poesía–. Lo que hoy quiero decirles desde esas vidas mutiladas, desde ese dolor que carece de nombre porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza –la muerte de un hijo es siempre antinatural y por ello carece de nombre: entonces no se es huérfano ni viudo, se es simple y dolorosamente nada–, desde esas vidas mutiladas, repito, desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado, es simplemente que estamos hasta la madre.

Estamos hasta la madre de ustedes, políticos –y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos–, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han sido incapaces –a causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el poder– de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendrá salida; estamos hasta la madre, porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo; porque, en medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgio Agamben llamó, con palabra griega, zoe: la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente; estamos hasta la madre porque sólo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y, con ello, un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas naciones; estamos hasta la madre porque esa corta imaginación está permitiendo que nuestros muchachos, nuestros hijos, no sólo sean asesinados sino, después, criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa imaginación; estamos hasta la madre porque otra parte de nuestros muchachos, a causa de la ausencia de un buen plan de gobierno, no tienen oportunidades para educarse, para encontrar un trabajo digno y, arrojados a las periferias, son posibles reclutas para el crimen organizado y la violencia; estamos hasta la madre porque a causa de todo ello la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, en sus policías, en su Ejército, y tiene miedo y dolor; estamos hasta la madre porque lo único que les importa, además de un poder impotente que sólo sirve para administrar la desgracia, es el dinero, el fomento de la competencia, de su pinche “competitividad” y del consumo desmesurado, que son otros nombres de la violencia.

De ustedes, criminales, estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de su crueldad, de su sinsentido.

El terror y la nueva guerra de Calderón

Jorge Carrasco Araizaga

México, DF; 3 de abril (Apro).- En la última parte de su gobierno, Felipe Calderón exacerbará aún más los ánimos y la violencia en México. Dispuesto a no ser él quien le regrese la presidencia de la República al PRI, echará mano de cuanto pueda para impedirlo, sin reparar en costos.

A seis meses de que inicie formalmente el proceso electoral para sucederlo, ha comenzado a definir el equipo que lo acompañará en su nueva guerra, que también puede dejar su cuota de violencia. De la guerra sucia electoral que encabezó en 2006, a la guerra contra narcotraficantes –no contra el narcotráfico– que de seguir como va podría dejar hasta 50 mil muertos, pasará a la guerra contra sus enemigos políticos y quienes los apoyen.

Su propuesta para que su ariete Marisela Morales ocupe la Procuraduría General de la República (PGR) viene acompañada, por lo pronto como escenario, de la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Junto con su policía Genaro García Luna, Calderón tendría conformado un equipo para la persecución, el chantaje y el terror. Marisela Morales no sólo ha sido una pieza útil de Washington en su estrategia contra el narcotráfico, como se demostró al ser palomeada por la secretaria de Estado estadunidense Hillary Clinton y envestirla como “la mujer más valiente del año”. También lo ha sido para Calderón.

Desde la subprocuraduría de Investigación Especializada para la Delincuencia Organizada (SIEDO), Morales se ha encargado del trabajo sucio de Calderón en la PGR. Desde allí, consignó a los tres supuestos responsables de los granadazos en Morelia, Michoacán, la noche del 15 de septiembre de 2008.

A sabiendas de que fueron torturados para incriminarse y de que el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, autorizó una operación encubierta del general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro para negociar con La Familia Michoacana la entrega de los supuestos responsables, Marisela Morales los consignó sin pruebas y los mantiene en un penal de alta seguridad.

Morales también le sirvió a Calderón para la vergüenza que se conoce como el michoacanazo, en la que una treintena de entonces funcionarios y policías estatales y municipales fueron detenidos, vejados y encarcelados por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Al cabo de un año, en promedio, quedaron libres sin que estuviera clara la acusación.

Impulsora del arraigo –que de forma vergonzosa el Congreso incorporó a la Constitución Política en 2007– ha abusado de esa figura tanto como de los llamados testigos protegidos, dos de los más oprobiosos instrumentos de violación a los derechos humanos.

