EN BUSQUEDA DE JUSTICIA, AFUERA.

19/05/2011

Caso San Felipe a la CIDH.

Tomado de “Oaxaca en pie de lucha”.

Al considerar el fallo de la Suprema Corte de Justicia como una vergüenza de la justicia federal mexicana, Felipe Edgardo Canseco Ruiz, abogado de Leticia Valdés, madre del niño abusado en el Instituto San Felipe, dijo que llevará el caso de la liberación de la maestra Magdalena García Soto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues si bien se dictaminó que no hubo elementos en la averiguación previa para consignarla, nunca se comprobó que no fuese culpable.

Por: Luis Parra Meixueiro

De igual forma informó que fue la manipulación que ejerciera Aida Gómez Piñón --entonces fiscal de delitos sexuales en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz-- a la averiguación previa, lo que permitió que el fallo resultara de esta forma.

En entrevista, Felipe Edgardo Canseco Ruiz, abogado de Leticia Valdés en el caso San Felipe, indicó que una vez agotado el caso en primer término ante instancias nacionales, acudirá a la CIDH para exigir que se haga justicia.

Enfatizó que ninguno de los ministros de la SCJN afirmó que Magdalena García fuera inocente, como consta en la versión estenográfica y televisiva, donde los propios ministros señalaron que no fue inocente, sino que el Ministerio Público no rindió las pruebas necesarias para que se comprobara su culpabilidad.

Indicó que la integración del expediente del delito corrió a cargo de Gómez Piñón, quien fue fiscal de delitos sexuales y manipulara la averiguación previa, lo cual provocó que la Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 4 - 2008 al gobierno de Ulises Ruiz, donde se señala las irregularidades que se cometieron en dicha integración, hecho que incluso provocara, en ese entonces, una marcha de manifestación en su contra.

Con ello se comprobó que a pesar de su destitución, en su papel ya había causado daño a la averiguación previa, además de que señaló que la defensa del Instituto San Felipe estaba a cargo de Jorge Franco Jiménez, padre del entonces secretario general de gobierno, Jorge Franco Vargas, alias "el Chuky", lo que comprueba que el estado actuó de forma parcial para proteger a los violadores.

Recordó a su vez que el amparo otorgado no beneficia a los acusados de pederastia, pues estos continúan con orden de aprensión, por lo que exigió que se ejecuten dichas órdenes para aprenderlos.

NO ACTÚAN SSP NI PGJE

Destacó que no existe constancia de que, tanto el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Marco Tulio López Escamilla, como el de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Manuel López López, hayan hasta el momento ordenado una sola diligencia, por lo que lamentó que sigan siendo protegidos por la nueva administración estatal.

Expresó que durante el juicio, en varias ocasiones interrumpió el proceso para señalar que es una vergüenza el que los seis ministros que votaron por la concesión lisa y llana del amparo, hayan defendido a pedófilos y pederastas, por lo que los acusó de incurrir en tráfico de influencias.
Asimismo, calificó a los seis ministros que otorgaron la liberación como "el ala más conservadora", pues recordó que los ministros Juan Silva Meza, presidente de la SCJN, Arturo Saldívar y Olga Sánchez Cordero se proponían confirmar la condena.

Los maestros Salvador Pérez Ramírez y Hugo Constantino García, esposo de Yolanda León Ramírez, directora del Instituto San Felipe tienen orden de aprensión por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado con oficio de colaboración por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Interpol así como de las procuradurías de las 31 entidades del país. Sin embargo, hasta ahora continúan sin ser aprendidos.

Amagan maestros de la sección 22 con paro indefinido el próximo lunes

Pedro Matías

OAXACA, Oax., 18 de mayo (apro).- La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suspendió labores este miércoles y bloqueó diversas oficinas administrativas de los gobiernos estatal y federal, para exigir una pronta solución a su pliego petitorio entregada desde abril pasado.

A pesar de estar en pláticas con el gobierno de Gabino Cué, los mentores impidieron el acceso a centros comerciales bancos y gasolineras, y bloquearon tramos de varias vías de comunicación.

Luego de que la asamblea estatal rechazó un primer ofrecimiento gubernamental, la Sección XXII diseñó un plan de acción de dos días -- 18 y 19 de mayo--, a fin de “coberturar” (sic) las mesas de negociación.

Los maestros advirtieron que en caso de que la respuesta oficial no satisfaga sus requerimientos, realizarán “un paro indefinido de labores” el próximo lunes 23

Durante la manifestación de este miércoles, los profesores exigieron también la presentación con vida de su colega Carlos René Román Salazar, desaparecido el pasado 14 de marzo, y que se castigue al ex gobernador Ulises Ruiz y a todos los ex servidores públicos implicados en los sucesos de 2006.