La funcionaria ha construido las acusaciones judiciales del gobierno de Calderón contra narcotraficantes a partir de una docena de testigos protegidos, a quienes con amenazas y chantajes presionan para que acusen a quienes ni conocen y en circunstancias en las que nunca han estado.

La todavía titular de la SIEDO rebasó a sus dos anteriores jefes: Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez. Quienes hablan bien del primero, dicen que sus diferencias con Calderón se debieron a que no se prestó a hacer de la PGR un instrumento de persecución política en las elecciones federales del 2009, que perdió Calderón. Pero la relación no habrá terminado tan mal puesto que Medina fue premiado con la embajada de México en Londres.

Cuestionado por su paso por Chihuahua y su estrecha relación con Diego Fernández, el segundo titular de la PGR nunca asumió el cargo. Quien operaba al gusto de Calderón era la subprocuradora, cuyo futuro ahora está en manos del Senado, que hasta ahora sólo ha cumplido el trámite de avalar las propuestas presidenciales para el cargo.

A esa propuesta se ha comenzado a mencionar un movimiento inquietante: la posible llegada de Miguel Ángel Yunes al Cisen, luego de que su nombre se manejara también en como posible sucesor de Chávez en la PGR, movimiento que de plano habría sido rechazado por el PRI en el Senado, no como muestra del equilibrio de poderes, sino por mera venganza política contra uno de sus desertores.

El frustrado candidato del PAN al gobierno de Veracruz, pieza de Elba Esther Gordillo, ocuparía el despacho de Guillermo Valdés Castellanos, quien pasaría al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sustitución de Miguel Alcántara Soria, que a su vez ocuparía la SIEDO.

Con García Luna en la SSP, experto en la creación de escenarios mediáticos y en la fabricación de delitos, y Marisela Morales en la PGR, donde ha destacado como fabricante de culpables, la eventual llegada de Yunes crearía un escenario de terror para los enemigos del calderonato.

Al igual que Calderón, Yunes es conocido por su animosidad de emprender acciones contra quienes se les oponen. Su historial es conocido desde su etapa priista en Veracruz.

Aún cuando Yunes no llegue al Cisen, los expedientes de la clase política, empresarial y cuantos sean considerados enemigos, se convertirán en valiosas armas en la nueva guerra en que se embarcará el ocupante de Los Pinos para no pasar como fracasado, regresándole el poder al PRI. Será el peligro de la decadencia en el poder.

Los guardianes de la libertad

CARLOS FAZIO

El 3 de octubre de 2007, con desbocado optimismo, Felipe Calderón afirmó que su gobierno había capturado tantos delincuentes que ya había perdido la cuenta y, desnudando una mentalidad totalitaria, se atribuyó el monopolio del poder. Para entonces, sus asesores de cabecera en materia de propaganda, entre ellos el ex guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos y Héctor Aguilar Camín, del grupo Nexos, trabajaban en la fabricación de una matriz de opinión que legitimara su guerra reguladora de los mercados y las rutas de la economía criminal. Recogida después por el entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, dicha matriz, que tendía a la formación de un periodismo patriótico –al apelar a la responsabilidad de los medios en la cobertura de la violencia–, puso énfasis en un mensaje uniformador: el crimen organizado era el enemigo del Estado, de los medios y de la población. A partir de esa premisa, se machacó que la violencia y el terror eran generados por los criminales, no por quien los combatía. Ergo, el enemigo era el crimen, no el gobierno. Y dado que los medios eran un campo de batalla en la guerra contra ese enemigo, debían sumarse a la cruzada gubernamental.

El 12 de mayo de 2008, golpeando el atril con la mano durante una conferencia de prensa, Calderón advirtió que su expresión ¡Ya basta! era una exigencia a todos: a los ciudadanos, para que no fueran cómplices de la ilegalidad; al Congreso y al Poder Judicial, para que cerraran el paso a la impunidad; a los medios, a fin de que divulgaran sus acciones contra la delincuencia en vez de compartir con los criminales la estrategia de sembrar el terror. Con una exasperación que ya le era habitual en esos días, su declaración, además de un amago a la libertad de expresión (y una invitación a la autocensura mediante el chantaje de la presunta complicidad de los medios con los criminales), reflejaba un despropósito de tintes autoritarios y hegemónicos.