Asimismo, pidieron la anulación de la Alianza por la Calidad de la Educación, la Ley del ISSSTE, la reforma laboral y la Ley de Seguridad Nacional.

En la capital del estado, los maestros bloquearon las tiendas departamentales ubicadas en las plazas del Valle, Oaxaca, Bella y Cristal, así como Soriana, Aurrerá y Chedraui.

En el municipio de Tlaxiaco fueron “tomadas” las oficinas del Juzgado Mixto de Primera Instancia, así como del Registro Civil y del Centro de Desarrollo Indígena, además de la delegación de Tránsito del estado, el Módulo de Desarrollo Sustentable, las oficinas del IFE y de la Comisión Federal de Electricidad, y bancos y tiendas de la localidad.

Mientras tanto, en Juchitán fueron “cercadas” las oficinas de la Recaudación de Rentas, el Registro Civil, el Juzgado Penal, Tránsito del estado y tiendas departamentales.

Y en la región Tuxtepec los maestros bloquearon los puentes Caracol y Papaloapan, dando paso libre a los conductores. También bloquearon las casetas de cobro de Huitzo y Telixtlahuaca, en la carrerera Oaxaca-México.

En el municipio de Huajuapan de León, los maestros bloquearon la Subprocuraduría Regional, Recaudación de Rentas y el Palacio Municipal, mientras que en Pinotepa Nacional “tomaron” las instalaciones de Tránsito del estado, Registro Civil y bancos de la localidad.

Advierten Lachatao y Yavesía de enfrentamiento.



RACIEL MARTÍNEZ

Los presidentes municipales de Lachatao y Yavesía, Sergio Hernández y Olivia Basilia Pérez Hernández denunciaron que el pasado lunes, unas 300 personas encabezadas por David Cruz Hernández irrumpieron violentamente en hectáreas de bosque que se encuentran en posesión de la comunidad de Lachatao desmontando y cortando de manera indiscriminada.

Advirtieron de un riesgo de enfrentamiento y de ello responsabilizaron a la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, porque lejos de conformar una mesa de atención al conflicto se niega recibirlos.

Explicaron que Lachatao y Yavesía son dos comunidades de la Sierra Juárez, que en un tiempo pertenecieron a denominación de Pueblos Mancomunados y ya no lo son porque en nombre de ellos se cometen atropellos y saqueos, por ejemplo, "junto con el contador privado Israel Santiago García, hace mucho dejaron de cumplir una función social y al día de hoy, las millonarias ganancias producto de la explotación del bosque y la venta de agua de manantial que reciben son apropiadas por particulares, quienes manejan con opacidad y corrupción estos recursos.

"El gerente de la maderera, Israel Santiago García lleva más de 18 años al frente de la empresa -aunque los estatutos señalan que debe haber un consejo de administración con tres representantes por comunidad y deben durar dos años en sus funciones--, ninguna de las comunidades recibe siquiera un botellón de agua para sus escuelas; Lachatao lleva 12 años sin reparto de utilidades y sin embargo, se publicita al exterior, como en la llamada Iniciativa México, que las empresas comunales de mancomunados son ejemplo de sustentabilidad, esto es una ficción ofensiva".

En conferencia de prensa, a la cual se sumaron personas caracterizadas de ambas comunidades, se explicó que el año de 1999 la plaga del gusano descortezador apareció en su territorio como consecuencia del desequilibrio de los ecosistemas, "eran sólo cinco hectáreas las infestadas, si de inmediato la maderera la hubiera combatido con facilidad se controlaba, pero no se hizo nada y para el año 2004 un total de 135 hectáreas se contaminaron, para el 2005 estaban infestadas 3 mil 822 hectáreas, fue entonces cuando inició el combate al gusano descortezador.

En el recuento del 2008 pagadas estaban 288 hectáreas, "la empresa no le interesaba acabar con la plaga sino la explotación y comercialización del bosque".

En el año del 2009, los ayuntamientos de Lachatao, Amatlán y Yavesía determinaron intervenir directamente para combatir la plaga y así lo hicieron con la anuencia de las autoridades de la SEMARNAT, CONAFOR y la mediación de la Secretaría General de Gobierno.

Con el cambio de gobierno estatal se dio un giro y la autorización para combatir la plaga es al Comisariado Comunal impugnado.

"Esto indigna a los comuneros de Lachatao y Yavesía, porque se rompe con un acuerdo de pacificación", dijeron.

Para los dos ediles, en la Secretaría General de Gobierno no hay operadores políticos con sensibilidad que eviten un conflicto entre pueblos vecinos.

Indicaron que no dejarán salir de esa comunidad los vehículos cargados con madera de la tala realizada. "Nuestra lucha es por impedir que se siga deforestando, que se sigan llevando el agua de nuestros manantiales para enriquecer a unos pocos. Nosotros no queremos ni buscamos el usufructo de los recursos naturales, nosotros queremos su preservación, que se le permita al bosque regenerarse y que sea la herencia de nuestros pueblos", asentó Sergio Hernández.

Deben los partidos salir de elecciones por Usos y Costumbres: Consejero.

LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ

El consejero del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana (IEEPC) Víctor Leonel Juan Martínez demandó ayer a partidos y organizaciones políticas no intervenir en la elecciones que se rigen bajo el sistema de Derecho Consuetudinario, "porque en muchos casos sólo enervan los ánimos de los ciudadanos y generan enfrentamientos".

En entrevista, el también investigador universitario manifestó que en las elecciones por usos y costumbre intervienen intereses extraños a los locales, "a pesar de que la intervención de partidos políticso está expresamente prohibida por la Ley".

"Como no hay canales institucionales y el sistema legal adolece de muchas cosas, los habitantes de las comunidades normalmente se acerca a los partidos y organizaciones políticas que son las que entran y complican, muchas veces los asuntos, los acuerdos de los directamente involucrados; ese es uno de los varios ingredientes que intervienen en este tipo de elecciones".

Juan Martínez subrayó que por ley los partidos políticos no deben participar en las elecciones por usos y costumbres, "pero eso está asentado en la ley, porque en la práctica es visto, sabido y conocido que prácticamente todos los partidos políticos buscan incidir, capitalizar, forman grupos, fomentando la confrontación".

Agregó que este intervencionismo, con una lógica e intereses distintos a los ciudadanos de las comunidades, son los que complican las soluciones en estos procesos electorales, y generan las violencia; porque entonces ya no se trata de dialogar con los actores naturales sobre los intereses de su pueblo".

"Todos los partidos políticos están metidos en las elecciones por usos y costumbres y una gran cantidad de organizaciones, entonces hacemos un llamado de alerta y los partidos políticos deberían salir de éstos procesos electorales, si realmente tienen un compromiso con la democracia, con la paz social de Oaxaca; porque de repente se desgarran las vestiduras pero en la práctica ahí están, están actuando, exigiendo".

Expuso además que los partidos hacen un doble papel, porque los tienen representación en el Congreso, son los encargados de revisar las leyes y por lo tanto de las "lagunas legislativas" que contribuyen a violentar las elecciones.

"Lo más fácil de repente, cuando suceden tragedias como la suscitada en Santiago Choapam, es inventar culpables para distraer la atención de la gente".

Advirtió así mismo que en determinadas coyunturas las elecciones por usos y costumbres pueden ser aprovechadas por intereses que ni siquiera tienen que ver con el tema electoral, "habría que investigar qué sucedió realmente, porque en Choapam puede haber intereses ajenos a la democracia y al proceso electoral".

REFERENCIA LEGAL

El artículo 138, fracción 1, del Código de Instituciones Políticas y procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (CIPPEO) establece: Los partidos políticos bajo ninguna circunstancia podrán intervenir en el proceso de elección de concejales municipales, en aquellos municipios que se rigen bajo normas de Derecho Consuetudinario.

AI: positiva detención de Rufino Juárez Hernández.

LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ

Amnistía Internacional (AI) consideró positiva la acción tomada el día 12 de mayo para implementar el orden de aprehensión contra el líder de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Rufino Juárez Hernández, acusado de por lo menos dos asesinatos en la comunidad de San Juan Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, cometidos durante 2010,

A través de un comunicado de prensa, AI señaló que esta detención es el primer paso significativo que ha resultado de las investigaciones llevadas a cabo, para esclarecer varios asesinatos de miembros de la comunidad Triqui de la zona. "Es esencial que éstos esfuerzos avancen y los acusados gocen de todas las garantías del debido proceso para determinar su responsabilidad por medio de un juicio justo".

Añade que Amnistía Internacional espera que esta acción por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado sea el comienzo de acciones para desmantelar a los grupos armados ilegales en la región y terminar con la impunidad que ha dejado un clima de zozobra en que la población ha sido sometida a ataques y hostigamiento.

"La organización espera que esta acción judicial sea el preludio de avances en el esclarecimiento del asesinato de los defensores de derechos humanos Alberta "Bety" Cariño y Jyri Antero Jaakkola, registrado el 27 de abril del 2010 y el esclarecimiento de los presuntos lazos entre autoridades municipales y estatales y grupos armados ilegales como el Ubisort".

Manifiesta que es esencial que las autoridades estatales y federales garanticen investigaciones y procesos judiciales que respeten los derechos humanos y aseguren acceso a la justicia para las víctimas y la reparación del daño. Es de igual importancia asegurar la integridad de los acusados, los testigos y los familiares de las víctimas.