Avanzado el sexenio, mientras el ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont exigía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ser tonta útil de la criminalidad, y sus creadores de mitos lo alimentaban con frases dizque efectistas, tales como que la violencia en México es un problema de percepción; el narco una minoría ridícula; que estaba venciendo a cinco jinetes del apocalipsis; que los responsables de la violencia son los violentos y le empezaban a cansar las cantaletas contra el Ejército, el Presidente valiente insistiría en el frente mediático de su guerra, de cara a una necesaria interacción prensa-gobierno. Después, en el llamado Diálogo por la Seguridad –devenido en monólogo del poder en Campo Marte, lugar simbólico–, incitó a la población a ejercer una suerte de vigilantismo social y pidió a las iglesias delatar a narcos violando el secreto de confesión.

No obstante haber colocado en la agenda mediática la militarización de la lucha antinarco desde su llegada a Los Pinos en diciembre de 2006, y de ser el principal publicista de su propia guerra, el 6 de agosto del año pasado Calderón admitió que le falló su estrategia de comunicación. Ergo, no supo vender su guerra. En noviembre, aprovechó la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), viejo instrumento de Washington de la era de la guerra fría, para reforzar la triple alianza con los presidentes Obama, de Estados Unidos, y Santos, de Colombia, en la estrategia contrainsurgente regional del Pentágono, y exigió a los medios no hacer apología del crimen, conminándolos a luchar juntos contra ese enemigo común. De paso, revivió otra matriz de opinión de su campaña propagandística: la narcopolítica, dirigida a la oposición.

En diciembre siguiente, en un operativo de linchamiento mediático que tuvo como ariete a Televisa –el consorcio de la dinastía Azcárraga que durante años ha oficiado como una suerte de ministerio de propaganda gubernamental–, Calderón arremetió contra la revista Proceso, crítica de su gestión. En ese proceso de la verdad, Joaquín López Dóriga y los agentes de Tercer grado se abocaron a la legitimación del manotazo presidencial. Fue un ensayo general para lo que se buscará imponer en lo que resta del sexenio a los críticos del régimen, en el marco del pacto para la cobertura de la violencia y la criminalidad firmado el 24 de marzo por 751 medios. Como adelantó un editorial de La Jornada, la uniformidad como norma, con base en los contenidos que había venido exigiendo Calderón: la fabricación del consenso disfrazada de autorregulación ética, diría Chomsky.

El unanimismo amplio –con matices y no absoluto–, como coartada simuladora y/o justificación patente o latente de los crímenes de Estado, olvida que la razón de la mayoría no es la razón verdadera. La arquitectura o estructura formal del acuerdo está definida por un fondo que quiere ser negado u ocultado, esto es, la cuota parte de responsabilidad del Estado en la génesis de la violencia y el terror actuales, vía la militarización, paramilitarización y mercenarización de la guerra, con su zaga de violaciones flagrantes a los derechos humanos.

Más allá del reality show de los guardianes de la libertad, de la falsa simetría informativa de la telecracia y sus comparsas, y de la descalificación de la prensa crítica con base en la teoría de la conspiración, la simbiosis del duopolio de la tv con el gobierno y su aparato de Estado mafioso es una cuestión de sobrevivencia. Pero, como escribió John Pilger en The Guardian, el público necesita conocer la verdad sobre la guerra. ¿Por qué hay periodistas coludidos con los gobiernos para engañarnos? En definitiva, la misión de los facilitadores cómplices, como llamó el vocero de George Bush a los periodistas patrioteros, es mantener a raya a un enemigo cuyo nombre no se atreven a pronunciar: el público.

Con un abrazo fraterno a Javier Sicilia.